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Modo: Corpus Pro

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2013. · Registro digital (IUS): 25048
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Pág. 502.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 5 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 123/2013, el veinticinco de octubre de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"CUARTO. En el caso, resulta innecesario analizar las consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida y los agravios formulados en su contra por el recurrente, en virtud de que este tribunal advierte, de oficio, que en el juicio de amparo, indebidamente, no fue oída una de las partes que tiene derecho a intervenir conforme a la ley, lo que impone mandar reponer el procedimiento, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobre la base de las siguientes consideraciones: El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). El numeral antes transcrito contiene una de las reglas que deberán observar los órganos que conozcan del recurso de revisión, esta es, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo; 2. Si el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, haya incurrido en alguna omisión que hubiera dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en el dictado de la sentencia definitiva; o, 3. Cuando indebidamente no se haya oído a alguna parte que tenga derecho a intervenir en el juicio. En el caso, de las constancias que integran el juicio de amparo se observa que indebidamente no fue oída una de las partes que tenía derecho a intervenir, como lo es el tercero perjudicado. En relación a las partes en el juicio de amparo, el artículo 5o. de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe). Precepto del que se colige que son partes en el juicio de amparo, entre otras, el tercero o terceros perjudicados (fracción III), pudiendo intervenir con ese carácter: a) La contraparte del agraviado, cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio, cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad. c) Cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, esto es, cuando el acto sea dictado por autoridades administrativas, tendrán derecho a intervenir como tercero perjudicado en el juicio de amparo: 1. La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo. 2. La persona o personas que, sin haber gestionado el acto reclamado en el amparo, tengan interés directo en su subsistencia. En la especie, se surte la hipótesis prevista en el inciso b), pues tiene carácter de tercero perjudicado el ofendido que, conforme a la ley, tiene derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad. En relación con el emplazamiento del tercero perjudicado que tiene el carácter de ofendido en un procedimiento penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las jurisprudencias que enseguida se plasman: ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe). ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN.’ (se transcribe). De las jurisprudencias transcritas se advierte que cuando se reclama la emisión de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión dentro de un juicio de amparo, la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el mismo en su carácter de tercero perjudicado, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la ley aplicable, puesto que lo decidido puede hacer nugatoria la expectativa que tiene de obtener la reparación del daño dentro del proceso penal que en ese momento se le sigue al indiciado o procesado, y que es al tribunal revisor a quien compete analizar el caso concreto para determinar si cuando no fue llamado al juicio, procede, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, cuando el fallo emitido resultara perjudicial a dicho tercero, sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. Pues bien, ********** promovió juicio de amparo señalando como acto reclamado el auto de formal prisión de catorce de marzo de dos mil trece dictado en su contra, en los autos de la causa penal 08/2013-II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción I y sancionado en el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 108, ambos del Código Fiscal de la Federación, así como su ejecución; al momento de rendir su informe justificado, el Juez responsable admitió el acto que le fue atribuido, remitiendo copia certificada de la causa penal de mérito, instruida en contra del quejoso por el delito mencionado (fojas 3 a 20 del juicio de amparo). De las constancias aportadas al juicio de amparo, se obtiene que el proceso penal del cual deriva el auto de formal prisión reclamado inició con motivo a la querella contenida en el oficio **********, de once de julio de dos mil once, interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del director general de Delitos Fiscales, adscrito a la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en contra del quejoso, en la cual se le imputa haber declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal del año dos mil seis. ... De lo antes reseñado, se colige que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene carácter de ofendida en el proceso penal de origen, por ende, de tercero perjudicada en el juicio de amparo, como se dijo, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues la sentencia definitiva que pudiera pronunciarse en el amparo que se revisa, en relación al auto de formal prisión reclamado, podría afectar en lo concerniente a la reparación del daño, haciendo nugatoria la expectativa que tiene de obtenerla dentro del proceso penal que en ese momento se le sigue al quejoso, en términos de los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias que quedaron reproducidas con antelación. En efecto, en atención a los hechos en que se basó la querella y que dan sustento al auto de formal prisión reclamado, la sentencia constitucional recurrida en la que se concedió el amparo, ciertamente podría afectar la pretensión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concerniente a la reparación del daño. Por ello, se estima que se transgredieron las reglas esenciales del procedimiento de amparo, toda vez que el Juez de Distrito omitió emplazar a quien tiene el carácter de ofendido dentro de la causa penal de donde deriva el auto de formal prisión reclamado; ello, en términos del artículo 147 de la ley de la materia; por ese motivo, la relación jurídico procesal no quedó correctamente integrada. Lo anterior, con independencia de que el quejoso no hubiese señalado como tercera perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que su llamamiento no puede quedar al arbitrio del quejoso, sino que corresponde al órgano de control constitucional determinarlo y, por ende, realizar los actos necesarios para que sea oída en juicio. Por tanto, es evidente que se infringieron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, toda vez que una de las partes no fue oído en el juicio, por tanto, procede revocar la sentencia que se revisa y reponer el procedimiento, para efectos de que se provea lo conducente para que se emplace a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tener el carácter de tercero perjudicada en el juicio de amparo promovido por **********, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, hecho lo cual, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). No se opone a la determinación anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se reproduce: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.’ (se transcribe). Si bien, conforme al precitado criterio jurisprudencial, de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la ley de la materia, es improcedente el juicio de amparo promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando, en su carácter de autoridad, reclama del agente del Ministerio Público de la Federación la determinación de no ejercicio de la acción penal, en virtud de que con dicho acto no se afectan sus intereses patrimoniales, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, además de que la comparecencia de dicha secretaría ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante los órganos jurisdiccionales a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, no la llevaría a cabo como particular, sino en su carácter de autoridad fiscal. Empero, lo anterior no impide que dicha secretaría funja como tercero perjudicada en el juicio de amparo cuando formule querella en términos del artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por delitos fiscales, pues en estos casos actúa como representante de los intereses patrimoniales del Estado (ofendido por el delito), con el fin de que dicho ilícito no quede impune y se obtenga la reparación del daño, lo cual resulta suficiente para adquirir la calidad de tercero perjudicada en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada, siendo innecesario para tal efecto que, además, se afecten los intereses patrimoniales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues este criterio debe ponderarse para definir la procedencia del juicio de amparo instado por una persona moral oficial, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo -como lo hizo la Primera Sala del Alto Tribunal en la precitada jurisprudencia-, mas no para determinar su carácter de tercero perjudicada en los juicios de amparo del orden penal. En apoyo a lo anterior, el veintitrés de febrero de dos mil once, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 783/2010, promovido por **********, dirimió, entre otros planteamientos, si el artículo 92, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación contiene una facultad discrecional para otorgar el perdón y propiciar el sobreseimiento de la causa penal en aquellos delitos fiscales perseguibles por querella y, al respecto, consideró lo siguiente: (se transcribe). Así, en el precedente de mérito, se reconoce la calidad de parte ofendida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando formule querella para proceder penalmente por delitos fiscales, ya que actúa en su carácter de representante de los intereses patrimoniales del Estado; esto, con el fin de que el ilícito no quede impune y se obtenga la reparación del daño, lo cual, como se dijo anteriormente, resulta suficiente para adquirir la calidad de tercero perjudicada, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo abrogada; de ahí que resulte imperioso llamar a dicha persona moral oficial al presente juicio de amparo. Del asunto anterior derivó la tesis que enseguida se reproduce: ‘PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. AL FORMULARLA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCE UN DERECHO Y NO UNA FACULTAD, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE FUNDE Y MOTIVE ESA DECISIÓN. En términos del artículo 92, fracción III, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por los delitos fiscales es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella y, en su caso, los procesos se sobreseerán previa petición que discrecionalmente realice. Dicha petición de sobreseimiento constituye un «perdón del ofendido», motivo por el cual se formula sin atribuciones de imperio, ni de autoridad, sino como representante de los intereses patrimoniales del Estado (ofendido por el delito), lo que procesalmente implica que, al hacerla, está ejerciendo un derecho y no una facultad que deba fundar y motivar.’. [TA], 9a. Época, 1a. Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de 2011, página 312."

2. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 30/2013, el cuatro de julio de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Previo al estudio sobre la oportunidad del recurso y el fondo del asunto, este órgano colegiado estima necesario precisar que no debió tenerse como tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, menos que debiera considerarse como recurrente en esta instancia. Se afirma esto, toda vez que, si bien la referida secretaría de Estado, por conducto del director de Defraudación Fiscal de la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, formuló querella contra la quejosa, por hechos probablemente constitutivos de delito, que motivaron el inicio de la averiguación previa correspondiente, la cual fue consignada, entre otro delito, por el diverso de defraudación fiscal equiparable (consignar en su declaración anual de impuestos ingresos acumulados menores a los realmente obtenidos), consignación que constituye el origen de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil doce, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito, en el toca 209/2012, en la cual revocó el auto de plazo constitucional dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, relativo a la causa 38/2010, en que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, con reservas de ley, a favor de la quejosa; sin embargo, tal carácter de querellante no le otorga el de parte ofendida en el procedimiento penal, cuando tal ente público moral hace del conocimiento al Ministerio Público, que algún contribuyente probablemente incurrió en la comisión de un delito en perjuicio del fisco federal (como en el caso). Ello, en virtud de que tal noticia criminis, la formula en carácter de autoridad fiscal en su función recaudadora, no así de víctima u ofendida, dado que las contribuciones que supuestamente hayan dejado de enterarse al fisco no forman parte de su patrimonio como persona moral oficial. Lo que así ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 109/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, materia penal, página 307 (registro IUS: 176988), de rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.’ (se transcribe)."

CUARTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la anterior Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada XLVII/2009, también del Tribunal Pleno, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

De igual modo, con base en dicho criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)

Tomando en cuenta lo anterior, en la especie, sí existe contradicción de criterios, entre los emitidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por las razones que se exponen a continuación:

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que, al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados de Circuito, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si puede o no considerarse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de ofendida o víctima, en tratándose del delito de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, a efecto de reconocerle el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo en el que se impugne el auto de término constitucional a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho; esto, en atención a que, en términos del artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, corresponde a dicha autoridad presentar la querella correspondiente para proceder penalmente por delitos fiscales.

Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito en mención adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, pues el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito consideró que, dado que el proceso penal, del cual deriva el auto de formal prisión reclamado en amparo, inició con motivo de la querella interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la cual se le imputaba al quejoso la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, debe considerarse que dicha secretaría tiene carácter de ofendida en el proceso penal de origen y, por ende, de tercero perjudicada en el juicio de amparo, pues la sentencia definitiva que pudiera pronunciarse en el amparo podría afectar en lo concerniente a la reparación del daño, haciendo nugatoria la expectativa que tiene de obtenerla.

Asimismo, señaló que tal determinación no es contraria a la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.", pues si bien conforme a dicha tesis es improcedente el juicio de amparo promovido por la aludida secretaría, en su carácter de autoridad, cuando reclama del agente del Ministerio Público de la Federación la determinación del no ejercicio de la acción penal, en virtud de que con dicho acto no se afectan sus intereses patrimoniales, ello no impide que dicha secretaría funja como tercero perjudicado en el juicio de amparo cuando formule querella en términos del artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, pues en estos casos actúa como representante de los intereses patrimoniales del Estado (ofendido por el delito), con el fin de que dicho ilícito no quede impune y se obtenga la reparación del daño, lo cual resulta suficiente para adquirir la calidad de tercero perjudicado.

Mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene el carácter de tercera perjudicada en el supuesto precisado con anterioridad, toda vez que, si bien la referida secretaría de Estado formuló querella contra la quejosa, por hechos probablemente constitutivos de delito, que motivaron el inicio de la averiguación previa por el delito de defraudación fiscal equiparable; lo cierto es que tal carácter de querellante no le otorga el de parte ofendida en el procedimiento penal, en virtud de que tal noticia criminis la formula en carácter de autoridad fiscal en su función recaudadora, no así de víctima u ofendida, dado que las contribuciones que supuestamente hayan dejado de enterarse al fisco no forman parte de su patrimonio como persona moral oficial, como así lo ha establecido esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia mencionada en el párrafo que antecede.

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.

También, los órganos colegiados partieron del análisis de los mismos ordenamientos legales, pues para sustentar sus posturas se basaron en lo que dispone el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la anterior Ley de Amparo y el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Según se aprecia, existe contradicción de criterios entre los tribunales contendientes relativa a si ¿Debe tenerse o no como tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los juicios de amparo en los que se impugne el auto de término constitucional dictado respecto de los delitos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada? Derivado del hecho de que a dicha secretaría corresponde presentar la querella correspondiente, en términos del artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

En relación con este punto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(5)

QUINTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan:

Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si ¿Debe tenerse o no como tercero perjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los juicios de amparo en los que se impugne el auto de término constitucional dictado respecto de los delitos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada? Derivado del hecho de que a dicha secretaría corresponde presentar la querella correspondiente, en términos del artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Así, para abordar el tema propuesto, se estima conveniente tener en consideración lo siguiente:

El artículo 19 de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25048-9ab6bb49/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-no-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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