SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. REQUIERE PETICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
AMPARO EN REVISIÓN 7/2012. 31 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. PONENTE: MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTRADA SEDANO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIO: OMAR HUMBERTO ROMERO ROMERO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Precisión y existencia de los actos reclamados.
Así también como cuestión previa, debe decirse que tal como indicó el a quo, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado por el ahora recurrente, se hizo consistir en la resolución emitida el día ocho de julio de dos mil once, en los autos de la causa ********** y sus acumulados, en la que el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, estimó improcedente el incidente de sobreseimiento (de la causa) planteado por **********, en términos del artículo 298, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el diverso numeral 93, párrafo segundo, del Código Penal Federal, en que el ahora recurrente, argumentó que la autoridad hacendaria le había otorgado su perdón en forma tácita.
Al caso, resulta aplicable la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que señala:
"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Además, la existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada, en tanto que así lo reconoció expresamente dicha autoridad, al rendir su respectivo informe con justificación (foja 37 del cuaderno de amparo).
Lo que se corroboró con el duplicado de la causa ********** y sus acumulados, del índice del juzgado en comento, en que aparece la determinación de ocho de julio de dos mil once, de que se habla.
Documentos públicos que merecen pleno valor probatorio, de acuerdo a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Al caso, resulta aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, página 775, que dice:
"INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado."
SEXTO. Causales de improcedencia.
Asimismo, resulta oportuno reiterar que luego de examinar las constancias que integran el juicio de amparo que se revisa, de conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encontró alguna causal de improcedencia que genere el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del diverso numeral 74 del cuerpo de leyes en cita.
Al caso, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 76/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 262, que dice:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento."
SÉPTIMO. Determinación que adopta este tribunal.
Los agravios transcritos resultan por una parte infundados y en otra fundados pero inoperantes, como enseguida se verá.
En efecto, los agravios en los que en síntesis se argumenta que contrario a lo considerado por el a quo en la sentencia recurrida, al no contemplar el Código Fiscal de la Federación, la figura del perdón tácito, tratándose de delitos fiscales, ésta debía ser analizada conforme al Código Penal Federal como norma supletoria.
Legislación (Código Penal Federal), que según se aduce sí resulta aplicable en esa forma a los procesos seguidos por delitos fiscales, dado que precisamente la carencia regulatoria de tal figura por el Código Fiscal de la Federación, obliga a aplicar supletoriamente las reglas que se prevén en la legislación penal.
Que la ley penal no está constituida exclusivamente por el código de la materia, sino por el conjunto de ordenamientos en los que se contienen delitos y se establecen penas, las cuales integran en su totalidad la ley penal, por lo que las que no se encuentran en dicho código, se prevén en leyes especiales tal como lo reconoce el artículo 6o., del propio Código Penal Federal.
Disposición en la que en la última parte de su párrafo primero, se establece la supletoriedad de las normas para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras; que cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones.
Que conforme al párrafo segundo del artículo 6o. del Código Penal Federal, se deduce el principio de especialidad de las normas, el cual señala que cuando una misma materia se encuentre regulada por dos leyes o disposiciones legales, será aplicable la legislación especial, y en el caso, tratándose de las reglas para los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la legislación fiscal será de aplicación preferente.
Así, de acuerdo a la última parte del artículo 92, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, se establece que la figura del sobreseimiento será procedente a petición de dicha secretaría, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados o porque se hayan garantizado los mismos a satisfacción de esa dependencia, lo que constituye un perdón expreso por parte del querellante.
No obstante el artículo 93 del Código Penal Federal contiene la figura del perdón, por la cual se extingue la acción penal, mismo que puede ser expreso atento a su primer párrafo o tácito cuando se infiera de los actos realizados por la parte ofendida, según el segundo párrafo de dicho numeral.
Perdón del ofendido o legitimado que es admisible en delitos de querella, perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella; en cuyos casos es suficiente la manifestación de la persona autorizada o legitimada de que el interés está satisfecho, para que proceda el perdón en forma tácita.
Lo cual se refuerza según se afirma, con la exposición de motivos de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, del artículo 93 del Código Penal Federal, en la que se propuso ampliar el perdón señalado en el primer párrafo de dicho numeral, a los ilícitos perseguidos por querella, por declaratoria de perjuicio o por acto equivalente a la querella, de donde se colige que el propósito del legislador fue ampliar esa causa de extinción de la acción penal no sólo a los tipos penales previstos en la ley general, sino también a los contemplados en leyes especiales como el Código Fiscal de la Federación, que precisamente prevén como requisitos de procedibilidad, además de la querella, la declaratoria de perjuicio, para lo cual bastará la manifestación de quien esté legitimado en el sentido de que el interés afectado fue satisfecho.
Por lo que si como en el caso, la formulación de la querella derivó de la omisión del pago de un impuesto, que causó un perjuicio al Fisco Federal, y el mismo ya fue cubierto a satisfacción de dicha autoridad hacendaria, dice: "ya no tiene razón de ser el mismo proceso que se le instaura; de ahí que en la especie ante la falta de perdón expreso, el legislador previó la figura equivalente a éste, consistente en el perdón tácito a que se refiere la reforma al artículo 93 del Código Penal Federal."
Aunado a que según indica, el beneficio del perdón tácito, emana de que no se deje a la voluntad unilateral de la parte afectada el otorgar el perdón, ya que puede suceder que por alguna razón no lo haga en forma expresa, provocando así la continuación innecesaria de un proceso penal, pese a haber desaparecido el interés que lo originó.
Por lo que esperar una actitud de perdón expreso por parte de la autoridad hacendaria en favor del procesado, provocaría a éste perjuicios considerables y quizá irreparables, "además del costo económico y social que le significaría al Estado y a la sociedad el perseguir innecesariamente un proceso penal."
De ahí que al no estar contemplado el perdón tácito en el Código Fiscal de la Federación, mismo que también resulta procedente en delitos fiscales perseguibles por querella o un acto equiparado a ésta, atendiendo al principio de supletoriedad de las normas, es aplicable entonces el código sustantivo penal, ya que éste complementa a la ley especial, ante la ausencia total o parcial de alguna disposición, en el caso la figura del perdón tácito.
A más de que según se dice el perdón tácito, constituye una figura benéfica para el procesado, toda vez que de resultar procedente el sobreseimiento, tal resolución tendría efectos de una sentencia absolutoria, por lo que de acuerdo con el principio in dubio pro reo, consistente en estar a lo más favorable al reo, el cual resulta de observancia por estar implícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atento al principio de completitud conforme al cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, es que resulta procedente aplicar supletoriamente el Código Penal Federal, respecto a la figura del perdón tácito, toda vez que de constancias se desprende que el contribuyente pagó a satisfacción de la autoridad hacendaria los montos que reclamó como pagos adeudados.
Lo que en forma similar ocurre con el resto de las causales de sobreseimiento o extinción de la responsabilidad penal que, sin ser reguladas por el Código Fiscal de la Federación, resultan igualmente aplicables a los procesos seguidos por delitos fiscales, como es la contenida en la fracción I del artículo 298 del Código Penal Federal (en el caso se pretende la actualización de la causal contenida en la fracción III, de dicho numeral), que dispone el sobreseimiento cuando el procurador general de la República confirme o formule conclusiones no acusatorias y la cual si bien no está regulada por el Código Fiscal de la Federación, de ninguna manera implica su inaplicabilidad a los procesos seguidos por delitos fiscales, en atención al principio de supletoriedad de la norma general.
Son infundados; ya que adverso a lo que se arguye, la a quo estuvo en lo correcto al considerar que la resolución reclamada, en la que se declaró infundado el incidente de sobreseimiento de la causa, que se planteó ante la responsable (Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco), con fundamento en la fracción III del artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el diverso segundo párrafo del artículo 93 del Código Penal Federal, dado que se estimó que en tratándose del delito de defraudación fiscal (por el que se sigue dicho proceso en su contra) no resultaba aplicable el perdón tácito que según dice se contiene en tal precepto, cuando existe una manifestación de la ofendida de que el interés afectado ha sido satisfecho; no resultaba violatoria de las garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Se afirma lo anterior, ya que como con acierto ponderó la a quo, de la reclamada se aprecia que al ahora recurrente **********, se le instruye la causa ********** y sus acumulados, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el delito de defraudación fiscal, previsto y sancionado por el artículo 108, fracciones I y II, en relación con el 95, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
Luego, el artículo 298, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, en que se fundamentó la promoción del incidente de sobreseimiento de la causa, que diera lugar a la reclamada, señala:
"Artículo 298. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...
"III. Cuando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida."
En tanto que el artículo 93 del Código Penal Federal, que según se dice, en su párrafo segundo, prevé la figura del perdón en forma tácita (como causa de extinción de la responsabilidad penal) y la cual se alega su aplicación de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación, literalmente establece:
"Artículo 93. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse. Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella, siendo suficiente para la extinción de la acción penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho."
Sin embargo, aun cuando el dispositivo de que se trata en su párrafo segundo, pudiera contener el perdón en forma tácita a que se hace cita, éste tal como acertadamente lo sostuvo la responsable y avaló el a quo, no resulta aplicable de la manera que se pretende, es decir, supletoriamente al Código Fiscal de la Federación.
Ya que en dicha materia (fiscal), y en tratándose de tales ilícitos (entre otros el previsto en el artículo 108 de esa legislación), adverso a lo que se discute, para considerar que se otorgó el mismo (perdón del ofendido), es necesario que ello se exteriorice expresamente por la ofendida, en términos del artículo 92, fracción III, párrafo segundo, de la ley especial, Código Fiscal de la Federación, y no así en forma tácita como lo pudiera prever la norma general, Código Penal Federal, precepto que en lo conducente señala:
"Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115. III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido. En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal. Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera."
Cierto, del análisis de dicho precepto claramente se evidencia que tratándose de procesos seguidos por delitos fiscales, únicamente podrá decretarse su sobreseimiento a petición expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se equipara a la figura del perdón del ofendido en esa forma (expresa), siempre y cuando los encausados hayan pagado las contribuciones y los recargos respectivos, o cuando los créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia secretaría.
Asimismo, destaca que tal petición de sobreseimiento será hecha incluso, por dicha secretaría, solamente cuando así lo estime pertinente, pues la misma (petición), se traduce en una facultad discrecional de ésta, al margen de que se hayan cubierto tales adeudos.
Al caso, resulta aplicable por las razones que le informan, tocante a que la petición de sobreseimiento de que se habla, y que cuando así lo estime pertinente en uso de su facultad discrecional de que goza, podrá hacer la autoridad hacendaria, constituye el perdón del ofendido en forma expresa, la tesis aislada 1a. LVII/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 312, que señala:
"PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. AL FORMULARLA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCE UN DERECHO Y NO UNA FACULTAD, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE FUNDE Y MOTIVE ESA DECISIÓN. En términos del artículo 92, fracción III, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por los delitos fiscales es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella y, en su caso, los procesos se sobreseerán previa petición que discrecionalmente realice. Dicha petición de sobreseimiento constituye un perdón del ofendido, motivo por el cual se formula sin atribuciones de imperio, ni de autoridad, sino como representante de los intereses patrimoniales del Estado (ofendido por el delito), lo que procesalmente implica que, al hacerla, está ejerciendo un derecho y no una facultad que deba fundar y motivar."
De ahí, que resulte infundado su argumento en el sentido de que debe operar el perdón tácito en delitos fiscales como el que en la especie se analiza, y que según dice se encuentra previsto en el artículo 93 del Código Penal Federal; ya que como estimó la responsable y confirmó el a quo, atento al principio de especialidad, conforme al cual precisamente la norma especial suple a la general, y que incluso se encuentra previsto en el párrafo segundo del propio código penal en comento y que en lo conducente señala:
"Artículo 6o. ... Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general."
Es que debe aplicarse las reglas que para ello prevé el Código Fiscal de la Federación, por ser la norma especial en tratándose de ese tipo de ilícitos, y que como ya se vio, establece el sobreseimiento de la causa única y exclusivamente a petición expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ello, siempre y cuando se hayan garantizado los créditos fiscales a satisfacción de la propia secretaría, y ésta así lo estime pertinente, pues cabe recordar que tal petición, como ya se señaló, se instituye como una facultad discrecional de dicha autoridad, y no así como una obligación exigible por parte del activo de esa clase de antisociales, esto es, tiene libre albedrío para decidir si aun cubiertos tales adeudos, resulta oportuno se continúe con el proceso instaurado y se sancione penalmente al responsable.
Por tanto, es acertado que en el caso no pueda considerarse otorgado el perdón en favor del impetrante de amparo, por el sólo hecho de haber garantizado los créditos fiscales a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (tal como se desprende del Tomo IV del cuaderno de pruebas); ya que por una parte, debe decirse que no se advierte tal declaratoria de manera expresa (que se otorgara el perdón en la forma que establece la legislación especial), máxime que en autos también aparece el oficio **********, de veinte de junio de dos mil once, signado por el director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el que se abstuvo de solicitar el sobreseimiento de la causa ********** y su acumulado **********, instruida contra éste.
Así, el motivo de disenso en el que se señala que contrario a lo considerado por el a quo en la sentencia recurrida, al no contemplar el Código Fiscal de la Federación, la figura del perdón tácito, tratándose de delitos fiscales, ésta debía ser analizada conforme al Código Penal Federal como norma supletoria, la cual resultaba aplicable en esa forma a los procesos seguidos por dichos delitos, dado que precisamente la carencia regulatoria de tal figura por el Código Fiscal de la Federación, obligaba a aplicar supletoriamente las reglas que se prevén en la legislación penal, y que en la última parte del párrafo primero del artículo 6o., se establecía la supletoriedad de las normas para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras.
Es infundado; ya que en primer término debe decirse y reiterarse que en el caso no se está en presencia de alguno de los supuestos contenidos en el párrafo primero del artículo 6o. del Código Penal Federal, en que deba integrarse determinada figura jurídica por alguna omisión de la ley, ni en que deban interpretarse sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras.
Sino ante la diversa regla contenida en el segundo párrafo de dicho precepto legal, y que como ya se vio prevé el principio de especialidad de la ley, conforme al cual cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones la especial prevalecerá sobre la general (lex specialis derogat legi generali), esto es, ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda.
Criterio que se sustenta en que la ley especial, sustrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa y particular (resultando así en ese aspecto, contraria o contradictoria con la general).
Toda vez que adverso a lo que expone el recurrente, el Código Fiscal de la Federación (ley especial), sí contempla en forma completa la figura jurídica que se analiza, como es el perdón del ofendido (petición de sobreseimiento de la causa) en tratándose de delitos perseguibles por querella de parte o por declaratoria de perjuicio, es decir, la materia sujeta a controversia y cuya aplicación especial o general se discute, se traduce en la figura del "perdón del ofendido" en tales supuestos y la cual se itera, sí se encuentra regulada por la legislación especial, mas no así, a las variantes o formas en que la misma pueda otorgarse (de manera expresa o tácita).
Dado que precisamente esas variantes o modalidades en que dicho perdón puede otorgarse (tácito o expreso), son las que lo distinguen y, por tanto, excluyen la aplicación de la norma general por la especial, pues se insiste, la figura jurídica como tal (perdón del ofendido), sí se prevé en ambas legislaciones, por lo que no es dable el acudir a la norma general so pretexto de que no se encuentra regulada tal materia en la norma especial, ni aduciendo que por tanto debe integrarse su omisión o interpretarse de manera que se integre con principios generales contenidos en otras leyes; solo porque en ésta (especial) no se prevé en la forma (variante tácita) en que pretende su aplicación el gobernado, pues de lo contrario se dejaría a su libre arbitrio la observancia de las leyes, que estime resultan de mayor beneficio a sus intereses jurídicos particulares.
Máxime cuando como en el caso, la ley especial (Código Fiscal de la Federación), recoge mayor número y precisión de datos o peculiaridades de la figura jurídica materia de análisis, esto es, tanto cualitativa como cuantitativamente la describe con mayor precisión, por lo que incluso con su observancia se respeta el principio de legalidad y de exacta aplicación de la ley, previsto por el artículo 14 de la Constitución Federal.
Cierto, el Código Penal Federal en su artículo 93, párrafo segundo, en forma genérica, únicamente señala que en tratándose de delitos que sólo pueden perseguirse por declaratoria de perjuicio o por algún otro acto equivalente a la querella, será suficiente para la extinción de la acción penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho.
Esto es, prevé la figura del perdón del ofendido en forma "tácita" (según se dice en los agravios propuestos), sin hacer precisión a datos o peculiaridades específicas y concretas para que la misma resulte procedente y sin hacer tampoco distinción a la materia o tipo de ilícitos en que la misma pueda operar, por ser precisamente una norma de aplicación general (para delitos en que no se contiene disposición en contrario).
En tanto que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, por el contrario, describe con mayor precisión (tanto cualitativa como cuantitativamente), la figura del perdón del ofendido de que se trata (petición de sobreseimiento de la causa); pues en primer orden enlista y específica los delitos por los que habrá lugar a otorgar dicho perdón, como son los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 de dicho ordenamiento legal.
Asimismo, precisa que ello únicamente ocurrirá a petición (expresa) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto es, establece quién se encuentra facultado para hacerlo y los delitos en concreto en los que resulta procedente llevarlo a cabo.
A más, refiere que tal proceder se hará cuando los procesados hayan pagado las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien, que dichos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de esa autoridad; mientras que el Código Penal Federal, al respecto únicamente señala que bastará con la manifestación de quien esté autorizado para ello, en el sentido de que el interés afectado fue satisfecho.
De igual forma, la legislación especial específicamente dispone que esa petición constituye una facultad discrecional de la autoridad hacendaria (pese a que como en el caso, se hayan cubierto los adeudos respectivos); en tanto que la ley general nada dice al respecto e incluso ni siquiera hace alusión, se insiste, a determinada clase de ilícitos, menos a los de índole fiscal y a dicha autoridad.
En esas condiciones, es claro que en el supuesto de que se trata, tal como lo señaló la responsable y consideró acertado el a quo, atento al principio de especialidad de la ley, deberán aplicarse las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, sobre las contenidas en forma genérica en el diverso código punitivo y, por tanto, al no existir el perdón expreso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando se cubrió el adeudo fiscal relativo, no se actualiza la causa de extinción de la responsabilidad penal que se alega, ni el sobreseimiento de la causa seguida en contra del aquí recurrente.
Al caso, y hasta lo aquí expuesto, resulta aplicable sólo en lo conducente y por las razones que le informan, la tesis II.2o.P.191 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, página 2342, que dice:
"CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. AL ADVERTIRSE SU PRESENCIA DEBE RESOLVERSE MEDIANTE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Al advertir la presencia de un concurso aparente de tipos penales, éste debe resolverse mediante las fórmulas o princi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24147-c11364fd/sobreseimiento-de-procesos-seguidos-por-delitos-fiscales-requiere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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