TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2014. 12 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LORENZO PALMA HIDALGO. PONENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA YOLANDA ASCENCIO LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Determinación que adopta este tribunal.
Los motivos de disenso expresados por el quejoso revisionista, son sustancialmente fundados en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado.
Para una mejor comprensión de lo que se afirma, se considera oportuno narrar brevemente los antecedentes del asunto.
• El veintiséis de enero de dos mil once, el entonces Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, tuvo por recibido el oficio mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en el Distrito Federal, remitió original y duplicado de la averiguación previa número **********, en la que ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso ********** y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud; contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud con agravante; portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo; por lo que ordenó su registro con el número de expediente **********; el veintisiete de enero de dos mil once, emitió orden de aprehensión en contra del quejoso ********** y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y otros ilícitos; el cinco de febrero del año citado, el Juez de la causa, tuvo por recibido el oficio en el cual se puso a disposición del juzgado en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" en el Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, al quejoso ********** y coacusados; ello, en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra, el veintisiete de enero del año citado, por lo que de conformidad con el artículo 470 del Código Federal de Procedimientos Penales, se reanudó el procedimiento en la causa penal ********** por lo que ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio del juzgado recabara las declaraciones preparatorias de los detenidos entre otras cosas; posteriormente, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, a quien correspondió diligenciar el exhorto aludido, el catorce de febrero de dos mil once, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso ********** y coacusados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fojas 4 a 428, tomo VI y 165 a 179, tomo VII, del cuaderno de pruebas).
• Dicha resolución de catorce de febrero de dos mil once, fue revocada por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, a fin de que se recabaran las correspondientes declaraciones preparatorias de los inculpados y hacerles saber, entre otras cosas, el nombre de las personas que declaran en su contra, como el nombre del testigo protegido, entre otras cosas, por ende, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, en cumplimiento a dicha resolución, emitió auto de plazo constitucional el treinta de junio de dos mil once, en contra de ********** y coacusados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fojas 649 a 719 del tomo VII de pruebas).
Del incidente no especificado respecto del traslado del procesado **********:
1) En resolución de dos de enero de dos mil doce, emitida por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, en el incidente relativo a la solicitud de traslado del procesado ********** y coacusado, del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", promovido por su asesor jurídico en la causa penal **********, que se les instruye por los delitos de: delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de cometer delitos contra la salud) y sancionado por el numeral 4, fracción I, incisos a) y b), respectivamente, y el primero con la agravante que establece el precepto 5, fracción II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal y portación de arma de fuego de uso exclusivo para las fuerzas armadas del país, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el arábigo 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; declaró improcedente el traslado solicitado por los incidentistas, al considerarse que la solicitud debía ser resuelta única y exclusivamente por el comisionado del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social; dado que es el único facultado para autorizar la transferencia de un interno de un centro federal a otro, ya que de ordenar el traslado del incidentista y coacusado como se pretende, dicha juzgadora estaría invadiendo las atribuciones exclusivas del comisionado y sobre todo, al desconocer el número, perfil criminológico y expediente jurídico de los internos que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente" y en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", podría incidirse en la desestabilización del centro de reclusión al que pide su cambio, provocar hacinamiento o peor aún poner en peligro la integridad personal de los propios encausados; en consecuencia, no es competencia de dicho juzgado federal autorizar dicho traslado; también se estableció que no era obstáculo para determinar dicha improcedencia, los acuerdos en que se admitió a trámite el incidente, pues éstos se realizaron con base en un examen preliminar de lo planteado, siendo que el estudio definitivo corresponde a la interlocutoria que resuelve el incidente, por ello, dicho auto admisorio no tiene el alcance jurídico de hacer procedente lo que es contrario a la ley o jurisprudencia (fojas 36 a 41, tomo II, del cuaderno de pruebas).
2) Inconformes los incidentistas ********** y coacusado, en contra de la resolución en la que se les negó el traslado, interpusieron recurso de apelación, que se admitió y tocó conocer al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el que en resolución de treinta de abril de dos mil doce, confirmó la resolución interlocutoria materia del recurso.
3) Inconformes los inculpados con la resolución anterior, promovieron demanda de amparo indirecto que conoció el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con el número de expediente ********** y se dictó sentencia en la que se negó el amparo; en contra de ese fallo, los impetrantes interpusieron recurso de revisión **********, del índice de este Tribunal Colegiado, el que en sesión de veinticuatro de enero de dos mil trece, revocó la sentencia de amparo indirecto ********** y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que el competente para resolver con plenitud, sobre la materia del incidente no especificado que promovió **********, en el que solicitaron el traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", asentado en Villa Aldama, Veracruz, al Centro de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, es el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta entidad (fojas 83 a 93 del tomo XII del cuaderno de pruebas).
4) El tres de abril de dos mil trece, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, resolvió el incidente no especificado respecto al traslado mencionado, en la causa penal **********, declarándolo infundado (fojas 108 a 114 del tomo XII del cuaderno de pruebas).
5) Inconformes el inculpado ********** y coacusado con dicho fallo, interpusieron recurso de apelación que tocó conocer al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, mismo que en resolución de trece de noviembre de dos mil trece, confirmó la resolución de tres de abril del mismo año, en la que se declaró infundado el incidente no especificado de traslado (fojas 188 a 200 del tomo XIII del cuaderno de pruebas).
6) En contra de la resolución anterior, el inconforme **********, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de trece de noviembre del año citado, el cual tocó conocer al Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el que en sentencia de amparo indirecto 64/2013, de treinta y uno de enero del año en curso, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 72 a 98 del proceso).
7) Inconforme el quejoso con el fallo constitucional, promovió el recurso de revisión que se estudia.
Argumentos de la sentencia de amparo que negó el amparo y protección de la Justicia Federal:
1. Conforme al artículo 18 constitucional, al quejoso y otro, se les confió en un centro especial, administrado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, con base en los lineamientos fijados en la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y el manual de seguridad de tales centros, cuyos preceptos fueron transcritos en la resolución que confirmó la negativa de la orden de traslado.
2. Pues el mantener al quejoso y otro, en el Centro de Reclusión Preventiva Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, se protege el bien jurídico fundamental atinente a la seguridad de la sociedad, puesto que presuntivamente interviene en la comisión de delitos de delincuencia organizada que atenta contra el orden social, poniendo en grave riesgo la estabilidad de las instituciones dado el impacto negativo que causan.
Ahora bien, la resolución que negó la orden de traslado de tres de abril de dos mil trece del incidente no especificado respecto al traslado del procesado **********, del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente" en la causa penal **********, fue confirmada por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, al conocer del recurso de apelación **********, en sentencia de trece de noviembre de dos mil trece, con los siguientes argumentos:
• Que el proceso que se le instruye al recurrente, en la causa penal **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, es por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
• Por lo que el delito de delincuencia organizada justifica su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Villa Aldama, Veracruz.
• Conforme al Acuerdo 21/2008, que dotó de competencia legal a algunos Juzgados de Distrito que se precisan en dicho acuerdo para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; sin embargo, no establece que los procesados por delincuencia organizada, su prisión preventiva deba ejecutarse en lugar distinto y distante al en que se sigue el proceso; pero tampoco prohibió que los procesados por delincuencia organizada, su prisión preventiva deba ejecutarse en lugar distinto y distante al en que se sigue el proceso.
• Por ende, por el hecho de que el Juez que instruye el proceso, tiene su residencia en Puente Grande, Jalisco, es a donde debe ser trasladado específicamente al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", dado que ha sido confinado a un centro especial, conforme con las Reglas que establecen las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y manual de seguridad de tales centros.
• Al mantenerse al procesado recluido en el Centro Federal, con sede en Villa Aldama, Veracruz, protege el bien jurídico fundamental de seguridad de la sociedad, pues quien presuntivamente interviene en la comisión del delito de delincuencia organizada, atenta en grado sumo contra el orden social, poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones, dado el impacto negativo que causan.
• Que las deficiencias que argumenta la defensa del procesado en el sentido de que carece de condiciones de higiene para la salud por la sobrepoblación existente, deben reclamarse ante la autoridad administrativa correspondiente, pues no es el juzgador, quien en caso de existir esos inconvenientes, deba subsanarlos.
• No obsta a lo anterior, que no obren en autos informes sobre el particular.
• En el delito de delincuencia organizada, sólo será dable al juzgador, en esos casos, ordenar cambios o traslados entre los centros de máxima seguridad, cuando exista una causa que legal y materialmente lo amerite, lo que no ocurrió en la especie.
• Sin que obste que el traslado pudiera facilitar el desahogo de pruebas y diligencias en el proceso, pues ello tampoco es una razón suficiente para acceder a la transferencia que se solicita, ya que se cuenta con los medios de comunicación procesal establecidos en la legislación adjetiva aplicable y con la tecnología acorde, con lo que sin contratiempos, se supera la distancia, lográndose el pleno ejercicio del derecho fundamental de defensa, al quedar ampliamente salvaguardado, cumpliendo así con el principio procesal de inmediación.
• No existe violación a los derechos humanos del procesado, tutelados por la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Y el que no esté demostrada la existencia de una organización delictiva a la que estuviera adherido el inculpado, es cuestión de fondo que no forma parte de la litis.
• Y la constancia de perfil criminológico de alta peligrosidad, no es indispensable para resolver en torno al traslado, porque tratándose del delito de delincuencia organizada, basta que el sujeto activo sea probable responsable en su comisión, como acontece.
• El procesado se encuentra a disposición de un Juez Federal en Jalisco, para los efectos del proceso, por lo que no es válido disponer el traslado de una cárcel a otra, para que el inculpado esté presente en todas las diligencias relativas a su proceso, ya que como se dijo, se cuenta con medios legales (y tecnológicos) que superan esos inconvenientes sin dejarlo en estado de indefensión.
• Tampoco se atenta contra el principio pro persona, por el hecho de que no se resolviera favorablemente su solicitud.
En suma, es ostensible que resulta incorrecta la motivación expresada por la autoridad responsable y avalada por el tribunal de amparo, de modo que en lugar de negar el amparo a **********, debe otorgársele el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, emita una resolución que cumpla con los principios de la debida y adecuada fundamentación y motivación.
En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece cuáles son los requisitos de forma, para la emisión de ese tipo de actos que deben observarse por las autoridades responsables, en especial, la obligación atinente a fundar y motivar todo acto de autoridad que afecte la esfera de derechos de los gobernados; so pena de decretar su ilegalidad del acto reclamado si se incurre en una omisión de ese tipo.
Por lo que el tribunal de amparo, parte de una premisa equivocada al manifestar que el acto reclamado cumplió con dichos requisitos.
A tal conclusión se arriba, al advertir que la negativa del traslado podría lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal y que conforme al artículo 18 de la propia Constitución, el centro donde solicita su traslado tiene las características especiales para los procesados de delitos de delincuencia organizada.
Toda vez que los fundamentos que utiliza la responsable para sustentar su fallo, como son el Acuerdo General 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, trata de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de distintos delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; como la propia responsable lo aduce, el objeto de dicho acuerdo, es precisar los alcances del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, fijando la competencia de los Jueces de Distrito, cuando se actualice una hipótesis excepcional a la competencia territorial prevista por dicho precepto; sin embargo, ello no implica que deba negarse el traslado del inculpado, a un diverso centro de reclusión en el que se encuentra internado, puesto que ello no dirime lo alegado por el quejoso en cuanto a que refiere que sufre de deficiencias de higiene y salud y que requiere estar presente en todas las diligencias y estar en contacto directo con su defensor de oficio nombrado en el juzgado donde se lleva su proceso.
En otro aspecto, el argumento de la responsable relativo a que al tratarse de un delito de delincuencia organizada, debe mantenerse al hoy quejoso en un centro de reclusión preventivo especial para proteger la seguridad de la sociedad, no es razón para hacer nugatoria su petición, dado que pretende su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, que también es un centro especial considerado de máxima seguridad, por lo que se garantiza lo dispuesto por el artículo 18 constitucional de que se trate de un centro con medidas especiales.
Independientemente de lo anterior, el tribunal responsable también considera que, de hacerse el aludido traslado, podría provocar hacinamiento y poner en riesgo la propia integridad física del solicitante del traslado, dado que refiere que no existen informes sobre el particular que sustenten su afirmación; que al tratarse del delito de delincuencia organizada, sólo le será dable al juzgador ordenar su traslado en el centro de máxima seguridad, cuando exista una causa que legal y materialmente lo amerite, lo que aduce no ocurre.
Igualmente señala la ordenadora que con los medios de comunicación procesal establecidos en la legislación adjetiva aplicable y con la tecnología acorde, quedó salvaguardado su derecho fundamental de defensa, cumpliendo con el principio procesal de inmediación.
Empero, dichos razonamientos lógicos jurídicos para negar el traslado del quejoso no cumplen con los requisitos formales de todo acto de autoridad que exige el artículo 16 constitucional, relativos a la adecuada y legal fundamentación y motivación, por lo que se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso a una adecuada defensa.
Pues lo cierto es que el artículo 18 constitucional expresamente dispone que para la prisión preventiva se destinarán centros especiales. Por tanto, el Centro Federal número Dos "Puente Grande", ubicado en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, Jalisco, cumple como hecho notorio, con esa característica, al tratarse de un centro de máxima seguridad.
Además, como lo dispone la norma constitucional citada, en tratándose de delincuencia organizada, no se restringe el derecho del inculpado para tener acceso a su defensor, entonces, tanto el principio procesal de la inmediación como el de la adecuada defensa, se salvaguardan en la medida en que el imputado tiene contacto directo e inmediato con el Juez de su causa y con su defensor.
Y, no habiendo alguna otra disposición constitucional o legal que justifique que el inculpado se encuentre recluido en un centro de readaptación social federal, distinto al en que se ubica otro (Cefereso Dos), en el que se sigue el proceso que se instruye; el tribunal responsable deberá proveer sobre la procedencia del traslado solicitado, debidamente fundado y motivado, excluyendo argumentación ajena a la que legalmente es aplicable (verbigracia Acuerdos del Consejo sobre instrumentación competencial o medidas administrativas para diligencias judiciales vía videoconferencias o cuestiones de hecho no probadas, relativas a hacinamiento o sobrepoblación).
Así, en ese mismo tenor se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, interpretó el aspecto relativo a la fundamentación y motivación y plasmó su criterio, en la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Conclusión:
En atención a que los agravios resultan fundados, debe revocarse la sentencia de amparo recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos:
1. Que el Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada;
2. En su lugar pronuncie otra; y,
3. En la que de acuerdo con los lineamientos puntualizados en esta ejecutoria, aparte de resolver el recurso de apelación hecho valer por el ahora recurrente, realice un estudio legalmente fundado y motivado, en relación con la materia de apelación.
Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1o., fracción I, 79, fracción III, inciso b), 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 92, 93, fracciones V y VI, y 94 de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege para los efectos que se precisan en esta ejecutoria a **********, contra el acto reclamado al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, consistente en la resolución que emitió el trece de noviembre de dos mil trece, en el toca penal **********.
Notifíquese; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a su lugar de procedencia; y, en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Óscar Vázquez Marín, quien funge como presidente y José Luis González, encargado del engrose, siendo disidente de la mayoría el Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, quien formula voto particular.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25337-0788d796/traslado-de-un-procesado-por-delincuencia-organizada-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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