DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2011. 12 DE ENERO DE 2012. AUSENTE Y PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ADRIANA CECILIA SAULÉS PÉREZ, ARNOLDO CASTELLANOS MORFÍN Y JAIME NÚÑEZ SANDOVAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, ya que se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se realizó la interpretación directa de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. La presentación del recurso interpuesto por la parte quejosa, resultó oportuna, ya que fue exhibido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.
En efecto, la notificación de la sentencia recurrida se realizó el miércoles catorce de julio de dos mil diez, por lo que tal notificación surtió efecto el día hábil siguiente, es decir, el quince de julio. Ahora bien, toda vez que la parte recurrente presentó su escrito de agravios el quince de julio de ese mismo año, es decir, en la fecha en que causaba efectos la notificación respectiva, no es necesario realizar el cómputo del plazo que tenía para hacerlo pues, al haberlo interpuesto antes de que iniciara el plazo respectivo, es claro que estuvo en tiempo.
Lo anterior tiene apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia, que encuentra aplicación al caso por analogía, y que a la letra dice:
"INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUNQUE SE EFECTÚE ANTES DE COMENZAR EL PLAZO PREVISTO PARA ELLO. Del artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 77/2000, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’, se advierte que la inconformidad debe presentarse dentro de los 5 días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora bien, si la única exigencia para la presentación de dicho recurso es que se efectúe antes de fenecer el plazo respectivo, es evidente que no existe obstáculo alguno para interponerlo antes de que éste inicie; consecuentemente, el recurrente podrá presentar la inconformidad desde el momento en el cual se le notificó el acuerdo correspondiente, sin que por ello deba estimarse que su presentación es extemporánea." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 167247, Tomo XXIX, Novena Época, mayo de 2009, tesis 2a./J. 49/2009, página 176)
TERCERO. Los agravios que hace valer el recurrente (fojas 2 a 54 del toca del amparo en revisión) son los que a continuación se precisan:
"Segundo. Fuente del agravio. Lo es la consideración y resolución del a quo en el sentido de que no se violan en su perjuicio las garantías que invoca pues, en primer término, con dicha orden no se está restringiendo ni suspendiendo al quejoso el goce de sus garantías que le otorga la Constitución General de la República, pues dicha afirmación es incorrecta por ser meramente dogmática. En efecto, la manifestación apuntada que hace el Juez de Distrito en su sentencia es meramente dogmática, sin sustento en un argumento lógico jurídico. No hay ninguna explicación de cómo se arriba a dicha conclusión, en contra de la debida fundamentación y motivación que rigen a todo acto de autoridad, máxime si es la jurisdiccional en amparo. Y a pesar de que el Juez, previamente hace un excelente análisis de lo que significa la fundamentación y la motivación que se exige constitucionalmente en todo acto de autoridad. Claro que hay una restricción a las garantías individuales de mi defenso, como lo son las de igualdad o no discriminación; la de mayor y mejor readaptación social; la de un ambiente adecuado para su bienestar y de su familia; la de legalidad y seguridad jurídica; la de defensa adecuada; la de trato digno de persona; la de mayor protección de la persona y la exigencia de que todo poder público se ejerza para bien de la persona, como corresponde a un Estado democrático de derecho. Precisamente esos derechos fundamentales o garantías individuales están comprendidos en los numerales invocados en la demanda de amparo, y se violentaron con la orden de traslado de mi defenso y con su ejecución, como se expuso en la demanda de garantías y como se verá en este recurso. Derechos que, como lo establece el artículo 1o. constitucional no pueden válidamente restringirse sino en los términos y con las condiciones que la misma Carta Magna establece. En este caso, no existe ninguna disposición de la Carta Magna, ni de la Ley Suprema de la Nación que autorice dicha restricción, sino más bien autoriza a hacer una interpretación siempre pro persona, lo más garantista posible. Tercero. Fuente del agravio. Lo es la incorrecta consideración del a quo en el sentido de que la orden de traslado del quejoso tampoco resulta violatoria del artículo 18 constitucional, en su penúltimo párrafo, pues contrario a dicha apreciación jurisdiccional, sí se ha violado dicho precepto. Cabe hacer un paréntesis para apuntar que la reforma de junio de 2008 que colocó como penúltimo párrafo la disposición precitada del artículo 18 constitucional, es plenamente vigente, pues no necesita de ningún requisito o condición previos para ser aplicada a cabalidad, ni tampoco está señalado en la Ley Suprema tal situación de no vigencia o vacatio legis. Amén que esa disposición, sólo varía muy poco con relación a lo que anteriormente era el último párrafo de ese artículo 18 constitucional, y que estaba vigente desde 2001. Incluso, con anterioridad, la norma era más protectora, más amplia, y ahora establece algunos casos de excepción con la reforma de 2008. Por lo que sale sobrando la manifestación del a quo en el sentido de que dicha norma no está vigente. De cualquier manera, no observó adecuadamente el a quo que el artículo quinto transitorio de la reforma de junio de 2008 el artículo 18 constitucional, sólo establece una vacatio legis para ‘el nuevo sistema de reinserción’, pero no para lo que ahora es el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, pues claramente se establece, sin dejar lugar a dudas o mayores interpretaciones: ‘QUINTO.’ (se transcribe). ¿De dónde obtuvo el Juez que el penúltimo párrafo del actual artículo 18 constitucional no está vigente? No se sabe, porque el artículo transitorio en comento no lo establece así, también dicha apreciación constituye en agravio sin duda. Retomando la exposición de agravios ocasionados, el Juez de Distrito hace una inadecuada lectura de ese precepto supremo, penúltimo párrafo, pues del mismo claramente se observa que, en principio, se establece un derecho general para todo sentenciado, que sólo puede ser restringido en las condiciones y con los requisitos que la misma Ley Suprema de la Nación establezca o, en su caso, la ley ordinaria, no cualquier disposición, sino sólo la ley, tal como lo señala ese artículo 18, párrafo penúltimo, es decir, debe atenderse al principio de reserva de ley y, sobre todo, a la Ley Suprema de la Nación. Además, ese artículo 18 constitucional, penúltimo párrafo, que dice: (se transcribe); debe verse en forma armónica y sistemática, con lo que disponen los artículos 5, en relación con el 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que también es Ley Suprema de la Nación que, al respecto, establecen: ‘Artículo 5.1, 2 y 6.’, ‘Artículo 1.1 y 2’ ‘Artículo 2.’ (se transcriben). Tales numerales transcritos forman parte de la Ley Suprema de la Nación, en términos del artículo 133 constitucional, como del corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, de conformidad con los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 7 de la Carta Democrática Interamericana. De tales preceptos supremos, en una interpretación sistemática y teleológica, es decir, atendiendo fundamentalmente a la mayor y mejor protección del ser humano, como es el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en particular y del corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, en general, se desprende que ningún condenado a prisión por sentencia penal debe ser tratado como cosa o animal, sino con dignidad. Ello implica el que no se permita que cualquier reo sea trasladado de un lugar a otro sin ninguna consideración, fundamentación o motivación suficientes, pues sin lugar a dudas eso viene a dificultar la readaptación o reinserción social, que es la finalidad esencial de la pena privativa de libertad deambulatoria. Asimismo, conforme con esos mismos numerales, las autoridades del Estado Mexicano tienen la obligación de hacer todo lo posible y necesario para que esa readaptación o reinserción social sea de la mayor calidad y eficacia. Soslaya el Juez, que la materia de los derechos humanos es un derecho vivo, en constante evolución, en aras del mejor nivel de vida del pueblo soberano, como es el fin en toda democracia. Tiene aplicación al efecto lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en la opinión consultiva OC-16/99, de 1 de octubre de 1999, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, en donde, en lo conducente, se estableció: ‘115.’ (se transcribe). Así, el Juez de Distrito no actuó correctamente al interpretar de manera aislada y dogmática el precepto constitucional de número 18, pues ignoró todo el sistema en que se encuentra inmerso, como lo es el corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos. Toda la interpretación la hace pro Estado, olvidando incluso la esencia del juicio de amparo como pilar de la democracia, por ser protector de derechos fundamentales. Cuarto. Fuente del agravio. Lo es la consideración del Juez de Distrito en el sentido de considerar que no hay un derecho que proteger mediante las garantías individuales que estimamos violadas pues en el artículo 18, penúltimo párrafo pretranscrito, constitucional establece un derecho para el sentenciado, como lo es, el de permanecer cerca de su domicilio durante la compurgación de su pena para lograr su integración a la sociedad. Por tanto, no sólo es un derecho sustantivo, sino también un derecho fundamental, cuya restricción, suspensión o desconocimiento, debe ser acorde antes que nada con el corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, que incluye a la misma Carta Magna. Sucede más bien que, el Juez de Distrito hace una interpretación pro Estado, contradictoria, parcial, aislada e incompleta de esa parte del artículo 18 constitucional. En efecto, la interpretación constitucional que hace el Juez a quo en su sentencia respecto de ese artículo 18 constitucional, es inadecuada, ya que si está reconociendo que se trata de un derecho, no debió perder de vista que como tal, es un derecho fundamental, una garantía individual que sólo puede restringirse válidamente en los términos y con las condiciones que la misma Carta Magna establece, tal como lo establece el artículo 1o. constitucional y que, desde el principio, erróneamente, el Juez de Distrito adelanta que no se viola de ninguna manera. Por eso está enmarcada en el título de garantías individuales, o parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se corrobora con lo que establece el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica precitado. Claro está que si existe un derecho fundamental, el mismo sólo debe restringirse en las formas, términos y condiciones que la misma Ley Suprema de la Nación lo establece. De ninguna otra manera debe hacerse, so pena de invalidez. Ello de conformidad con los artículos 1o., 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, constitucionales. La única restricción para ese derecho, se encuentra precisamente en la parte última de ese penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional que dice: (se transcribe). Como puede observarse de esa parte de ese artículo 18 en mención, sólo existen esas dos condiciones para restringir válidamente ese derecho que reconoce el Juez de Distrito; derecho fundamental consistente en que el sentenciado pueda permanecer cerca de su domicilio para propiciar su reintegración o readaptación social, y sólo son: 1. No pertenecer a la delincuencia organizada o, 2. Ser un reo que requiera de medidas especiales de seguridad. Ello, además, es acorde con lo que establece la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, expedida por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 1, 2 y 5. Por tanto, corresponde a las autoridades ejecutoras de las sanciones el demostrar que el reo se encuentra en alguno de esos supuestos
como requisitos de la debida fundamentación y motivación de sus actos de molestia y privación, de acuerdo con la brillante exposición que hizo el a quo en su sentencia respecto de la debida motivación y fundamentación que deben tener los actos de molestia y los privativos, como su competencia. Sin duda, en la primera parte del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, el Constituyente establece la regla general. En tanto que, en la segunda y última parte de ese mismo párrafo, se establecen las excepciones. Precisamente por eso, en la primera parte se establece el ‘podrán’, que tanto le llama la atención al Juez de Distrito, aunque en contra de mi defenso, porque después, en su siguiente parte, establece unas condiciones precisas e insoslayables. Lo que sucede es que, el Juez hace un seccionamiento inadecuado del precepto 18 en cita. No relaciona debidamente sus dos partes. Ni menos hace una interpretación sistemática de ese numeral, especialmente con los artículos 1o. (que pone candados a las restricciones de derechos fundamentales o humanos) y 39 (que establece el ejercicio del poder para beneficio de la persona) constitucionales. Asimismo, el Juez de Distrito no hace una correcta interpretación constitucional del artículo 18 en cita, concretamente del verbo ‘podrán’ que enarbola en su sentencia, ya que, contrario a lo que argumenta el a quo, no se le está concediendo ningún derecho a la autoridad ejecutora, pues se trata de un derecho fundamental de la persona, que como tal, no tiene como fin principal el dar prerrogativas a las autoridades. El derecho va a dirigido al ser humano y no a la autoridad. Por tanto, no puede obtenerse válidamente un derecho de la autoridad a través de un derecho de la persona. Entonces, la interceptación (sic) correcta de ese verbo ‘podrán’, debe ser en el sentido de que los sentenciados tienen el derecho, en principio, de compurgar su pena de prisión cerca de su domicilio, por estar precisamente allí su familia y su comunidad, como forma de mejor reinserción o readaptación social; pero dicho derecho no aplica en los casos de delincuencia organizada ni cuando el reo requiera de medidas especiales de seguridad. Por tanto, es inconcuso que respecto de quienes no se establece ese derecho fundamental, como se señala en la segunda parte de ese párrafo penúltimo del artículo 18 en comento, la autoridad no tiene la obligación de mantenerlos cerca de su domicilio. Ello, se reitera, es acorde con lo que dispone la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que para nada voltea a ver el a quo, siendo su obligación tomar en cuenta todo el derecho aplicable o relacionado, especialmente lo que es la ley, en lugar de simples reglamentos o manuales. Ese ‘podrán’ que se establece constitucionalmente debe entenderse, sí, como un derecho del reo, tal como lo reconoce el a quo en su sentencia; pero no da ningún derecho de libre disposición del sentenciado por parte de las autoridades administrativas ejecutoras; sino que le impone la obligación de fundar y motivar adecuada y suficientemente el porqué se encuentra en el caso de excepción para no ser tenido cerca de su domicilio, como formas de hacer posible y eficaz ese derecho, como se establece en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Obvio es que un derecho para una parte, origina una obligación hacia la otra, y no un derecho, máxime si se trata de derechos humanos o constitucionales. Aunque sí, el ejercicio de un derecho tiene como frontera el derecho del otro, pero no porque de por sí el ejercicio de ese derecho origine el derecho de la otra persona, sino porque esa otra persona ya lo tiene. Obsérvese que ese ‘podrán’ no se refiere a las autoridades, sino a los individuos, precisamente como un derecho fundamental. Así, es incorrecto que el Juez obtenga de ello una prerrogativa para las autoridades, en lugar de la correlativa obligación de respetar ese derecho, y de fundar y motivar en forma suficiente y adecuada su restricción, atendiendo con primacía o prevalencia al corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos. Encima, no debe soslayarse que las autoridades no deben hacer sino lo que la ley les concede expresamente; en tanto que los individuos pueden hacer todo aquello que no le prohíba la ley. Así lo disponen los principios generales de derecho, como las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica. De ese modo, tenemos que no existe ningún precepto, menos de la Ley Suprema, que autorice a la autoridad jurisdiccional a obtener un derecho para la autoridad de donde se establece sólo un derecho para el individuo. Por tanto, no es correcto que el Juez de Distrito obtenga un derecho para la autoridad ejecutora de la pena de prisión de un precepto que no lo contempla expresamente así, sino más bien establece la obligación de respetar ese derecho, siempre y cuando, como la misma Ley Suprema lo expresa, no se trate de delincuencia organizada o de internos que requieran de medidas especiales de seguridad, y se cumplan los casos y condiciones que establezca la ley. Tampoco existe en el artículo 18 constitucional, ni en ninguna otra norma suprema, ningún derecho, ni menos autorización de discrecionalidad absoluta para la autoridad ejecutora de las sanciones penales, en el sentido de poder disponer libremente de todos los reos por regla general, y trasladarlos a su gusto o conveniencia. Por tanto, no es correcto que el Juez de Distrito le reconozca a las autoridades responsables un derecho que la ley no les da. Por el contrario, al tratarse de un derecho fundamental que sólo puede restringirse válidamente en los términos y condiciones que la misma Ley Suprema de la Nación establece, el individuo puede exigir el permanecer en un reclusorio cercano a su domicilio, el más cercano posible, mientras no se trate de delincuencia organizada o que se haya probado que requiera de medidas especiales de seguridad, estando dentro de los casos y condiciones que la misma ley establezca, con tal de que esas condiciones y casos sean racionales y admisibles en un Estado de derecho democrático. Así las cosas, constitucionalmente en el marco del corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, el individuo puede compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración o readaptación social o comunitaria. Por su parte, las autoridades ejecutoras sólo deben velar por que esa posibilidad se haga realidad, si se cumplen los requisitos de ley, por lo que sus resoluciones o actuaciones deben estar debida y suficientemente fundadas y motivadas, porque estará adecuando un caso de excepción al derecho fundamental que tiene el sentenciado. El hecho de que la Ley Suprema de la Nación establezca la posibilidad de que las autoridades hagan efectivas las situaciones de excepción que esa misma ley les permite, no quiere decir que ello sea la regla general, ni menos que sea un derecho superior a la posibilidad que tiene el sentenciado de estar en un reclusorio cerca de su domicilio, ya que la autoridad realmente sólo tiene la obligación de velar porque la regla general se cumpla y que la excepción confirme precisamente la regla. De esa manera la autoridad debe procurar que sólo en los casos y condiciones que establezca la ley, y sin comprender jamás a la delincuencia organizada ni a internos que requieran medidas especiales de seguridad, los reos compurguen penas de prisión en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios. Así pues, contrario a lo que aduce el Juez de Distrito, sí se obliga constitucionalmente a la autoridad encargada de ejecutar sanciones de prisión a mantener recluidos a los reos en los centros cercanos a su domicilio, por ser, como le (sic) mismo Juez lo reconoce, un derecho fundamental del reo. Sólo por excepción ello no deberá ser así, en los términos que la misma ley establezca. Tiene aplicación, por analogía, la siguiente tesis: Novena Época. Registro IUS: 165824. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, materia constitucional, tesis 1a. CCXIII/2009, página 276. ‘DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO ES VARIABLE TANTO EN SU DIMENSIÓN INTERNA COMO EXTERNA.’ (se transcribe). Se insiste, el Juez interpreta mal el término ‘podrán’ que se establece en esa parte del artículo 18 constitucional. Esa interpretación no debe subsistir, ya que nos llevaría a absurdos al interpretar otros derechos fundamentales que utilizan terminología similar, como por ejemplo: a) Artículo 5o. constitucional, que en lo conducente establece: (se transcribe). Con la interpretación que viene haciendo el a quo a caso debemos entender que ¿Se establece el derecho para la autoridad de impedir ese derecho por haber colocado el Constituyente el verbo ‘podrá’? Yo creo que no. Igualmente aquí, que en el artículo 18 precitado, se establece un derecho fundamental y una obligación de la autoridad para respetarlo en principio, con las limitantes que la misma ley establece. Es preocupante la interpretación que hace el Juez del verbo ‘podrán’ en cuestión, pues si de ese derecho hace derivar una facultad absoluta de la autoridad ejecutora, no quiero ni pensar qué sucedería cuando se interpretaran conceptos como ‘nadie podrá’, ‘no puede’, ‘tampoco puede’, etcétera, que la misma Ley Suprema de la Nación establece en otros artículos. Se olvida que estamos en presencia de derechos fundamentales, donde priva la interpretación pro persona, que es la prevalente en el corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, en un Estado de derecho democrático. b) El artículo 9o. constitucional señala en lo atinente: (se transcribe). ¿Qué deberemos obtener de la parte subrayada, en ese párrafo del artículo 9o. constitucional, conforme al criterio externado por el a quo?: que la autoridad podrá prohibir que los ciudadanos de la República tomen parte en los asuntos políticos del país. Ello es inadmisible, por supuesto, en una democracia. En fin, es contradictorio que se diga jurisdiccionalmente que el ‘podrán’ de que se habla, aun siendo un derecho fundamental signifique que ‘no podrán’. Porque entonces ¿qué significarán los ‘no podrán’, ‘no puede’, etcétera?-Veamos, simplemente lo que dice la Real Academia Española: (se transcribe). De esa referencia se obtiene que ni gramaticalmente se obtiene el significado que le da al verbo podrán (conjugación del verbo ‘poder’) el Juez de Distrito. También es contradictorio e inaceptable en una democracia que ese verbo ‘podrán’, que se refiere sin duda alguna a los sentenciados en materia penal, indique que las autoridades están facultadas siempre y en todo momento para trasladar de reclusorio en reclusorio a los individuos puestos a su disposición, de manera discrecional o hasta arbitraria, porque se trata de un derecho fundamental, y no de una facultad discrecional lo que se preocupó sustancialmente la Ley Suprema de la Nación en establecer. Si conforme con los artículos 39 y 40 constitucionales todo poder público debe ejercerse para bien del pueblo, en quien radica la so
eranía nacional, y en favor de los integrantes de ese pueblo se estableció la democracia, cuyo pilar son los derechos humanos y, sin embargo, éstos no son absolutos ¿Por qué si habría de obtenerse un derecho o facultad absoluta para la autoridad en donde se establece un derecho fundamental, o en cualquier otro lugar? ¿Si el pueblo soberano no se ha reservado para sí derecho absoluto alguno, por qué había de otorgárselo a las autoridades gubernamentales? Luego ¿De dónde obtiene el Juez de Distrito válidamente esa ‘facultad’ omnímoda e irrestricta de la autoridad ejecutora de sanciones? Desde luego que de ningún precepto del corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos. Por tanto, sus consideraciones y resoluciones no son válidas y deben quedar sin efecto, haciendo la interpretación correcta, pro persona. Se itera (sic), el Juez debió atender a uno de los sistemas autorizados para la interpretación correcta de los preceptos constitucionales, máxime que ellos constituyen parte del corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos. Al efecto, tienen aplicación las siguientes tesis: Novena Época. Registro: 177924. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, materia: constitucional, tesis P./J. 87/2005, página 789. ‘INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES.’ (se transcribe). Novena Época. Registro IUS: 191673. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, materia: constitucional, tesis P./J. 61/2000, página 13. ‘INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). Por lo demás, es incorrecto que el Juez interprete que la facultad de las autoridades responsables para determinar que el lugar de la reclusión del sentenciado deba estar supeditada al domicilio de los familiares. Nadie ha sostenido tal cosa. Lo que sí se sostiene es que las facultades de esas autoridades están restringidas por los términos de la misma Ley Suprema de la Nación, que de ninguna manera debe soslayar el Juez. Desde luego que el derecho a estar en un centro de reclusión cerca de su domicilio, para propiciar la adecuada reinserción o readaptación social del sentenciado, no es un derecho absoluto, como todo derecho fundamental o humano, tal como se expone en esta promoción. Pero al tratarse de un derecho fundamental, la autoridad sólo puede restringirlo válidamente en los términos y condiciones que la misma Ley Suprema de la Nación, que lo es el corpus juris del derecho internacional de protección de derechos humanos, lo establezca, conforme con los principios democráticos aceptados internacionalmente, de manera debidamente fundada y motivada. Tiene aplicación por analogía, la siguiente tesis, que señala precisamente que ningún derecho humano es absoluto, pero la restricción debe ser conforme con la ley, especialmente conforme con la Ley Suprema de la Nación: Novena Época. Registro IUS: 165821. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, materias: constitucional, civil, tesis P. LXVII/2009, página 7. ‘DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.’ (se transcribe). En consecuencia, con los actos reclamados, contra lo que argumenta el a quo de amparo, sí se han violado derechos fundamentales de mi defenso quejoso, y la resolución de primera instancia en amparo debe ser revocada, y dictar otra en su lugar en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Quinto. Fuente del agravio. Lo es la consideración del Juez de Distrito en el sentido (sic) no realizar mayor estudio concretamente en relación con los artículos 1o., 3o., segundo párrafo, y fracción II, inciso a), así como 39, segunda parte, constitucionales. El Juez de Distrito debió hacer el análisis de esos preceptos de manera conjunta, sistemática y teleológica pues resulta de la mayor relevancia. Efectivamente, contrario a lo que sostiene el a quo de amparo, siempre, como se dijo más arriba, es indispensable no soslayar lo que señala el artículo 1o. constitucional en el análisis de las violaciones de los derechos fundamentales, pues de ese precepto se obtiene el mecanismo único permitido para su restricción. Por otro lado, el análisis del artículo 3o., segundo párrafo y fracción II, inciso a), constitucional, es de la mayor envergadura, ya que allí se establecen precisamente los principios democráticos en solidaridad internacional que se exigen en la impartición de la educación, aun desde sus primeras etapas. Vistos esos derechos democráticos fundamentales, en concordancia con el principio de ejercicio del poder público para beneficio del pueblo soberano en la democracia, que se establece en el artículo 39 constitucional, obtenemos de manera sistemática y teleológica (sic) se establecen en esos numerales los principios de interpretac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24156-84e712aa/derecho-humano-del-sentenciado-a-purgar-la-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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