RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA (PRESIDENTE), ANTONIO SOTO MARTÍNEZ, VICENTE MARICHE DE LA GARZA Y JOSÉ SATURNINO SUERO ALVA. DISIDENTES: SALVADOR CASTILLO GARRIDO, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR Y MARTÍN SOTO ORTIZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANTONIO SOTO MARTÍNEZ. SECRETARIO: EDUARDO JOSUÉ MARTÍNEZ MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción fueron del conocimiento del Primero y del Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, ambos con residencia en Boca del Río, Veracruz, por lo que se trata de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
En el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los preceptos legales invocados, en tanto fue formulada por una de las partes que participó en los asuntos contendientes, en uno como quejoso y en otro como autorizado.
TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis.
I. Consideraciones preliminares.
Como punto de partida, debe establecerse si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual es necesario acudir al siguiente marco jurídico y conceptual.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que una contradicción de tesis se actualiza, cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Lo anterior se observa en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 164120, del siguiente tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que, la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre los Tribunales Colegiados de Circuito, y a fin de generar seguridad jurídica, para la existencia de contradicción de tesis, debe verificarse que:
a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que para uniformar la interpretación del orden jurídico nacional son de tomarse en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes en la parte considerativa de sus sentencias, sean constitutivas de la decisión final –el o los puntos resolutivos– o resulten añadidos prescindibles, vinculados indirecta o marginalmente con la cuestión concreta que debe decidirse, pues en ambos casos se está frente a la posición que asume un órgano jurisdiccional ante determinada cuestión jurídica y de la que cabe presumir que seguirá sosteniendo en el futuro.
II. Criterios que participan en la contradicción.
Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario sintetizar los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al resolver el recurso de queja 208/2019, interpuesto por **********, contra el Acuerdo emitido por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el cual desechó parcialmente la demanda de amparo, lo declaró fundado, al estimar que no se advertía la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5o., fracción I, de la citada legislación, respecto de los actos reclamados consistentes en:
"I. La ilegal radicación e integración, por sí o a través de sus subordinados, de una carpeta de investigación, investigación ministerial, averiguación previa o acta circunstanciada en contra del suscrito; II. La indebida e ilegal investigación inicial que están realizando, por sí o través de sus fiscales adscritos; III. La ilegal obtención de datos de prueba, por sí o a través de sus subordinados, que deriven de actos de investigación con y sin control judicial, dentro de la carpeta de investigación, investigación ministerial, averiguación previa o acta circunstanciada iniciada en contra del suscrito, para la investigación de delitos que son competencia del Ministerio Público Local; IV. En su caso, la indebida e ilegal determinación que lleguen a emitir, por sí o a través de sus fiscales adscritos, dentro de la carpeta de investigación ministerial, averiguación previa o acta circunstanciada iniciada en contra del suscrito, para la investigación de delitos que la que derive una orden de aprehensión, presentación o comparecencia en contra le suscrito (sic) o en su defecto cita para imputación inicial; V. La solicitud de orden de aprehensión; y, VI. La cita girada para que me presente a audiencia de imputación en calidad de libre."
Lo anterior, pues la falta de perjuicio o interés jurídico por parte del peticionario de amparo, por sí solo no puede ser un motivo indudable y manifiesto para desechar (parcialmente) la demanda, en virtud de que su análisis debe ser materia de la sentencia que se resuelva en el juicio de garantías.
Cuenta habida que del examen detenido de los actos reclamados, y una vez celebrada la audiencia constitucional, se estará en condiciones de dirimir si se afecta o no el interés jurídico del promovente del amparo, pues de lo contrario se dejaría al disconforme en estado de indefensión, al privársele de la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga en la audiencia constitucional.
Sobre todo porque se itera, la causa de improcedencia de que se trata, es de aquellas que deben analizarse al momento en que se dicte la resolución correspondiente, por no estar considerada como manifiesta, inobjetable y cierta.
b) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, resolvió la queja 122/2020, interpuesta por **********, a través de su autorizado **********, contra el acuerdo emitido por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, residente en Villa Aldama, en el cual desechó parcialmente la demanda, la declaró infundada, porque:
Respecto de los actos reclamados: "I. La ilegal radicación e integración, por sí o a través de sus subordinados, de una carpeta de investigación y II. La falta de acceso a la carpeta de investigación, a efecto de ejercer su derecho humano de defensa técnica"; tal y como lo consideró el Juez Federal, se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico.
Pues, respecto del acto I, el artículo 21 de la Constitución Federal, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, establecía en la parte inicial de su primer párrafo que: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato", el cual fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, determinando en lo que interesa:
a) Que el Alto Tribunal de Justicia en el País ya ha sostenido el criterio de que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento, entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; y,
b) Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad.
Esas mismas razones válidamente son aplicables al nuevo sistema de justicia penal, ya que el citado numeral en su redacción vigente, dispone esencialmente lo mismo, de ahí que la integración de la investigación ministerial únicamente tiene por objeto que el Ministerio Público lleve a cabo todo aquello relacionado con las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Carta Magna y, por ende, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo.
Por cuanto hace al acto II, resolvió con base en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, con número de registro digital: 2020891, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."; al señalar que si el quejoso no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el citado numeral 218, pues en la demanda no refirió haber sido detenido, citado para comparecer con el carácter de imputado o ser sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, aun cuando le pudiera recaer el carácter de imputado en la carpeta de investigación, no existe obligación del fiscal de informarle los hechos que se le imputan, o en su caso, de permitirle el acceso a los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación.
Hasta aquí la reseña de lo establecido por los órganos jurisdiccionales contendientes.
III. Determinación de la contradicción.
Este Pleno de Circuito considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, puesto que:
1) Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para arribar a una solución; y,
2) De las ejecutorias que participan en esta contradicción, se advierte que los tribunales contendientes se pronunciaron en torno a una misma cuestión jurídica, pues al margen de que si bien es verdad ambos tribunales no analizaron la misma cantidad de actos reclamados, no menos lo es que en cuanto al tópico relativo a la radicación e integración de una carpeta de investigación, se resolvieron ambos recursos a través de ejercicios interpretativos distintos, pero sobre un mismo punto de derecho.
Sin que escape a la vista de este Pleno, sobre el tema relativo del acceso a la carpeta de investigación, en el cual, sólo un tribunal se pronunció, por lo que ese tópico no es punto de debate en el presente asunto.
En ese orden de ideas, lo expuesto permite concluir que se reúnen los extremos señalados para la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de este Pleno de Circuito, en virtud de que los tribunales contendientes expresaron una posición diversa en torno a un tema, en el que se controvierte el mismo planteamiento jurídico.
El punto de contradicción a que se constriñe esta ejecutoria se puede sintetizar en el siguiente planteamiento:
Cuando en una demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado la radicación e integración de una carpeta de investigación, debe desecharse por falta de interés jurídico o admitirse, al considerar que ese interés puede acreditarse durante la tramitación del juicio.
CUARTO.—Criterio que debe prevalecer. Conforme a las consideraciones que enseguida se expresan, debe prevalecer el criterio de este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, que a continuación se desarrolla.
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ..."
Los numerales 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales esencialmente prevén las obligaciones del Ministerio Público; las etapas del procedimiento penal, el deber de investigación penal, el objeto de la investigación, las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control y, los actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control.
El numeral 211 establece las etapas del procedimiento penal, y en lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación.
Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.
De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica la radicación de una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Por otra parte, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora datos de prueba como autoridad, sin perjuicio, de que durante dicha fase realice actos de investigación.
Esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos que existan afectaciones a derechos humanos contenidos en la Constitución y los señalados en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 252, como son: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras; se hace necesaria la intervención de un Juez de Control durante la etapa de investigación.
Aspectos los anteriores que se traducen en el principio de igualdad ante la ley, y de igualdad en las partes, pues por un lado todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa y, por otro, garantizar a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen.
Por otra parte, de los numerales 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere.
Sobre el anterior marco legal, debe decirse que la radicación e integración de la carpeta de investigación, por regla general, no afecta algún derecho subjetivo del gobernado, pues en momento alguno le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, pues la etapa de investigación inicial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente.
Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 103/2019, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), sostuvo que salvo las excepciones aquí señaladas, obstaculizar injustificadamente la continuación del proceso penal, como en el caso sería la integración de la carpeta de investigación, va en detrimento del interés social y del derecho de las víctimas.
Estimar lo contrario, traería como consecuencia el entorpecer la facultad constitucional del Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Así, el hecho de que el fiscal integre la carpeta de investigación, no implica per se que quede irreparablemente consumada la violación de los derechos fundamentales del quejoso, pues cuando sea citado y comparezca como imputado a la audiencia inicial, podrá consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa.
Máxime que, en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos –investigación inicial– el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental –entre otros– y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, en el sentido de que, si existen méritos suficientes emitirá un auto de vinculación a fin de formalizar la investigación por medio de la intervención judicial, la que concluirá con el cierre de la misma.
De ahí que cuando se señale como acto reclamado, la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social.
Atento a lo expuesto, este Pleno de Tribunal Colegiado (sic) en Materia Penal del Séptimo Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio redactado con los siguientes rubro y texto:
De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que cuando se señale como acto reclamado, la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos –investigación inicial– el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental –entre otros– y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social.
Lo anterior, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los recursos de queja que dieron origen a las resoluciones contradictorias, de conformidad con el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis (Aprobado por mayoría contra el voto del Magistrado José Saturnino Suero Alva).
SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, en los términos de la tesis redactada en la parte final del último considerando del presente fallo; sin que se afecte la situación jurídica concreta, derivada de los juicios en que ocurrió la contradicción.
TERCERO.—Dese publicidad a la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, hágase del conocimiento de los Tribunales Colegiados en contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Octavio Rodarte Ibarra (presidente), Antonio Soto Martínez (ponente), Vicente Mariche de la Garza y José Saturnino Suero Alva, contra los votos particulares de Salvador Castillo Garrido (reservándose su derecho para formularlo) y Martín Soto Ortiz (el cual se agrega por separado), ante el secretario de Acuerdos Jesús Ramses López Rodríguez, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14, 18 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace constar que en esta versión se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.) y 1a./J. 72/2019 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 73, Tomo I, diciembre de 2019 y 71, Tomo I, octubre de 2019, páginas 288 y 994, con números de registro digital: 2021264 y 2020891, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia 1a./J. 154/2005 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 49, con número de registro digital: 175142.
La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 103/2019 citada en esta sentencia, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 635,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31121-c031a1d8/radicacion-e-integracion-de-la-carpeta-de-investigacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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