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Modo: Corpus Pro

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. BASTA QUE EL OFENDIDO MANIFIESTE OPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE EXPONER ARGUMENTACIONES AL RESPECTO, PARA QUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA SE REMITA AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA ESTATAL A FIN DE QUE RESUELVA LO PROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2011. · Registro digital (IUS): 23308
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Pág. 2454.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 161/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que es de naturaleza penal.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

1. Origen del toca de revisión R-422/2010 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y criterio que en él se sostiene:

Origen: El asunto deriva de un juicio de amparo indirecto tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Puebla, en el que señaló como acto reclamado el inejercicio de la acción penal determinado por el agente adscrito a la Agencia Especializada en Anticorrupción y autorizado por la directora consultiva y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, juicio en el que por sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez se determinó negar el amparo solicitado.

Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual se registró con el número R-422/2010 y en el que por sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diez se determinó confirmar el fallo recurrido y negar la protección constitucional solicitada.

Criterio: En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito señaló lo siguiente:

"Son infundados los agravios expuestos por el recurrente, mismos que se contestan de manera conjunta dada su estrecha relación. Se afirma que no asiste razón al inconforme, porque no fue incorrecto que el Juez Federal negara el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el quejoso, al considerar inoperantes los conceptos de violación expuestos, en tanto no se hicieron valer ante la directora de Estudios Consultivos y de Estudios Legislativos, al manifestarse la inconformidad en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público, siendo que, como lo precisó el Juez Federal, el recurrente se encontraba constreñido a ello en términos del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, que establece: ‘Artículo 30 ter. En los casos en que se acuerde el archivo de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda. Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la averiguación previa al ciudadano procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma.’

"Ciertamente, como bien lo consideró el Juez de amparo, del texto del citado numeral se advierte claramente que el denunciante al manifestar la oposición que le asiste con relación al inejercicio de la acción penal debe exponer los argumentos que evidencien tal apreciación, ya que si bien el segundo párrafo del artículo en cita, establece que sólo en caso de que exista oposición se mandará la determinación ministerial al procurador general de Justicia ello no significa que para ello baste la afirmación categórica del denunciante en ese sentido, pues del párrafo primero de dicho artículo se advierte que éste debe manifestar lo que a su derecho corresponda ya sea por escrito o por comparecencia, lo que de suyo implica, como lo precisó el Juez de amparo, con base además en los conceptos que desglosa de la frase, la expresión de los argumentos y razonamientos que sustenten tal oposición. Ahora bien, es cierto que dicha oposición no se encuentra reglamentada en el capítulo de los recursos reglamentados en el Código de Defensa Social, sin embargo, cierto es que materialmente el mismo constituye un recurso, entendido como el medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante un Juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 2005, página 3205). Por otra parte, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, siendo el más común el recurso al constituir la institución jurídica mediante la cual, la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Luego, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica a través de la modificación, revocación, modificación o anulación del acto impugnado, esto, a través del examen de su legalidad y mediante el planteamiento de la impugnación de la resolución ante la propia autoridad o ante autoridad diversa, esto es, la consideración del recurrente por la cual estima que el acto de autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa le causa los agravios que hace valer y con relación a los cuales puede tener razón. Entonces, al margen de la denominación o designación que el legislador otorgue a los recursos, o a la acción de interponerlos como ‘inconformarse’ o ‘recurrir’ u ‘oponerse’, como en la especie, lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Por tanto, si la oposición prevista en el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, constituye un instrumento a través del cual el denunciante o querellante puede ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal propuesta ante el agente revisor, en los términos expuestos, constituye un auténtico ‘recurso’ en sentido procesal. Lo hasta aquí considerado se sustenta en la ejecutoria de la que emanó la jurisprudencia número 95, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 223/2009, publicada en la página 402, Tomo XXXI, marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: ‘INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.’. En esas condiciones, si la naturaleza del recurso impone al promovente a expresar los motivos que llevaron a impugnar el acto de autoridad, es inconcuso que como lo precisó el Juez de garantías, el denunciante, aquí recurrente, al oponerse a la determinación por la cual se decidió no ejercer acción penal y archivar la indagatoria, debió formular los argumentos que estimara procedentes para evidenciar porque, en su opinión, dicha resolución ministerial no es acertada, y al no haberlo hecho así, imposibilitó al juzgador federal a pronunciarse sobre cuestiones no abordadas por la autoridad responsable, pues se insiste, son precisamente los agravios que se expongan en contra de la determinación ministerial los que fijarán la materia de la litis, habida cuenta que rige el principio de estricto derecho, por ser la parte agraviada dentro de la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, quien interpuso el recurso contra la resolución de no ejercicio de la acción penal, por cuanto hace a los delitos de amenazas, abuso de autoridad y cohecho por atipicidad y, en consecuencia, el archivo definitivo de la indagatoria **********, tal como lo precisó la autoridad señalada como responsable al referirse a los agravios de la parte inconforme, en los siguientes términos: ‘XI. En relación a la inconformidad de ********** en contra de la determinación de archivo, en virtud de que no formuló agravio alguno para atacar en forma jurídica la determinación emitida por el agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Anticorrupción, esta unidad administrativa no puede suplir la deficiencia de la queja.’ (foja 516). Por tales razones es que este Tribunal Colegiado no comparte, la tesis aislada número 148, que cita el quejoso en sus agravios, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 240, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2002, Novena Época, en la parte en la que se sostiene que el medio de oposición a que se refiere el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, no exige al denunciante o querellante como condición que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal, cuyo ejercicio es pretensión jurídica otorgada al Ministerio Público en calidad de atribución de un órgano del Estado, por lo que las facultades que de ahí emanan son exclusivas, sino únicamente el derecho de proponer su disconformidad, expresando por escrito o comparecencia lo que a su derecho convenga, en caso de no estar de acuerdo con la determinación del representante social. La tesis a que se alude es del rubro siguiente: ‘INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 30 ter DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO EXIGE AL DENUNCIANTE O QUERELLANTE NINGÚN REQUISITO DE LEGITIMIDAD PARA OPONERSE A ESA DETERMINACIÓN.’."

2. Origen del toca de revisión 87/2002 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y criterio que en él se sostiene:

Origen: El asunto deriva de un juicio de amparo indirecto tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, en el que señaló como acto reclamado el archivo de la averiguación previa **********, de fecha trece de octubre del año dos mil, del procurador general de Justicia en el Estado, así como del director Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, la confirmación del archivo referido, juicio en el que por sentencia de fecha diez de junio de dos mil uno, se determinó sobreseer y negar el amparo solicitado.

Inconforme con dicho fallo, la quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual se registró con el número AR 87/2002 y en el que por sentencia de once de abril de dos mil dos se determinó modificar la sentencia recurrida, sobreseer y conceder el amparo solicitado.

Criterio: En lo que al tema interesa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito señaló lo siguiente:

"De lo antes expuesto se colige que la característica principal de la oposición, es el acto que consigna el derecho de contradicción o resistencia, que en juicio hacen las partes a las pretensiones contrarias o alguna resolución del juzgador.

"Para demostrar lo fundado de los conceptos de agravio, debe partirse de la base de una interpretación de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

"‘Artículo 21. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con un policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato ... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley ...’

"La anterior transcripción pone de relieve: a) que la acción penal es la afirmación de la existencia de un delito y el reclamo del castigo para el autor de la conducta que es pretensión jurídica otorgada al Ministerio Público, en calidad de atribución de un órgano del Estado y las facultades que de ahí emanan son exclusivas; y, b) la necesidad de someter al control de órganos distintos al Ministerio Público, las resoluciones de éste sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede sin ser perseguido sin la correspondiente justificación legal y hacer efectivo el respeto a la seguridad jurídica.

"Por su parte, el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dice:

"‘Artículo 30 ter. En los casos en que se acuerde el archivo de la Averiguación Previa, el agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de la cédula de información personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda. Sólo en casos de que exista la oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la averiguación previa al ciudadano procurador, a efecto de que realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma.’ De la lectura del precepto transcrito se infieren las siguientes notas:

"a) En los casos en que se acuerde el archivo definitivo de la averiguación previa, la autoridad que conozca de la integración de la averiguación previa, deberá, notificarla al denunciante u ofendido del delito;

"b) Que dentro de los quince días siguientes a aquella notificación, la parte ofendida expresará por escrito o comparecencia, lo que a su derecho convenga;

"c) Sólo en caso de presentar resistencia a dicha resolución, se deberá enviar el original del expediente al procurador general de Justicia del Estado para su estudio y análisis, donde determinará la procedencia o improcedencia, confirmándola o, en su caso, señalando las diligencias necesarias para su adecuada integración.

"Los dispositivos constitucional y legal transcritos admiten una serie de prerrogativas a través de las cuales el agraviado o denunciante tiene la posibilidad de oponerse a la determinación del no ejercicio de la acción penal y tal oposición no exige mayores requisitos que los contemplados en la ley procesal de la materia para tal efecto, es decir, que la parte afectada por esa determinación proponga su disconformidad a lo argumentado en la determinación del agente del Ministerio Público, para que el titular de dicha institución sea quien decida lo que proceda en derecho;

"De acuerdo con lo anterior, contrariamente a lo que el Juez de Distrito estimó, el respeto a esa garantía individual no puede ser condicionada a que se expongan razones jurídicas que tengan como finalidad combatir los razonamientos que determinen la aprobación del inejercicio de la acción penal, puesto que la protección del derecho garantizado es inmediata ya que, en el caso, el Ministerio Público debe cumplir cabalmente y desde luego, con el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos, como presupuesto forzoso y necesario del ejercicio de la acción penal, en virtud de que la función investigadora se orienta a la satisfacción de necesidades de carácter social. Así, en términos del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establece que sólo basta la ‘oposición’ del denunciante u ofendido del delito a la determinación del no ejercicio de la acción penal, para que el procurador general de la acción penal (sic), para que el procurador general de Justicia, estudie, analice y determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la averiguación, pero ni éste ni ningún otro precepto exige como requisito que (sic) se razonamientos argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal, pues este ejercicio, como ya se dijo, es pretensión jurídica otorgada al Ministerio Público, en calidad de atribución de un órgano del Estado y las facultades que de ahí emanan son exclusivas, pues incluso, el artículo 51 del referido ordenamiento procesal establece que: ‘... El Ministerio Público durante la averiguación previa, deberá: I. Recibir las denuncias o querellas de los particulares o de las autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos; II. Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los presuntos delincuentes; III. Ejercitar ante los órganos jurisdiccionales la acción persecutoria o de defensa social ...’, de ahí que de estimar lo contrario, se dejaría incólume la determinación reclamada y a la parte agraviada sin oportunidad de expresar lo que a su derecho convenga, siempre y cuando se oponga a ese tipo de resoluciones del Ministerio Público concomitante al derecho de exigir al Estado la persecución de los delitos cuyo respeto, se reitera, no puede estar condicionado.

"En consecuencia, si el recurrente al notificársele la determinación del no ejercicio de la acción penal y dentro del término que establece aquel precepto legal (quince días), se opuso a la pretensión del Ministerio Público, resulta incuestionable que al exhibir su escrito de oposición de mérito, expresó los argumentos que a su derecho convinieron: ‘... Según se desprende de las actuaciones ministeriales dentro de la averiguación previa al rubro indicado no se han practicado ni agotado todas las diligencias posibles, ni mucho menos se han valorado adecuadamente las pruebas que obran en autos ...’ (fojas 171), precisamente porque el precepto legal 30 ter en comento, no establece ningún otro requisito de legitimidad, sino el derecho de recurrir la determinación del no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa, expresando por escrito o comparecencia lo que a su derecho convenga, en caso de no estar de acuerdo con la actitud del agente del Ministerio Público, porque obviamente, lo que será materia de estudio es la resolución del procurador o director asignado, en términos de lo dispuesto por el artículo invocado, al no existir ningún otro precepto legal que establezca alguna necesidad, condición o particularidad para oponerse a tal determinación del no ejercicio de la acción penal."

La determinación anterior dio origen a la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 30 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO EXIGE AL DENUNCIANTE O QUERELLANTE NINGÚN REQUISITO DE LEGITIMIDAD PARA OPONERSE A ESA DETERMINACIÓN. El medio de oposición que establece el citado numeral procede cuando el agente del Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa, y consiste en el acto que consigna el derecho de contradicción o resistencia que en un juicio hacen las partes a las pretensiones contrarias o alguna resolución del juzgador. Sin embargo, tal oposición no exige al denunciante o querellante, como condición, que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal, cuyo ejercicio es pretensión jurídica otorgada al Ministerio Público, en calidad de atribución de un órgano del Estado y las facultades que de ahí emanan son exclusivas, ni tampoco establece requisito alguno de legitimidad, sino únicamente el derecho de proponer su disconformidad expresando por escrito o comparecencia lo que a su derecho convenga, en caso de no estar de acuerdo con la actitud del agente del Ministerio Público, para que el titular de dicha institución sea quien decida lo que proceda en derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo invocado, al no existir ningún otro precepto legal que establezca alguna necesidad, condición o particularidad para oponerse a tal determinación.

"Amparo en revisión 87/2002. 11 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía Ponce de León. Secretario: José Manuel González Jiménez."(1)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis: La existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.

En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de la República al resolver la contradicción de tesis 36/2007 en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que exista un problema jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.

Atendiendo a lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso a estudio sí existe contradicción de tesis entre el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Sexto Circuito.

Se estima de esa manera, porque ambos tribunales examinaron el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, con el objeto de determinar si el medio de oposición que contempla dicho artículo (que procede cuando el agente del Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa), exige al denunciante o querellante, como condición que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal.

• En la especie, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostiene, al interpretar el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que es necesario que el denunciante al manifestar su oposición contra el inejercicio de la acción penal, exponga los argumentos que evidencien tal apreciación, pues aun cuando el segundo párrafo de ese precepto sólo establece que en caso de que exista oposición se mandará la determinación ministerial al procurador general de Justicia, ello no significa que para esa finalidad baste la afirmación categórica del denunciante en ese sentido, porque del primer párrafo se desprende que debe manifestar lo que a su derecho corresponda ya sea por escrito o por comparecencia, lo que de suyo implica la necesidad de expresar los argumentos y razonamientos que sustentan tal oposición.

• Por su parte, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al efectuar la interpretación del mismo numeral, afirma que el medio de oposición establecido en el citado numeral procede cuando el agente del Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa, y consiste en el acto que consigna el derecho de contradicción o resistencia que en un juicio hacen las partes a las pretensiones contrarias o alguna resolución del juzgador. Sin embargo, tal oposición no exige al denunciante o querellante, como condición, que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal.

El precepto interpretado por ambos Tribunales Colegiados de Circuito establece lo siguiente:

"Artículo 30 ter. En los casos en que se acuerde el archivo de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda.

"Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la averiguación previa al ciudadano procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma."

En ese tenor, es que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que ambos tribunales analizaron la misma cuestión de derecho, pues su estudio partió de la interpretación del artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, abordando al respecto el examen de los mismos elementos en casos en los que cuando el agente del Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa, al hacer valer el medio de oposición que contempla el artículo en cita, es necesario que el denunciante o querellante combata los razonamientos o argumentos que llevaron a la autoridad ministerial a denegar la acción penal; pero las decisiones a las que llegaron fueron divergentes: por un lado, se sostuvo que es necesario que el denunciante al manifestar su oposición contra el inejercicio de la acción penal exponga los argumentos que evidencien tal apreciación; y, por otro lado, se sostuvo que tal oposición no exige al denunciante o querellante, como condición, que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal.

Así, el problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: Determinar si el medio de oposición previsto en el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla (que procede cuando el agente del Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal y el consecuente archivo de la averiguación previa), exige al denunciante o querellante como condición que combata los razonamientos o argumentos que lleven a la autoridad ministerial a denegar la acción penal.

Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia emitidas por esta Primera Sala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Para resolver la presente contradicción, y por ende determinar el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, conviene tener presente lo siguiente:

En primer lugar, conviene precisar el contenido del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes y después de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, dispone lo siguiente:

Ver artículo

Con el objeto de determi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23308-60dd9515/no-ejercicio-de-la-accion-penal-basta-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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