NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. AL COMPUTAR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD CONTRA DICHA DETERMINACIÓN MINISTERIAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO DEBEN CONSIDERARSE LOS SÁBADOS Y POR LO TANTO ES INAPLICABLE LA CIRCULAR 03/2003 DEL ENTONCES PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DE 27 DE ENERO DE 2003.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 9 DE JULIO DE 2019. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ Y JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO. DISIDENTE Y PONENTE: ARTURO MEJÍA PONCE DE LEÓN. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 13, fracción VII, y 17 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
TERCERO.—Para resolver el presente asunto, se atienden las consideraciones que sustentan las ejecutorias de los Tribunales Colegiados a que se refiere la denuncia de contradicción.
Así, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, resolvieron, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, interpuesto por la parte tercero interesada, donde en la materia de la revisión, revocaron la sentencia recurrida y negaron el amparo solicitado por la parte quejosa en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contra la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que había concedido la protección constitucional contra la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, reclamada de la directora general Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado, mediante la cual declaró improcedente el recurso de inconformidad planteado por el quejoso contra el inejercicio de la acción penal decretado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado, dentro de la averiguación previa **********, al estimarlo extemporáneo.
La parte considerativa de la ejecutoria pronunciada, es del tenor siguiente:
"SEXTO.—Estudio del asunto. Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente **********, dirigidos a controvertir la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos que se otorgó al quejoso, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,(7) toda vez que el inconforme tiene el carácter de indiciado en la indagatoria de origen.
"El Juez de Distrito estimó que es ilegal la resolución de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitida por la agente del Ministerio Público, por ausencia temporal de la directora general Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la cual declaró improcedente el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso **********, contra la determinación de no ejercicio de la acción penal y el archivo de la averiguación previa **********, por prescripción; al considerar que el recurso fue presentado fuera del término de quince días que establece el artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por los motivos siguientes:
"• La autoridad responsable, al realizar el cómputo del plazo para interponer el recurso de reclamación contra el acuerdo del no ejercicio de la acción penal y el archivo de la averiguación, desaplicó la expresión ‘quince días naturales’, que establece el artículo 30 Ter del código adjetivo penal aplicable. Determinación que ocasionó un beneficio en favor del quejoso, por lo que no podía modificarla en su perjuicio.
"• Además, la autoridad responsable contabilizó los quince días para la presentación de la inconformidad, en ‘días hábiles’, pero únicamente descontó los domingos y un día festivo, de conformidad con la circular 03/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres, por el entonces procurador general de Justicia en el Estado.
"• Bajo el esquema actual de protección de los derechos humanos a un recurso efectivo y de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, es inaceptable que un gobernado sufra las consecuencias de un acto fundado en una circular que carece de las características de una ley, por lo que consideró que la autoridad responsable debió prescindir de la circular 03/2003, que se menciona en la tesis aislada de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE CONTRA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE SU NO EJERCICIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 30 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO DEBE INCLUIR LOS INHÁBILES DE ACUERDO CON EL NUMERAL 48 DEL PROPIO CÓDIGO.’, y realizar el cómputo de los quince días para promover la inconformidad descontando los días inhábiles en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, toda vez que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y en su reglamento, no se establecen los días hábiles e inhábiles.
"Ahora, no asiste razón al recurrente, al manifestar que no procedía suplir los conceptos de violación en favor del quejoso, toda vez que, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, esta figura jurídica es procedente porque el quejoso tiene el carácter de ofendido en la averiguación previa de donde deriva el acto reclamado.
"Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 50/98, ha establecido que la suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que, por una defensa inadecuada o insuficiente, se transgredan los derechos fundamentales de una persona.
"El criterio jurisprudencial invocado se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 228, Novena Época, registro: 195585, de rubro y texto siguientes:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES. ...’
"Por otra parte, el inconforme manifiesta que, contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, los días inhábiles para la Fiscalía General del Estado de Puebla son sólo los domingos, y en el caso, el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, porque no se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.
"Es fundado el agravio anterior, pues, contrario a lo que resolvió el juzgador federal, las funciones de la autoridad responsable directora general Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se rigen por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y su reglamento, y no por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues aun cuando sus actos que realiza son de naturaleza penal, en razón de que en su actuación aplica leyes penales tanto de carácter sustantivo como adjetivo, al formar parte de la unidad que es la institución denominada Ministerio Público, es formalmente administrativa que pertenece al Poder Ejecutivo.
"Ello es así, pues las atribuciones del director consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se encuentran contenidas en el artículo 21 de la Constitución Federal, y de forma concreta se reiteran, como parte de la unidad que es el Ministerio Público, en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por ello, las resoluciones que dicta en su manejo interno no son actos judiciales, sino que en realidad son actos administrativos; de ahí que no tiene injerencia alguna el Poder Judicial del Estado.
"En esa tesitura, debe señalarse que, a diferencia de lo que considera el Juez de Distrito, en la especie, la autoridad responsable realizó una correcta interpretación del artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, ese criterio se sostuvo en la ejecutoria pronunciada en sesión de ocho de mayo de dos mil ocho, por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del juicio de amparo en revisión **********, que dio origen a la tesis que se invocó en el acto reclamado, la cual también se invoca como hecho notorio;(8) además por las razones que se expondrán a continuación:
"En principio, cabe reproducir los artículos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, siguientes:
"‘Artículo 20. Son aplicables a las actuaciones en materia de defensa social, las siguientes disposiciones:
"‘I. Podrán practicarse a toda hora, aun en días feriados, sin necesidad de previa habilitación ...’
"‘Artículo 30 Ter. En los casos en que se acuerde el archivo de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda.
"‘Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la averiguación previa al ciudadano procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma.’
"‘Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica.’
"‘Artículo 49. Los términos que señala este código para los casos que prevé el artículo anterior, se contarán de momento a momento y no podrán interrumpirse por ningún motivo.’
"En ese contexto, las reglas establecidas por los artículos 30 Ter, 48 y 49, no se refieren a las notificaciones, sino al tópico de los términos, ya que tal como se advierte de la literalidad de ambos numerales, el primero alude al plazo de quince días naturales, que se tiene para inconformarse con una determinación de no ejercicio de la acción penal; el segundo y el tercero establecen cómo deben computarse los términos.
"De una interpretación armónica, se advierte que los artículos 30 Ter, 48 y 49, ambos (sic) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, son preceptos complementarios y del mismo rango, dado que si el primero de ellos versa sobre el plazo de quince días naturales para inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, sin establecer la forma de su contabilización, luego, se debe aplicar el diverso arábigo 48, el cual sí contiene las reglas para realizar el cómputo de los términos, a los que si bien, denomina ‘judiciales’, se debe entender incluido en ellos, al que señala el artículo 30 Ter de referencia, ya que aun cuando de las reformas publicadas en el Periódico Oficial de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y subsiguientes –en las que el legislador local determinó dar cumplimiento a lo dispuesto a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, referente a la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público, de no ejercicio de la acción persecutoria–, se advierte que no se concordaron los artículos ya existentes en el código procesal penal, con la nueva disposición –30 Ter–, empero, ello sólo se trata de una omisión legislativa, porque el artículo 48 se encontraba vigente, con anterioridad a la expedición de la reforma en comento, desde el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis.
"Por tanto, en la especie, para contabilizar el plazo de quince días de referencia, deben aplicarse las reglas del referido numeral 48, en cuanto éste prevé que los términos son improrrogables y que corren a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, sin incluir los días inhábiles, salvo los casos señalados en el propio precepto (como son, en la averiguación previa, cuando se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, y en el proceso, cuando sea cuestión de tomar declaración preparatoria, o de resolver sobre la situación jurídica del indiciado), de manera que es dable inferir que el día natural se identifica con el día hábil que comprende de las cero a las veinticuatro horas.
"Sirve de apoyo la tesis número VI.2o.P.114 P, sustentada por este órgano colegiado, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1051, registro: 169157, Novena Época, que establece:
"‘ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE CONTRA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE SU NO EJERCICIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 30 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO DEBE INCLUIR LOS INHÁBILES DE ACUERDO CON EL NUMERAL 48 DEL PROPIO CÓDIGO. De una interpretación armónica de los artículos 30 Ter y 48, ambos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla se advierte que son preceptos complementarios y del mismo rango, dado que el primero de ellos establece el plazo de quince días naturales para inconformarse contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, sin establecer la forma de su cómputo, para lo cual debe aplicarse el segundo de tales preceptos que determina las reglas para realizar el cómputo de los términos, a los que si bien denomina «judiciales», en ellos debe entenderse incluido el del artículo 30 Ter, ya que aun cuando de las reformas publicadas en el Periódico Oficial de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y subsiguientes –en las que el legislador local determinó dar cumplimiento al cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, referente a la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción persecutoria– no se advierte concordancia de los artículos ya existentes en el código procesal penal con la nueva disposición –30 Ter–, empero, ello sólo constituye una omisión legislativa, porque el citado artículo 48 se encontraba vigente con anterioridad a la expedición de la reforma en comento –veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis–. En consecuencia, para contabilizar el plazo de quince días a que hace referencia el artículo 30 Ter, deben aplicarse las reglas del citado artículo 48, en cuanto prevé que los términos son improrrogables y que corren a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, sin incluir los días inhábiles, salvo los casos señalados en el propio precepto; y si de acuerdo con la circular 03/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres, por el procurador general de Justicia en el Estado, los domingos resultan días inhábiles para los agentes del Ministerio Público de las Mesas de Trámite, es claro que éstos deben ser descontados para efectuar el cómputo, sin que sea óbice que el artículo 30 Ter señale «días naturales», ya que, por lo expuesto, es dable inferir que éstos se identifican con los días hábiles, en tanto comprenden de las cero a las veinticuatro horas.’
"Por tanto, si el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla señala que no se incluirán los días inhábiles, salvo los casos señalados en el propio precepto; pero no precisa si el sábado es día de descanso obligatorio para los agentes del Ministerio Público del fuero común; tampoco la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla establecen días inhábiles; por lo que si de acuerdo con la circular 03/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres por el entonces procurador general de Justicia del Estado, los domingos resultan inhábiles para los agentes del Ministerio Público del fuero común, es claro que deben ser descontados para efectuar el cómputo.
"Pues aun cuando la circular referida carece de publicidad, en términos del artículo 9, fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla,(9) el procurador general de Justicia tiene facultades para expedir acuerdos, circulares, manuales de organización y otras disposiciones administrativas necesarias para la eficaz actuación del Ministerio Público y del personal de la dependencia.
"En ese sentido, la autoridad señalada como responsable estuvo en lo correcto al haber declarado extemporáneo el recurso de inconformidad interpuesto contra la determinación del inejercicio de la acción penal y el archivo de la averiguación previa **********, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete,(10) emitida por la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, por ausencia temporal de la directora general, toda vez que si el treinta de enero de dos mil diecisiete,(11) se determinó el no ejercicio de la acción penal que le fuera notificada el nueve de marzo del mismo año,(12) entonces, el término de quince transcurrió del diez al veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, descontando de ese cómputo como días inhábiles el doce, diecinueve y veintiséis de marzo, por haber sido domingos, y el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, porque fue día festivo; de lo que se sigue que si el recurso se presentó hasta el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, es indudable que su presentación fue extemporánea.
"En las relatadas condiciones, en la materia de la revisión se revoca la sentencia recurrida y se niega el amparo solicitado."
En tanto, los Magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en sesión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, resolvieron el amparo en revisión **********, en que –por unanimidad de votos– revocaron la sentencia recurrida y otorgaron para efectos la protección constitucional solicitada por la parte quejosa en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, contra la resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, donde el director general Jurídico Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal por atipicidad en la averiguación previa **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Tres de la Unidad de Investigación y Especialización en el Sistema Tradicional.
Se alcanzó tal conclusión al considerar:
"QUINTO.—Los agravios de los recurrentes son fundados, aunque para considerarlos así, este Tribunal Colegiado de Circuito tenga que suplir su deficiencia, al tratarse de las víctimas del delito; lo anterior, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.
"Primeramente, se precisa que el acto reclamado por los quejosos al director general Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consiste en la determinación de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que resolvió la inconformidad planteada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal por atipicidad, emitida por el agente del Ministerio Público encargado de la averiguación previa respectiva, en la que resolvió en el sentido de considerarla improcedente toda vez que fue presentada de manera extemporánea.
"Lo anterior, contrariamente a lo considerado por el Juez de Amparo, resulta violatorio de los derechos humanos de los quejosos, por los motivos que a continuación se exponen:
"El artículo 30 Ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, relativo al procedimiento para inconformarse respecto a la determinación del no ejercicio de la acción penal, es del siguiente tenor:
"‘Artículo 30 Ter. En los casos en que se acuerde el archivo de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público, deberá informar el contenido de la determinación adoptada al denunciante o querellante a través de cédula de notificación personal, otorgándole al denunciante quince días naturales para que exprese por escrito o por comparecencia, lo que a su derecho convenga, luego de lo cual se acordará lo que proceda.—Sólo en casos de que exista oposición a la determinación del no ejercicio de la acción penal, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la averiguación previa al ciudadano procurador, a efecto de que se realice el estudio y análisis de la misma y se determine la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma.’
"De lo anterior se advierte que el recurso de inconformidad procede únicamente cuando el agente del Ministerio Público haya determinado el archivo de la averiguación previa por determinación de no ejercicio de la acción penal, que dicho medio de impugnación se interpondrá por escrito o por comparecencia ante el agente del Ministerio Público que la emitió dentro de los quince días naturales, hecho lo anterior y sólo para el caso en que exista oposición, el agente del Ministerio Público deberá enviar el original de la investigación al ‘procurador general de Justicia del Estado’; quien a su vez la remitirá a la instancia competente, en términos de la ley orgánica de dicha institución y su reglamento, a efecto de que mediante el estudio y análisis que de la misma se haga, resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la determinación, confirmándola o en su caso señalando las diligencias necesarias para la integración de la misma.
"Por otra parte, el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica.’
"De lo antes transcrito, se advierten las reglas para realizar el cómputo de los términos a que se refiere el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, esto es, que los términos son improrrogables y que corren a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, sin incluir los días inhábiles, salvo los casos señalados en el propio artículo 48 del referido código (poner al acusado a disposición de los tribunales, tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica).
"De lo relatado se advierte que los artículos 30 Ter y 48, ambos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, son preceptos complementarios y del mismo rango, dado que el primero de ellos establece el plazo de quince días naturales para inconformarse contra la determinación de no ejercicio de la acción penal, sin establecer la forma de su cómputo, para lo cual debe aplicarse el segundo de tales preceptos que determina las reglas para realizar el cómputo de los términos, a los que si bien denomina ‘judiciales’, en ellos debe entenderse incluido el del artículo 30 Ter, ya que aun cuando de las reformas publicadas en el Periódico Oficial de dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y subsiguientes, en las que el legislador local determinó dar cumplimiento al cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, referente a la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción persecutoria, no se advierte concordancia de los artículos ya existentes en el código procesal penal con la nueva disposición, 30 Ter; empero, ello sólo constituye una omisión legislativa, porque el citado artículo 48 se encontraba vigente con anterioridad a la expedición de la reforma en comento (veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis). En consecuencia, para contabilizar el plazo de quince días a que hace referencia el artículo 30 ter, deben aplicarse las reglas del citado artículo 48, en cuanto prevé que los términos son improrrogables y que corren a partir del día siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, sin incluir los días inhábiles.
"En el caso, la autoridad ordenadora, al emitir el acto reclamado, consideró que la inconformidad planteada por los quejosos fue presentada de manera extemporánea, y para efectuar el cómputo, descontó los días inhábiles, considerando como tales, los domingos y los días festivos; en términos de la circular 3/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres, por el entonces procurador general de Justicia del Estado de Puebla, y de la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro: ‘ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE CONTRA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE SU NO EJERCICIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 30 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO DEBE INCLUIR LOS INHÁBILES DE ACUERDO CON EL NUMERAL 48 DEL PROPIO CÓDIGO.’; lo cual fue avalado por el Juez de Amparo; al establecerse lo siguiente: si la determinación de no ejercicio de la acción penal se notificó a los agraviados el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, ésta surtió efectos el mismo día; por lo cual, el plazo de los quince días empezó a contar el día diecinueve siguiente, feneciendo el seis de noviembre del mismo año; debiendo descontarse los días veintidós y veintinueve de octubre, así como cinco y dos de noviembre, al ser domingos los primeros y festivo el último; por lo que, si la inconformidad se presentó el ocho de noviembre de dos mil ocho; ésta fue extemporánea.
"De lo relatado se advierte que la autoridad responsable, al realizar el cómputo respectivo, aunque no incluyó los días domingos y un día festivo, sí incluyó los días sábado, en términos de la circular 3/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres, por el entonces procurador general de Justicia del Estado de Puebla; lo cual es violatorio de los derechos humanos de los quejosos, de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como enseguida se explica:
"En efecto, lo anterior es así, partiendo del contenido de la circular 03/2003, emitida por el entonces procurador general de Justicia del Estado de Puebla, que es el siguiente:
"‘Circular 03/2003, suscrita el veintisiete de enero de dos mil tres, por el procurador general de Justicia en el Estado.—Primero. El horario de entrada para todo el personal que conforman las Agencias del Ministerio Público de turno y de trámite debe ser estrictamente puntal; en los turnos de veinticuatro horas de trabajo por cuarenta y ocho horas del día siguiente; pero si por causas originadas por la integración de alguna averiguación previa es necesario permanecer más tiempo, es obligación de todo el personal, laborar en la agencia hasta que se concluyan las diligencias pendientes y sea entregado el turno al titular entrante, quien a su vez deberá permanecer junto con todo su personal dentro de la agencia, atendiendo sus actividades normales; el horario para las mesas de trámite turno matutino, será de ocho a quince horas y para las mesas de trámite turno vespertino, el horario será de las quince a las veintidós horas, ambos turnos de lunes a sábado.’
"De lo transcrito se advierte que se trata de una circular de administración interna, la cual es emitida con la finalidad de regular el horario de labores de todo el personal que conforman las agencias del Ministerio Público de turno y de trámite, en aquella época; sin embargo dicha regulación interna no puede limitar un derecho que no está limitado en la legislación procesal aplicable.
"Aunado a lo anterior, no existe certeza de que la circular 03/2003 haya sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, para que pudiera ser del conocimiento de la ciudadanía en general, y así no dejar en estado de indefensión a la parte agraviada ahora quejosos recurrentes, ya que como se mencionó se trata de una circular de administración interna.
"Ahora bien, como quedó establecido en líneas preced
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29047-b8bc5d50/no-ejercicio-de-la-accion-penal-al-computar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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