SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 396/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: EVERARDO MAYA ARIAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues si bien es cierto que en un principio se hizo del conocimiento de este Alto Tribunal por parte del Juez Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el cual resolvió el amparo relacionado con el diverso recurso de revisión 314/2011, resolución que contiene el criterio de uno de los Tribunales Colegiados referidos en esta contradicción; mediante auto del ocho de septiembre de dos mil once, también lo es que el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la hizo suya, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.(2)
TERCERO. Posturas contendientes. A fin de verificar si existe oposición de criterios respecto de una misma cuestión jurídica, es conveniente resaltar las características fundamentales de las ejecutorias materia de la presente denuncia que a continuación se precisan:
Los criterios contendientes sostenidos por los Tribunales Colegiados que intervienen en la presente contradicción de tesis son, en síntesis, los siguientes:
1. Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. Al resolver el juicio de amparo en revisión penal 314/2011, el dieciocho de agosto de dos mil once, determinó, en lo relevante que, en el caso concreto, existía una violación al procedimiento de amparo que dejó en estado de indefensión al recurrente, ya que no se le dio vista con el oficio de la responsable, mediante el cual remitió copia certificada del auto de formal prisión dictado en la causa que le instruye, mismo que fue tomado en consideración para tener por actualizada la causa de improcedencia, no obstante lo cual procedía confirmar la sentencia recurrida.
Lo anterior, toda vez que el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que la audiencia constitucional constituye un solo acto procesal, que se integra en tres etapas, la de pruebas, alegatos y sentencia, pues así lo ha mencionado en los siguientes criterios: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PORQUE NO SON ACTOS PROCESALES DISTINTOS, SINO UNO SOLO."(3) y "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO SI NO SE FIRMÓ EL ACTA RESPECTIVA."(4)
Que en concordancia con lo anterior, si se toma en cuenta que la audiencia constitucional comprende tres etapas: pruebas, alegatos y sentencia; una vez cerrado el periodo probatorio, el Juez de Distrito no puede recabar medios de convicción, pues no existe fundamento legal que lo permita. Además, de aceptarse tal posibilidad, se infringirían los principios de seguridad jurídica y preclusión, ya que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales extinguidos y consumados; en consecuencia, las promociones en las que se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o éste ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal.
Lo que corrobora que el a quo federal sólo puede hacer valer la facultad que le concede la ley para recabar pruebas para mejor proveer hasta antes de que se cierre el periodo probatorio de la audiencia constitucional, pero no después, ya que de hacerlo, viola las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo.
Que, en la especie, el Juez Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, tomó en consideración, a efecto de dictar su sentencia, el oficio 1052-IV, de diecinueve de abril de dos mil once, al que se anexó el auto de formal prisión de fecha veinte de marzo del año en cita dictado por el Juez responsable una vez cerrado el periodo probatorio de la audiencia constitucional, lo que resulta indebido, conforme a lo que quedó expuesto con antelación.
2. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Al resolver los recursos de revisión 107/88 y 11/91, el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y uno, respectivamente, determinó que en ambos asuntos cesaron los efectos de los actos reclamados, dando lugar a la operancia de la causal de improcedencia con base en la cual el Juez decretó el sobreseimiento del juicio de amparo.
Que el oficio a través del cual fueron dejados sin efectos los actos reclamados, como lo argumentaron las respectivas inconformes, fue aportado con posterioridad a la fecha en la que fue celebrada la audiencia constitucional, no obstante lo cual la aludida circunstancia no imposibilitaba jurídicamente al Juez de Distrito para tomar en consideración al dictar el fallo respectivo dicho documento.
Incluso, ese Tribunal Colegiado emitió la tesis cuyo rubro es: "DOCUMENTAL RECIBIDA DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PERO ANTES DE DICTARSE SENTENCIA. PROCEDE TOMARLA EN CONSIDERACIÓN CUANDO CONTIENE UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA."(5)
CUARTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. Dado que la existencia de la contradicción constituye un presupuesto necesario del procedimiento de contradicción de tesis, la cuestión que se plantea en el presente considerando es: ¿Existe o no la contradicción de tesis denunciada?
Al respecto, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha establecido que para la existencia de la materia sobre la cual debe hacerse un pronunciamiento, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer como jurisprudencia en un caso determinado de contradicción, debe existir oposición de criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales respecto de una misma situación jurídica.
Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
Bajo las premisas anteriores, a fin de determinar si en el presente caso se emitieron criterios jurídicos opuestos en relación con un mismo punto de derecho, es menester identificar las principales consideraciones que sustentan los criterios de los diferentes Tribunales Colegiados en liza, de acuerdo con las respectivas ejecutorias:
A. Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión penal 314/2011, sostuvo que la audiencia constitucional comprende tres etapas: pruebas, alegatos y sentencia; una vez cerrado el periodo probatorio, el Juez de Distrito no puede recabar medios de convicción, pues no existe fundamento legal que lo permita. Además, de aceptarse tal posibilidad, se infringirían los principios de seguridad jurídica y preclusión, ya que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales extinguidos y consumados; en consecuencia, las promociones en las que se solicita que se inicie una etapa procesal o se realice un acto procesal, cuando aquélla ya concluyó o éste ya se realizó, no son oportunas ni coherentes con la secuela procesal.
Asimismo, consideró que el a quo federal sólo puede hacer valer la facultad que le concede la ley para recabar pruebas para mejor proveer hasta antes de que se cierre el periodo probatorio de la audiencia constitucional, pero no después, ya que de hacerlo, viola las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo.
En esa tesitura, el Tribunal Colegiado advirtió que, en la especie, el Juez Noveno de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, tomó en consideración, a efecto de dictar la sentencia que recurrió, el oficio 1052-IV, de diecinueve de abril de dos mil once, al que se anexó el auto de formal prisión de fecha veinte de marzo del propio año, dictado por el Juez responsable una vez cerrado el periodo probatorio de la audiencia constitucional, lo que resultó indebido.
B. El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los recursos de revisión 107/88 y 11/91, determinó que es posible que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas se desprenda con claridad la improcedencia del juicio de amparo.
Pues bien, de la síntesis de las ejecutorias en cuestión se advierte que los dos Tribunales Colegiados resolvieron los asuntos sometidos a su jurisdicción a partir del análisis de elementos jurídicos similares, toda vez que formularon sendos argumentos interpretativos para determinar si es posible o no que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas se desprenda con claridad la improcedencia del juicio de amparo.
En efecto, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito sostuvo que la audiencia constitucional comprende tres etapas: pruebas, alegatos y sentencia; una vez cerrado el periodo probatorio, el Juez de Distrito no puede recabar medios de convicción, pues no existe fundamento legal que lo permita; al paso que el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito determinó que sí es posible que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas se desprenda con claridad la improcedencia del juicio de amparo.
Como resultado de lo anterior, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones divergentes, siendo la oposición de criterios patente, como se advierte de lo siguiente:
Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito: La audiencia constitucional comprende tres etapas: pruebas, alegatos y sentencia; una vez cerrado el periodo probatorio, el Juez de Distrito no puede recabar medios de convicción, pues no existe fundamento legal que lo permita.
Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: Sí es posible que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas se desprenda con claridad la improcedencia del juicio de amparo.
Punto de contradicción
Por consiguiente, sí existe la contradicción de tesis denunciada y el punto jurídico concreto por definir se centra en determinar si es posible o no que los Jueces de Distrito, al momento de dictar sentencia, sobresean en el juicio tomando como base para ello pruebas documentales rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional que acrediten alguna de las hipótesis de sobreseimiento contenidas en el artículo 74 de la Ley de Amparo.
Cabe señalar, que no constituye obstáculo para considerar actualizada la presente contradicción de criterios, la circunstancia de que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito no haya formalizado su criterio en una tesis, porque de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, resulta suficiente para que este Alto Tribunal proceda a decidir el criterio que debe prevalecer, el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho.
QUINTO. Estudio de fondo. Descritos los criterios en contradicción y sentada la existencia de ésta, se procede a dilucidar el punto contradictorio señalado, debiendo prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se establece conforme a los siguientes razonamientos:
Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo,(7) el trámite de la audiencia constitucional en un juicio de amparo se encuentra regido por los principios procesales de unidad, concentración y continuidad.
El principio de unidad atiende a que la audiencia en el juicio de amparo indirecto es un solo acto procesal que, conforme al diverso principio de concentración, se integra por tres periodos distintos para su validez jurídica: pruebas, alegatos y dictado de la sentencia; etapas que deben iniciar siempre con la celebración de la audiencia constitucional y formalmente culminar con la emisión de la resolución que resuelva ya sea el fondo del asunto o el sobreseimiento en el juicio, es decir, que la subsecuencia de los periodos que integran la audiencia constitucional se desarrollen a través de un orden lógico, lo que significa que no puede dictarse la sentencia en el juicio si previamente a esta actuación no se han agotado los periodos que le preceden, esto último es lo que se conoce como el principio de continuidad.
La armonía entre los citados principios permite que el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, la formulación de los alegatos y el dictado de la sentencia formen un único acto procesal.
Asimismo, es pertinente advertir que los periodos que comprende la audiencia constitucional, aunque técnicamente son un solo acto procesal, son distintos unos de otros.
En efecto, mientras que en los dos primeros (pruebas y alegatos) se otorgan derechos o facultades a las partes y, por ende, se requiere de la actuación del juzgador a través de los acuerdos que deba emitir, el tercer periodo sólo comprende la actuación unilateral del Juez de Distrito, es decir, en el primer y segundo periodos hay actuaciones del juzgador y de las partes, en tanto que en el tercer periodo, dictado unilateral de la sentencia, únicamente se requiere de la intervención del Juez.
Esta división de los periodos en la audiencia constitucional obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico y son reglas que debe atender el juzgador para la legal y eficaz validez jurídica de la audiencia, ya que de no ser atendidas en su orden cronológico, produciría perjuicios a las partes.
Así, el juzgador queda obligado a realizar en su orden los periodos que integran la audiencia constitucional en forma sucesiva uno del otro (artículo 155 de la Ley de Amparo), y las partes a hacer valer en el periodo oportuno la facultad o el derecho que se les otorga dentro de la celebración de cada periodo de la referida audiencia.
Luego, aunque la naturaleza de los periodos que integran la audiencia constitucional no es la de actos procesales dentro del procedimiento constitucional del juicio de amparo, sino la de meras actuaciones dentro de un mismo acto procesal, hay una diferencia sustancial entre las dos primeras etapas en que intervienen las partes y la última que incluye exclusivamente el dictado de la sentencia por el Juez de Distrito, en tanto, como se ha dicho, esta última etapa constituye una actuación unilateral del juzgador.
Aunado a lo anterior, cabe considerar que el artículo 346 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en lo conducente, establece:
"Artículo 346. Terminada la audiencia de que trata el capítulo anterior, puede en ella, si la naturaleza del negocio lo permite, pronunciar el tribunal su sentencia, pudiendo adoptar, bajo su responsabilidad, cualquiera de los proyectos presentados por las partes."
Como se advierte, en el precepto recién transcrito se prevé la posibilidad legal para el juzgador de que habiendo concluido la audiencia final de un juicio que comprende la admisión y desahogo de pruebas y la formulación de alegatos, equiparables a los dos primeros periodos que comprende la audiencia constitucional en el juicio de garantías, esté en posibilidad de dictar la sentencia que corresponda cuando la naturaleza del negocio se lo permita; interpretado a contrario sensu, se deduce que si la naturaleza del asunto no le permite dictar la sentencia relativa, podrá hacerlo en otro momento distinto, es decir, en fecha diversa.
Así entonces, un Juez de Distrito puede desahogar los dos primeros periodos que comprende la audiencia constitucional (pruebas y alegatos), en una misma actuación o fecha, y efectuar el tercero, o sea, emitir la sentencia respectiva, en otra fecha distinta, por así requerirlo la naturaleza del análisis del acto reclamado e, incluso, se justificaría esta actuación por existir elevadas cargas en las labores del juzgado, pudiendo dictarse la resolución cuando aquellas lo permitan.
Por otra parte, se justifica, además, el que pueda dictarse la sentencia respectiva en un momento diverso al de la celebración de la audiencia, si atendemos a que este último o tercer periodo queda a cargo exclusivamente del juzgador pues, se insiste, es una actuación unilateral de él, en la que ya no interviene ninguna de las partes.
Lo hasta aquí expuesto permite advertir que la etapa del dictado de la sentencia es, esencialmente, distinta de las demás y, por ende, es posible, dada su propia naturaleza (unilateral), que el juzgador dicte sentencia en un momento diverso a aquel en que se ha sustanciado el resto del acto procesal final en el juicio de amparo indirecto que va de la declaratoria de inicio de la audiencia constitucional al dictado de la sentencia, sin que por ello pierda la unidad que guarda con las otras etapas.
Lo anterior, cabe aclarar, constituye una norma general que deriva del principio de unidad de la audiencia constitucional y la sentencia que, en el caso concreto, se ve matizada cuando como en los casos de donde derivan los criterios contendientes, a los juzgadores federales una vez que desahogaron las dos primeras etapas de la audiencia les fueron exhibidas pruebas documentales tendentes a acreditar la actualización de la hipótesis de sobreseimiento, prevista en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Al respecto, cabe destacar que de la interpretación conjunta y armónica de los artículos 151, 152 y 153 de la Ley de Amparo, se desprende que las pruebas documentales en el juicio de garantías deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 del señalado ordenamiento, de tal manera que las exhibidas con posterioridad a la misma no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia sin solución de continuidad en que se ofrecen pruebas, se desahogan, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, menoscabándose también el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción a uno de los contendientes de pruebas fuera de la audiencia constitucional, implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, que sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal.
Sin embargo, esa regla general, debe atemperarse desde la perspectiva planteada, toda vez que no puede considerarse que exista infracción al citado artículo 155 de la Ley de Amparo, por tomarse en cuenta en la resolución documentales aportadas fuera de tiempo, si es que él o los documentos que se presenten concluido el periodo probatorio correspondiente, acreditan una hipótesis de sobreseimiento en el juicio de amparo, de las previstas en el artículo 74 de la invocada Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 del Pacto Federal.
Incluso, no hay razón jurídica que conduzca a pensar que exista alguna limitante para la valoración de documentales que acrediten un motivo de sobreseimiento a pesar de que se aporten al juicio una vez que se desahogaron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, ya que el artículo 74 de la Ley de Amparo no hace limitación sobre el particular.
Al respecto, cabe destacar que la inviabilidad del juicio de amparo que deriva del citado artículo 74 de la Ley de Amparo, se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada, obstáculo que alcanza desde luego a los casos como los analizados en que con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pero sin que se haya dictado sentencia, se le aportan al Juez de Distrito documentales con las cuales se acredite alguna de las hipótesis previstas en dicho precepto legal.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es que sí es posible que el Juez de Distrito, al momento de dictar su sentencia, tome en cuenta pruebas documentales rendidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, siempre que de éstas se acredite alguna de las hipótesis de sobreseimiento del juicio de amparo previstas en el artículo 74 de la Ley de Amparo, cuando aparezca probada o sobrevenga acreditada una causa de improcedencia.
Criterio que no puede hacerse extensivo respecto de medios de convicción diversos a la prueba documental, como podrían ser la testimonial o la de inspección, toda vez que dichas probanzas requieren preparación para su desahogo, cuestión que por las características de la audiencia constitucional antes detalladas no sería posible.
Acorde con lo anterior, si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta al dictar sentencia documentales aportadas con posterioridad a aquella, que acrediten alguno de los motivos de sobreseimiento en el juicio de amparo, no puede considerarse que exista violación al artículo 155 de la Ley de Amparo.
Lo anterior se ve además fortalecido en atención a una aplicación analógica al juicio de amparo del principio constitucional de justicia pronta y expedita que conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento; ello porque ningún fin práctico tendría evitar que al dictar sentencia un Juez de Distrito no pudiera valorar los medios de convicción que conduzcan al sobreseimiento en el juicio de amparo en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, por haber sido aportados con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.
En las relatadas condiciones, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta a continuación:
-Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis.
SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes, y remítase de inmediato la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución al Tribunal Pleno y a la Primera Sala de este Alto Tribunal, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y procédase a su distribución a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y presidente Sergio A. Valls Hernández. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos votó con reservas, quien formulará voto concurrente.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_________________
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que existe diversidad de criterios jurisprudenciales, tanto del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal como de cada una de la Salas que la integran, relativas al tema relacionado con los criterios en aparente contradicción, por lo que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
Sin embargo, esta Suprema C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23499-dd557969/sobreseimiento-en-el-juicio-de-amparo-los-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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