ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO EMITIDA SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LA AUTORIZA Y SU EJECUCIÓN, SI TAMBIÉN SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN QUE CALIFICA SU LEGALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 259/2021. 20 DE ENERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. SECRETARIO: JORGE LÓPEZ RINCÓN.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Causal de improcedencia advertida por este tribunal. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo,(14) lo que conlleva confirmar, pero por diversas razones, el sobreseimiento decretado en el juicio biinstancial de origen.
Para una mejor comprensión del asunto, se traen a cuenta los antecedentes que se extraen de las constancias que integran el juicio de amparo.
1. Mediante oficio ********** de veinticinco de junio de dos mil veinte,(15) el encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", solicitó el traslado de 389 personas privadas de la libertad que no presentan contagio de COVID-19, entre ellas, el quejoso **********, con el fin de salvaguardar su vida y el control del centro carcelario en comento, debido a que en su interior existían diversas personas ya contagiadas que ponían en riesgo la seguridad del mismo.
2. A través del diverso oficio ********** de veintinueve de junio de dos mil veinte,(16) el comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, determinó procedente efectuar el traslado de las 389 personas privadas aludidas, entre ellos el quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán.
3. Mediante oficio ********** del mismo día,(17) el comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, autorizó el egreso y traslado de las personas aludidas del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán.
4. El uno de julio de dos mil veinte, los referidos internos fueron trasladados del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán.
La Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, pues consideró que respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo,(18) ya que dicho acto cesó sus efectos al haber sido sustituido por la resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, por el Juez Décimo Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá, en el expediente **********, donde calificó de legal el traslado, pues la orden administrativa de traslado y su ejecución perdieron su vigencia con motivo de dicha resolución.
Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en dicha resolución de dos de julio de dos mil veinte, consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo,(19) pues expuso que se encontraba en trámite, ante el tribunal de alzada, el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial del quejoso contra dicha resolución reclamada, el cual fue admitido el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.
Pues bien, la primera causal invocada por la juzgadora (cesación de efectos por sustitución procesal), no se actualiza, por lo siguiente.
La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.
Dicha causal de improcedencia tiene como fundamento la ausencia de efectos del acto reclamado y puede actualizarse en dos supuestos, a saber: el primero por revocación, cuando se destruyen en forma total, incondicional y material los efectos del acto y, el segundo, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, pues es el que ahora vincula al justiciable.
Es ilustrativa al respecto, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), cuyo contenido se comparte, de título y subtítulo siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA."(20)
En la especie, el traslado administrativo urgente reclamado por el quejoso, que ordenaron y ejecutaron las autoridades administrativas responsables, del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", con ubicación en El Salto, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, ya fue calificado como legal por la autoridad responsable Juez Décimo Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá, en la resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, en el expediente **********.
Entonces, el traslado reclamado se efectuó en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,(21) es decir, de forma excepcional o urgente, el cual implica que primero se ordena y ejecuta, y después debe ser convalidado o revocado por la autoridad judicial.
En efecto, el artículo 52 aludido dispone que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado mediante resolución administrativa "con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado", en los casos de delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad, riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; lo cual debe leerse en concordancia con el penúltimo párrafo, que señala que el Juez cuenta con un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación "para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado".
Tal norma, a la luz del artículo 18 de la Constitución Federal, del cual se desprende la intención del Constituyente de judicializar la ejecución de las penas,(22) debe interpretarse en el sentido de que la validez de la resolución administrativa que ordena el traslado del reo de un centro penitenciario a otro, depende de que el Juez lo convalide, es decir, la calificación del traslado no es sólo un visto bueno del acto administrativo, carente de fuerza vinculante en relación con la subsistencia del traslado, pues debe entenderse que la urgencia o necesidad de los casos que prevé el numeral 52 citado, solamente justifican la actuación inmediata de las autoridades penitenciarias, pero que es la autoridad judicial quien, al recibir la notificación del traslado, revisa que los supuestos de la norma se colmen para calificarlo como legal o, en su caso, ordenar que quede sin efectos.
De esa interpretación deriva que los actos que ordenan y ejecutan las autoridades penitenciarias y judicial constituyen dos fases entre las cuales existe unidad, conformada de una sucesión de actos en los que intervienen diversas autoridades, y que concluyen con la decisión judicial que califica su legalidad.
Sobre esas bases, contrario a lo argumentado por la Juez de Distrito, no puede considerarse que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en el traslado ordenado y ejecutado por autoridades administrativas, con motivo de la convalidación que, al respecto, efectuó la autoridad judicial antes referida, pues ambos momentos constituyen una unidad en el procedimiento requerido para trasladar de forma urgente o excepcional a una persona a un diverso centro penitenciario.
En ese contexto, adverso a lo sostenido por la Juez de Distrito, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos, porque como se evidenció, la calificación judicial del traslado no destruye ni desaparece en forma total e incondicional, sin dejar huella o lesión en la esfera jurídica del quejoso, los efectos de su ejecución y tampoco la sustituye procesalmente, como lo exige la hipótesis de improcedencia en examen.
Apoya lo anterior, la tesis XI.P.41 P (10a.), emitida por este Tribunal Colegiado, de rubro siguiente: ""(23)
Por otra parte, es innecesario el examen de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, relativa a que se encuentra en trámite ante el tribunal ordinario, el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra dicha resolución, que actualizó la juzgadora respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, Juez Décimo Sexto de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá, consistente en la resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte, en el expediente **********, donde calificó de legal el traslado administrativo urgente.
Es así, porque se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la cual se justifica frente a los actos reclamados; además, sólo se generaría la realización de un estudio innecesario, en la medida en que será la causal que este tribunal determine la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.(24)
En efecto, el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia(25) establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Dichos actos son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podrían retrotraerse en sus efectos.
En ese contexto, para el caso de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en dos, a saber: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable.
Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación no impide que pueda repararse la violación, en caso de obtener una sentencia de amparo favorable, lo que hace que proceda el juicio constitucional.
En cambio, los consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas –hipótesis en la que se actualiza el motivo de improcedencia en análisis–.
Hay que mencionar, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación(26) ha establecido que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos.
De ahí que la esencia teleológica de la causa de improcedencia en comento radica, precisamente, en que el juicio de amparo tiene como objeto restituir al agraviado en el goce y disfrute de los derechos constitucionales que le fueron infringidos con motivo de la emisión del acto reclamado, pues así lo dispone expresamente el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia;(27) entonces, cuando es imposible resarcir el daño que ocasionó el acto reclamado a la esfera jurídica del quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente.
En el caso, como se evidenció, el quejoso reclamó el traslado administrativo urgente del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, así como la convalidación judicial del mismo. Sin embargo, es un hecho notorio(28) que el veintiocho de septiembre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal, el Centro de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, mismo que entró en vigor en la data en que fue publicado y, en lo que interesa, dispone:
"Artículo primero. Se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’.
"Artículo segundo. Prevención y Readaptación Social realizará las acciones tendientes al cierre del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’, ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, Jalisco."
Además, en sus numerales transitorios, el decreto de referencia establece:
"Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
"Segundo. Los trámites, procedimientos y procesos a cargo del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’ que por el presente se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este acuerdo, continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente."
"Tercero. El comisionado de Prevención y Readaptación Social, a través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’, haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin."
"Cuarto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 ‘Occidente’."
Ahora bien, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo –como ocurre en la especie– los efectos de la concesión del amparo implican restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
Entonces, si en el asunto que nos ocupa los actos reclamados implicaron que el quejoso fuera trasladado del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, es inconcuso que se modificó su esfera jurídica y, por ende, de considerarse ilegal dicho acontecimiento, el efecto restitutorio de derechos fundamentales implicaría que la reubicación aludida nunca se hubiera materializado a la vida jurídica, es decir, tendría que ordenarse el reingreso del quejoso al centro penitenciario de origen.
Incluso, así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 198/2011, donde determinó que si el acto reclamado se trata de un traslado efectuado de forma ilegal, los efectos de la concesión de amparo implican regresar al quejoso al centro penitenciario de origen. Para mayor claridad, se reproduce y resalta la parte conducente de dicha ejecutoria:
"Establecidas las anteriores premisas, es dable sostener que como el quejoso fue sentenciado por el delito de ********** y no por **********, ni existen pruebas que demuestren que se trata de un interno que requiera medidas especiales de seguridad, lo procedente, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales y 80 de la Ley de Amparo, es revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión de manera lisa y llana, a fin de que se restituya al quejoso en el goce de los derechos constitucionales que fueron transgredidos en su perjuicio y se dejen las cosas en el estado en que se encontraban hasta antes de la existencia del acto reclamado.
"En consecuencia, al ser de carácter positivo el acto reclamado en el presente juicio, pues se trató de una orden de traslado de un centro de readaptación social a otro (de Cieneguillas, Zacatecas, a Veracruz), el ahora quejoso deberá ser regresado al centro de readaptación social en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado, esto es, al que se encuentra en Cieneguillas, Zacatecas."
En ese contexto, se considera que los actos reclamados (traslado administrativo urgente y convalidación judicial del mismo) surtieron sus efectos y consecuencias de forma irreparable, pues es imposible jurídica y materialmente restituir al quejoso en el goce de sus derechos, ya que aun cuando la violación alegada u otra resultara fundada, no sería posible retrotraerse al momento en que se dictó la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente" a uno diverso, a causa de que, como se evidenció, el centro penitenciario de origen fue desincorporado del Sistema Federal Penitenciario, con lo que no existe más como lugar de reclusión.
De ahí que de nada serviría analizar la constitucionalidad del traslado administrativo urgente reclamado y la convalidación judicial del mismo, porque la desincorporación y cierre del citado centro penitenciario hacen evidente que se han consumado en su totalidad de modo irreparable los efectos de los actos reclamados, ya que es claro que, en el caso concreto, ante una hipotética sentencia concesoria del amparo, existiría una imposibilidad material de restituir al impetrante del amparo en el pleno goce del derecho violado –regresarlo al centro penitenciario de origen–, por lo que se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo.(29)
Apoya lo anterior, la tesis con número de registro digital: 280252, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE."(30)
Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V,(31) en relación con el numeral 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo.
En tales condiciones, por las razones expuestas en esta ejecutoria, se confirma la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de amparo.
Finalmente, en cuanto al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Colegiado, no es necesario pronunciarse expresamente respecto a las manifestaciones en él contenidas, debido a que sus manifestaciones están sujetas a la apreciación de los actos reclamados por este tribunal.(32)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Por las razones expuestas en esta ejecutoria, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo.
Notifíquese; publíquese; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones en los libros de gobierno respectivos y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, presidente David Huerta Mora, José Valle Hernández y Froylán Muñoz Alvarado, siendo ponente el tercero de los mencionados. En términos de lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas al amparo en revisión 198/2011 y a la contradicción de tesis 136/2007-SS citadas en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 5 y Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 424, con número de registro digital: 24156 y 20405, respectivamente.
Las tesis aisladas I.2o.P.4 K (10a.) y XI.P.41 P (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 horas y 6 de marzo de 2020 a las 10:09 horas, respectivamente.
__________________
14. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVI. Contra actos consumados de modo irreparable."
15. Fojas 292 a 325 del juicio de amparo.
16. Fojas 326 a 352 y continúa por estar mal glosado, de las fojas 187 a 211 del juicio de amparo.
17. Fojas 246 a 291 del juicio de amparo.
18. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."
19. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado."
20. "Décima Época. Registro digital: 2013461. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito). Tipo: Aislada. Materia: Común. Tesis: I.2o.P.4 K (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Tomo IV, enero de 2017, página 2546. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia."
21. "Artículo 52. Excepción al traslado voluntario.
"La autoridad penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos:
"I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad.
"II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y,
"III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario.
"En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta ley.
"En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa."
22. "Décima Época. Registro digital: 2001988. Instancia: Pleno. Tipo: Jurisprudencia. Materias: Constitucional y Penal. Tesis: P./J. 17/2012 (10a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 1, octubre de 2012, página 18. PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los ‘Jueces de ejecución de sentencias’, que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas."
23. " Los artículos 49 a 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal regulan los traslados de quienes se encuentran en algún centro penitenciario compurgando alguna pena de prisión, o cumpliendo la prisión preventiva, y distinguen los traslados voluntarios de los involuntarios; los primeros, en términos del artículo 50 de la propia ley, operan cuando existe interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro, caso en el cual, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor, y no podrá negarse a trasladarlo cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los traslados involuntarios son aquellos que, por definición, no son solicitados por el sentenciado, sino que pueden ser requeridos por la autoridad penitenciaria, pero deben ser autorizados previamente por el Juez de Ejecución. Finalmente, el artículo 52 de la ley mencionada prevé una excepción al traslado voluntario, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, en caso de riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez dentro de las 24 horas siguientes, quien tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa actuación se ajustó a los supuestos que prevé el artículo 52 citado. En estas condiciones, a la luz del precepto constitucional referido, del cual se advierte la intención del Constituyente de judicializar la ejecución de las penas, el artículo 52 invocado debe interpretarse en el sentido de que la validez y subsistencia de la determinación administrativa de traslado derivan de la calificación que haga el Juez competente, cuya intervención no se limita a un mero ‘visto bueno’, sino que resuelve, mediante la revisión de su legalidad, que el traslado se confirme o quede sin efecto. De lo que deriva que los actos que ordenan y ejecutan las autoridades penitenciarias y judicial, constituyen dos fases en el procedimiento de excepción al traslado voluntario, entre los que existe unidad, conformada por una sucesión de actos iniciados con la determinación administrativa que ordena el traslado, continúan con su ejecución y concluyen con la decisión judicial que lo califica. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que califica la legalidad del traslado, no se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la determinación administrativa que lo autoriza y su ejecución, pues la calificación judicial del traslado no destruye ni desaparece en forma total e incondicional, sin dejar huella o lesión en la esfera jurídica del quejoso, los efectos de su ejecución, como lo exige la hipótesis de improcedencia en comento, razón por la cual, de no actualizarse hipótesis diversa de improcedencia, es factible su análisis conjunto en sede constitucional.
"Décima Época. Registro digital: 2021723. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo: Aislada. Materias: Común y Penal. Tesis: XI.P.41 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Tomo II, marzo de 2020, página 953."
24. Es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30563-ca6763d5/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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