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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 205/2011. **********.10 Y 12 DE ENERO DE 2012. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: ADRIANA CECILIA SAULÉS PÉREZ, ARNOLDO CASTELLANOS MORFÍN Y JAIME NÚÑEZ SANDOVAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 205/2011. · Registro digital (IUS): 80049
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Versión electrónica, Pág. 2.

VISTO BUENO

MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a las sesiones de los días diez y doce de enero de dos mil doce.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

COTEJÓ:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y por las autoridades que a continuación se indican:

"II. AUTORIDADES RESPONSABLES:--- 1. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio bien conocido en la ciudad de México, Distrito Federal;--- 2. Coordinador General de Centros Federales, del Órgano Administrativo Prevención (sic) y Readaptación Social precitado. -- 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Veracruz. -- 4. Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Zacatecas, con domicilio conocido en la capital del Estado de Zacatecas. -- 5. Director o Encargado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. -- [...] --- IV ACTOS RECLAMADOS:--- Primero. De todas las autoridades responsables: El inconstitucional e ilegal traslado que de mi persona se hizo, del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Veracruz. -- Segundo. De todas las autoridades responsables: El dificultar mi readaptación social, al alejarme de mi domicilio, de mi familia y amistades con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático. -- Tercero. De todas las autoridades responsables: El haberme privado de mi derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a mi domicilio, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberme dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. -- Cuarto. De todas las autoridades responsables: El trato indigno a mi dignidad humana. -- Quinto. De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dejaron sin efecto el traslado de algunos internos quienes estaban en la lista de personas a trasladar, según oficio número 8140 (éste fue dado a conocer mi defensor público en informe que rindió el encargado del CERERESO (sic) en Cieneguillas, en el juicio de amparo indirecto 229/2010, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas), que al efecto emitió el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entre esas personas no trasladadas, figura el señor licenciado **********, ex Director del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, y quien está purgando una pena de prisión por el delito de Fuga de Reos en el Fuero Federal." (Fojas 2 y 3 del cuaderno de amparo).

SEGUNDO. La parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los previstos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 4 a 9 del cuaderno de amparo).

TERCERO. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, ordenó su registro bajo el expediente número 254/2010-4, tuvo como autoridades responsables a las señaladas por la parte quejosa, a las cuales requirió para que rindieran sus informes justificados, y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción.

CUARTO. Previos los trámites de ley, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, celebró la correspondiente audiencia constitucional en el juicio de amparo 254/2010-4, y con fecha treinta de junio de dos mil diez, dictó sentencia mediante la cual sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos:

"Primero. SE SOBRESEE en el presente juicio respecto de los actos del Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social con residencia en México, Distrito Federal. --- Segundo. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A **********, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en la parte final el (sic) considerando último de esta sentencia. --- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. --- [...]". (Foja 246 del cuaderno de amparo).

Las consideraciones en que basó los anteriores puntos resolutivos son las siguientes (fojas 232 a 246 del cuaderno de amparo):

"(...) IV. Litis Constitucional. -- ... Del contexto integral de la demanda se desprende que el peticionario de garantías aduce en esencia, como conceptos de violación, lo siguiente:--- a) Se violan en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, cuarto párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 18, penúltimo párrafo, en relación con el 39 constitucionales, 1, 2, 5, 7, 8, 26, 29, 62 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, porque en forma injustificada fue traslado del Centro de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social. -- Ello, porque según aduce:--- Del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, se desprende que es un derecho fundamental de todo sentenciado permanecer cerca de su domicilio durante la compurgación de su pena para lograr su reintegración a la sociedad; y que ese derecho sólo está acotado por la segunda parte de dicho párrafo, es decir, cuando se trate de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Supuestos en los que no se encuentra el impetrante del amparo. -- Que es cierto que el artículo 529 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que es el Poder Ejecutivo a través del Órgano correspondiente quien podrá decidir el lugar y condiciones de ejecución de las sentencias, pero que ello debe entenderse de manera sistemática atendiendo los lineamientos de la Ley Suprema que son fundamentalmente que el reo debe estar preferentemente cerca de su domicilio, familia y amistades, en un ambiente adecuado para su desarrollo integral. -- Que la ejecutora de la pena de prisión debe sopesar los intereses en juego y atender a lo que más beneficie a la persona, además de que siempre debe fundar, motivar y comprobar la razón de su proceder. -- Que las responsables debieron atender al principio de última ratio que implica que debe justificarse plenamente el alejamiento del reo de su comunidad, familia, amigos y ambiente adecuado porque el traslado agrava la pena impuesta, máxime si se trata de un reclusorio que está en otro Estado de la República. -- Que no debió soslayarse que el Centro Federal de Readaptación Social en Veracruz fue concebido legalmente sólo para casos especiales y no en general y de manera indiscriminada, dado que ello se corrobora del acuerdo 5/2009 expedido por el Secretario de Seguridad Pública. -- Que mínimo, las autoridades responsables debieron cumplir con lo establecido en el artículo 26 A, fracción III y B, fracción III del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. -- b) Se violan los derechos fundamentales del quejoso porque con el traslado reclamado se le está privando del derecho de estar cerca de su domicilio, de su familia, de su comunidad, como formas de reinserción social y como una forma de gozar de un ambiente digno, como lo establece el artículo 4º, párrafo cuarto, constitucional. -- c) Se le priva de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 17, todos de la Constitución General de la República, dado que se le está molestando en su persona y derechos, sin darle oportunidad de defensa y audiencia al haberlo trasladado a un reclusorio de alta seguridad, alejándolo de su familia, amigos, comunidad y ambiente adecuado para su desarrollo. -- d) Las responsables violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 18, penúltimo párrafo y 29 constitucionales, en relación con el artículo 5.2, segunda parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; dado que a decir del quejoso, con el traslado de que fue objeto, no se respetó su dignidad de ser humano, al no respetar sus derechos de comunicación con sus familiares y abogado, y sin que se le enterara de las razones de su traslado. -- e) Se viola en perjuicio del quejoso su derecho fundamental de justicia pronta, expedita y completa, prevista en los artículos 17 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, porque se dificulta su defensa adecuada al alejarlo de sus defensores de confianza. Con lo que además se le priva de la posibilidad de recibir asesoría directa y personal de su defensor público; además, se le dificultará la exigencia de algún beneficio de libertad anticipada en su momento. -- f) Se viola su derecho de igualdad y trato no discriminatorio por parte de las autoridades responsables, previsto en los artículos 1º constitucional y 24 de la Convención Americana, porque se dio cuenta extraoficialmente que se dejó sin efecto el traslado de algunas personas, como lo es el ex director del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, licenciado **********. -- V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. -- Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. -- Previo al análisis de los citados conceptos de violación, es pertinente dejar establecido que el acto reclamado se hace consistir, como ya se dijo, en el traslado del quejoso **********, del Centro de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 'Oriente' en Villa Aldama, Veracruz; orden que se contiene en los oficios ********** de fecha siete de abril de dos mil diez, así como en el diverso **********de la misma fecha, que dicen: Oficio No **********. -- 'México, D.F. a 07 ABR. 2010. -- ASUNTO: Se autoriza ingreso. -- LIC. **********, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 5 'ORIENTE'. PRESENTE. -- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 116 del Código Penal Federal; 5 y 529 del Código Federal de Procedimientos Penales; 30 bis, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción XXV, inciso c), 25 y 36, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 12 de marzo de 2007, en vigor al día siguiente; 8, fracciones III y XX del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de mayo del 2002; 25 y 26 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, 4, 5 y 6 del Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social, me permito comunicarle que se autoriza el INGRESO a esa Unidad Administrativa a su cargo de los sentenciados ejecutoriados del orden federal que se enlistan a continuación:... 28). **********...; procedentes del Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Zacatecas...'--- La determinación anterior se emite en atención a la necesidad de despresurizar los centros de reclusión del Estado de Zacatecas, aunado al hecho de que esta autoridad ejecutora de sanciones, cuenta con la competencia de determinar el lugar en el que deben compurgar las penas privativas de prisión los sentenciados de referencia. -- Por tal motivo agradeceré gire su apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de recibir a los internos en mención, así como la documentación que se tenga de ellos, del personal que sea designado para el cumplimiento de dicha comisión. -- ...'--- 'Oficio No. **********(sic). -- México, D. F., a 07 ABR. 2010. -- ASUNTO: Se autoriza ingreso. -- LIC. **********, DIRECTOR GENERAL DE PREVISIÓN Y READAPTACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS. PRESENTE. -- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 116 del Código Penal Federal; 5 y 529 del Código Federal de Procedimientos Penales; 30 bis, fracción XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción XXV, inciso c), 25 y 36, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 12 de marzo de 2007, en vigor al día siguiente; 8, fracciones III y XX del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 6 de mayo del 2002; 25 y 26 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, 4, 5 y 6 del Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social, me permito comunicarle que se autoriza el INGRESO al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 'Oriente', de los sentenciados ejecutoriados del orden federal que se enlistan a continuación:... 28). **********...; procedentes del Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Zacatecas...'--- La determinación anterior se emite en atención a la necesidad de despresurizar los centros de reclusión del Estado de Zacatecas, aunado al hecho de que esta autoridad ejecutora de sanciones, cuenta con la competencia de determinar el lugar en el que deben compurgar las penas privativas de prisión los sentenciados de referencia. -- Por tal motivo agradeceré gire su apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de recibir a los internos en mención, así como la documentación que se tenga de ellos, del personal que sea designado para el cumplimiento de dicha comisión. -- (...)' De esas transcripciones se desprende que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, emitió tales comunicados partiendo de la necesidad de despresurizar los centros de reclusión del Estado de Zacatecas. -- Sentado lo anterior, cabe decir que, por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso a), se considera infundado en atención a que, contrariamente a los que aduce el quejoso con la orden de traslado que de su persona se llevó a cabo, no se violan en su perjuicio las garantías que invoca, pues en primer término, con dicha orden no se está restringiendo ni suspendiendo al quejoso en el goce de sus garantías que le otorga la Constitución General de la República, para que pudiera considerarse que se viola el artículo 1º de dicha Carta Magna. -- En segundo término, la orden de traslado del quejoso tampoco resulta violatoria del artículo 18 constitucional, en su penúltimo párrafo, pues dicho precepto en ese párrafo establece: (Se transcribe). -- Por tanto, si bien cierto (sic) que se establece un derecho para el sentenciado, como lo indica el quejoso, de permanecer cerca de su domicilio durante la compurgación de su pena para lograr su reintegración a la sociedad, también es verdad que esa circunstancia no obliga a la autoridad encargada de ejecutar las sanciones a mantener recluidos a los reos en los centros cercanos a su domicilio, pues al indicar el precepto en cita que 'podrán', le está otorgando a dicha autoridad la facultad de tenerlos en esos centros o bien en otros aún cuando estén alejados de los domicilios de los reos, por lo cual, si el impetrante del amparo se encontraba en un centro de readaptación social regional, que corresponde a un Estado de la República, como lo es Zacatecas, y posteriormente fu trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social, es decir al número 5 Oriente en el Estado de Veracruz, no se viola la garantía a que se refiere el artículo 18 en cita, pues conforme a lo expuesto, es inexacto que solamente exista la restricción en cuanto a la aplicación de dicho artículo cuando se trate de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requerían medidas especiales de seguridad. De ahí que aún en el supuesto de que efectivamente el impetrante del amparo no se encuentre en ninguno de estos supuestos, la autoridad dependiente del Ejecutivo Federal encargada de la ejecución de las sanciones, sí está facultada para ordenar el traslado de que se trata, pues de lo contrario, su facultad estaría supeditada al domicilio de los familiares. -- Lo anterior sin que se resulte necesario realizar mayor estudio al respecto y concretamente en relación con los artículos 1º, 3º, segundo párrafo y fracción II, inciso a), así como 39, segunda parte, constitucionales, pues e

cuanto al primero de dichos numerales, ya se hizo referencia en líneas precedentes, y los dos restantes, como puede verse de los textos de los mismos, ninguna relación tienen con el traslado reclamado, pues el 3º dispone lo relativo a la educación que imparte el Estado, en tanto que el 39 en su segunda parte señala que el pueblo tiene derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. -- En tercer lugar, es inexacto lo que aduce el quejoso en relación con lo establecido por el artículo 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues es cierto que para lo relativo al lugar y condiciones de ejecución de las sentencias debe atenderse a los lineamientos de la Ley Suprema, sin embargo, ello no quiere decir que esas condiciones consistan fundamentalmente en que el reo debe estar preferentemente cerca de su domicilio, familia y amistades, ya que como quedó asentado, el artículo 18 constitucional establece que podrá el reo compurgar la pena en centro penitenciario cercano a su domicilio, sin que por otra parte, el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio signifique que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que finalmente es lo que persigue con su readaptación. -- En cuarto lugar, es verdad que la autoridad ejecutora de la pena de prisión debe sopesar los intereses en juego, sin embargo, ello no implica que siempre se tenga que atender a lo que más beneficie a la persona, pues también debe tenerse en consideración el mayor o menor perjuicio que se pueda causar a la sociedad. Además de que la autoridad responsable fundó y motivó la orden de traslado reclamada, pues en ella citó las disposiciones en que apoyó su mandamiento reclamado, como son, 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 116, del Código Penal Federal, 5 y 529, del Código Federal de Procedimientos Penales, 30 bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3º, fracción XXV, inciso c), 25 y 36, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 8º, fracciones III y XX, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 25 y 26, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; 4º, 5º, y 6 del Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social, las cuales resultan aplicables al traslado de mérito, toda vez que en su orden establecen:--- De la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: 'Art. 18. (Se transcribe). -- Del Código Penal Federal: 'Artículo 77'. (Se transcribe). -- 'Artículo 116'. (Se transcribe). -- Del Código Federal de Procedimientos Penales: 'Artículo 5º'. (Se transcribe). -- 'Artículo 529'. (Se transcribe). -- De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 'Artículo 30 BIS'. (Se transcribe). -- Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública: 'Artículo 3.' (Se transcribe). -- 'Artículo 25'. (Se transcribe). -- 'Artículo 36'. (Se transcribe). -- Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social: 'Artículo 8'. (Se transcribe). -- Del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social: 'Artículo 25'. (Se transcribe). -- 'Artículo 26'. (Se transcribe). -- Del Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social. 'Artículo 4'. (Se transcribe). -- 'Artículo 5.' (Se transcribe). -- 'Artículo 6.' (Se transcribe). --- (...)' --- Asimismo, expresa las razones por la cual consideró (sic) procedente la emisión de la orden de traslado reclamada, que se hacen consistir en que existe necesidad de despresurizar el Centro de Readaptación Social Varonil de Zacatecas, y que además, la autoridad responsable, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social cuenta con competencia para determinar el lugar en el que deben compurgar las penas de prisión los sentenciados, que en el oficio relativo se mencionan, entre los que se encuentra el ahora quejoso. -- En quinto lugar, tampoco asiste razón al quejoso al manifestar que las responsables debieron atender al principio de última ratio que implica que debe justificarse plenamente el alejamiento del reo de su comunidad, familia y amigos; ya que de acuerdo a lo que se indicó en párrafos precedentes, sino es obligatorio para la autoridad responsable el señalar un centro de readaptación social cercano al domicilio del sentenciado para que éste purgue su pena privativa de libertad, menos todavía está obligada a justificar su traslado a otro centro de readaptación, independientemente de que esté alejado del citado domicilio. Siendo que, en lo referente al ambiente adecuado, como también se dijo con anterioridad, el que los sentenciados sean trasladados a otro centro de readaptación social no significa que el ambiente pueda resultar inadecuado para su desarrollo integral. --- En sexto lugar, tampoco asiste razón al peticionario de garantías al expresar que no debió soslayarse que el Centro Federal de Readaptación Social en Veracruz fue concebido legalmente sólo para casos especiales y no en general y de manera indiscriminada; pues es cierto que del punto cuatro que del acuerdo 5/2009 se transcribe, expedido por el Secretario de Seguridad Pública, se advierte que se señala que se han realizado importantes detenciones de elementos ligados al crimen organizado y que ellos han sido trasladados a Centros Federales de Readaptación Social, sin embargo, no se desprende que hayan sido creados solamente para sentenciados ligados con dicho crimen organizado. -- En lo referente al último argumento que el quejoso hace valer en el concepto de violación sintetizado en el inciso a) que se analiza, es inexacto que las autoridades responsables tuvieran que cumplir con lo establecidos en el artículo 26 A, fracción III y B, fracción III del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para la emisión de la orden de traslado, puesto que dicho artículo dispone que para el ingreso o permanencia de internos que en el Centro Federal, se observará lo dispuesto en el propio precepto, lo que significa que son dos los momentos en los que se puede analizar la existencia de los requisitos establecidos en dicho precepto, por lo que, en caso de que no llegaran a reunirse éstos, los sentenciados podrán ser remitidos de nueva cuenta al Centro de Readaptación en que se encontraban; lo que significa que aun cuando no se hayan observado esos requisitos para el ingreso al Centro Federal, lo cierto es que pueden practicarse para su permanencia, y en ese sentido, ningún agravio acarreó, máxime que en una parte el precepto alude a que los estudios para determinar signos o síntomas psicóticos, enfermedades, etcétera, deben practicarse por el Centro Federal; lo que significa que esa obligación de realizar los estudios no recaía en el Centro Estatal, sino en el Federal, de ahí que no podía establecerse como un requisito previo al traslado. -- Por lo que hace al concepto de violación sintetizado en el inciso b), es infundado en atención a que, independientemente de que el artículo 4º constitucional, párrafo cuarto, únicamente se refiere a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, sin que haga mención a que los sentenciados deban estar cerca de su domicilio, de su familia, de su comunicad, como formas de reinserción social; de las constancias de autos no se advierte constancia alguna con la que se demuestre que el ambiente en el que se encuentra actualmente el impetrante del amparo con motivo de su traslado realizado al Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente en Veracruz sea indigno, muchos menos que no apoye a su reinserción social. Pues el quejoso solamente exhibió diversas documentales con el propósito de acreditar que su domicilio se encuentra en un municipio de este Estado, así como para acreditar el delito que se le atribuye y por el que se dictó la sentencia cuya pena de prisión compurga, y que no fue trasladado uno de los sentenciados que se mencionó en los oficios materia de los actos reclamados, que lo es **********. -- En lo relativo a los conceptos de violación sintetizados en los incisos c) y d), resultan de igual forma infundados, ya que con la orden de traslado del quejoso no se le priva de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, 18, penúltimo párrafo y 29 todos de la Constitución General de la República, 1º, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 18, penúltimo párrafo y 29 constitucionales; pues por los que hace al 1º, 16, primer párrafo y 18, penúltimo párrafo, ya se hizo el análisis respectivo en párrafos precedentes. -- En cuanto a los numerales 17 y 29, no puede considerarse que se hayan violado con la emisión de la orden de traslado reclamada, ya que el primero establece que la administración debe ser pronta y expedita, en tanto que el segundo dispone que solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos y términos ahí establecidos podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, siendo que en la especie no se está en ninguna de las dos hipótesis, además de que el quejoso aduce que se violan todos los artículos antes mencionados, porque se le está molestando en su persona y derechos, sin darle oportunidad de defensa y audiencia, y sin que se le hubieran respetado su dignidad de ser humano, al no respetar sus derechos de comunicación con sus familiares y abogado, ni enterarlo de las razones de su traslado; garantía ésta, es decir, la de audiencia que prevé el diverso artículo 14 constitucional, que como se verá a continuación no se transgrede con el acto reclamado. -- En efecto, por lo que se refiere al citado artículo 14, segundo párrafo, constitucional, tampoco resulta transgredido con la orden de traslado de mérito, ya que del contenido de los artículos 77 del Código Penal Federal y 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, que son los que facultan al Ejecutivo Federal, a través del órgano que designe, para la ejecución de las sanciones, no establecen procedimiento alguno para que dicho órgano determine el lugar y las modalidades de ejecución, sino únicamente que se ajuste a lo previsto en el Código Penal, así como en las normas sobre ejecución de penas y medidas y en la sentencia. Consecuentemente, si el Comisionado de Prevención y Readaptación Social ordenó el traslado del promovente del amparo del centro de readaptación social donde se encontraba, a otro distinto, tal determinación no es ilegal aun cuando no se haya desahogado procedimiento alguno y como consecuencia no se haya dado oportunidad de defensa al quejoso, pues esa resolución proviene del uso exclusivo de las facultades que tiene conferidas. Además, como ya quedó asentado, el traslado a que se alude se realizó con fundamento en las disposiciones relativas, las que además quedaron transcritas en párrafos que anteceden. -- Sin que por otra parte, se requiera consentimiento expreso del sentenciado para realizar su traslado, por lo que no existía obligación de las responsables de enterar al quejoso de las razones de dicho traslado, para que lo comunicara previamente a sus familiares y abogado. -- Además, en lo relativo a que no se respetó la dignidad de ser humano, del peticionario de garantías, no existe constancia alguna que demuestre que así hubiera sucedido. -- En relación con lo antes expuesto resulta aplicables la tesis aislada de rubro y texto: 'REOS DE DELITOS FEDERALES, LA ORDEN DE TRASLADO DE, NO REQUIERE QUE PREVIAMENTE SE TRAMITE PROCEDIMIENTO ALGUNO'. (Se transcribe). -- Asimismo, tiene aplicación la diversa tesis aislada que dice: 'TRASLADO DE REOS, CONSENTIMIENTO NO NECESARIO PARA EL'. (Se transcribe). -- Por lo que respecta al concepto de violación sintetizado en el inciso e), también resulta infundado, toda vez que no existe procedimiento o petición respecto de los cuales, la autoridad responsable tuviera obligación de emitir algún acuerdo o resolución y que no lo hubiera emitido de manera pronta, expedita y completa, en franca violación a lo previsto en el artículo 17 constitucional, pues el quejoso ya fue sentenciado y solamente está compurgando la pena impuesta, por lo que tampoco se le puede dificultar su defensa, dado que ya no exis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80049-97a83beb/amparo-en-revision-205-2011-10-y-12 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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