ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EMITIÓ POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SE FUNDAMENTÓ EN LEYES DE ESA MATERIA Y SÓLO CONTIENE MEDIDAS INHERENTES A ASPECTOS VINCULADOS CON AQUÉL, ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. ORDEN DE TRASLADO FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA. AL CONSTITUIR UN ACTO FUERA DEL PROCEDIMIENTO PENAL, NO SE ACTUALIZA EL CONOCIMIENTO PREVIO DEL ASUNTO PARA FIJAR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TURNO, AUNQUE EXISTAN PROCESOS JURÍDICAMENTE RELACIONADOS EN ESTOS ÓRGANOS DE AMPARO. VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DEL INCULPADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO DICTADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO TIENE RECONOCIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NI EN LA LEY, DERECHO ALGUNO RELACIONADO CON EL LUGAR DE RECLUSIÓN DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO.
AMPARO EN REVISIÓN 333/2018. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: DULCE GUADALUPE CANTO QUINTAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Agravios. Para el estudio del presente asunto se examinan los agravios contenidos en el escrito del recurso que consta agregado al toca, razón por la que no se transcribe su contenido.(34)
SEXTO.—Aspectos que deben considerarse firmes.
26. No es materia del presente recurso el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, quien al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobreseyó en el juicio de amparo.
27. Lo anterior quedó reflejado en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, sin que dicho resolutivo y las consideraciones que lo sustentan (considerando segundo), fueran materia de impugnación.
28. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 3a./J. 20/91, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.—Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo."
SÉPTIMO.—Estricto derecho. Se puntualiza que los agravios serán analizados atendiendo al principio de estricto derecho, dado que el caso no se ubica en alguna de las hipótesis en que proceda suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo previsto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, al interponer el recurso de revisión la autoridad responsable y el agente del Ministerio Público, en su carácter de tercero interesado.
A fin de dar una comprensión más clara sobre el problema jurídico planteado en el presente recurso de revisión, este tribunal de amparo estima pertinente destacar los antecedentes más relevantes del presente asunto:
I. Antecedentes.
29. Del análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto **********, del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2o., permiten conocer que:
1. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ********** (actualmente interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano"), compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades siguientes:
Ver acto reclamado y autoridades responsables
2. En los hechos afirmados bajo protesta de decir verdad, argumentó que fue sujeto de proceso penal ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, bajo la causa penal ********** y su acumulada **********, por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores, cuya sentencia condenatoria de treinta de marzo de dos mil once,(35) no se encuentra firme, en virtud de encontrarse pendiente de resolución un amparo directo que es del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito.
3. Agregó que ante el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, se encuentran pendientes de resolución las causas penales ********** y su acumulada **********, por los delitos de violación y corrupción de menores, así como la diversa causa penal ********** por los delitos de violación y corrupción de menores.
4. En tanto que en el Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Isla Mujeres se encuentran pendientes de resolver las causas penales ********** y **********, ambas seguidas por el delito de violación.
5. Precisó que, no obstante lo anterior, el quejoso ha sido objeto de traslado al CEFERESO (Centro Federal de Reinserción Social) Número Uno "Altiplano" a través de un oficio emitido por autoridad administrativa incompetente, que es violatorio de sus derechos fundamentales.
6. Al resolver el juicio de amparo, el Juez Federal sobreseyó en el juicio de amparo y concedió el amparo y protección federal al quejoso, en resolución constitucional autorizada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que constituye la materia del recurso de revisión.
7. Los efectos de la protección constitucional son los siguientes:
"1. Que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, deje insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio No. ********** de tres de mayo de dos mil seis; y,
"2. Tome las medidas necesarias para que el procesado quejoso ********** sea regresado al lugar donde estaba recluido antes de la emisión de la orden de traslado reclamada, es decir, al Centro de Reinserción Social en Cancún, Quintana Roo, por ser el estado que guardaban las cosas antes de la violación a los derechos fundamentales del impetrante, que se estimó actualizada.
"Cabe precisar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos que se precisan, no implica que la autoridad impida eventualmente el traslado del procesado a algún otro Centro de Reinserción Social, distinto de aquel en donde se encuentre, pues ello estaría permitido con la condición de que se ubique en las hipótesis constitucionales y legales respectivas, y es determinado por la autoridad judicial competente, en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil once, la atribución para resolver sobre los relevantes (sic) en prisión, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de los sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial."
II. Consideración previa.
30. Es pertinente sostener la competencia de este tribunal de amparo para conocer del presente asunto, cuyo acto reclamado en primera instancia es el oficio **********, que ordenó el traslado con base en el cual el quejoso fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, Altiplano; no obstante estar pendiente de resolución el amparo directo promovido por el sentenciado contra la resolución que resolvió el toca de apelación **********, dictada por el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
31. Lo anterior, porque como con posterioridad se abundará, la orden de traslado es un acto dictado por una autoridad formal y materialmente administrativa, la cual es independiente de los procesos penales que se instruyen al quejoso.
8. En consecuencia, en el caso no puede hablarse de "un conocimiento previo" respecto del acto reclamado, que actualice los supuestos normativos que establecen el turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, regulado en la sección octava del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, denominada "Sistema de Turno de Asuntos", la cual tiene por objeto el aprovechamiento del estudio previo del asunto, así como evitar el dictado de sentencias contradictorias.
9. En efecto, en dicha sección se ubican los artículos 45 y 46 del propio acuerdo,(36) en los que se advierte que en aplicación de los criterios generales, un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad.
10. Así, en los párrafos sexto y séptimo del artículo 46 se indica que cuando se turne un asunto a un órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido, éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo.
11. Además, señalan que en el supuesto de que se acepte el conocimiento del referido asunto, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de equilibrar las cargas de trabajo y, en caso de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, en el entendido de que si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido, y si persiste en ello, sin suspender el trámite, con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado, así como la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano.
32. Finalmente, de los preceptos en cita se entiende que existen dos hipótesis, en lo que interesa, que hacen procedente la vinculación para efecto de turno: a) cuando el juicio de amparo directo o indirecto se promueva contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; asimismo, b) cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas;
33. Expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que en el juicio de amparo en que se actúa, no se actualiza un conocimiento previo del asunto respecto de la orden de traslado reclamado, porque se trata de un acto formal y materialmente administrativo que no deriva de los procesos penales que se siguen al quejoso, esto es, no es una consecuencia directa e inmediata de tales procedimientos de índole penal, en virtud de que el traslado reclamado se ordenó y ejecutó sin intervención alguna de autoridad judicial.
34. Así, aunque el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito haya conocido de los juicios de amparo previos, y tenga pendiente de resolución el diverso juicio constitucional contra la resolución de alzada dictada en el toca penal **********, este conocimiento de los actos relacionados con la causa penal contra el quejoso, no inciden en el contenido de la orden de traslado ejecutada con motivo de la cual el quejoso se encuentra recluido en un Centro de Reinserción Federal.
35. Máxime que el Más Alto Tribunal del País ha definido que, en relación con la figura de la orden de traslado, debe estimarse fuera del procedimiento, aunque deba ser ordenada por autoridad jurisdiccional de carácter penal.
En ese sentido y atendiendo a lo anterior, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer el siguiente criterio jurisprudencial para definir la presente contradicción de tesis (sic):
"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado."
36. Así, este Tribunal Colegiado se encuentra facultado para conocer del contenido de la sentencia recurrida y resolver el medio de defensa interpuesto por las partes tercero interesada y la autoridad responsable.
III. Análisis de los agravios.
37. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el análisis de los agravios se realizará en un orden diverso al planteado por la autoridad recurrente y la parte tercero interesada, conforme a lo siguiente:
III.1 Agravios de la Representación Social.
III.1 Violación procedimental en el juicio de amparo (emplazamiento a las víctimas del delito).
38. En su quinto agravio, la Representación Social aduce que debió emplazarse al juicio de amparo, cuya sentencia se revisa, a las víctimas del delito, que fueron considerados como tal en la causa penal **********, por tener el carácter de terceros interesadas; además de que la existencia del alto grado de peligrosidad del quejoso, así como el grave riesgo de sustracción del quejoso, justifican la vulnerabilidad en la que se coloca a dichas víctimas.
39. Es infundado el agravio propuesto, porque la orden de traslado no conlleva una afectación a las víctimas del delito y, por ende, respecto de aquéllas no se actualiza la figura del tercero interesado.
40. En primer lugar, debe precisarse que la orden de traslado resulta ser una decisión de naturaleza formal y materialmente administrativa.
41. Así, partiendo de esta acepción, es pertinente establecer que la palabra traslado deriva del latín translâtus, participio pasivo de transferre, transferir, trasladar. De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar.
42. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado, podemos definir a la "orden de traslado" como un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso.
43. Bajo dicho orden de ideas, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprenden dicha orden:
a) Emisión de la orden y su ejecución inicial, que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido;
b) Traslado material del reo a un lugar distinto; y,
c) Ingreso del reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden.
44. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del acto reclamado, es dable mencionar que un acto se califica como formalmente administrativo cuando emana de cualquier autoridad administrativa, y un acto es materialmente administrativo, cuando se fundamenta en leyes de esta naturaleza (administrativas).
45. Bandeira de Mello, citado por Jean Claude Tron Petit, en su obra: "La nulidad de los actos administrativos", propone una acepción del concepto de acto administrativo en sentido amplio, como la declaración del Estado (o de quien actué en su lugar como, por ejemplo, un concesionario del servicio público) en el ejercicio de prerrogativas públicas, manifestada mediante providencias jurídicas complementarias de la ley a título de cumplirlas y sujetas a control de legitimidad por órgano jurisdiccional.(37)
46. En una tesis aislada, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conceptualizó al acto administrativo en los siguientes términos:(38)
"ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO.—La actividad administrativa del Estado se desarrolla a través de las funciones de policía, fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la administración exteriorice su voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad."
47. En este tenor, el acto administrativo se define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos.
48. En este tenor, como primer requisito que deben cumplir los actos materialmente administrativos, entre otros, los dirigidos a ocasionar una molestia en la esfera jurídica del gobernado, es el de constar por escrito, lo que tiene como propósito fundamental el de asegurar que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de las demás garantías, esto es, que el acto provenga de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la estimación de que los actos referidos que no constan por escrito pueden considerarse, por regla general, en sí mismos, inconstitucionales.
49. De suerte que, fundar un acto materialmente administrativo, supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentren establecidas en un cuerpo normativo, y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo.
50. Finalmente, está el requisito de que el acto materialmente administrativo sea emitido por autoridad competente, el cual no es sino un reflejo del principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general; principio de legalidad en el que la doctrina reconoce una garantía primigenia del derecho a la seguridad jurídica.
51. De ahí que al acto administrativo se le haya considerado como la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública de naturaleza reglada o discrecional, y susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.
52. En consecuencia, si el acto que se reclamó en el juicio de amparo se emitió por una autoridad administrativa, se fundamentó en leyes administrativas y sólo contiene medidas inherentes a aspectos vinculados con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro diverso, es evidente que es de naturaleza administrativa, toda vez que no proviene del proceso penal relacionado con el quejoso, ni del juzgador ante el cual se instauró la causa en su contra, pues su traslado no perturba procedimiento alguno.
53. Así ha quedado establecido en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título y subtítulo se citan enseguida:
"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA."
54. En el caso, de la afectación que una orden de traslado produce en una persona privada de su libertad, esto depende del estadio procesal en el que se encuentre el proceso.
55. El Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 461/2012,(39) señaló que la privación de la libertad de las personas se distingue entre prisión preventiva y derivada de la ejecución de la pena impuesta (sentenciados).
56. Esta distinción atiende a diversas etapas procesales, en la primera, esto es, en prisión preventiva, las personas privadas de su libertad están bajo la tutela del Juez que instruye la causa en su contra; en la segunda, ya existe una sentencia ejecutoria, y se encuentran a disposición de la autoridad ejecutora, pero en relación con la orden de traslado para compurgar la pena de prisión, debe ser el Juez de Ejecución de sanciones quien la autorice.
57. En cuanto a los posibles derechos humanos afectados por una orden de traslado, emitida durante el proceso penal, se dice en la ejecutoria que el derecho a una defensa adecuada es garantizado por el juzgador, al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente(40) y, con ello, lograr la participación efectiva en la defensa, de tal manera que a juicio de la Sala del Alto Tribunal del País, el traslado del procesado a un centro preventivo diverso de aquel en que se sigue la causa penal, tiene como consecuencia que se alteren las condiciones en las que se encontraba con relación al procedimiento, y que impactan en su derecho a una defensa adecuada pues, como se recordará, el Juez para garantizar la vigencia del derecho a una defensa adecuada, tiene la obligación, entre otras, de no obstruir la participación efectiva del defensor, es decir, debe establecer las medidas necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, lo que potencialmente no se cumpliría al ordenarse su traslado a un lugar distinto al en que se lleva el proceso.
Tercero interesado y orden de traslado.
58. El artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:
"a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;
"b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;
"c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;
"d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;
"e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable."
59. Conforme a lo anterior, tiene el carácter de tercero interesado, en lo general:
a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;
b) En procesos jurisdiccionales del orden judicial administrativo, agrario o del trabajo:
b.1) La contraparte del quejoso.
b.2) La que tenga interés contrario al del quejoso, cuando la parte quejosa se trate de una persona extraña al procedimiento.
c) En materia penal:
c.1) La víctima del delito u ofendido:
c.2) Quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;
c.3) El indiciado o procesado, cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;
c.4) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.
60. En el caso, ha quedado precisado que la orden de traslado tiene un carácter formal y materialmente administrativo, por emanar de una autoridad administrativa que, además, se fundamentó en leyes administrativas, por esta razón, debe estimarse dictada fuera del procedimiento jurisdiccional de carácter penal que se sigue al quejoso, por lo que en el caso no pueden actualizarse las hipótesis b.1) y b.2).
61. En esta misma línea argumentativa, precisamente al tratarse de un acto material y formalmente de carácter administrativo, es unilateral; por ende, ninguna persona gestionó o tiene interés en que subsista, motivo por el cual, no se actualiza el inciso a) antes sintetizado, como tercero interesado.
62. Tampoco puede estimarse que las víctimas del delito deban encuadrarse en el supuesto a), porque es claro que no gestionaron el acto reclamado y no tienen interés en que subsista, ya que en términos de la Ley de Amparo, su carácter de terceros interesados se constriñe a la posible reparación del daño, por lo que el traslado, como acto formal y materialmente administrativo, no tiene injerencia en dicha reparación del daño; por tanto, su interés en el proceso penal que se sigue al quejoso, no deriva de la subsistencia de la orden de traslado, esto es, aun cuando se estimara que son las personas que resintieron en forma directa el delito que se atribuye al procesado, lo cierto es que no existe por parte de las víctimas un interés jurídicamente tutelado que les asista para sostener la subsistencia de una orden de traslado.
63. En el caso de las fracciones c.1) y c.2), no puede estimarse que en el caso las víctimas del delito hayan adquirido, cuando menos hasta este momento procesal, derecho alguno a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, pues este reconocimiento se genera cuando la sentencia que así lo determine cause firmeza, lo que en el caso no se actualiza, en virtud de que los procesos penales seguidos al quejoso no han concluido, en la inteligencia de que, se insiste, la orden de traslado del quejoso no afecta dicha reparación del daño.
64. Esto, porque en el caso se trata de un acto dirigido al quejoso relacionado con el lugar donde estará sujeto a la prisión preventiva decretada en el proceso penal; es claro que no se trata de un acto que afecte la reparación del daño, como derecho que asiste a las víctimas del delito, ni se relaciona con la responsabilidad civil que deriva del hecho ilícito, por lo que las víctimas del delito no han adquirido derecho alguno relacionado con estos temas, al encontrarse pendientes de resolver las causas penales que se siguen al quejoso.
65. En este tenor, no podría surtirse el carácter de tercero que se ha sintetizado en este apartado como c.3), porque el acto reclamado es diverso al no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público.
66. Cabe destacar que en el caso de las víctimas del delito, acudiendo a la sede constitucional contenida en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, no se advierte que les asista derecho alguno para intervenir en el lugar donde el procesado deba cumplir con la medida de prisión preventiva.
67. Para corroborarlo, conviene reproducir el contenido del artículo constitucional en cita, en su apartado C, que es del tenor siguiente:
"Artículo 20.
"...
"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
"I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
"II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
"Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
"III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
"IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
"El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los Jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
"VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
"VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28285-130d98b8/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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