NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. ES INNECESARIO QUE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO INTERPONGA EL RECURSO DE APELACIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA QUE LO CONFIRMA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2016).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 28 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS IGNACIO ROSAS GONZÁLEZ, JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL, DANIEL RICARDO FLORES LÓPEZ, IGNACIO CUENCA ZAMORA Y GERARDO TORRES GARCÍA. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ESCALANTE. PONENTE: GERARDO TORRES GARCÍA. SECRETARIA: CONSUELO ALEJANDRA MORALES LORENZINI.
Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.
VISTOS; los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. Mediante escrito recibido por la Secretaría de Acuerdos de este Pleno del Decimoséptimo Circuito, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional al resolver el recurso de queja penal 98/2015, y el Segundo Tribunal Colegiado de las propias materias y circunscripción territorial, al fallar el amparo en revisión penal 117/2016, de su índice.
SEGUNDO.-Trámite. Por proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la entonces Magistrada presidenta del Pleno del Decimoséptimo Circuito, admitió a trámite la denuncia de mérito; solicitó a los tribunales divergentes la remisión de la versión digitalizada de las ejecutorias respectivas, asimismo, que informaran si el criterio sustentado en los asuntos con los cuales se conformó la posible contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la causa por la que se tuvo por superado o abandonado.
En acuerdos de treinta de septiembre y tres de octubre, ambos del año pasado, la Presidencia de este Pleno tuvo a los tribunales divergentes dando cumplimiento al requerimiento efectuado.
Mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anexó copia simple del oficio emitido por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, a través del cual informó que ante dicha superioridad no se encontraba radicada ninguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación concerniente a: "RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. DETERMINAR SI ES OPTATIVO PARA EL QUEJOSO INTERPONERLO O ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO."
Una vez integrado el presente expediente, el veinticuatro de octubre de la anualidad pasada, se acordó turnar el asunto al Magistrado Manuel Armando Juárez Morales, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el actual presidente de este Pleno, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, returnó la contradicción de tesis que nos ocupa al Magistrado Gerardo Torres García, integrante del mencionado cuerpo colegiado, para el efecto de la sustitución en las facultades y obligaciones del Magistrado saliente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos contendientes.
TERCERO.-Antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias que contienen los criterios discordantes.
I. Recurso de queja penal 98/2015, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el doce de febrero de dos mil dieciséis.
a) El treinta de octubre de dos mil quince, Ricardo Manini Mata, en su carácter de apoderado de Roberto Araujo Hinojos y otros, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en la vía directa, en contra de la resolución de nueve de octubre de dos mil quince, emitida por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, mediante la cual ejerció control judicial respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el Ministerio Público en la carpeta de investigación con el número 19-2014-22241.
b) El cinco de noviembre del citado año, el órgano colegiado proveyó en cuanto a la recepción de la demanda de amparo, radicando el asunto con el número 409/2015; asimismo, en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, se declaró incompetente para conocer de ésta, remitiendo los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito.
c) Por razón de turno, correspondió su conocimiento al Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien previa prevención realizada por auto de diez de noviembre de dos mil quince, el veintitrés de los citados mes y año, resolvió desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo; determinación que constituyó la materia de estudio, con motivo del recurso de queja, que hizo valer la parte recurrente.
Las consideraciones del referido órgano jurisdiccional, en lo relativo al tema de la presente contradicción, fueron las siguientes:
"El recurrente expresa que no es aplicable al caso el artículo 414, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado, debido a que esta disposición jurídica, señala cuáles son los autos contra los que cabe tal recurso en forma enunciativa, sin que del mismo se desprenda que la confirmación del Juez de garantías, respecto del ejercicio de la acción penal; además, sostiene que la fracción I, del citado artículo, se refiere a resoluciones que ponen término al procedimiento y en el caso éste no ha sido iniciado, puesto que se encuentra en la etapa de investigación y no existe ejercicio de la acción penal, por tanto, estima que la disposición jurídica hace referencia a etapas posteriores como la formulación de imputación u otra más adelante que ésta, por ende, la resolución reclamada no es apelable; agregó que la jurisprudencia invocada por el a quo del Estado de Morelos es inaplicable, ya que esa legislación es específica en mencionar los supuestos en que procede la apelación.
"De acuerdo a la argumentación que se desprende del agravio, lo que la parte recurrente pretende es que el Tribunal Colegiado realice una interpretación del artículo 414, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado, debido a que en forma específica no prevé como apelable la resolución del Juez de garantías que confirma una decisión de no ejercicio de la acción penal dictada por el Ministerio Público y contrario a lo resuelto por el a quo, la porción normativa resultaría aplicable a diversa etapa del proceso penal.
"Tocante a la aplicación del artículo en comento, el Tribunal Colegiado se dio a la tarea de imponerse de algunos criterios de las Salas de apelación en materia penal a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encontrando que no existe unanimidad en cuanto a que la resolución emitida por el Juez de garantías resulte apelable en términos del artículo 414, fracción I, del código adjetivo de la materia.
"En tal virtud, la norma que nos ocupa al igual que la propuesta del recurrente, ha sido materia de una interpretación adicional, a cargo de otras autoridades para establecer la compatibilidad del recurso de apelación de acuerdo a la naturaleza de la aludida decisión.
"A manera de ejemplo, se encontró que el recurso de apelación no es admitido en algunas Salas de apelación, en virtud de que, por una parte, la fracción a estudio señala que es procedente tal recurso, respecto a las resoluciones que ‘pusieron término al procedimiento’ asimismo, en contraposición a esta porción normativa, el artículo 227 de mencionado código, establece la posibilidad de impugnación por parte del ofendido de la determinación de no ejercicio de la pretensión punitiva, señalando que el Juez ‘convocará a una audiencia para decidir en definitiva’ y que por definitividad, se entiende lo que es concluyente, tiene la condición de terminante, o lo establecido de manera perentoria, por lo que tal decisión del Juez es irrecurrible. Con base a este criterio, se ha dado lugar a la no admisión del recurso de apelación.
"Para este órgano colegiado, lo resuelto por el a quo federal, la propuesta del recurrente, así como el contexto de aplicación que se ha dado a la norma, encuentra solución en la excepción al principio de definitividad que se prevé en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el que se dispone que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa, se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
"El principio de definitividad, en relación con actos jurisdiccionales, como rector del juicio de amparo, finca a la parte quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.
"No obstante la reforma a la Ley de Amparo de ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, el juicio de amparo continúa siendo un procedimiento sumamente técnico y de carácter extraordinario, por tanto, el principio de definitividad, encuentra sustento en la finalidad de conservar tal carácter.
"Sin embargo, el mismo precepto en mención exceptúa de lo anterior cuando:
"Sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"El acto reclamado, consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"Se trate de persona extraña al procedimiento.
"Además, como se dijo líneas precedentes, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa, se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
"En relación al tema, se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicado en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se identifica con el registro electrónico: 2005388, Libro 2, Tomo IV, correspondiente al mes de enero de dos mil catorce, tesis XVI.2o.C.T.1 K (10a.), visible en la página 3142 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas», que a la letra dice:
"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales.’
"Luego, como lo expresa la parte quejosa, el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales, no prevé en ninguna de sus fracciones expresamente, la procedencia del recurso de apelación, tratándose de la decisión del Juez de garantías, que confirma la resolución del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, entonces, el fundamento legal, se advierte insuficiente para determinarla.
"Aunado a ello, establecer si la fracción I del citado numeral, contempla dentro de su texto la naturaleza de los actos de investigación o bien únicamente los posteriores, implica llevar a cabo un ejercicio de interpretación adicional.
"Bajo este contexto, la parte quejosa se encuentra en el supuesto de no tener la carga de agotar el recurso de apelación, porque su asunto se ubica claramente dentro de la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y por tal motivo, tienen la libertad de interponer dicho recurso ordinario de procedencia, o de accesar en forma directa al juicio protector de derechos humanos.
"El tribunal encuentra coincidencia entre el artículo 413, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos que se cita en el criterio invocado por el a quo federal y el diverso 414, fracción I, del código adjetivo para el Estado de Chihuahua, sin embargo, no se comparte la procedencia exclusiva del recurso de apelación que se resolvió por el Pleno del Circuito, tomando en cuenta que para la víctima u ofendido la porción normativa, es confusa y, de acuerdo a lo que sucede en la práctica su aplicación amerita una interpretación adicional, además de que el fundamento se torna insuficiente, máxime que en la tesis se cita que no se dispensa el principio de definitividad, pero los argumentos se apoyan en el anterior artículo 73 de la Ley de Amparo, sin tener en cuenta que el legislador previó que este tipo de casos encuentran solución en lo que dispone el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.
"Aunado a lo expuesto, para emitir la presente sentencia, se tiene en cuenta que el lineamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se identifica con el registro electrónico: 2007064, Libro 9, Tomo I, correspondiente al mes de agosto de dos mil catorce, tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), visible en la página 536 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas» que a la letra dice:
"‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados.’
"De acuerdo a lo que precisa la tesis que antecede, es de concluirse que el principio de tutela judicial efectiva, se encuentra encaminado a no entorpecer ni obstruir tal derecho, de ahí que el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, contiene una directriz protectora frente aquellos supuestos en los que la fundamentación de la ley no es suficiente y en consecuencia frente a la duda, los requisitos y presupuestos procesales siempre deberán ser interpretados en el sentido más favorable a la plena efectividad de ese derecho humano, a efecto de dar a la parte quejosa el mayor acceso a la justicia, quitando restricciones para que pueda elegir libremente, por tanto, en el caso se podía interponer el recurso de apelación o bien como lo hizo tramitar su demanda de amparo.
"Dado lo fundado del agravio planteado, lo que en el caso procede es revocar el acuerdo para que se proceda a la admisión de la demanda ..."
En atención a lo resuelto en dicho asunto, el aludido tribunal emitió la tesis que indica:
"RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE GARANTÍA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SU PROCEDENCIA ESTÁ SUJETA A UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL, POR LO QUE EL QUEJOSO PUEDE INTERPONERLO O ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, POR ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El precepto citado establece un caso de excepción al principio de definitividad, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en ninguna de sus fracciones prevé expresamente la procedencia del recurso de apelación contra la resolución del Juez de Garantía que confirma el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público, entonces, el fundamento legal se advierte insuficiente para determinarla, aunado a que, establecer si la fracción I del citado numeral contempla dentro de su texto la naturaleza de los actos de investigación, o bien, únicamente los posteriores, implica llevar a cabo un ejercicio de interpretación adicional. Consecuentemente, en este supuesto el quejoso no tiene la carga de agotar el recurso de apelación, por actualizarse la indicada excepción al principio de definitividad y, por tal motivo, puede interponerlo o acudir directamente al juicio de amparo."(1)
II. Amparo en revisión penal 117/2016, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis.
En los resultandos de la mencionada sentencia, el indicado órgano colegiado señaló lo siguiente:
"Lidia Sinaloa Márquez, mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de las autoridades que enseguida se especifican: ... III. Nombre y domicilio de la autoridad señalada como responsable: en su carácter de autoridades responsables ordenadoras para los efectos del presente juicio de garantías señalo: 1. Lic. Eduardo Alexis Ornelas Pérez, Juez de Garantías del Distrito Judicial Morelos con domicilio bien conocido en el edificio que ocupan los Juzgados Civiles, Familiares y Penales del Estado, ubicado en Paseo Bolívar No. 712 de esta ciudad. 2. Coordinador de los Ministerios Públicos de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Servicio Público y el adecuado desarrollo de la justicia, dependiente de la Fiscalía General, Zona Centro, de esta ciudad, con domicilio bien conocido en las instalaciones que ocupa la penitenciaría vieja en la Avenida Veinte de Noviembre de esta ciudad. 3. Lic. Guadalupe Lozoya Romero, en su carácter de Ministerio Público, encargada de la integración de la carpeta de investigación No. 19-17262/12, con domicilio bien conocido en las instalaciones que ocupa la penitenciaría vieja en la Avenida Veinte de Noviembre de esta ciudad. IV. Acto reclamado. 1. Del Juez de garantías, reclamo su resolución emitida con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, en la causa penal 2823/2015, dejando intocada la determinación dictada por el representante social, el seis de agosto del presente año, la cual trata de poner fin a una investigación que no ha concluido y que de los autos existentes en la misma se tienen elementos constitutivos del hecho punible, los cuales no fueron tomados en cuenta por dicho resolutor. 2. y 3. Del coordinador y del agente del Ministerio Público, reclamo la infundada, inmotivada e ilegal resolución del no ejercicio de la acción penal por prescripción, emitida en la carpeta de investigación número 19-17262/12, con fecha seis de agosto del presente año, la cual fue impugnada ante el Juez de garantías, con fecha 27 de agosto del presente año, fijándose para ello y llevándose a cabo la audiencia de control, el día 29 de octubre del presente año.
"El Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, en acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1444/2015 y solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados. Tramitado el juicio, en fecha de ocho de enero de dos mil dieciséis, celebró la audiencia constitucional y por resolución que se terminó de engrosar el veintinueve del mismo mes y año, determinó sobreseer en el juicio de amparo."
Los argumentos expuestos por el mencionado tribunal fueron los siguientes:
"En su primer agravio, la parte inconforme argumenta que la sentencia recurrida, vulneró sus defensas, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia, establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, no existió obligación expresa para observar el principio de definitividad, ya que la audiencia de control combatida, por sí misma, no era de las comprendidas en el supuesto del artículo 414, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado, pues podía ordenarse el desahogo de nuevos medios de prueba o bien, ordenarse la investigación por diverso delito, de tal forma que no era cierto que sea imposible su prosecución o que pusiera término al procedimiento.
"En el segundo agravio, la quejosa recurrente aduce que, tratándose de la violación al derecho de administración de justicia, es una omisión que por sí sola no hace necesario agotar los medios ordinarios de defensa, pues el agente del Ministerio Público, se negó a judicializar la carpeta de investigación, por lo que procede revocar la resolución de sobreseimiento.
"Los anteriores motivos de inconformidad resultan infundados.
"Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 526/2012, precisó que en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes y después de sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, se establecieron los principios generales del juicio de amparo, entre los que destaca, el de definitividad.
"El principio de definitividad, implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente, respecto de un determinado acto u abstención de una autoridad. Dicho principio que rige el juicio de amparo, se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional, de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica.
"Además, ha precisado que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto reclamado.
"La regla general que refleja la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, de ahí que no opere en todos los casos ni en todas las materias. Las excepciones que inciden en la aplicación y eficacia del principio están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia.
"Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo tercero, de la Constitución Federal, prevé que para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que la ley de la materia establezca, para que las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"En cambio, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo, es improcedente contra resoluciones dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las que la ley conceda algún recurso o medio de defensa, para revocarlas, anularlas o modificarlas, precisando los casos de excepción. Además, en su segundo párrafo, señala los supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consistentes en: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación, se encuentre sujeta a una interpretación adicional; y, b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos, se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio.
"Por interpretación adicional, debe entenderse, cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete, se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que habría de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación.
"Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis número XVI.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que este tribunal comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3142 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de enero de 2014 a las 13:21 horas» que es del ten
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27102-0c5f0e73/no-ejercicio-de-la-accion-penal-es-innecesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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