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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI AL QUEJOSO SE LE CONCEDIÓ EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUÉLLA O PORQUE SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA RETORNADO AL CENTRO DE RECLUSIÓN DONDE SE ENCONTRABA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 51/2019. · Registro digital (IUS): 28819
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-07-05
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Pág. 2041.

AMPARO EN REVISIÓN 51/2019. 2 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y oficioso, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, correspondiente a la Novena Época, registro digital: 181325, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, materia común, página 262, aplicable en lo conducente, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.—Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."

Previo a demostrar lo anterior, debe decirse que fue correcto que la Juez de amparo tuviera por ciertos los actos reclamados al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, director ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I y Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quienes al rendir sus informes con justificación lo aceptaron, pues la primera, a través del oficio ********** autorizó el traslado del quejoso y la autoridad judicial, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, lo convalidó, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntaron, mismas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2o.

Es aplicable la jurisprudencia 226 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."

Ahora bien, la causa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."

Dicho precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno.

Hipótesis que puede actualizarse por dos circunstancias distintas:

1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro; y,

2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía.

El primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales se conforman por una serie de actos concatenados, de manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce.

Es decir, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad, esto es, cuando la afectación al gobernado derive, invariablemente, de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto, en principio, controvertido.

Lo que en el caso acontece, pues como se advierte de las constancias existentes en autos, el traslado del quejoso del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México al Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, por medidas de seguridad que el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social autorizó mediante oficio **********, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en atención a los diversos ********** y **********, suscritos por el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, quedó sustituido procesalmente al emitirse el proveído de veinticinco de octubre dos mil dieciocho, en los autos de la causa penal **********, donde el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México convalidó la permanencia del quejoso en el centro penitenciario al cual fue trasladado.

Por lo anterior, se actualiza el primero de los supuestos para que opere la cesación de efectos de la determinación controvertida, esto es, la sustitución procesal del acto originalmente reclamado por uno diverso y, por ese motivo, no es posible realizar el estudio de las posibles violaciones que se habrían cometido en el primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, primordialmente, porque la afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo ya no se determina por el acto originalmente reclamado, sino por el nuevo acto que, sin dejar insubsistente aquél, esto es, sin anularlo o revocarlo, rige la situación actual del gobernado.

Además, cabe resaltar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que en su artículo 51, en relación con el numeral 52, prescribe la posibilidad de que la autoridad penitenciaria, en tratándose de aquellos casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ordene y ejecute el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente, dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, a fin de que éste, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, califique la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar al nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso.

Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que acorde con la legislación citada, la autoridad debe calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, es decir, convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, es decir, que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado.

Lo anterior se apoya con la tesis I.9o.P.167 P (10a.), emitida por este órgano colegiado, visible en la página 2507, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre 2017, Tomo IV, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de octubre de 2017 a las 10:16 horas», de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO."

Por lo anterior, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos respecto del primero de los actos de autoridad, pues atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no es, precisamente, la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad judicial que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del primer acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa determinación jurídica está fundada y motivada o, como en el caso, se dejó insubsistente por no haberse llevado correctamente el procedimiento previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución pues, a la postre, sería irrelevante dilucidar dichas cuestiones, ya que no son las que sustentan la improcedencia del juicio

En tales condiciones, ante la causa de improcedencia advertida, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.

En ese sentido, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, con la actualización de la causal de improcedencia anterior, ya que se advirtió de oficio y no fue analizada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, ello en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado en la ley de la materia.

Lo anterior se apoya en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre 2014, Tomo I, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."

Respecto a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que la autoridad recurrente, aduce, se actualiza, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia, toda vez que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, susceptible de estudiarse en cualquier instancia; por tanto, si en el caso, conforme a lo señalado en párrafos anteriores, se estimó actualizada la establecida en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, resulta innecesario abordar la señalada por la autoridad recurrente, ya que al actualizarse una causal de improcedencia diversa, sólo basta el examen de ésta para decretar el sobreseimiento, pues si se abordara el examen relativo, implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional.

SÉPTIMO.—Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano colegiado que los efectos de la concesión del amparo, en relación con el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, consistieron en dejar insubsistente su determinación en la que convalidó el traslado del quejoso, concesión que incide al recurrente en los efectos por los que se concedió también el amparo para que el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social regrese al quejoso al centro penitenciario donde se encontraba.

Por tanto, procede el estudio de los motivos de disenso de la autoridad recurrente en relación con los puntos 1, inciso a) y 2, inciso c), de la sentencia recurrida.

En principio, debe destacarse que los agravios expresados por la autoridad responsable se examinarán conforme al principio de estricto derecho que rige en materia de amparo, y que establece el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que por tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia únicamente opera en favor del inculpado o sentenciado, ofendido o víctima, respecto de estos últimos, atendiendo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que al tener los derechos de la víctima y del ofendido la misma categoría e importancia que las que se otorga al inculpado, deben tener, sin distinción, igual protección; de ahí que si la suplencia de la queja opera a favor del reo, también debe aplicar para la víctima y el ofendido, con lo cual, se da preferencia a lo previsto en los tratados internacionales, que disponen que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta, cumpliendo así con el mandato previsto en el precepto 1o. constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/285, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la página sesenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, materia penal, de rubro: "REVISIÓN PENAL. ES DE ESTRICTO DERECHO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA HACE VALER."

Ahora bien, no obstante que la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en atención a lo manifestado en su escrito de agravios "vengo a interponer recurso de revisión en contra de la resolución dictada en los autos del juicio de garantías en que se actúa, terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la cual fue notificada, bajo protesta de decir verdad, el día cinco de febrero de dos mil diecinueve, a través de la cual en su resolutivo segundo, determinó amparar y proteger al quejoso al proemio citado."

La litis se circunscribirá únicamente a la concesión del amparo, no así al sobreseimiento decretado en términos del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado a diversas autoridades responsables; por tanto, dicho aspecto, al no ser impugnado por la parte a quien realmente pudiera causarle perjuicio, queda firme.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 251, visible en la página 427 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO."

Así, ante la imposibilidad legal de este órgano colegiado de revisar de oficio los demás aspectos de la sentencia impugnada, como se indicó, procede contestar los argumentos de la recurrente.

En ese sentido, respecto al punto 1, inciso a), de la sentencia recurrida, la subdirectora de área de la Dirección de Amparo de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, expresó los siguientes agravios:

1. La Juez de amparo soslayó que el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales convalidó el traslado del quejoso por tener la facultad, en términos de los artículos 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y párrafo tercero del diverso 21 constitucional, que establecen que es la autoridad competente para realizar el pronunciamiento respectivo sobre la permanencia del quejoso, lo cual determinó en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 "Noroeste", lo que fue realizado por cuestiones de seguridad.

2. La Juez de Distrito no advirtió que la autoridad penitenciaria notificó al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, ya que es la facultada para hacerlo, tal como lo indica el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que cuenta con los antecedentes del quejoso, administra el centro estatal del que egresó, tiene conocimiento directo de la problemática que se vive en los centros estatales de esta entidad federativa y las necesidades para lograr mantener la seguridad de los mismos.

3. El titular de prevención y readaptación social puede realizar el traslado de internos, pero tiene como obligación informar al Juez de dicha circunstancia, en términos de la fracción XII del artículo 9o. de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, pues es una medida necesaria enviar al Juez un informe en el que exprese los motivos que dieron origen a dicho traslado; ello ante el conocimiento de los problemas que se pueden generar al interior de un centro penitenciario, mismos que no se pueden prever y menos dar una respuesta tardía.

En apoyo a lo anterior, citó la tesis «XIX.1o.8 P», de rubro: "TRASLADO DE REOS. FORMAS DE SALVAGUARDAR SU GARANTÍA DE AUDIENCIA, SEGÚN LA URGENCIA DE AQUELLA MEDIDA."

4. De conformidad con el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se hizo del conocimiento a la autoridad judicial encargada de la ejecución de la pena de prisión, que el quejoso debía permanecer internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Noroeste" con sede en Tepic, Nayarit, pronunciamiento que se realizó de manera fundada y motivada.

Dichos motivos de disenso se estiman inoperantes, pues lo que trata de impugnar son las consideraciones que tuvo la Juez de Distrito para conceder el amparo en contra de la determinación de la autoridad jurisdiccional que intervino en el procedimiento de traslado.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 36, sustentada por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, consultable en la página veintitrés, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS."

En efecto, la Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de garantías **********, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en virtud de que el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, al pronunciarse respecto del traslado del quejoso, contravino lo previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución, por lo que se constriñó a dicha responsable a dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, lo que debía notificar al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.

En principio, la Juez de amparo señaló que con la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, respecto a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas.

Acotando que, con la diversa reforma de diez de junio de dos mil once, que modificó el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en ella y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte.

Hizo hincapié en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la mencionada reforma constitucional no sería posible transformar el sistema penitenciario, si la ejecución de las penas permanecía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo.

En virtud de que se logró construir la racionabilidad de que, para lograr esa transformación, se decidió reestructurar el sistema, dando la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial ejecutar lo juzgado, razón por la que surgió la figura de los "Jueces de ejecución de sentencia", que dependen del Poder Judicial (Local o Federal).

Con ello, la Juez de amparo resaltó que el Poder Judicial debe vigilar que la pena se cumpla en la forma como fue condenado, y acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones.

Destacando que el Máximo Tribunal del País precisó que todos los eventos de trascendencia jurídica durante la ejecución de la pena que surjan a partir de la reforma constitucional, quedarán bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, a saber, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas.

Por ese motivo, se determinó que cualquier controversia que surja por parte de los sentenciados, su conocimiento y solución, deberán corresponder a los Jueces de amparo en materia penal, implicando un cambio fundamental en la vía (de administrativa a penal).

En ese contexto, la Juez de Distrito acotó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que con la entrada en vigor de las reformas constitucionales, se generó un cambio sustancial respecto a que no corresponde a las autoridades administrativas, sino a las autoridades judiciales, la supervisión del cumplimiento de la pena, para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, incluyendo el traslado de internos.

De modo que a las autoridades judiciales de ejecución, les corresponde vigilar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se generen en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pudiese adoptar la administración penitenciaria.

Bajo ese panorama, la Juez de amparo destacó que de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus ordinales 51 y 52, se desprende una sucesión de leyes en el tiempo, que regulan la procedencia del traslado de sentenciados a los diversos centros penitenciarios.

De ahí que, enfatizó, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, autorizó la posibilidad de que la autoridad ejecutora (titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario) ordenara el traslado de sentenciados a los diversos centros, en los casos en que se ponga en riesgo la seguridad integral de los centros penitenciarios, la del sentenciado y por urgencia médica, con la condición de enviar un informe al Juez de ejecución, en el que se expresen los motivos que dieron origen a dicho traslado, a fin de que el Juez pueda revocar la determinación administrativa, con la debida motivación y fundamentación, cuando se determine perjuicio al sentenciado.

Posteriormente, resaltó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en su artículo 51, en relación con el numeral 52, determina la posibilidad de que la autoridad penitenciaria, en trátandose de aquellos casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ordene y ejecute el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, a fin de que éste, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, califique de legal la determinación administrativa de traslado.

En ese contexto, la Juez de Distrito verificó que el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del oficio ********** de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, informó al subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, la autorización del traslado e ingreso del quejoso ********** al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en atención a su petición realizada por oficios **********, ********** y **********, todos de nueve de julio de dos mil dieciocho.

Precisando que la orden de traslado fue convalidada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, pues al rendir el informe justificado, se advierte que el subdirector jurídico del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México, el cinco de octubre de ese mismo año, le notificó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste", por lo que le requirió a dicha autoridad las constancias en las que explicara los motivos del traslado las cuales fueron recibidas por dicha autoridad judicial el veinticuatro de octubre del año en cita, y el día siguiente (veinticinco de octubre de dos mil dieciocho), con fundamento en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, consideró necesaria la permanencia del quejoso en el centro de reclusión al que fue trasladado.

Así, la Juez recurrida señaló que se advertía la participación del Juez responsable para determinar la validez del traslado penitenciario del quejoso, y de lo que se solicitó pronunciamiento a dicha autoridad.

De ahí que la Juez Federal indicó que el pronunciamiento realizado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, contravino el procedimiento previsto en los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Ya que los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, disponen que tratándose del traslado involuntario de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas, deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de control o de ejecución.

Acotando la Juez de Distrito, que se contempla un mecanismo de excepción consistente en que la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con la obligación de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los casos de:

1. Delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad;

2. Riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y,

3. Cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario.

Haciendo hincapié que en los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

Además, la Juez de amparo señaló que el traslado que se autorizó el cuatro de octubre de dos mil dieciocho y se ejecutó el cinco siguiente, en esa fecha la subdirectora jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I de la Ciudad de México, le notificó al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, sin que el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social le comunicara su determinación a dicho Juez y, no obstante ello, éste, lejos de solicitarle al referido comisionado, le requirió a la subdirectora jurídica del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, justificara con las constancias respectivas dicho traslado.

Por lo expuesto, la Juez de ampar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28819-4043bd64/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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