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Modo: Corpus Pro

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 91/2022. · Registro digital (IUS): 31240
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-03
Promovente: ALEJANDRO SOTELO GÁMEZ.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, Pág.2017.

AMPARO EN REVISIÓN 91/2022. ALEJANDRO SOTELO GÁMEZ. 19 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES Y RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El quejoso impugnó vía juicio de amparo indirecto el auto de formal prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez. Respecto de ese precepto formuló conceptos de violación alegando su inconstitucionalidad por transgredir el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad.

El Magistrado del Tribunal Unitario que conoció del juicio constitucional, lo sobreseyó, porque consideró que se consintió la aplicación del mencionado precepto legal, en tanto que fue el fundamento de la orden de aprehensión que se emitió contra el quejoso en la misma causa penal de la que derivó el reclamado auto de formal prisión.

Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, en cuya resolución, el Tribunal Colegiado del conocimiento, estimó que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo era contrario a derecho.

Al haber modificado el Tribunal Colegiado la sentencia de amparo, levantando el sobreseimiento respecto del precepto legal impugnado de inconstitucional, la materia de estudio en el presente recurso de revisión se circunscribe al análisis de los argumentos formulados por la parte quejosa vía conceptos de violación.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la cual, se resuelve el recurso de revisión 91/2022, interpuesto por **********, contra la sentencia que dictó el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto **********.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en analizar la regularidad constitucional de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez; en específico, para determinar si resultaba o no contraria al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El doce de julio de dos mil once, **********, en su carácter de administrador único de la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó declaración anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diez, en la que consignó por concepto de ingresos acumulables $0.00 (cero pesos).

2. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, formuló querella en su contra, por considerar que incurrió en hechos probablemente constitutivos de delito en agravio del fisco federal; por lo que se inició la averiguación previa correspondiente.

3. El tres de noviembre de dos mil quince, se ejerció en su contra acción penal sin detenido, como probable responsable de los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, previstos de manera respectiva, en los artículos 108, párrafo primero, y 109, fracción I, ambos sancionados en el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 108, con relación a su último párrafo, todos del Código Fiscal de la Federación, y se solicitó orden de aprehensión.

4. Conoció del asunto el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, donde se radicó como causa penal ********** y, el veintitrés de noviembre siguiente, se libró el mandato de captura que se solicitó; respecto del cual, el inculpado promovió amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, donde se radicó con el número **********, y en la audiencia incidental de dieciséis de diciembre posterior, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado.

5. El dieciocho de diciembre siguiente, bajo los efectos de esa medida cautelar, el inculpado rindió por escrito su declaración preparatoria y, posteriormente, de forma personal ratificó su contenido.

6. El veinticuatro de diciembre posterior, se dictó en su contra auto de formal prisión, como probable responsable del delito de defraudación fiscal equiparable, porque en su carácter de administrador único de la citada empresa, consignó en la declaración anual del ejercicio de dos mil diez, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, pues por ese concepto asentó la cantidad de $0.00 (cero pesos), cuando en realidad ascendían a ********** M.N.; respecto de los cuales, omitió pagar el impuesto sobre la renta.

7. Inconforme con esa resolución, el inculpado, en escrito que se presentó el veintinueve de diciembre siguiente, interpuso recurso de apelación, del que conoció el Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, donde se registró como toca penal **********; y en sentencia de doce de julio de dos mil dieciséis, se confirmó la formal prisión decretada en primera instancia.

8. Amparo indirecto. En desacuerdo con lo resuelto, el procesado, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Quinto Circuito,(1) el veintidós de julio posterior, promovió amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:

1. Del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito: la resolución de doce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal **********; y,

2. Del Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora: la ejecución de la resolución anterior.

9. Conoció del asunto el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, cuyo titular, en auto de veintiséis de julio siguiente, admitió a trámite la demanda, la radicó con el número **********, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dio intervención tanto al Ministerio Público de la Federación, como al de su adscripción, y requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados.

10. El veintiséis de agosto posterior, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia, que se terminó de engrosar el veinticuatro de noviembre subsecuente, en la que se negó al quejoso el amparo que solicitó.(2)

11. Inconforme con esa resolución, el quejoso, en escrito que presentó ante el Tribunal Unitario de amparo, el cinco de diciembre del mismo año, interpuso recurso de revisión.(3)

12. Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo presidente, en auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, admitió a trámite el recurso y lo registró con el número **********; luego, en sesión plenaria de ocho de junio siguiente, se revocó la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento de amparo en primera instancia, a efecto de que:

1. Se requiriera al quejoso para que aclarara su demanda, y precisara si señalaba como acto reclamado la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación; y de ser así, manifestara si señalaba como responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley les encomendaba la promulgación de ese ordenamiento legal, así como las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, y el acto que a cada uno les atribuía.

2. Se continuara con el procedimiento, se citara a nueva audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, se dictara la sentencia correspondiente.(4)

13. En cumplimiento, el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, en auto de veintitrés de junio posterior, dejó insubsistente la sentencia de amparo y la audiencia constitucional de la que derivó; y requirió al quejoso para que manifestara si señalaba como acto reclamado, la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, señalara a las autoridades responsables.(5)

14. El quejoso, en escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Quinto Circuito,(6) el tres de julio de dos mil diecisiete, amplió su demanda de amparo, en contra de las autoridades y actos siguientes:

1. Del Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, relativo a la reforma de la fracción I del artículo 109 de dicho ordenamiento legal;

2. Del presidente de la República, la promulgación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, relativo a la reforma a la fracción I del artículo 109 de esa codificación;

3. Del secretario de Gobernación, el refrendo y firma de dicho decreto;

4. Del director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, la publicación del decreto;

5. Del secretario de Hacienda y Crédito Público, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, y el procurador fiscal de la Federación, la aplicación del decreto;

6. Del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, la resolución de doce de julio de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal **********; y,

7. Del Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, la ejecución de la resolución anterior.

15. En auto de cinco de julio siguiente, se tuvo por ampliada en tiempo y forma, la demanda de amparo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus respectivos informes justificados.(7)

16. El veintiocho de septiembre del mismo año, se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó sentencia, que se terminó de engrosar el veintisiete de diciembre posterior,(8) en la que:

• Se sobreseyó en el juicio, respecto de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe del Servicio de Administración Tributaria, procurador fiscal de la Federación, director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, secretario de Gobernación, y Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora; así como de los actos que se reclamaron a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro.

• Y con relación a la resolución que dictó el Quinto Tribunal Unitario del Quinto Circuito, en el toca **********, en la que se confirmó el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso, se negó el amparo que se solicitó.

17. Recurso de revisión. En desacuerdo con lo resuelto, el quejoso, en escrito que se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Quinto Circuito, el tres de enero de dos mil dieciocho,(9) interpuso recurso de revisión.

18. Conoció del asunto el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo presidente, en auto de nueve de abril posterior, admitió a trámite el recurso y lo registró con el número **********; luego, en sesión plenaria de veintiséis de noviembre del mismo año,(10) por unanimidad de votos, se determinó:

• En suplencia de la queja, se estimó correcto el sobreseimiento que decretó el Juez Federal, respecto del acto atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, jefe del Servicio de Administración Tributaria y procurador fiscal de la Federación, consistente en la aplicación del decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de dos mil cuatro, que reformó la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación; ello, bajo el argumento de que al rendir sus informes justificados, negaron el acto que se les reclamó, y el quejoso no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, o bien, que acreditara la existencia de la ejecución respecto de esas autoridades, por lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.

• Asimismo, se determinó que era ajustado a derecho el sobreseimiento que se decretó respecto del secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, bajo el argumento de que el quejoso no impugnó por vicios propios el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, por lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 108, fracción III, de la Ley de Amparo.

• En suplencia de la queja, se calificó fundada la parte de los agravios en los que se impugnó el sobreseimiento que decretó la autoridad de amparo en primera instancia, por considerar que el quejoso consintió la aplicación de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, por haber sido el fundamento de la orden de aprehensión que se dictó en su contra, dentro del mismo procedimiento penal del que derivó el auto de formal prisión que constituía el acto reclamado en el juicio constitucional que dio origen al recurso de revisión.

Ello, bajo el argumento de que aun cuando el quejoso promovió juicio de amparo en el que reclamó el mandato de captura que se libró en su contra; sin embargo, el juicio constitucional se sobreseyó por cambio de situación jurídica, al dictarse auto de formal prisión, sin que esa determinación se hubiera impugnado a través del correspondiente recurso de revisión.

Tratándose de la materia penal, la procedencia del amparo contra leyes heteroaplicativas, presentaba determinadas peculiaridades, porque el cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma legal que establecía un tipo penal, podía plantearse con motivo de su acto de aplicación, susceptible de ocurrir, para efectos del amparo, al dictarse la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y la sentencia definitiva; resoluciones que ostentaban características particulares que condicionaban y restringían la libertad personal en distintas fases del procedimiento.

Lo que propiciaba que quien se ubicaba en esos supuestos, estaba en aptitud discrecional de impugnar la inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera de las citadas etapas, incluso con motivo del dictado de la sentencia definitiva, sin que en este último caso, pudiera estimarse consentida la aplicación de la ley, por tratarse de un segundo o ulterior acto de aplicación, porque en ese tipo de asuntos, el acto de aplicación de la norma jurídica conllevaba una afectación a la libertad del agraviado.

Ello, conforme la tesis 2a. CLIV/2001 de la Primera Sala (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL."

Además, si el quejoso hubiera reclamado la norma en el juicio de amparo que promovió contra la orden de captura, al juzgador constitucional no hubiera procedido a su análisis, porque sobreseyó en el juicio por cambio de situación jurídica. Por tanto, no era válida la causa de improcedencia que se decretó en primera instancia.

• Luego, se asumió jurisdicción para examinar las causas de improcedencia que se invocaron en el juicio, y que no fueron estudiadas por el Magistrado de amparo, respecto de la constitucionalidad de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, además de verificar si se surtía alguna otra de oficio.

• Al respecto, se calificó de ineficaz la causa de improcedencia que hizo valer el director general de Amparo contra Leyes, en representación del presidente de la República, en la que manifestó que "no eran ciertos los demás actos reclamados al C. Presidente de la República"; ello, porque dicha autoridad, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto que se le reclamó, consistente en el decreto que reformó la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, y el quejoso se limitó a reclamar ese decreto.

• También calificó de ineficaz la causa de improcedencia por sobreseimiento del juicio, que ad cautelam hizo valer la supervisora "A" homologada a jefa de departamento de la Subdirección de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, bajo el argumento de que no se le señaló como autoridad responsable en la demanda de amparo; ello, porque fue hasta la ampliación de demanda que se le dio ese carácter, y se le atribuyó como acto reclamado, la discusión del decreto que reformó la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, no se actualizó la causa de sobreseimiento que se alegó.

• Se desestimó el argumento del director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el que adujo que la sola discusión, votación y aprobación del artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no causaba afectación a los intereses jurídicos de la parte quejosa, sino que el daño reclamado derivaba de un acto de ejecución posterior; ello, porque la propuesta guardaba íntima relación con el fondo del negocio, porque el quejoso reclamó que la creación legislativa de ese precepto, vulneraba el principio de exacta aplicación de la ley penal, lo que ponía de relieve que no sólo buscaba combatir un acto de ejecución posterior.

• Se calificaron de infundados los argumentos del procurador fiscal de la Federación, en los que expresó que debía sobreseerse en el juicio, porque no se hicieron valer verdaderos conceptos de violación; pues ello quedó desvirtuado con las manifestaciones que expresó el quejoso al aclarar su demanda de amparo.

• Al no encontrar alguna otra cuestión relacionada con la improcedencia del juicio constitucional, se reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara sobre la constitucionalidad que se planteó respecto de la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez.

19. El presidente de este Alto Tribunal, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, asumió la competencia originaria para conocer del recurso, lo registró con el número 1095/2018, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.(11)

20. En sesión de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió devolver los autos al Tribunal Colegiado, para que se ocupara del estudio de la causa de improcedencia que hizo valer en su informe justificado, la Cámara de Diputados (dirigido a la ampliación de la demanda de amparo), relacionada con la falta de interés jurídico del quejoso, bajo el argumento de que la discusión, aprobación y expedición del decreto impugnado, no le causaba agravio alguno a sus derechos fundamentales; y de superar ese aspecto, reservara jurisdicción a este Alto Tribunal para que conociera del problema de constitucionalidad que se planteó respecto del precepto reclamado. 21. En cumplimiento a esa determinación, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, registró el asunto como reingreso en los autos del amparo en revisión penal **********.

22. En auto de presidencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el dictamen que formuló la secretaria del propio Tribunal Colegiado, en el que se estableció que se omitió notificar del auto admisorio del recurso de revisión a diversas autoridades señaladas como responsables; por lo que ordenó realizar ese trámite procesal respecto del secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, secretario de Gobernación, presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, secretario de Hacienda y Crédito Público, director del Diario Oficial de la Federación, jefe del Servicio de Administración Tributaria y procurador fiscal de la Federación.

23. Revisión adhesiva. En escrito que se presentó el ocho de marzo siguiente, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación,(12) el director general de Amparos contra Actos Administrativos, por conducto del subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, interpuso recurso de revisión adhesiva, que admitió a trámite por auto de presidencia del Tribunal Colegiado, de treinta de marzo posterior.

24. En sesión plenaria de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se dictó resolución en la que, por unanimidad de votos, se desestimó la causa de improcedencia que hizo valer la Cámara de Diputados. Asimismo, se desestimaron los agravios en los que la recurrente adhesiva planteó que el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo se ajustaba a derecho, y que se actualizaba la improcedencia del juicio constitucional, porque la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, se aplicó al quejoso a través de la orden de aprehensión que se emitió en su contra; ello, porque el Tribunal Colegiado, en resolución previa había pronunciado que el sobreseimiento decretado era inexacto y que la impugnación respecto de la inconstitucionalidad del señalado precepto legal era procedente.

25. Además, se determinó que los restantes agravios de la recurrente adhesiva se relacionaban con el tema de fondo, por lo que reservó jurisdicción a este Alto Tribunal, para que se pronunciara sobre la constitucionalidad del precepto legal impugnado y, por tanto, ordenó remitirle el asunto para que determinara lo que en derecho procediera, lo que se hizo a través del correspondiente oficio, que se recibió en esta Suprema Corte, el tres de marzo de dos mil veintidós.(13)

26. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Ministro presidente de este Alto Tribunal, en auto de once de marzo siguiente, determinó asumir la competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal y adhesivo, registró el expediente con el número 91/2022, lo radicó en la Primera Sala por tratarse de un asunto de su especialidad, y lo turnó para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por haber sido ponente en el amparo en revisión 1095/2018.(14)

27. La presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veinte de abril posterior, ordenó avocarse al conocimiento del asunto y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

28. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, por un Magistrado de un Tribunal Unitario de Circuito, en el que se reclamó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, como es la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, cuya materia es de la especialidad de esta Sala, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. OPORTUNIDAD

29. Es innecesario realizar el cómputo respectivo, porque el Tribunal Colegiado ya se pronunció al respecto en la resolución en la que reservó jurisdicción a este Alto Tribunal, y concluyó que la interposición de los recursos principal y adhesivo, fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

30. El autorizado del quejoso está legitimado para interponer el recurso de revisión principal, porque tiene reconocido ese carácter en el juicio de amparo indirecto **********. Asimismo, el presidente de la República cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión adhesiva, en su carácter de autoridad responsable.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN

31. Conceptos de violación. La parte quejosa, con relación al tema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, hizo valer, en síntesis:

• La fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, vulnera la garantía de exacta aplicación de la ley, que se consagra en el artículo 14 constitucional, porque no establece en forma clara los tiempos, plazos y condiciones en que inicia el cómputo del periodo perentorio para la presentación de la declaración anual de ingresos, ni ubica alguna conducta típica, dolosa y culpable; pues ello no se solventa por el hecho de disponer que acontece de acuerdo "a como lo exijan las leyes fiscales", pues no era válido el reenvío a diversa disposición para tener por colmado uno de los elementos del delito de defraudación fiscal equiparable, al no señalar a qué ley en concreto se refiere.

La disposición normativa impugnada constituye un tipo abierto, porque dejaba al libre albedrío del juzgador, establecer cuándo se actualiza lo referente a los ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes fiscales.

Además, el legislador ordinario no precisó a qué tipo de leyes se refiere esa obligación, ni clarifica de qué forma y por quién podrían ser determinados esos ingresos.

La norma tampoco precisaba a qué tipo de declaración se refiere; es decir, si es anual o provisional, a través de la cual se hubieran manifestado los ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos; por ello, era oscura e inconstitucional.

El legislador fue omiso en aclarar y concretar a quién se le debía reprochar el tipo de injusto, ya que no se aprecia que el administrador único de una empresa, cuyo carácter se designó al quejoso, pudiera ser el responsable de consignar en las declaraciones que presentara para efectos fiscales, los ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados y, por tanto, ser el responsable del ilícito. Omisión legislativa que no podía aplicarse en perjuicio del quejoso, ni que el tribunal responsable presumiera que éste tenía esa obligación.

32. Sentencia del amparo. Las consideraciones emitidas por el Magistrado Unitario de Circuito para sobreseer en el juicio, con relación a la impugnada fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, se sustentaron en los razonamientos siguientes:

• En el apartado que se denominó: "Análisis de la procedencia del juicio", se determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación al 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, porque el auto de formal prisión no era el primer acto en el que se aplicó al quejoso el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil diez; sino que ello ocurrió en la orden de aprehensión que se libró en su contra del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, el veintitrés de noviembre de dos mil quince, en la causa penal de origen, ya que a partir de ese momento, la norma se individualizó y le causó perjuicio.

En contra de ese mandato de captura, el quejoso promovió amparo indirecto, que se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, bajo el número **********; además, rindió y ratificó su declaración preparatoria, en la que expuso las razones por las que estimó que ese primer acto de aplicación de la norma le causó perjuicio.

Asimismo, en dicho juicio de amparo, se sobreseyó por cambio de situación jurídica, al dictarse el auto de formal procesamiento; determinación que se impugnó a través del recurso de revisión **********, en el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, confirmó el sobreseimiento decretado.

Por lo anterior, el quejoso tuvo conocimiento del primer acto de aplicación del precepto impugnado en la orden de captura, al menos, desde el trece de enero de dos mil dieciséis, en que interpuso el recurso de revisión contra el sobreseimiento que se decretó en el juicio de amparo respecto de la citada orden de aprehensión.

Así, el término de quince días para presentar la demanda de amparo contra ese primer acto de aplicación, inició a partir del día siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento del mismo, es decir, el catorce de enero de dos mil dieciséis, y feneció el cuatro de febrero siguiente, por lo que si la demanda en la que se reclamaron esos actos se presentó el veintidós de julio del propio año, el término transcurrió en exceso, con lo que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que tiene lugar cuando el acto reclamado es consentido de manera tácita, al no promoverse el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley.

En consecuencia, se sobreseyó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31240-f057e027/defraudacion-fiscal-equiparada-la-porcion-normativa-que-refiere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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