ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. CUANDO EL INTERNO LA IMPUGNE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO ACTO FUTURO Y EXISTA DUDA SOBRE SU NATURALEZA INCIERTA O INMINENTE, DEBE ADMITIRSE A TRÁMITE LA DEMANDA, AL NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, QUE AMERITE DESECHARLA DE PLANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO, JUAN PEDRO CONTRERAS NAVARRO Y DARÍO CARLOS CONTRERAS REYES. PONENTE: JUAN PEDRO CONTRERAS NAVARRO. SECRETARIO: JUAN EUGENIO CECILIO.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de seis de junio de dos mil diecisiete.
VISTOS los autos; para resolver la contradicción de tesis 2/2017.
RESULTANDO
1. Mediante oficio 2/2017 presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete en este Pleno, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, denuncia la existencia de una posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado de forma similar por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja, en ese orden, 11/2016, 39/2016, 99/2016, 102/2016 y 166/2016, así como 100/2016, con el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma especialidad y Circuito, al fallar el recurso de queja 167/2016.
2. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, la presidencia del Pleno de Circuito ordena formar y registrar la contradicción de tesis 2/2017; admite a trámite la denuncia; solicita a la presidencia de los órganos jurisdiccionales contendientes, remitir copia autorizada de la ejecutoria dictada en los indicados asuntos y su versión digitalizada, asimismo informar si el criterio ahí sustentado está vigente o las razones por las que lo superó o abandonó; determina que una vez integrado debidamente el expediente, se pasara para su estudio al Magistrado Juan Pedro Contreras Navarro; y dispone comunicar la admisión del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.
3. Mediante oficios **********, ********** y **********, en ese orden, la respectiva presidencia del Primer, del Tercer y del Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito atienden el requerimiento descrito.
4. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se recibe el oficio ********** (con anexos), con el que la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, hace saber lo que a su vez le informó la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tocante a que durante los últimos seis meses, no advierte la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal, donde el punto a dilucidar guarde relación con el tópico aquí controvertido.
Y también se establece que el asunto se encuentra debidamente integrado, por lo que se turna al Magistrado Juan Pedro Contreras Navarro para elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que se plantea entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de la especialidad, pertenecientes al Segundo Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de autoridad legítima, acorde con los numerales 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo; porque es formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa como órgano de control constitucional en los juicios de amparo indirecto: **********, **********, **********, ********** y **********; **********; y **********; que en ese orden dieron origen a los recursos de queja: 11/2016, 39/2016, 99/2016, 102/2016 y 166/2016 del Primer; 100/2016 del Tercer; y 167/2016 del Cuarto, todos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito.
TERCERO.-Para estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, inicialmente se requiere precisar la génesis de los asuntos en que se emiten los criterios contendientes, a partir de los datos contenidos en las ejecutorias que los resuelven; y transcribir las consideraciones vertidas en éstas.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
a) El recurso de queja 11/2016 lo interpuso **********, representante común de los quejosos **********, **********, **********, ********** y **********, en contra del proveído de seis de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde desecha de plano la demanda por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, vinculado con la fracción I del numeral 5o. de la propia legislación y con la fracción I del precepto 107 constitucional, porque el mandado de extradición (sic) de un penal a otro y su ejecución son actos futuros de realización incierta.
Tal medio de impugnación se declara infundado en sentencia dictada en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, toda vez que:
"En el auto recurrido el Juez de Distrito, estimó que la demanda de amparo era improcedente, respecto del acto consistente en el mandato de extradición (sic) del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’ con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, y su ejecución, bajo las siguientes consideraciones jurídicas: Que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluía que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectada por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular.-Que en el caso, la reclamación de los quejosos, era la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, respecto de los cuales se debía probar de manera indiciaria que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se llevara a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo que intervenir en defensa de sus intereses, pues esa obligación únicamente nacía desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones.-Así, después de transcribir diversas manifestaciones que los quejosos vertieron en su demanda, estimó que ello no era suficiente para presumir que en realidad se tratara de algún acto de autoridad que pudiera irrogar algún perjuicio personal y directo, pues el hecho de que fueran trasladados o extraditados a un diverso centro preventivo, no implicaba la existencia de una orden emitida en su contra, de donde se advertía que en el caso en concreto, lo que los quejosos pretendían era prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales deviene improcedente el juicio de amparo.-En ese tenor, indicó que los quejosos no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hacía improcedente el juicio de amparo, toda vez que el mismo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo y, por ello, era necesario que se demostrara la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual resulta ser un requisito indispensable de procedencia del juicio que evidentemente no se acreditaba en la especie ni en forma indiciaria.-Por tanto, era inconcuso que la demanda resultaba improcedente, toda vez que era importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente ese era el punto de partida para determinar la procedencia del juicio, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efecto el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, los promoventes del juicio de amparo, pueden sufrir un agravio actual, directo y presente, mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que ahí se pretendían combatir aún no se materializaban.-En esas condiciones, concluyó que al no haber acreditado que el acto reclamado, afectara su esfera jurídica, se actualizaba la causal de improcedencia en comento y, con apoyo en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechaba de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.-Sentado lo anterior, quienes ahora resuelven comparten en esencia el criterio adoptado por el a quo, pues en el caso en concreto, debe considerarse que dicho acto no se impugnó como concreto y actual, sino futuro e incierto o probable o eventual, por tanto tal y como lo consideró el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, debe convenirse que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, empero, ésta lo es en relación con el diverso 1o., fracción I, de dicho ordenamiento legal.-Se afirma lo anterior, pues como lo argumentó en el auto impugnado, en principio es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente ése es el punto de partida para determinar la procedencia del juicio y después que ese acto efectivamente ocasione o produzca un perjuicio real y actual en la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de conformidad con lo establecido en el numeral (sic) 107, fracción I, de la Carta Magna y 5o., fracción I, de la ley de la materia, para que sobre éste pueda surtir efecto el fallo constitucional, que en su momento pueda llegar a dictarse.-En efecto, los preceptos antes mencionados, establecen: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de ésta ley.’.-‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte; ...’ Establecido lo anterior, es importante mencionar que de acuerdo al artículo 1o., fracción I, de la Ley de la Materia, se establece que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados; es decir, se refiere a actos existentes y no probables o eventuales.-Conclusión que incluso se apoya con lo dispuesto en el diverso precepto 75 del ordenamiento legal en cita, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable.-Luego, cuando se trata de actos de carácter positivo como en la especie lo es una orden de traslado, éste debe analizarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo, tal y como también lo ponderó el a quo.-Así, esa determinación obedece a que la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que ese restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, ya que asumir un criterio en contrario generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no contra actos concretos y reales.-Sin que se soslaye que el Alto Tribunal ha emitido el criterio que el juicio constitucional procede contra actos inminentes, empero, de su propio contenido, se advierte que por tales se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto.-Luego, atentos a que en torno al acto señalado como: ‘... el mandato de que se nos extraiga del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano’ se estima que existen motivos manifiestos para compartir el criterio asumido por el a quo, puesto que de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, a partir de simples rumores de que existiría una traslación de internos o del temor de ser traslada a diverso centro de reclusión al encontrarse quizá aduce en una lista, de lo que se concluye como atinadamente lo consideró el a quo que al momento en que se ejerció la acción constitucional, éste sea un acto futuro e incierto y no existente ni concreto, de ahí que como se refirió en líneas precedentes, se comparta el criterio del Juez de Distrito recurrido y, por ende, el juicio de amparo resulte improcedente, ante la imposibilidad de ejercer la acción de amparo para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar alguna afectación para la parte quejosa.-En esa tesitura, en el caso debe considerarse que como dicho acto no se impugnó como concreto y actual, sino futuro, probable o eventual, debe convenirse que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo.-Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.’.-Asimismo, guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, julio de 1994, página 15, del tenor siguiente: ‘ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.-La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.’.-Sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.’, pues en el caso en concreto, se considera que el motivo de improcedencia se encuentra debida y plenamente demostrado, al advertirse así en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, sin que sea necesario contar con elementos de prueba que permitan arribar a una diversa conclusión, pues se insiste los hechos reconocidos y aceptados por la parte quejosa en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto.-Apoya lo anterior, la tesis aislada IV.3o.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página 1675, Tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y texto siguientes: ‘ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.-Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto.’.-Con la precisión apuntada por quienes ahora resuelven, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de queja hecho valer contra el auto recurrido de seis de enero de dos mil dieciséis, dictado en el amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca."
b) El recurso de queja 39/2016, lo interpuso el impetrante **********, en contra del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, donde desecha de plano la demanda por surtirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, contemplada en la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, vinculado con el artículo 17 de la propia legislación, toda vez que la demanda se presenta fuera del plazo genérico de quince días legalmente exigidos.
La queja se declara infundada en sentencia dictada en sesión de siete de abril de dos mil dieciséis, porque:
"Son infundados en parte e inoperantes en otra, los motivos de disenso formulados por el recurrente, sin que haya deficiencia de la queja que suplir en su favor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, considerando que tiene el carácter de interno en un centro de reclusión, derivado de la instauración de un proceso penal en su contra.-En el auto impugnado el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, consideró acreditada la causal de improcedencia, prevista en dicha legislación en su artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, primer párrafo, los cuales señalan: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ...’ ‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.’.-Así, el primero de los numerales, indica que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente y se específica que son aquellos contra los que no se promueva dentro de los plazos previstos en la ley de la materia; mientras que el segundo establece el plazo genérico de quince días para presentar la demanda y enuncia a su vez, algunas excepciones a esa regla general, las cuales en el caso concreto no se consideraron actualizadas.-Ahora, para verificar la actualización de la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, es necesario en principio atender los actos reclamados por el quejoso y en ese sentido, este tribunal considera ajustado a derecho que en el auto impugnado, se haya determinado que se hicieron consistir en la orden de traslado al Centro Federal y de Readaptación Social Número Catorce ‘Durango’ y su ejecución.-Sin que sobre ese aspecto exista alguna controversia; por tanto, debe partirse de tales actos para analizar su naturaleza y, derivado de ello, establecer el plazo con que se contaba para presentar la demanda de amparo; para ello, debemos atender a los antecedentes que el quejoso narró en su escrito, manifestaciones que constituyen una confesión expresa en términos de lo que disponen los artículos 119 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y que son las siguientes: a) Que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal y de Readaptación Social Número Catorce ‘Durango’. b) Que en el mes de noviembre de dos mil quince, fue trasladado a ese centro penitenciario; y, c) Que su juicio se ventila en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa **********, ya que se cumplimentó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.-Una vez establecido lo anterior, enseguida se considera necesario precisar que según el Nuevo Diccionario de Derecho Penal, el procedimiento es el ‘conjunto coordinado de actos procesales que sirven para la obtención de un fin determinado dentro del proceso’, a su vez, este último se diferencia del procedimiento por su fin, que es el de llegar a la decisión del conflicto mediante un fallo.-Así, de los datos obtenidos por el quejoso en la demanda de amparo, se advierte que se le está instruyendo la causa **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con sede en Toluca; por tanto, implica que su proceso está en trámite conforme a lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales.-En ese sentido, el procedimiento penal federal se encuentra regulado en el Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo artículo 1o., fracción III, señala que, dicho ordenamiento comprende, entre otros, el procedimiento de instrucción que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales, con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiaridades del inculpado, así como la responsabilidad en su comisión.-Por tanto, se estima ajustado a derecho que en el acuerdo impugnado, se concluya que los actos reclamados (orden de traslado y su ejecución), por su naturaleza son emitidos dentro del procedimiento penal, específicamente en la etapa de instrucción, dado que de los antecedentes que el propio amparista narra en su demanda inicial, se desprende que su juicio se ventila en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con sede en Toluca, bajo la causa **********, ya que se cumplimentó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.-Analizado lo anterior, se procede a determinar el plazo con que el quejoso contaba para promover amparo indirecto contra los actos reclamados.-Por tanto, tal como se determinó en el auto por esta vía impugnado, en el caso concreto, opera la regla genérica de quince días para la presentación de la demanda de amparo, pues si bien se trata de actos que afectan la libertad personal del quejoso, al restringirla dentro de su condición de interno en el centro de reclusión, lo cierto es que:-No se está reclamando una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición (fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo).-Tampoco se está combatiendo una sentencia definitiva condenatoria que hubiese impuesto pena de prisión al quejoso (fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo).-Menos aún se trata de un acto que tenga relación con la materia agraria, mediante el cual se prive al quejoso total o parcialmente, ya sea de forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos de esa índole (fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo).-Por último, el acto reclamado no implica para el quejoso peligro de privación de su vida o un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación o destierro, su desaparición forzada, alguno de los actos prohibidos en el numeral 22 de la Constitución o la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo).-En ese orden de ideas, para realizar el cómputo respectivo, se atendió correctamente a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los plazos a que se refiere el numeral 17 de la misma legislación, se computarán de la siguiente forma: 1. A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame.-2. A partir del día siguiente de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.-3. Se exceptúa de los anteriores supuestos, el caso en que se reclame una norma general autoaplicativa, donde el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor.-En el asunto que nos ocupa, se estimó aplicable de manera correcta, la hipótesis relativa a que el término de quince días debe computarse a partir del día siguiente a aquel en el que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, siendo esto el veintisiete de noviembre de dos mil quince (foja 54 del recurso de queja).-De ahí que, el cómputo de los quince días, debe realizarse a partir del día siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento de la orden de traslado ordenada en su contra; luego, si tal circunstancia ocurrió según su propio dicho el veintisiete de noviembre de dos mil quince, dicho cómputo inició al día siguiente hábil de que fue trasladado.-En consecuencia, si el escrito de demanda fue presentado hasta el siete de enero del año en curso, es evidente que transcurrieron en exceso los quince días con que contaba el quejoso para tal efecto y al no promoverse el juicio de amparo dentro del plazo legal previsto por la propia ley de la materia, consintió tácitamente los actos reclamados, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.-No reviste obstáculo, el hecho que el quejoso no indique en forma precisa el día de noviembre de dos mil quince en que se llevó a cabo su traslado, pues aun considerando que tal evento lo hubiera conocido el último día de ese mes, es evidente que a partir de esa data y la fecha de presentación de la demanda (siete de enero de dos mil dieciséis), transcurrió un plazo superior a los quince días que la Ley de Amparo establece.-II. Agravios inoperantes.-Manifiesta el recurrente que el Juez de Distrito infringió su derecho fundamental de fundamentación y motivación, defensa adecuada, debido proceso, seguridad jurídica, así como los principios pro homine, celeridad, presunción de inocencia, inmediatez y prontitud, contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 18, 20 y 22 constitucionales y en los tratados internacionales de los que México forma Parte.-Es inoperante tal motivo de disenso, ya que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27379-43e10647/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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