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Modo: Corpus Pro

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CINCO AÑOS PARA EMITIR EL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE, QUE ES UN REQUISITO PARA FORMULAR LA QUERELLA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1125/2019. · Registro digital (IUS): 31989
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-12-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo II, Pág.1326.

AMPARO EN REVISIÓN 1125/2019. 27 DE OCTUBRE DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 27 de octubre de 2021, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 1125/2019, interpuesto por ********** contra la resolución de 19 de junio de 2019, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el expediente de amparo indirecto 47/2019.

El problema jurídico que resolverá esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación, transgrede o no los principios de irretroactividad de la ley y seguridad jurídica.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. De las constancias del expediente se advierte que el 30 de julio de 2014, el Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa ********** con motivo de la querella formulada el 23 de julio 2014 por la Dirección General de Delitos Fiscales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. La querella se formuló contra ********** y **********, socios administradores de la persona moral denominada ********** y de quien o quienes resultaran responsables.

3. El 28 de mayo de 2015, el Ministerio Público de la Federación consignó la averiguación previa ********** y ejerció acción penal contra ********** (en su carácter de representante legal de **********) por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

4. El 29 de mayo de 2015, en la causa penal **********, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla libró orden de aprehensión contra ********** (en adelante, quejoso o recurrente).

5. El 23 de junio de 2015 se resolvió la situación jurídica del quejoso al dictarse auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal.

6. El 29 de octubre de 2018, el quejoso y su defensa particular promovieron incidente no especificado de sobreseimiento, por prescripción de la acción penal.

7. El 20 de diciembre de 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla declaró infundado el incidente planteado, al considerar que el delito imputado no había prescrito.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

8. Demanda de amparo. El 17 de enero de 2019, el quejoso presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes:

Autoridades responsables:

• Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Puebla.

Actos reclamados:

• La sentencia interlocutoria de 20 de diciembre del 2018, pronunciada en el incidente no especificado de sobreseimiento, por prescripción de la acción penal, en la causa penal *********.

9. El 21 de enero de 2019, el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla admitió y registró la demanda de amparo con el número 47/2019-D. Asimismo, en cumplimiento a los autos de 21 de enero y de 1o. de febrero de 2019, se emplazó al Ministerio Público y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como terceros interesados.

10. Ampliación de demanda de amparo. El 19 de marzo de 2019, se dio vista al quejoso para aclarar si deseaba ampliar su demanda y señalar como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reformó el Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación;

11. El 2 de abril de 2019, el quejoso presentó la ampliación de su demanda de amparo e incluyó a las autoridades y actos siguientes:

Autoridades responsables:

a) Congreso de la Unión

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

c) Secretario de Gobernación

d) Director del Diario Oficial de la Federación

Actos reclamados:

a) La discusión, aprobación y expedición del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981, específicamente su artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación.

b) La promulgación del decreto mediante el cual se expidió el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981; así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación.

c) El refrendo de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981 y el 12 de diciembre de 2011.

d) La publicación y refrendo de los decretos del 31 de diciembre de 1981 y el 12 de diciembre de 2011.

12. El 3 de abril de 2019, se admitió la ampliación de la demanda. Seguidos los trámites de ley se celebró audiencia constitucional.

13. El 19 de junio de 2019, el Juez de Distrito dictó sentencia. Por un lado, sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Congreso de la Unión, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación (relacionados con su participación en el proceso legislativo del decreto por el que se reformó el Código Fiscal de la Federación); por otro lado, negó el juicio de amparo, respecto de la sentencia interlocutoria reclamada.

14. Recurso de revisión. Inconforme con el fallo, el quejoso –a través de su autorizada– interpuso recurso de revisión. Correspondió conocer del recurso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito bajo el toca número R-217/2019.

15. El 15 de noviembre de 2019, el Tribunal Colegiado, por un lado, revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y, por otro lado, ordenó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para que se resolviera sobre la constitucionalidad del artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reformó el Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación.

16. Trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 16 de enero de 2020, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 1125/2019, reasumió su competencia originaria y ordenó la radicación del asunto en la Primera Sala, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

17. Por acuerdo de 30 de enero de 2020, el presidente de esta Suprema Corte ordenó suspender el procedimiento del presente asunto. La suspensión se ordenó, en tanto se resolviera el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la Secretaría de Hacienda, en su carácter de parte tercera interesada, en el amparo en revisión 217/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

18. El 24 de septiembre de 2020, el Ministerio Público de la Federación presentó su intervención ministerial donde, esencialmente, sostuvo que el artículo impugnado debía declararse constitucional.

19. Por acuerdo de 20 de enero de 2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito informó a esta Suprema Corte que el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte tercera interesada fue declarado improcedente.

20. Por acuerdo de 20 de abril de 2021, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo por realizadas las manifestaciones del Ministerio Público de la Federación y, por otra parte, ordenó que se reanudara el procedimiento del presente amparo en revisión 1125/2019.

21. El 11 de junio de 2021, la presidenta de la Primera Sala se abocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

III. COMPETENCIA

22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; pues el recurso se interpuso contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto; y no se considera necesaria la intervención del Pleno, en virtud de que este asunto no reviste un interés excepcional.

IV. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

23. No es necesario analizar la oportunidad del recurso, porque el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento determinó que el recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo legal.

24. En relación con la legitimación, el recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien tiene la calidad de quejoso en el juicio de amparo de origen. Por tanto, se encuentra legitimado.

V. PROCEDENCIA

25. El Tribunal Colegiado desestimó las causales de improcedencia advertidas por el Juez de Distrito, sin que se invocara alguna causal distinta que haya quedado pendiente de estudiar.

VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

26. Antes de estudiar el fondo del asunto, conviene reseñar los argumentos desarrollados a lo largo de la secuela procesal.

27. Demanda de amparo. En su demanda de amparo, el quejoso argumentó lo siguiente:

a) La resolución combatida viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues la autoridad responsable no aplicó los principios de congruencia y exhaustividad. El resolutivo de la sentencia señala que la determinación se basó en los razonamientos del considerando tercero, pero en dicho apartado sólo se mencionan las pruebas ofrecidas por la parte coadyuvante del Ministerio Público.

b) La resolución reclamada es incongruente porque el Juez tergiversó los alegatos que formuló y confundió la fecha de la formulación de la querella, con la fecha de la consignación y/o ejercicio de la acción penal.

c) El Juez responsable vulneró el principio de irretroactividad de la ley, pues aplicó el artículo séptimo transitorio del decreto que reformó el Código Fiscal de la Federación el 12 de diciembre de 2011, al determinar la fecha en la que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito y de su autor.

De acuerdo con esa disposición, el dictamen técnico contable representa la fecha en que la autoridad tiene conocimiento del delito y de su autor. Sin embargo, esa figura no existía al momento en que sucedieron los hechos imputados, esto es, en el ejercicio fiscal de enero a junio de 2011. Por tanto, dicho precepto no era aplicable.

d) Se violó el principio de irretroactividad de la ley, pues la autoridad responsable aplicó la contradicción de tesis 361/2013 de la Suprema Corte de Justicia al estudiar la prescripción de la acción penal.

El Juez de Distrito se apoyó en ese precedente para determinar el momento en que la autoridad hacendaria tiene conocimiento del delito y de su autor para computar el plazo de prescripción. Sin embargo, el criterio de la Suprema Corte fue emitido después de que se configurara el delito imputado. Incluso, la obligatoriedad del criterio inició después de que se formulara la querella en contra del quejoso.

e) No puede tomarse como base el dictamen técnico contable para establecer la fecha en la que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito, pues la elaboración de este documento depende única y exclusivamente de la autoridad fiscal. No se puede dejar al arbitrio de la autoridad la posibilidad de fijar de manera unilateral y arbitraria, la fecha en que se debe empezar a computar la prescripción de la acción penal.

f) La autoridad responsable debió considerar el 18 de abril de 2012 como fecha para iniciar el cómputo de la prescripción. Fue ese día cuando la autoridad fiscal levantó la última acta parcial con motivo de la visita domiciliaria que se practicó a la contribuyente. En ese momento se tuvo conocimiento del delito y de su autor. Sin embargo, el Juez estimó que se tuvo conocimiento hasta la emisión del dictamen técnico contable, es decir, el 27 de agosto de 2013.

g) La autoridad responsable debió considerar la fecha en que el Ministerio Público consignó la averiguación (28 de mayo de 2015) como fecha final para computar la prescripción. Sin embargo, tomó como fecha final el día en que la Dirección General de Delitos Fiscales, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones presentó su querella (23 de julio de 2014).

28. Ampliación de la demanda de amparo. En su escrito de ampliación, el quejoso expuso los siguientes conceptos de violación para argumentar la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado el 12 de diciembre de 2011, en el Diario Oficial de la Federación:

a) El artículo combatido infringe el principio de seguridad jurídica, pues no establece un plazo para la emisión del dictamen técnico contable.

Al resolver la contradicción de tesis 361/2013, la Primera Sala sostuvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento de un delito fiscal a partir de que el Servicio de Administración Tributaria emita su dictamen técnico contable. Según la Corte, la elaboración de ese informe es un parámetro objetivo para definir en qué momento inicia el plazo para la prescripción de la acción penal.

Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis citada, la Sala no resolvió si el artículo reclamado viola o no el principio de seguridad jurídica.

El artículo reclamado no señala el plazo con el que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para la emisión del Dictamen Técnico Contable. En este sentido, queda al arbitrio de la autoridad fiscalizadora decidir la fecha en que emita su dictamen y, por tanto, la fecha en que adquiere conocimiento del delito para efectos de la prescripción.

La autoridad fiscal tiene un tiempo indefinido para emitir su dictamen, lo que es contrario a la garantía de seguridad jurídica y deja al quejoso en un estado de indefensión. Además, la falta de un término para la emisión del dictamen mencionado implica una ventaja para la autoridad fiscal, pues podrá fijar a su conveniencia la fecha en que tiene conocimiento del delito y del sujeto activo.

Debe considerarse, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 65/2001, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE, RESPECTO DE ALGUNAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, NO EXISTE PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, TRANSGREDE EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995)."

b) El artículo reclamado infringe el principio de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del gobernado.

El artículo reclamado, en tanto artículo transitorio, establece las reglas y los plazos de prescripción para aplicar a cada caso concreto, en atención a la fecha en que ocurran los hechos.

El artículo reclamado prevé que para delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto en cuestión (12 diciembre de 2011), se aplicaran los plazos y reglas vigentes al momento en que se cometieron los hechos.

Al definir los plazos y las reglas aplicables, el artículo reclamado agrega lo siguiente "... se seguirá considerando como fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión del Dictamen Técnico Contable ..."

En ninguna disposición vigente al momento de los hechos se establecía que la Secretaría de Hacienda tiene conocimiento del delito al momento en que se emita el mencionado dictamen técnico.

Así, no existe una disposición jurídica anterior al decreto de 12 de diciembre de 2011 que le otorgue al dictamen técnico contable el alcance que el artículo reclamado pretende darle. Por tanto, es inconstitucional que el artículo reclamado refiera que dicho dictamen "se seguirá considerando" como plazo inicial para el cómputo de la prescripción.

Por el contrario, el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación claramente establece que se formulará querella independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que, en su caso, se tenga iniciado.

El dictamen técnico contable consiste en una síntesis de las actuaciones realizadas durante la visita domiciliara practicada al contribuyente auditado. Analiza los hechos y omisiones en que incurrió un contribuyente y, con base en esa información, emite una cuantificación de las contribuciones omitidas. Este dictamen tiene una finalidad eminentemente penal, pues se anexa para dar sustento a la querella que se formula.

Pese a lo anterior, el dictamen técnico contable no es un requisito para formular querella. En este sentido, es absurdo que se considere como referencia para el cómputo de la prescripción de la acción penal. El conocimiento del delito y del sujeto activo lo adquiere la autoridad con anterioridad, en el caso, esto ocurrió con la última acta parcial de 18 de abril de 2012.

Además, en las facultades de la Administración General de la Auditoria Fiscal Federal no se aprecia que esté facultada para emitir un dictamen técnico contable con los alcances que el artículo reclamado le atribuye.

Asimismo, llama la atención que un artículo transitorio pretenda determinar la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito, cuando el objeto de una norma transitoria no es fijar posturas o criterios, sino regular el tránsito de un orden jurídico a otro.

Por otra parte, en la contradicción de tesis 10/98 la Suprema Corte aclaró que para formular querella, no es necesario que la Secretaría de Hacienda concluya la visita domiciliaria donde obtuvo conocimiento del delito, sino que dicha dependencia puede presentar querella en cualquier momento del procedimiento administrativo. En este sentido, la querella no está condicionada a la emisión del dictamen técnico contable.

Finalmente, es necesario distinguir los delitos financieros de los delitos fiscales. En los primeros, la legislación sí contempla como un requisito previo a la querella, la emisión de una opinión técnica por parte del órgano regulador. En los segundos, dicho requisito no está previsto.

En conclusión, el dictamen técnico contable no constituía un requisito para la formulación de la querella el día en que se cometieron los hechos. En cambio, el artículo reclamado permite que una situación anterior sea regulada en perjuicio del quejoso, por disposiciones y requisitos que favorecen a la autoridad fiscal y que entraron en vigor con posterioridad a los hechos. Por tanto, su aplicación conllevaría una violación al principio de irretroactividad de la ley.

29. Sentencia de amparo. El Juez de Distrito sobreseyó y negó el amparo por las razones siguientes:

a) En relación con la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio reclamado, el amparo es improcedente, pues la disposición en cuestión no se impugnó con motivo de su primer acto de aplicación. El primer acto de aplicación ocurrió cuando se resolvió la situación jurídica del quejoso, es decir, desde el 23 de junio de 2015. En esa fecha se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso como probable responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal.

Desde la emisión del auto de formal prisión, el Juez de Distrito valoró el caudal probatorio que ofrecieron las partes, y dentro de éste, el dictamen técnico contable suscrito por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con base en el dictamen técnico de referencia, y con apoyo en otras probanzas, el Juez de origen dictó el auto de formal prisión de mérito que consistió en el primer acto de aplicación.

La parte quejosa contaba con 15 días, para reclamar su inconstitucionalidad y, si no lo hizo, consintió la aplicación de ese precepto. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados; Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; secretario de Gobernación; y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en su participación en el proceso legislativo que culminó con la expedición del artículo reclamado.

b) En relación con el incidente no especificado de sobreseimiento, por prescripción de la acción penal, no se alegaron causas de improcedencia, sin que se advierta algún impedimento para su estudio.

c) El quejoso alega que la resolución reclamada viola los principios de congruencia interna y externa; sin embargo, estos argumentos son infundados.

En principio, la autoridad responsable sí fue inexacta en su punto resolutivo, pues señaló que sus conclusiones se explicaban en el considerando tercero de la sentencia, cuando sus razonamientos se encontraban en el considerando quinto. Sin embargo, dicho error no conlleva una incongruencia entre los considerandos y el resolutivo. Ello habría ocurrido si en las consideraciones se hubiera establecido que la acción penal sí estaba prescrita, mientras que en el punto decisorio se hubiera declarado infundado el incidente, o viceversa.

Por otra parte, de las constancias que obran en autos, se advierte que lo resuelto por el Juez responsable, tiene concordancia con la cuestión efectivamente planteada: analizar si procedía o no sobreseer en la causa penal de origen, por prescripción de la acción persecutoria.

Además, de un contraste entre las fechas asentadas en la resolución combatida y las constancias que obran en autos, se advierte que aquéllas son correctas. Así, el hecho de que el Juez no haya tomado en consideración las fechas que el quejoso indicó no constituye una violación al principio de congruencia, sino una cuestión de fondo del asunto.

d) En relación con las violaciones alegadas al principio de irretroactividad y el incorrecto cómputo de la prescripción penal, son infundados los argumentos del quejoso.

e) En principio, conviene aclarar que el artículo 100 del Código Fiscal Federal vigente en la época de los hechos (enero a junio de 2011) si bien establecía los plazos para la prescripción, no señalaba en qué momento debía considerarse que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito y del delincuente. Tal aspecto, quedaba dilucidado de acuerdo con el criterio del órgano jurisdiccional que conocía del asunto.

Ante tal situación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 361/2013, emitió la jurisprudencia 1a./J. 39/2014 (10a.), de rubro: "DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."

A continuación, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 2012, fue reformado el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación para establecer nuevas reglas y plazos de prescripción.

En el artículo séptimo transitorio del mismo decreto se estableció la normatividad y los plazos de prescripción aplicables a delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Se aclaró que serían aplicables las reglas vigentes al momento en que se hubieran llevado a cabo los hechos. Además, se estableció que la fecha de emisión del dictamen técnico contable emitido por el Servicio de Administración Tributaria es la que debe tomarse en cuenta para definir el momento en que la autoridad hacendaria tiene conocimiento del delito.

Bajo este contexto, la autoridad responsable correctamente razonó que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento de la conducta delictiva cuando los expertos emitieron el dictamen técnico contable el 27 de agosto de 2013.

Si la querella se formuló el 23 de julio de 2014, y la averiguación previa ********* se consignó el 28 de mayo de 2015, es claro que la facultad del Estado para reprochar no había prescrito, pues se ejerció acción penal dentro del plazo de tres años que establece el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación vigente al momento de los hechos; esto es, antes del 27 de agosto de 2016.

f) De igual forma, fue correcta la precisión del Juez responsable, al indicar que lo anterior no implicaba la aplicación retroactiva del artículo séptimo transitorio. El derecho que tiene el implicado, para que en su caso se declare prescrita la acción penal ejercida en su contra sigue protegido. En cuanto a las normas procesales que rigen el procedimiento, éstas tienen su origen dentro del mismo y, dada su naturaleza especial se agotan en fases. Además, si bien estas normas deberán aplicarse a asuntos en trámite, su aplicación podrá hacerse sobre derechos no adquiridos.

g) Asimismo, fue atinado que la responsable haya basado su criterio en el artículo séptimo transitorio, ya que de su redacción se advierte que el legislador, lejos de haber cambiado la regla, sencillamente la hizo expresa.

El legislador no modificó algún aspecto normativo, en relación con el momento a partir del cual se tiene conocimiento del delito y del delincuente, simplemente porque no existía precepto sobre el tema.

h) Además, como acertadamente lo indicó el Juez responsable, es hasta la emisión del dictamen técnico contable que la autoridad fiscal tiene conocimiento del delito y de su autor. La autoridad hacendaria no está obligada a formular querella sin constatar, de manera objetiva, la veracidad de la información que obtenga mediante sus facultades de comprobación.

De igual forma, en determinados casos esa certeza estriba en la obtención de datos a través de constancias que se recaben. Sobre todo, cuando la experticia a que se refiere el artículo séptimo transitorio es emitida por el Servicio de Administración Tributaria, órgano técnico especializado para la verificación de datos y dentro de cuyas facultades se encuentra la comprobación de la visita domiciliaria para determinar si existen o no infracciones contra el fisco federal que pudieran constituir delitos.

i) También fue acertada la aplicación de la jurisprudencia de rubro: "DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRICIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.", dado que se encontraba vigente al momento en que se pronunció la determinación que constituye el acto reclamado.

Si bien dicho criterio, se emitió con posterioridad al delito imputado, no causó perjuicio al recurrente, dado que sólo interpreta la ley aplicable al caso, que fue la vigente en esa anualidad.

Además, para considerar la aplicación retroactiva de una jurisprudencia, tiene que existir, en el momento de los hechos, una jurisprudencia de observancia obligatoria anterior, y que ésta se desatendiera para aplicar la ulterior. Esto no ocurrió en el caso.

j) En atención a lo expuesto, se niega el amparo promovido contra la resolución interlocutoria que declaró infundado el incidente no especificado de sobreseimiento por prescripción de la acción penal.

30. Recurso de revisión. El quejoso formuló los siguientes agravios:

a) Es ilegal que se haya sobreseído en el amparo, pues el artículo séptimo transitorio sí se impugnó con motivo de su primer acto de aplicación.

En el auto de término constitucional no se consideró que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito y del sujeto activo a partir del dictamen técnico contable. Para llegar a esa conclusión era necesario que se estudiara la prescripción del delito, pero ese estudio no se hizo.

En el auto de formal prisión, el Juez únicamente consideró el dictamen técnico contable para determinar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. No para estudiar la prescripción.

b) El artículo reclamado no fue citado en el auto de formal prisión. Tampoco puede considerarse una aplicación implícita, pues no se hizo algún razonamiento relacionado con los plazos de prescripción.

c) El artículo reclamado regula los plazos y las reglas para el cómputo de la prescripción de un delito. Por tanto, el artículo no puede aplicarse, sino hasta que se haga el estudio de prescripción. Ese estudio se realizó en la interlocutoria de 20 de diciembre de 2018. En esa resolución ocurrió el primer acto de aplicación.

d) Si la prescripción del delito se hubiera estudiado en el auto de formal prisión, el Juez de origen hubiera desechado el incidente promovido, por existir un pronunciamiento previo sobre el tema.

e) Como no existe una causal de improcedencia, procede revocar la sentencia recurrida para que se estudie la constitucionalidad del artículo reclamado.

31. Resolución del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado remitió el asunto a esta Suprema Corte, por las razones siguientes:

a)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31989-ff75f2ce/delito-de-defraudacion-fiscal-la-secretaria-de-hacienda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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