DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE PREVÉ DICHO DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN EN MATERIA PENAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 653/2022. 5 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: ***********, apoderado legal de la persona moral *********** no informó a las autoridades fiscales dentro de los plazos que la ley establece, el impuesto sobre la renta que retuvo por concepto de ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio subordinado correspondiente a los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal dos mil once, omitiendo con ello pagar la cantidad de $***********.
Derivado de ello, *********** fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
Inconforme, el imputado, aquí quejoso, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó el auto de vinculación a proceso, así como la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 653/2022, interpuesto por ***********, en contra de la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en el juicio de amparo indirecto ***********.
El problema jurídico para resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, si el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es violatorio del principio de mínima intervención o ultima ratio en su implicación con el diverso principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 constitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El diez de septiembre de dos mil doce, la Dirección de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos perteneciente a la Secretaría de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con base en sus facultades de comprobación, dictó la orden de visita número ***********, a fin de verificar las obligaciones fiscales de la persona moral *********** como retenedor en materia del impuesto sobre la renta.
2. Como resultado, se determinó que ***********, apoderado legal de la persona moral referida, no enteró a las autoridades fiscales dentro de los plazos que la ley establece, el impuesto sobre la renta que retuvo por concepto de ingresos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio subordinado correspondiente a los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal dos mil once, omitiendo pagar la cantidad de $***********.
3. Vinculación a proceso. Por lo anterior, en audiencia inicial de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ***********, el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en funciones de Juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso en contra de *********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
4. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, *********** promovió amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:
a. Autoridades responsables:
i. Congreso de la Unión.
ii. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
iii. Secretario de Gobernación.
iv. Director del Diario Oficial de la Federación.
v. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Sinaloa, con Residencia en Culiacán.
b. Actos reclamados:
i. Discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se expidió el Código Fiscal de la Federación en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en específico la fracción II del artículo 109.
ii. Auto de vinculación a proceso decretado en la audiencia inicial de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal ***********.
5. Asimismo, estimó violados los derechos reconocidos en los artículos 14, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. De la demanda tocó conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien la registró y admitió a trámite bajo el número ***********, solicitó informe justificado a las autoridades responsables y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
7. Sentencia de amparo. En sentencia emitida el nueve de julio de dos mil veintiuno se determinó, por un lado, sobreseer en el juicio(1) y, por el otro, negar la protección constitucional respecto de la constitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, así como del auto de vinculación a proceso emitido en contra de ***********.(2)
8. Recurso de revisión. Inconforme, el quejoso ***********, por conducto de su autorizada legal, interpuso recurso de revisión, del que, por razón de turno, tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, registrándolo bajo el número ***********.
9. Recurso de revisión adhesiva. Mediante escrito enviado en línea el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, el director de Amparos contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de revisión adhesiva, la cual, fue admitida en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós.
10. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, confirmó el sobreseimiento decretado respecto de las autoridades responsables director del Diario Oficial de la Federación y secretario de Gobernación, ambos con sede en la Ciudad de México. Asimismo, dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer sobre la constitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno.
11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión principal y la adhesión interpuesta por el presidente de la República. Asimismo, formó el expediente en que se actúa con el número ***********, ordenó su radicación en la Primera Sala y lo turnó para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
12. Avocamiento. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con lo dispuesto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito que analizó un asunto de naturaleza penal, competencia de la Primera Sala, y no se considera necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que resulta innecesario verificar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión principal y del adhesivo, así como de la legitimación de las partes que los interpusieron. Lo anterior, en virtud de que dichas cuestiones procesales ya han sido analizadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito.
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
15. El recurso de revisión principal es procedente, ya que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juzgado de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó una resolución que analizó la constitucionalidad de una norma.
16. Asimismo no se advierte que, en el caso, se actualice alguna causal adicional de improcedencia que impida a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre los temas que son de su competencia.
IV. ESTUDIO DE FONDO
A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
17. A continuación, se sintetizan los conceptos de violación, las consideraciones emitidas por el Juez de Distrito, así como los agravios hechos valer por el quejoso y recurrente adhesiva, relativas a la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
18. Conceptos de violación. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hizo valer, respecto a la inconstitucionalidad del precepto que nos ocupa, lo siguiente:
a. Planteó que el artículo impugnado transgrede el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estar justificado el hecho antijurídico y el grado de afectación al bien jurídico protegido, siendo éste el patrimonio del fisco.
b. Argumentó que la omisión en estudio no produce ningún resultado material de quebranto patrimonial del Estado por la realización del incumplimiento, por lo que la infracción administrativa es el medio idóneo con el que cuenta el legislador para castigar el incumplimiento de las obligaciones formales.
c. En ese sentido, dijo, es desproporcional que el legislador estableciera la misma pena privativa de la libertad para aquellos delitos que tienen una afectación patrimonial al erario y requieren el uso de engaños, como los establecidos en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el supuesto que se tilda de inconstitucional, pues este último únicamente se trata de un incumplimiento formal –de plazo– a la legislación fiscal, por lo que considera que no existe una afectación al patrimonio federal.
d. Indicó que el legislador no debió otorgar un carácter delictivo a dicho incumplimiento de forma, pues independientemente de la facultad con la que cuenta, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se cumple con la proporcionalidad necesaria.
e. En su opinión, el propio legislador no hace ninguna distinción entre aquellos contribuyentes que realizaron el entero de manera extemporánea, incumpliendo con una obligación meramente formal, y aquellos que omitieron por completo la entrega de lo recaudado o retenido, supuesto en el cual, no se trata de un incumplimiento de forma, sino que se está ante un supuesto que pone en riesgo al erario; circunstancia que justificaría, en dado caso, ser tipificado como delito, y no así el incumplimiento formal de una obligación tributaria.
f. Considera que no debe darse un trato igualitario a los contribuyentes que entregan el numerario recaudado o retenido de forma extemporánea y a los contribuyentes que nunca lo hicieron, ya que considera que se trata de situaciones opuestas, las cuales no pueden ser sancionadas de la misma manera.
g. Planteó que las conductas sancionadas deben ser antijurídicas, entendiendo por tales, aquellas que contrarían un bien jurídico tutelado por el derecho penal. Sin embargo, lo que castiga el tipo penal de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es meramente un incumplimiento formal a la ley, ya que está acotado a que el entero no se haga dentro de los plazos de ley, por lo que resulta una medida excesiva y desproporcional por parte del legislador sancionar el ilícito en estudio con pena privativa de la libertad.
19. Consideraciones del Juez de Distrito. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, al resolver los autos del juicio de amparo indirecto ***********, sostuvo lo siguiente:
a. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son infundados, en virtud de que, contrario a lo que alega, el precepto normativo que se estudia sí cumple con el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 22 constitucional.
b. En principio, el bien jurídico que se tutela en los delitos de carácter fiscal –de manera genérica– es el erario público, refiriéndose al patrimonio colectivo, así el patrimonio público se ve afectado con la conducta del contribuyente que atenta contra una justicia pública financiera y fiscal.
c. Sin embargo, es necesario destacar que para afectar dicho bien jurídico, no necesariamente debe haber un resultado material de quebranto patrimonial al Estado, como lo refiere el quejoso, pues en algunos delitos –particularmente el de defraudación fiscal equiparada consistente en omitir enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado– el resultado es de peligro abstracto, más que de daño, ya que se protege –de manera integral– al sistema recaudatorio del Estado.
d. Circunstancia que guarda relación con la interpretación sistemática de la legislación en estudio, particularmente del numeral 92, párrafo segundo, fracción segunda, la cual dispone que, para proceder legalmente por los delitos fiscales previstos en ese capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115.
e. En tal virtud, el bien jurídico a tutelar en los delitos fiscales se trata del erario público, y concretamente el ilícito de defraudación fiscal equiparada protege al sistema recaudatorio, refiriéndose este último tanto a la afectación real, como a la afectación potencial que pudo haber sufrido el Estado en su finalidad de recaudación.
f. Es decir, en el marco legal correspondiente, el legislador toma en cuenta no solamente la lesión del bien tutelado, sino también la puesta en peligro del bien, así como los diversos factores atinentes al antijurídico en estudio.
g. Por lo anterior, se concluyó que sí existe proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido.
20. Agravios. Los motivos de agravio que hizo valer el recurrente, en la revisión principal, esencialmente, son los siguientes:
a. Señala que es incorrecto el análisis realizado por el Juez de Distrito relativo a la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues no emitió un verdadero pronunciamiento que estableciera si dicho numeral observa el principio de proporcionalidad establecido por el artículo 22 constitucional.
b. Indica que lo que esencialmente se planteó, es que el delito impugnado no es proporcional a una sanción que se toma de las previstas para la comisión de un delito que por su propia naturaleza exige un resultado material (defraudación fiscal), es decir, una afectación real a la hacienda pública. Máxime que como el propio Juez estableció que la defraudación fiscal equiparable que se combate no produce un resultado material de quebranto patrimonial al Estado, por lo cual, contrario a lo que sostuvo, la infracción administrativa resulta el medio idóneo que tiene el legislador para castigar el incumplimiento de las obligaciones formales.
c. Al respecto, señala que las infracciones fiscales son la vulneración del conjunto de normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, su única diferenciación con las normas impugnadas se encuentra en la sanción, ya sea con penas pecuniarias o privativas de libertad, lo que determinará en su caso que nos encontremos ante una infracción o un delito.
d. El Estado crea un particular y propio sistema fiscal, a través de la imposición de obligaciones para el contribuyente y para las autoridades fiscales, con el fin de que le permita recabar oportunamente las contribuciones. En esa medida, tiene la potestad punitiva para imponer el tipo de sanciones según la modalidad de la omisión o conducta de la persona infractora.
e. Por ello, el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales, consistente en un hacer o un no hacer en el plazo que marque la ley cuya comisión, en su caso, dice el quejoso, debería dar lugar a una infracción –normalmente multas–, pues es la medida idónea para sancionar la conducta establecida en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no así una sanción en materia penal.
f. Lo anterior se refuerza atendiendo a que la conducta que erróneamente se consideró como delictiva en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya se encuentra sancionada como una infracción administrativa, pues incluso en el título cuarto, capítulo I, del mismo código, se establece un catálogo de infracciones administrativas (previo al de delitos fiscales), en donde se sanciona la omisión total o parcial en el pago de contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales.
g. Señala que es desproporcional que el legislador haya establecido la misma pena privativa de libertad para aquellos delitos que tienen una afectación patrimonial al erario y requieren el uso de engaños y maquinaciones para que se subsuman en el tipo de defraudación fiscal, con el que prevé el supuesto que se tilda de inconstitucional, pues la conducta prevista por el artículo 109, fracción II multicitado, únicamente se trata de un incumplimiento formal a la legislación fiscal –sin afectación al patrimonio federal–.
h. Por lo cual, indica, resulta desproporcional dicha pena al fin buscado y, por ende, el legislador no debió otorgarle el carácter de delito, ello independientemente de la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución Federal, pues como destacó, no se cumple con la proporcionalidad de dicho tratamiento para un incumplimiento formal –de plazo– a la norma fiscal.
i. El legislador debe proporcionar un marco penal abstracto que permita al juzgador individualizar la pena teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, tales como: la lesión o puesta en peligro del bien, la intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo, así como otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la menor exigibilidad de la conducta.
j. Plantea, que el Juez de Distrito erróneamente estableció que el precepto normativo que se combate sí cumple con el principio de proporcionalidad y razonabilidad, contenido en el artículo 22 constitucional, ya que para afectar el erario público (como bien jurídico), no necesariamente debe haber un resultado material de quebranto patrimonial al Estado, pues el resultado de la defraudación fiscal equiparable es de peligro abstracto, más que de daño, ya que se protege al sistema recaudatorio del Estado. k. Se afirma lo anterior, pues desde el punto de vista del quejoso, sí es necesario que exista dicho quebranto patrimonial para individualizar la sanción en todos los delitos fiscales, ya que el propio Código Fiscal de la Federación establece las cantidades que se hubieren defraudado como parámetro para dicha individualización.
l. Argumenta que el Juez de Distrito tomó como base la doctrina que establece que, al examinar la validez de las leyes penales, se debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente, entre otros aspectos, el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, lo que resulta en una incongruencia interna en el fallo emitido.
m. Sostiene que es incorrecto el razonamiento del Juez de Distrito, al considerar que para la comisión de delitos fiscales no es necesario que exista una afectación a la hacienda pública.
n. En primer lugar, si para la comisión del delito fiscal no es necesario que exista un quebranto patrimonial al Estado, no se podría aplicar la sanción correspondiente, pues para imponerla, acorde con lo establecido en el propio Código Fiscal de la Federación, se debe atender a la cantidad defraudada. Por lo anterior, forzosamente se necesita que haya un quebranto patrimonial, una cantidad defraudada, para con base en ella, se imponga la pena correspondiente.
o. En segundo lugar, en el supuesto no concedido de que se considere correcta la afirmación de que no se requiere un quebranto patrimonial, se tendría que atender al peligro generado al bien jurídico tutelado, lo cual, posiblemente implicaría una comisión tentativa, cuestión que no tiene nada que ver con el presente asunto.
p. Derivado de lo anterior, argumenta que de tomar como cierto lo resuelto en la sentencia recurrida, implicaría una evidente desproporcionalidad de la pena establecida en el artículo en comento, pues se daría pauta a que un contribuyente que supuestamente puso en "peligro" el bien jurídico tutelado (erario) recibiera la misma sanción que aquel que sí generó un quebranto patrimonial al Estado, es decir, que sí llevó a cabo una defraudación fiscal.
q. Si bien es cierto que los contribuyentes están obligados a cumplir sus obligaciones fiscales dentro de los plazos que la propia ley determine, también lo es que ante su incumplimiento se deben establecer las sanciones que conforme a derecho correspondan, las cuales deben atender al principio de proporcionalidad previsto en la Constitución Federal; afirmar lo contrario, implicaría un acto lesivo a la esfera jurídica de los gobernados.
r. Pasar por alto que el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional al no establecer una sanción proporcional a la conducta establecida, implicaría que un contribuyente, por una cuestión formal como la de no enterar en tiempo sus contribuciones, poniendo supuestamente en riesgo a la hacienda pública, será castigado de la misma forma que una persona que, además de haber puesto en riesgo el erario, sí ocasionó un quebranto patrimonial, es decir, sí defraudó al Estado, lo cual es a todas luces contrario a derecho.
s. Resulta evidente que el Juez de Distrito pasó por alto que es desproporcional que el legislador estableciera la misma pena privativa de libertad para aquellos delitos que generan una afectación patrimonial al erario e implican el uso de engaños y maquinaciones para que se subsuman en el tipo, y para el supuesto que se tilda de inconstitucional, pues éste únicamente se trata de un incumplimiento formal a la legislación fiscal –sin afectación al patrimonio federal–, por lo cual queda claro que dicha pena es desproporcional respecto al fin buscado y, por ende, el legislador no debió otorgarle el carácter de delictivo, independientemente de la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso b), constitucional.
t. La hipótesis prevista en la norma que se impugna, acorde con la visión del Juez de Distrito, se entendería como una tentativa de defraudación fiscal, ya que, a consideración del juzgador, en aquélla no resulta necesario un quebranto patrimonial, pues a su criterio, lo que se protege es el "peligro abstracto, más que de daño", lo cual implica un razonamiento totalmente contrario a derecho. Como ya se estableció, el quebranto patrimonial, tratándose de delitos fiscales es indispensable, ya que con base en ello se individualizan las penas.
u. Además, si lo anterior se considerara como cierto, se evidencia la inconstitucionalidad del artículo combatido por ser desproporcional, debido a que dicha defraudación fiscal equiparada debería entenderse como una tentativa y, entonces, si dicho delito "en grado de tentativa" previera una sanción idéntica a la defraudación fiscal, resultaría evidentemente excesiva.
v. En el mismo orden de ideas, menciona que incluso el Código Fiscal de la Federación, en el segundo párrafo del artículo 98, establece que "la tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que corresponda por el delito de que se trate, si éste se hubiere consumado", lo que pone en evidencia que de tener por cierto el razonamiento del Juez de Distrito, implicaría que el artículo 109, fracción II multicitado sea desproporcional al establecer una sanción idéntica para un delito formal a la de un delito con resultado material.
w. Señala que el Juez de Distrito, para tener como infundados los conceptos de violación planteados, consideró que la afectación generada por la defraudación fiscal equiparable al erario guarda relación con la interpretación del numeral 92, párrafo segundo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone que, para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en ese capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio.
x. Sin embargo, la declaratoria de perjuicio a que se hace referencia, únicamente se requiere como requisito de procedencia tratándose de los artículos 102, 103 y 115 del multicitado código.
y. En ese sentido, el quejoso reitera que la defraudación fiscal equiparable que se impugna, forzosamente implica un quebranto patrimonial (sic), pues pensar lo contrario, implicaría la posibilidad de un delito en grado de tentativa, lo cual no es así, pues el propio Código Fiscal de la Federación señala en qué casos es procedente la declaratoria de perjuicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dentro de esos supuestos no se contemplan los previstos en los artículos 108 y 109 del multicitado código, pues éstos necesariamente implican un resultado material.
21. Revisión adhesiva. El director general de Amparos contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en representación de la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, formuló agravios tendentes a fortalecer la negativa del amparo decretada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa.
B. Análisis del asunto
22. El quejoso en sus conceptos de violación planteó que el tipo penal de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, castiga un incumplimiento formal, ya que está acotado a que el entero no se haga del conocimiento a las autoridades hacendarias dentro de los plazos establecidos. Por lo anterior, dijo, resulta una medida desproporcional por parte del legislador sancionar dicha conducta con pena privativa de la libertad. Desde su perspectiva, no se produce ningún quebranto patrimonial al Estado, por lo que una infracción administrativa era el medio idóneo para sancionarla, no el derecho penal.
23. Bajo ese argumento, el estudio del asunto se abordará bajo el siguiente cuestionamiento:
¿El delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del principio de mínima intervención o ultima ratio en su implicación con el diverso principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 constitucional?
Esta Primera Sala considera que la respuesta a la anterior interrogante es en sentido negativo. Para explicar lo anterior, el esquema de análisis de esta Primera Sala, en el presente recurso de revisión, será bajo el desarrollo de los siguientes temas: I. Principio de mínima intervención o ultima ratio en su implicación con el diverso principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 constitucional; y, II. Constitucionalidad del artículo 109, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
I. Principio de mínima intervención o ultima ratio en su implicación con el diverso principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 constitucional.
24. La Primera Sala(3) ha sostenido que el principio de mínima intervención es una manifestación o implicación del principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 22 constitucional, ya que la maquinaria punitiva del Estado sólo puede dar marcha cuando la intensidad de la lesión a los bienes jurídicos en juego es directamente proporcional a la severidad que le caracteriza.
25. De modo que, el fundamento esencial del principio de mínima intervención en materia penal se encuentra en el primer párrafo del artículo 22 constitucional(4) –cláusula que, en términos generales, salvaguarda la proporcionalidad en el uso del ius puniendi–. Así, cuando esta norma ordena que toda pena debe ser proporcional al delito que sanciona y al bien jurídico afectado, no sólo obliga al legislador a diseñar un sistema de penas proporcional a la afectación de los bienes jurídicos en juego. También lo obliga a diseñar un sistema penal sensible a la idea de que no toda ofensa merece ser canalizada por la vía más estricta y a salvaguardar la posibilidad de utilizar medios alternat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31809-cc0d0077/defraudacion-fiscal-equiparada-el-articulo-109-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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