ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). ES INNECESARIO IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO, ARTURO GÓMEZ OCHOA, CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA Y MARTÍN SOTO ORTIZ. DISIDENTES: JUAN CARLOS MORENO CORREA Y ANTONIO SOTO MARTÍNEZ. PONENTE: ARTURO GÓMEZ OCHOA. SECRETARIO: JESÚS RAMSÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, vigente a partir del primero de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero del mes y año en mención.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida en que se trata del órgano constitucional que motivó unos de los criterios que aquí se analizarán.
TERCERO.-Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de este circuito en las ejecutorias respectivas.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la queja penal 95/2015, declaró fundado el citado recurso, interpuesto en contra del proveído de trece de octubre de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto II-1019/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en el que se reclamó la ficha signalética en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, para lo cual expuso:
"El artículo 61 de la Ley de Amparo vigente prevé como casos de excepción al principio de definitividad, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, disponiendo que de estarse en esas circunstancias el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; hipótesis que en forma patente se actualiza en el particular caso, pues, por una parte, los preceptos 318 y 320 del Código de Procedimientos Penales para la entidad, no son claros ni precisos, en cuanto a que el recurso de apelación proceda, específicamente, en contra de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), por ende, son insuficientes para determinar que ese medio de impugnación proceda y, por otro lado, para arribar esa conclusión, se tendría que hacer como el Juez de Distrito procedió, es decir, efectuar necesariamente una interpretación adicional y así concluir que la citada orden de identificación sea apelable, según el a quo, integrando aquellos preceptos 318 y 320, con el diverso artículo 175 del código adjetivo penal, por lo que a su parecer, como la ficha signalética constituye una consecuencia directa del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, entonces, al igual que éstos es impugnable mediante el recurso de apelación, lo que sin duda, se itera, constituye una interpretación adicional.
"...
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en el artículo 101 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:
"PRIMERO.-Se declara FUNDADO el recurso de queja.
"SEGUNDO.-Se revoca el auto de trece de octubre de dos mil catorce, dictado en el juicio de amparo indirecto 1019/2014, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en este edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río.
"TERCERO.-Se ordena al indicado juzgador que, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 al 115 de la Ley de Amparo vigente provea sobre la admisión de la demanda de amparo de mérito."
CUARTO.-En el mismo sentido, el referido Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, al resolver la queja 24/2015, interpuesta contra el auto de nueve de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto 312/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, donde se desechó la demanda de amparo promovida contra los actos reclamados, consistentes en "la orden administrativa y el presentarse a firmar el libro de reos" (ambos consecuencia del auto de formal prisión).
El órgano revisor determinó, en síntesis: fundado el recurso queja revocando el auto impugnado, pues:
"Interpretada en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele en forma destacada y autónoma, de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), la cual combate por vicios propios, sin que su inconstitucionalidad se hiciera depender de la del acto del que deriva, como incorrectamente consideró el Juez de Distrito.
"Tal orden de identificación no se encuentra regulada de forma concreta por el artículo 19 de nuestra Carta Magna, de modo que su constitucionalidad dependa indefectiblemente del auto preventivo del que dimana, sino que, al tratarse de un acto de autoridad que contiene una medida administrativa, debe regirse por el diverso 16 constitucional ...
"Consecuentemente, la identificación administrativa constituye una cuestión que atañe al procedimiento sin afectar o imponer algún tipo de restricción o perturbación a la libertad del acusado, y al estar regulada por el ya referido artículo 16 constitucional, el afectado podrá impugnarla por vicios propios, de forma independiente respecto del auto de término constitucional, como aconteció en el presente asunto.
"Tan es así que, incluso de no impugnarse el ya referido auto de plazo constitucional, ello no tiene como consecuencia que la identificación administrativa constituya un acto derivado de otro consentido, atendiendo a que participan de distinta naturaleza como ya quedó especificado, por ende, puede promoverse en su contra, de manera independiente, el juicio de garantías, en los términos que al efecto establezca la Ley de Amparo.
"...
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en el artículo 101 de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:
"PRIMERO.-Se declara FUNDADO el recurso de queja.
"SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido, de nueve de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto 312/2015-II, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en este edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río.
"TERCERO.-Se ordena al indicado juzgador que, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 al 115 de la Ley de Amparo vigente, provea sobre la admisión de la demanda de amparo de mérito.
"Notifíquese como corresponda; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, envíese testimonio de la presente resolución con las copias respectivas al aludido juzgador y, en su oportunidad, archívese el asunto.
"Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que integran los Magistrados Salvador Castillo Garrido, Martín Soto Ortiz y licenciado Isaías Nicolás Oficial Huesca, secretario de tribunal en funciones de Magistrado autorizado en términos de lo dispuesto en el oficio SEPLEP./CJD./007/7636/2014, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Fue ponente el tercero de los nombrados."
QUINTO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 248/2014, interpuesto contra la sentencia autorizada de veintiocho de agosto de dos mil catorce, dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, en la que sobreseyó en el juicio contra el acto reclamado, consistente en la orden para que le fuera tomada la media filiación y la suspensión de derechos civiles y políticos, resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo indirecto, puesto que previamente a acudir a dicha instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario de apelación, a razón de que:
"De donde se sigue que, si el acuerdo que ordena la toma de media filiación o identificación administrativa de la quejosa no fue impugnado mediante el citado medio de defensa, por virtud del cual pudo ser modificada, revocada o nulificada la resolución reclamada, inobservó el principio de definitividad, como lo estimó el Juez de Distrito.
"...
"Por una parte, debe decirse que, aun cuando se trate de un acto de molestia, no crea por sí mismo, una excepción al principio de definitividad, ni se encuentra contenida en las hipótesis que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como excepción a dicho principio.
"...
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
"PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
"SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 545/2014, promovido por **********, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, mismos que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria.
"Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto.
"Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Carlos Moreno Correa y Antonio Soto Martínez, así como de la licenciada Guadalupe Patricia Juárez Hernández, secretaria en funciones de Magistrada, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del propio consejo, que reglamenta su organización y funcionamiento, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, firmando el primero de los nombrados como presidente y la última como ponente, con el secretario de Acuerdos licenciado José de Jesús Arellano Valdez que autoriza y da fe, en términos del artículo 41, fracción V, del citado ordenamiento legal."
SEXTO.-En términos similares, el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz), al resolver la queja penal 69/2014, interpuesta contra el auto de catorce de julio de dos mil catorce, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 930/2014, en donde el acto reclamado se hizo consistir en la orden para identificar administrativamente a los quejosos y les fuera tomada la media filiación (ficha signalética), resolvió infundado el recurso de queja dado que la identificación administrativa constituye una consecuencia legal del auto de término constitucional, en virtud de que:
"Al tratarse de una secuela del auto de término constitucional, la orden de identificación administrativa (ficha signalética), que obra en el propio cuerpo de la resolución de término constitucional citado, es perfectamente recurrible mediante la misma instancia o vía que el principal; máxime que, en la especie, el recurso de apelación cumpliría con el objeto de que el tribunal de segunda instancia analice la legalidad de la orden de identificación administrativa, y en caso de encontrarla incorrecta o no apegada a derecho, la modifique o revoque, garantizándose así el interés de las partes agraviadas y el interés público.
"...
"Por lo expuesto y fundado; se resuelve:
"ÚNICO.-Se declara INFUNDADO el recurso de queja.
"Notifíquese; ...
"Anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente, como asunto concluido.
"Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Martín Jesús García Monroy, María Isabel Rodríguez Gallegos y Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Firman el primero de los nombrados, como presidente, y la segunda como ponente, así como el Magistrado Hugo Arturo Baizábal Maldonado, en unión de la secretaria habilitada en términos del artículo 8 del Acuerdo General 16/2009, en relación con el diverso 41/2013, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que autoriza y da fe; de conformidad con el artículo 184 de la Ley de Amparo vigente. Doy fe."
SÉPTIMO.-Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente cuando, al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.
Apoya tal consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se identifica y transcribe, como criterio orientador:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, materia común, página 93, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.-Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
De los criterios en contradicción de tesis, se advierte lo siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver la queja penal 95/2015, declaró fundado el citado recurso, interpuesto en contra del proveído de trece de octubre de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto II-1019/2014, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en el que se reclamó la ficha signalética en virtud del auto de formal prisión dictado en su contra, pues refiere que el recurso de apelación requiere interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, de suerte que el quejoso tiene libertad de interponerlo o acudir al juicio de amparo directamente; hipótesis que se actualiza respecto de los preceptos 318 y 320 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, al no ser claros ni precisos, en cuanto a que el recurso de apelación proceda, específicamente, en contra de la orden de identificación administrativa, por ende, estimó deficiente su redacción para determinar que ese recurso procede, pues para ello se requiere efectuar una interpretación adicional.
Criterio similar sostuvo, al resolver la queja 24/2015, interpuesta contra el auto de nueve de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto 312/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, donde se desechó la demanda de amparo promovida contra los actos reclamados, consistentes en "la orden administrativa y el presentarse a firmar el libro de reos" (ambos consecuencia del auto de formal prisión), pues la orden para que se tome la filiación fue reclamada por vicios propios, es decir, su inconstitucionalidad no se hizo depender del auto de formal prisión; tan es así, que de no impugnarse el auto de plazo constitucional no trae como consecuencia que la identificación administrativa constituya un acto derivado de otro consentido, atendiendo a que participan de distinta naturaleza, por lo que puede interponerse en su contra, de manera independiente, a través del juicio biinstancial de manera directa. Así, si el quejoso impugnó el auto de formal prisión, no se ubica en el supuesto previsto en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en virtud de haberse impugnado la orden administrativa dictada en su contra de manera independiente al auto de formal prisión.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, resolvió en el amparo en revisión 248/2014, interpuesto contra la sentencia autorizada de veintiocho de agosto de dos mil catorce, dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, en la que sobreseyó en el juicio contra el acto reclamado, consistente en la orden para que le fuera tomada la media filiación y la suspensión de derechos civiles y políticos, resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo indirecto, puesto que previamente a acudir a dicha instancia constitucional la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario de apelación, el cual procede contra la resolución en que se ordena llevar a cabo la identificación administrativa, al ser éste una consecuencia directa del auto de formal prisión y constituir una medida de naturaleza administrativa-procesal, por lo que resulta impugnable a través del recurso ordinario que la ley adjetiva penal prevé en su contra, y que tiene por objeto la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. A más de determinar que aun cuando el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo reconoce excepciones al principio de definitividad, el caso en estudio (identificación administrativa) no queda contemplado en alguno de ellos; ya que pese a que el auto de formal prisión afecta la libertad del quejoso, se observa que existe una diferencia en la manera en que se impugna la orden de identificación administrativa, ya sea conjuntamente con el auto de formal prisión o de forma aislada, segunda situación que al ser sólo un acto de naturaleza administrativa que no afecta la libertad de la parte quejosa, queda comprendida en la regla general que exige su impugnación mediante el recurso ordinario de apelación previo al juicio de amparo indirecto.
Criterio similar que adoptó el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver la queja penal 69/2014, interpuesta contra el auto de catorce de julio de dos mil catorce, emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 930/2014, en donde el acto reclamado se hizo consistir en la orden para identificar administrativamente a los quejosos y les fuera tomada la media filiación (ficha signalética), resolvió infundado el recurso de queja, dado que la identificación administrativa constituye una consecuencia legal del auto de término constitucional, en virtud de que la propia ley ordinaria la ordena; sin embargo, el hecho que derive de éste, no significa que constituya una pena o un acto que pudiera coartar la libertad personal, sino una prevención o disposición de índole administrativa-procesal que permite y tiene por objeto la identificación y conocimiento de los antecedentes del procesado que aporten al Juez del proceso y de futuros procesos los elementos para personalizar o individualizar la pena.
De lo que se sigue, como se señaló, que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues al resolver los negocios jurídicos de referencia mediante el examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales, los órganos contendientes adoptaron posiciones y criterios jurídicos discrepantes.
Luego, procederá determinar si el principio de definitividad obliga al inculpado a impugnar la ficha signalética mediante el recurso de apelación, o puede acudir directamente al juicio de amparo indirecto.
Por tanto, es necesario determinar cuál criterio debe prevalecer con carácter de jurisprudencia en el circuito, para que no se continúen resolviendo en forma diferente y sin justificación alguna negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados.
OCTAVO.-En el presente caso debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones y que es similar con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en esta ciudad.
De inicio, debe precisarse que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece que:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas (supuesto en el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 73 de la ley anterior).
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo."
En la causal de mérito se previene el principio de definitividad -tratándose de actos jurisdiccionales-, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales.
En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos.
Sin embargo, el mismo precepto en mención exceptúa de lo anterior cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
En ese sentido, la presente contradicción de tesis trata de dilucidar si para impugnar la ficha signalética se debe agotar el recurso de apelación o se puede acudir directamente al juicio de amparo indirecto.
Para una mayor claridad, analicemos lo dispuesto por los artículos 175, 318 y 320, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, que contempla la materia que ocupa nuestra atención:
"Artículo 175. Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, se identificará al procesado por el sistema adoptado administrativamente. En todo caso, se comunicarán a las oficinas de identificación las resoluciones que pongan fin al proceso y hayan causado ejecutoria, para asentar las anotaciones correspondientes."
"Artículo 318. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26039-e9a0eb82/orden-de-identificacion-administrativa-ficha-signaletica-es-innecesario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SEPARACIÓN DE JUICIOS EN AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA, ES IMPROCEDENTE DECRETARLA DE PLANO CUANDO DOS O MÁS QUEJOSOS LA PROMUEVAN DE MANERA CONJUNTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- LA FALTA DE DETERMINACIÓN, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LAS OMISIONES O DECISIONES DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA INICIADAS BAJO EL SISTEMA TRADICIONA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). ES INNECESARIO IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PEN (PC.VII.P. J/2 P (10a.))
- CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 289, IN FINE, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ ABROGADO, ES INCONSTITUCIONAL, POR LO QUE (VII.2o.T.6 P (10a.))
- ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE (VII.1o.P.T.10 P (10a.))
- ORDEN DE APREHENSIÓN. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA DEBE ADMITIR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE HAYAN SURGIDO CON POSTE (XV.4o.19 P)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis