AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE.
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADALID AMBRIZ LANDA, ROBERTO DIONISIO PÉREZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMORA Y MAURICIO TORRES MARTÍNEZ. PONENTE: MAURICIO TORRES MARTÍNEZ. SECRETARIO: SERGIO VÍCTOR HERNÁNDEZ TORRES.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.—Relativa a la competencia. El Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1, 3, 9, 10, 17, 24, 27, 28, 29 y 35 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios que se estiman discrepantes entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito.
SEGUNDA.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien pronunció las resoluciones que dieron origen a los recursos de revisión en los que se emitieron las sentencias que motivaron los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.
TERCERA.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados.
A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso traer a colación, en lo conducente, los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados en las determinaciones que motivaron la discrepancia de criterios.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito conoció y resolvió el amparo en revisión 363/2017, medio de defensa que estuvo precedido de los antecedentes que se detallan enseguida:
1.1. El quejoso **********, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto contra las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes:
— Autoridades responsables:
a) Director general de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México (ordenadora); b) director de Seguridad y Operaciones dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México (ordenadora); c) director del Centro Preventivo de Readaptación Social denominado "Santiaguito", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (ejecutora); y, d) jefe de Vigilancia del aludido centro de reclusión (ejecutora).
— Actos reclamados:
• La orden de traslado de centro de reclusión, dormitorio, celda y su ejecución.
1.2. El juicio constitucional fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, bajo el número de expediente 1584/2017; y, previos los trámites de ley, el trece de noviembre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia constitucional que concluyó con el dictado de la sentencia en la misma fecha, en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo, al estimarse actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, atinente a que no se demostró la existencia de los actos reclamados; adquiriendo relevancia que en el primer acto procesal, se puntualizó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Audiencia constitucional. Apertura de la audiencia. En Toluca, Estado de México, a las once horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados ... para la celebración de la audiencia constitucional ... en audiencia pública ... Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ... con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes.
"Relación de constancias. Acto seguido, la secretaria da lectura a las constancias de autos y en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente.
"Al caso es aplicable la tesis publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1998 (sic), Tomo IV, Octava Época, cuyos rubro y texto son:
"‘PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.’
"El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por hecha la relación de constancias ..."
1.3. Inconforme con el sentido del fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en la diligencia de notificación practicada el trece de noviembre de dos mil diecisiete; medio de impugnación que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el número 363/2017, el cual se resolvió, por mayoría de votos, en sesión celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo de origen, con apoyo en las consideraciones del tenor siguiente:
"SÉPTIMO.—Estudio y resolución del asunto. No se analizará el fondo del asunto, toda vez que acorde con la fracción IV del precepto 93 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional detecta que en la celebración de la audiencia constitucional se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, con trascendencia al resultado del fallo.
"Lo que amerita revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento para los efectos que adelante se indican.
"...
"A efecto de corroborar el aserto anterior; en principio, debe traerse a contexto la fracción IV del numeral 93 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: ... IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento.’
"De conformidad con el invocado precepto legal, en el recurso de revisión, previo al análisis de la sentencia impugnada, el tribunal tiene la obligación de revisar el trámite del juicio y si encuentra que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento con trascendencia al resultado del fallo, debe revocar la resolución recurrida y ordenar reponer el procedimiento.
"...
"En el caso, se advierten dos violaciones procesales durante la celebración de la audiencia constitucional que trascienden a su validez.
"...
"En el caso, en la celebración de la audiencia constitucional participó el secretario José Antonio Ruiz Rosales, pues así se advierte del párrafo relativo a la apertura de la audiencia; en cambio, la diversa secretaria María Isabel López Mondragón dio fe de la sentencia emitida por el titular del juzgado, y al final de ésta únicamente consta la firma del titular del juzgado y de la secretaria mencionada en segundo lugar.
"Por tanto, se considera que existe una violación que trasciende al resultado del fallo, al constituir un requisito de existencia y validez de la audiencia constitucional la firma de los secretarios que intervinieron en ella, la cual, de acuerdo con el principio de unidad que la rige, se refleja sobre la totalidad de dicha actuación judicial.
"...
"En diverso aspecto, se advierte una diversa violación formal durante la celebración de la audiencia constitucional, ya que se incumplió con lo previsto en el numeral 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.’
"El precepto legal transcrito establece la forma y el orden en que deberá realizarse la audiencia constitucional.
"En primer término, establece que las audiencias serán públicas.
"Enseguida, se impone la obligación de hacer una relación de las constancias que obren en autos. En este punto debe destacarse que la relación aludida se refiere únicamente a las constancias relevantes del asunto, tales como la demanda, informes justificados, emplazamientos de terceros, escritos de ofrecimiento de prueba y, en general, cualquier constancia que resulte relevante a juicio del Juez para dictar la sentencia que corresponda.
"Esto es, la referida relación de constancias tiene por objeto que el resolutor de amparo cuente con los elementos necesarios para conocer la litis constitucional que se somete a su consideración, verificar que se hayan colmado los presupuestos procesales necesarios para dictar sentencia válida (como el emplazamiento de las partes), de modo que el asunto se encuentre en estado de resolución.
"Enseguida, en caso de que por la naturaleza del procedimiento del que deriven los actos reclamados se hayan exhibido como pruebas videograbaciones, o hayan sido exhibidas por las partes, se deberá hacer mención de las que se hayan analizado íntegramente, así como las pruebas que se hayan desahogado previamente.
"Después, se recibirán los medios de prueba que falten por desahogarse, y los alegatos que por escrito expresen las partes; hecho lo anterior se dictará la sentencia correspondiente.
"En el caso materia de revisión, en la etapa correspondiente a la relación de constancias, se estableció literalmente:
"‘Relación de constancias. Acto seguido, la secretaria da lectura a las constancias de autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente.—Al caso, es aplicable la tesis publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1998, Tomo IV, Octava Época, cuyos rubro y texto son: «PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa a cada una de ellas.».’
"De la transcripción que antecede se advierte que el fedatario judicial dio lectura a las constancias de autos y tuvo por reproducidas las constancias que obran en el expediente; sin embargo, omitió realizar la relación de constancias que prevé el numeral 124 citado.
"En efecto, el simple hecho de que se asentara que la secretaria da lectura a las constancias de autos no satisface la obligación impuesta en el numeral referido, ya que ésta tiene como finalidad verificar cuáles son las constancias que el juzgado de amparo tomó en consideración para emitir la sentencia, específicamente lo relativo a cuál es la litis constitucional que se somete a consideración, que se haya integrado la relación jurídico procesal con todas las partes y que el asunto se encuentre en estado de resolución, lo cual únicamente puede verificarse si se asienta con precisión cuáles constancias se relacionaron en la audiencia.
"Además, se considera que dicha relación de constancias constituye una hipótesis que se introdujo en la Ley de Amparo vigente, y que no se encontraba prevista en la abrogada, ya que en aquélla únicamente se obligaba a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida emitir la sentencia, y se hacía una salvedad relativa a que respecto a las pruebas documentales que se hubieran exhibido antes de la audiencia, éstas debían relacionarse en la audiencia constitucional.
"Por tanto, al haberse incorporado esta exigencia al desarrollo de la audiencia constitucional, constituye un requisito esencial de validez de ésta, que no puede soslayarse mencionando en forma genérica que se dio lectura a las constancias de autos, puesto que esa expresión no genera certeza sobre cuáles son dichas constancias y que en verdad hayan dado información al Juez relevante tanto para fijar la litis constitucional, como para verificar el emplazamiento de los presupuestos procesales exigibles y verificables previo al ‘listado’ de la sentencia.
"Sin que represente obstáculo a lo anterior, el hecho de que se invocara como fundamento para únicamente dar lectura a las constancias de autos la tesis de rubro: ‘PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’, en principio, porque se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, la cual, como se destacó, no es idéntica en ese aspecto a la actual; además, el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, únicamente establecía que se debían relacionar las pruebas documentales que se hubieran ofrecido con anterioridad a la audiencia constitucional, supuesto totalmente distinto a lo previsto en el numeral 124 de la Ley de Amparo vigente, el cual prevé un imperativo categórico de realizar una relación de constancias.
"En consecuencia, procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento para que el Juez de Distrito:
"a) Programe nueva hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, la cual deberá satisfacer los requisitos previstos en la ley de la materia, específicamente los destacados en esta ejecutoria.
"b) En su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda ..."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito conoció y resolvió el amparo en revisión 15/2018, medio de impugnación que estuvo precedido de los antecedentes que se precisan a continuación:
1.1. El quejoso **********, por propio derecho, y en representación de diversos amparistas, presentó demanda de amparo indirecto contra las autoridades responsables y el acto reclamado siguiente:
— Autoridades responsables:
a) Secretario de Gobernación de la República Mexicana (ordenadora); b) titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ordenadora); c) coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México (ordenadora); d) directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México (ejecutora); e) titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (ejecutora); y, f) comisionado de la Policía Federal Preventiva, (ejecutora).
— Actos reclamados:
• La orden de traslado del centro de reclusión y su ejecución.
1.2. El juicio biinstancial fue radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, bajo el número de expediente 1266/2017; y, previos los trámites de ley, el cuatro de octubre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia constitucional que concluyó con el dictado de la sentencia en la misma fecha, en la que se resolvió sobreseer en el juicio de amparo, al estimarse actualizada la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, atinente a que no se demostró la existencia de los actos reclamados; adquiriendo importancia que en el primer acto procesal, se puntualizó, en lo que interesa, lo siguiente:
"Audiencia constitucional. En Toluca, Estado de México, a las once horas con treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la audiencia constitucional ... en audiencia pública ... Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México ... con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin asistencia de las partes.
"Abierta la audiencia por el Juez, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer relación expresa de cada una de ellas en atención a las consideraciones que sustentan la tesis emitida por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Primera Parte, del tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1989, Octava Época, con número de registro: 206494, que a la letra dice:
"‘PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.’
"El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes ..."
1.3. En desacuerdo con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en la diligencia de notificación practicada el nueve de octubre de dos mil diecisiete; medio de defensa que fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número de expediente 15/2018, el cual se resolvió, por unanimidad de votos, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo de origen, con apoyo en las consideraciones del tenor siguiente:
"CUARTO.—Al no haberse formulado conceptos de agravio, este órgano de control constitucional de manera oficiosa procede al examen de la legalidad del fallo a revisión; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
"Se considera que la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diecisiete en el amparo 1266/2017-III, por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se encuentra ajustada a derecho.
"Fueron señaladas como autoridades responsables el: secretario de Gobernación de la República Mexicana, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con residencia en la Ciudad de México, y el comisionado de la Policía Federal Preventiva, con residencia en la Ciudad de México.
"Por auto de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Amparo, por vacaciones del titular, hizo efectivo el apercibimiento contenido en proveído de nueve de agosto del año antes mencionado, y se dejó de tener como autoridades para los efectos del amparo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y comisionado de la Policía Federal Preventiva.
"Se expuso que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hizo consistir en: la orden de traslado de los quejosos del lugar en que se encuentran recluidos a un diverso centro de reclusión.
"Ahora bien, cuando rinden sus informes las autoridades responsables: El encargado de la Dirección Técnica en ausencia de la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’, con residencia en Almoloya de Juárez, México; el director general de Procedimientos Constitucionales en representación del secretario de Gobernación, el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, negaron la existencia del acto reclamado que les fue atribuido, sin que los recurrentes aportaran medio de prueba para desvirtuar dicha negación, ni objetaron dichos informes, a pesar de que el Juzgado de Distrito les dio vista con los respectivos informes con justificación; luego, como bien lo dijo el Juez de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, era procedente sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Resulta aplicable al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento ochenta y uno, Volumen XLIII, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dispone:
"‘INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.—Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.’
"En consecuencia, se reitera que fue correcta la determinación del Juez de Amparo en sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la ley reglamentaria, ante la negativa por parte de las autoridades responsables, no desvirtuada del acto reclamado por los quejosos ahora recurrentes; en consecuencia, lo procedente es confirmar la resolución sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de amparo 1266/2017-III ..."
CUARTA.—Requisitos para la existencia de la contradicción de tesis.
En primer lugar, es menester señalar que las tesis que se invocarán en la presente resolución son aplicables al presente asunto, pues aun cuando parten de interpretar la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que continúan en vigor, ya que no se oponen a la actual normatividad de la materia, como se establece en su transitorio sexto, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."
Precisado lo anterior, es menester señalar que de los antecedentes relatados se pone de manifiesto que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia ni tesis elaboradas formalmente; sin embargo, tal circunstancia no es un requisito indispensable para proceder a su análisis o establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, delimitar el criterio que deba prevalecer como jurisprudencia.
Sirve de apoyo la tesis aislada P. L/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el ejemplar Número 83, noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 35, registro: 205420, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Lo anterior es así, pues la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose la acepción resaltada, como la opinión adoptada por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, por tanto, no es necesario que esos criterios constituyan jurisprudencia, pues lo trascendente es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, en tanto que lo que se pretende es salvaguardar el derecho fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, evitando que se sigan dando soluciones distintas y contradictorias a asuntos que guardan similitud sobre aspectos jurídicos medulares.
Es aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 7, registro: 164120, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De igual forma, debe decirse que la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada por la parte legitimada está contenida en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 a 227 de la Ley de Amparo, en tanto que a partir de tales disposiciones legales se desprende la facultad de unificac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28039-3810f222/audiencia-constitucional-para-cumplir-el-requisito-formal-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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