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Modo: Corpus Pro

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I Y SANCIONADO EN EL DIVERSO 108, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SE ACTUALIZA CUANDO EL CONTRIBUYENTE, EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DECLARA EN CERO PESOS SUS INGRESOS, CUANDO REALMENTE LOS OBTUVO EN CANTIDAD SUPERIOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 147/2013. · Registro digital (IUS): 25091
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-06-13
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1636.

AMPARO DIRECTO 147/2013. 6 DE MARZO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. PONENTE: ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN. SECRETARIA: ANGÉLICA RÍOS JARA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Determinación que adopta este tribunal. En observancia a una adecuada técnica del juicio de amparo, en primer lugar se estudiarán los conceptos de violación formulados por el quejoso principal **********, expresados por conducto de su defensor particular Raúl Humberto Lozano Irigoyen, y en caso de ser necesario, se realizará el análisis de los motivos de inconformidad del quejoso adherente Javier de Anda Hernández, director de investigaciones "A", de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (tercero interesado), pues de resultar infundados los primeros, a ningún fin práctico conduciría el pronunciarse respecto de los restantes, pues estos últimos tienen como objeto o fin, la subsistencia del acto tildado de inconstitucional.

Los conceptos de violación expresados por el quejoso principal son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, como se verá más adelante.

Previo a evidenciar lo anterior, resulta pertinente comentar que por cuestión metodológica los conceptos de violación serán estudiados en atención a su naturaleza jurídica y no en el orden propuesto por el demandante, conforme los siguientes subapartados de este considerando: 8.1. Estudio del debido proceso; 8.2. Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado; y, 8.3. De la individualización de las penas.

8.1. Estudio del debido proceso.

En ese sentido, contrario a lo manifestado por el peticionario principal en el concepto de violación número 1, este Tribunal Colegiado advierte que la autoridad responsable, al emitir la resolución que por esta vía se combate, no transgredió en perjuicio de éste los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos constitucionales 14 y 20; ya que en el caso se aprecia que fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, en mérito a que el quejoso fue juzgado por un tribunal previamente establecido, competente y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos delictivos que se le imputan; al declarar ministerialmente y en preparatoria, se le hizo saber la naturaleza y causa de la acusación; las circunstancias de modo, lugar y tiempo que mediaron en la comisión del ilícito por el que fue procesado (defraudación fiscal equiparada, prevista en el numeral 109, fracción I y sancionado en el diverso 108, párrafo tercero, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación); fue oído por sí y a través de los defensores designados durante la secuela del procedimiento para tal efecto; se le dio a conocer el nombre de las personas que declararon en su contra y los derechos humanos que le reconoce el artículo 20 de la Constitución General de la República.

En efecto, en el proceso que se le instruyó, el quejoso tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio, ofrecer y desahogar pruebas, presentar recursos, así como formular conclusiones, para luego emitirse la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

Además, el ad quem responsable, al resolver en la forma como lo hizo, en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el sentenciado y su defensor contra la resolución de primer grado, tomó en cuenta todas y cada una de las probanzas relacionadas con la conducta delictiva por la que fue procesado y que constan en la causa; expuso las razones y citó los preceptos legales en que se apoyó tanto para otorgar o negar valor a cada una de esas pruebas, como para tener por acreditado el delito de defraudación fiscal equiparada y la responsabilidad penal del hoy quejoso, así como para la imposición de las penas correspondientes.

De lo que se colige que en la especie se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, en sus correspondientes instancias, para llegar al respectivo juicio de reproche contra el quejoso.

Por lo anterior, no se advierte que exista violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al caso, resultan aplicables las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.’ Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."(1)

"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se trámite conforme a la ley y se resuelva, analizando los agravios expresados."(2)

Además, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia reclamada se precisó el delito por el que el quejoso fue procesado; se hizo referencia a las pruebas con las que se consideró se acreditaba la plena responsabilidad del aquí promovente del amparo en su comisión; se señalaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, así como las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir el acto.

En tales condiciones es obvio que, en el caso, no existe violación que haga nugatorio el acto de autoridad reclamado.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional de nuestro País, de rubro y contenido siguientes:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(3)

8.2. Demostración de los elementos del delito y responsabilidad del sentenciado.

En cuanto al fondo de la resolución que constituye el acto reclamado, se aprecia que el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, confirmó la sentencia pronunciada por el entonces Juez Quinto de Distrito en Materia Penal, ahora de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, al considerar al ahora quejoso penalmente responsable de la comisión del ilícito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el numeral 109, fracción I y sancionado en el diverso 108, párrafo tercero, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, vigentes en la época de los hechos, que a la letra señalan:

"Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

"I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. ..."

"Artículo 108. ...

"...

"El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas "siguientes:

"I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $989,940.00."

De los preceptos legales transcritos, se advierte que los elementos constitutivos del delito de defraudación fiscal equiparable, son:

a) Que una persona física o moral, presente una declaración para efectos fiscales; y,

b) Que en dicha declaración fiscal, se consignen ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes.

De igual forma, en relación con el delito de defraudación fiscal equiparable por el cual se le dictó sentencia condenatoria al quejoso, es dable mencionar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, prevé la obligación que tienen todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, Estado o Municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; el numeral 1o. del Código Fiscal de la Federación, señala que las personas físicas y morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; por su parte, el artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, menciona que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, entre otros casos, las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

En ese sentido, previo a pronunciarse respecto a los elementos del delito y la responsabilidad del quejoso en la comisión del injusto referido, se estima pertinente analizar, como acertadamente lo realizó el tribunal responsable, la existencia de una persona física, con carácter de contribuyente, el requisito de procedibilidad de la querella de parte ofendida y la oportunidad de su presentación.

El carácter del sentenciado, ahora quejoso, como persona física contribuyente, se acredita con la copia certificada de la cédula de identificación fiscal en la que se contiene la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nombre de **********, con clave: ********** y domicilio fiscal ubicado en: ********** (foja 56, anexo).

Mientras que el requisito de procedibilidad que exige el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, dispone que:

"Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

"I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado."

Dicho requisito se tiene por cumplido, toda vez que en autos del proceso instruido en contra del ahora demandante del amparo, obra la querella presentada mediante oficio 529-V-DDFL-0545/2009, de diecinueve de octubre de dos mil nueve, suscrito por el doctor en derecho Rubén Durán Miranda, director de defraudación fiscal de la Dirección General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa II-DDF, titular de la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Procuraduría General de la República, Delegación en el Distrito Federal, al advertirse que **********, consignó en la declaración anual normal del impuesto sobre la renta, que presentó por el ejercicio fiscal de dos mil cinco, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en cantidad de $5,292, 614.80, los cuales fueron conocidos por depósitos en sus cuentas bancarias proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros, por lo que omitió el pago del impuesto sobre la renta en la cantidad de $701,110.34 (fojas 12 a 28, tomo I, del proceso), la cual fue ratificada mediante comparecencia ante la autoridad ministerial el cinco de noviembre de dos mil nueve (fojas 12 a 32, tomo I, del proceso).

La legitimidad del director de defraudación fiscal de la citada dependencia para formular la querella en contra del ahora quejoso, se desprende de la copia certificada del nombramiento y la cédula profesional que exhibió en su escrito de querella, así como de lo dispuesto en el artículo 82-A, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, vigente a la fecha en que se presentó dicha querella, que a la letra señala:

"Artículo 82-A. Compete a la Dirección de Defraudación Fiscal:

"I. ...

"II. Denunciar, querellarse, así como formular y presentar las declaratorias de perjuicio y peticiones que procedan, en relación con la responsabilidad penal y los hechos delictuosos a que se refiere la fracción anterior de este artículo, que deban hacerse al Ministerio Público, así como formular las abstenciones cuando exista impedimento legal o material para ello y la petición de sobreseimiento del proceso penal u otorgar el perdón en los casos en que así proceda, previo informe del Servicio de Administración Tributaria en el que se establezca que se ha cubierto el interés fiscal al encontrarse pagados o garantizados a satisfacción del Fisco Federal, los créditos del contribuyente o de las personas morales en que éste ejerza el control efectivo, además se podrá considerar, entre otros, si el pago fue espontáneo, la existencia de juicios o litigios en contra del Fisco Federal y, en su caso, los demás elementos que se establezcan en las disposiciones y lineamientos que se emitan para tal efecto."

Ahora bien, al ser de estudio preferente el análisis de la oportunidad para la presentación de la querella (requisito de procedibilidad), este órgano colegiado advierte que el Código Fiscal de la Federación prevé para la formulación de la querella para la conducta imputada al aquí quejoso (defraudación fiscal equiparable) la temporalidad de tres años, a partir de que tenga conocimiento tal conducta en detrimento del Fisco Federal y cinco años cuando no tenga noticia del mismo, conforme a lo establecido por el artículo 100 de la codificación especial, que expresamente refiere:

"Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."

Lo anterior, ya que tratándose de la conducta ilícita de defraudación fiscal equiparable, existe en la normatividad especial su regulación en cuanto a este tipo de conductas delictivas; así, se tiene que el Código Fiscal de la Federación contempla diversos tipos penales especiales, por lo que para la oportunidad de la formulación de la querella deberá atenderse a su propia regulación; de lo anterior, que si de actuaciones se informa que se formuló querella en contra del aquí quejoso el treinta de octubre del año dos mil nueve (fojas 12 a 28, tomo I, del proceso), con motivo de que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento de la conducta ilícita imputada al accionante del amparo el doce de octubre de dos mil nueve, al obtener el dictamen técnico contable que así se los reveló (fojas 8 a 20, anexo); por lo que se torna inconcuso que la formulación de la querella fue oportuna, pues sólo mediaron dieciocho días naturales entre el conocimiento del proceder ilícito (doce de octubre) y la formulación del escrito de hechos al Ministerio Público, por la autoridad fiscal legitimada para ello (treinta de octubre).

Ahora bien, una vez analizada la existencia de la persona física, con carácter de contribuyente, así como los requisitos de procedibilidad y oportunidad de la querella presentada, este órgano de control constitucional considera que la autoridad jurisdiccional señalada como responsable, estuvo en lo correcto al tener por demostrados los elementos del delito mencionado y la plena responsabilidad del quejoso en su ejecución, pues para ello al pronunciar la sentencia reclamada, adecuadamente tomó en consideración, de manera preponderante, los siguientes elementos de prueba:

1. Declaración anual del ejercicio fiscal dos mil cinco, presentada vía Internet el dos de junio de dos mil seis, ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el contribuyente **********, con Registro Federal de Contribuyentes: **********, con domicilio fiscal calle **********, número **********, colonia **********, Guadalajara, Jalisco, C.P. **********; domicilio fiscal que posteriormente fue cambiado por el propio quejoso, como se desprende de la copia certificada del formato R-2 "Formulario de avisos al Registro Federal de Contribuyentes, cambio de situación fiscal", presentado el doce de septiembre de dos mil seis, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Zapopan, en el que informa el cambio de domicilio fiscal manifestado por el implicado, al domicilio fiscal o domicilio que origina el aviso de cambio de situación fiscal, ubicado en Boulevard **********, número **********, interior **********, letra **********, colonia ********** en Zapopan, Jalisco (fojas 58 a 62, así como 46 a 49, anexo).

2. Declaración informativa de razones por las cuales no realizó el pago el causahabiente en comento, por el ejercicio fiscal dos mil cinco, en la que manifestó, "No se obtuvieron ingresos en el periodo a declarar para efectos del ISR" (fojas 63 a 75, anexo).

3. Diligencia de inspección y fe ministerial, ambas de fechas veintitrés de septiembre de dos mil once, en la que el fiscal federal hizo constar y dio fe, de tener a la vista, entre otros documentos, copia certificada de la declaración anual presentada por **********, en el ejercicio fiscal dos mil cinco, constante de cinco fojas útiles, en la que se señaló como total de ingresos 0, deducciones autorizadas 0, utilidad fiscal y utilidad gravable acumulable 0 (fojas 205 a 217, tomo I, del proceso).

4. Orden de práctica de visita domiciliaria número RIF6700027/07, contenida en el oficio 324-SAT-14-V-4838, de diez de diciembre de dos mil siete, signada por el administrador local de auditoría fiscal de Zapopan, Jalisco, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, practicada al contribuyente **********, en su domicilio fiscal boulevard **********, número **********, interior **********, fraccionamiento **********, Zapopan, Jalisco, C.P. **********, de la que se obtuvo la siguiente información contable (fojas 22 a 23, anexo):

4.1. Estados de cuenta bancarias a nombre de **********, de las que se advirtieron diversos depósitos hasta por la cantidad de $5,352,775.46 (cinco millones, trescientos cincuenta y dos mil, setecientos setenta y cinco pesos 46/00 M.N.); deducidos de las siguientes cuentas:

4.1.1. Copia certificada de los estados de la cuenta perfiles número **********, de la institución bancaria Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX) (fojas 115 a 123, anexo).

4.1.2. Copia certificada de los estados de la cuenta libretón número ********** de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. (fojas 125 a 145, anexo).

4.1.3. Copia certificada de los estados de la cuenta de cheques número ********** de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) (fojas 147 a 149, anexo).

4.1.4. Copia certificada de los estados de la cuenta de Cheques número ********** de la institución bancaria HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC Compliance (fojas 151 a 171, anexo).

4.2. Recibos de honorarios allegados por terceros clientes del contribuyente **********, derivado de las visitas domiciliarias efectuadas por la autoridad fiscal, a saber:

4.2.1. Once recibos de honorarios expedidos por el profesionista a favor de **********, por la cantidad de $14,700.00. (catorce mil setecientos pesos 00/100 M.N.) de fechas siete y ocho de mayo, siete y veintiuno de junio, doce de julio, nueve y diecinueve de agosto, trece de septiembre, once de octubre, quince de noviembre y trece de diciembre, todos de dos mil cinco, por concepto de honorarios médicos (fojas 302 a 314, anexo).

4.2.2. Cinco recibos de honorarios expedidos por el contribuyente a favor de **********, por la cantidad de $71,300.00. (setenta y un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), de diecisiete de febrero, veintitrés de abril, quince de noviembre, cinco y doce de diciembre, todos de dos mil cinco, por concepto de honorarios médicos (fojas 316 a 338, anexo).

4.2.3. Once recibos de honorarios expedidos por el causahabiente a favor de **********, por la cantidad de $14,850.00 (catorce mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), de fechas doce de enero, veintiséis de mayo, once de junio, ocho de agosto, doce de septiembre, diez de octubre, catorce y veinte de noviembre, doce, treinta y treinta y uno de diciembre, todos de dos mil cinco, por concepto de honorarios médicos (fojas 340 a 358, anexo).

4.2.4. Un recibo de honorarios expedido por el inculpado a favor de AIG México, Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V., por la cantidad de $7,830.00 (siete mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.) de fecha veintinueve de septiembre de dos mil cinco (fojas 370 a 376, anexo).

5. Dictamen técnico contable, de doce de octubre de dos mil nueve, suscrito por los contadores públicos Héctor Rebollo Mejía y José Ramón Pagazartundúa González, ambos peritos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitido respecto de la documentación obtenida en la visita domiciliaria practicada por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Zapopan, Jalisco, al contribuyente **********, con Registro Federal de Contribuyentes: **********; ratificado el seis de mayo de dos mil once (fojas 165 a 166, 168 a 169, tomo I, del proceso); y, en el que arribaron a las siguientes conclusiones:

"Primera. Del análisis efectuado a los recibos de honorarios expedidos por el contribuyente **********, se conoció que por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, la actividad del contribuyente fue la de prestación de servicios profesionales, por lo que tributa en el título IV, capítulo II, denominado de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Segunda. El contribuyente ********** por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta en ‘ceros.’. Tercera. El contribuyente ********** no proporcionó durante la visita, la contabilidad o bien, la contabilidad simplificada con un solo libro de ingresos, egresos y de registros de inversiones o deducciones que estaba obligado a llevar (sic). Cuarta. Que de la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se conoció que el contribuyente **********, por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, efectuó depósitos en sus cuentas bancarias en cantidad total de $5,352,775.46., de los cuales no aclaró el origen de $5,107,712.98. Quinta. La autoridad revisora llevó a cabo visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros a clientes (pacientes) del contribuyente visitado conociéndose que llevaron a cabo operaciones con el contribuyente ********** durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, en cantidad $657,077.05. de los cuales solamente se pudo identificar en estados de cuenta bancarios, la cantidad de $195,144.48. Sexta. Asimismo, de las visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros, realizadas por la autoridad revisora, se conoció que trasladó el impuesto al valor agregado en cantidad de $10,242.66 y que le efectuaron retenciones de impuesto sobre la renta por un importe de $38,132.61. y de impuesto al valor agregado en cantidad de $5,089.11. al contribuyente por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005. Séptima. De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que durante el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, el contribuyente **********, dejó de consignar en la declaración anual para efectos del impuesto sobre la renta, ingresos acumulables en cantidad de $5,292,614.80 originando con ello una omisión de dicho impuesto por $701,110.34. ... Dictamen. Por lo expuesto en el presente dictamen, se concluye que el contribuyente **********, consignó en la declaración anual normal del impuesto sobre la renta, que presentó por el ejercicio fiscal de 2005, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en cantidad $5,292,614.80., los cuales fueron conocidos por depósitos en sus cuentas bancarias proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de visitas domiciliarias de aportación de datos por terceros, omitiendo en consecuencia el pago del impuesto sobre la renta en cantidad de $701,110.34 (setecientos un mil ciento diez pesos 34/100 M.N.)" (fojas 8 a 20, anexo).

6. Dictamen de veinticinco de agosto de dos mil once, número 18424, emitido por la contadora pública María Catalina Villalvazo Salvatierra, perito oficial en materia de contabilidad de la Procuraduría General de la República, adscrita a la Delegación Estatal Jalisco, realizado dentro de la averiguación previa **********, en el que concluyó que: "Única: En base a los documentos que obran en el expediente a la fecha del presente dictamen se observa que el contribuyente **********, causó impuesto sobre la renta, correspondiente al año 2005, por la cantidad de $701,110.35 (setecientos un mil ciento diez pesos 35/100), los cuales no fueron enterados al Fisco Federal." (fojas 200 a 204, tomo I, del proceso).

7. Declaración ministerial del entonces indiciado **********, rendida el veinticinco de febrero de dos mil diez, en la que previa lectura de sus derechos reconocidos en los artículos 20 de la Constitución y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales y asistido por sus defensores particulares, abogados ********** y **********, manifestó: "Que comparezco ante esta representación social de la federación de manera voluntaria y previo citatorio que me fue girado, y al estar enterado de las constancias que integran la presente averiguación previa quiero manifestar que es mi deseo reservarme el derecho a rendir mi declaración ministerial en este momento, manifestando que la misma la presentaré por escrito en un plazo de 8 ocho días naturales. Siendo todo lo que deseo manifestar."; (fojas 55 a 57, tomo I, del proceso) la cual fue vertida por escrito el doce de marzo de dos mil diez (fojas 61 a 95, tomo I, del proceso) y ratificada el diecisiete siguiente (foja 97, tomo I, del proceso).

8. Declaración preparatoria del entonces inculpado, aquí quejoso, de tres de febrero de dos mil doce, en la que previa lectura de sus derechos constitucionales y legales, y designación como su defensor particular del licenciado **********, e informado que el delito que se le imputa es el de defraudación fiscal equiparable, previsto y sancionado en los artículos 109, fracción I y 108, párrafo tercero, ambos, del Código Fiscal de la Federación, respectivamente, y una vez realizada la lectura de las pruebas y constancias que obran en la denuncia formulada en su contra; así como la oportunidad de que se le reciban los testigos y pruebas que ofrezca; declaró: "Previa lectura de mi expediente quiero comparecer y mencionar que radicalmente delegué toda la responsabilidad de mis declaraciones fiscales en el dos mil cinco, al licenciado ********** no recuerdo su segundo apellido ni su domicilio actual y a la fecha tengo sin verlo aproximadamente, cuatro años, quien era mi contador y en quien confié en todas sus recomendaciones sabiendo él de antemano de mi carga laboral trabajando día y noche; y no tenía tiempo ni cabeza fría para razonar sus recomendaciones, sin tener nada más que agregar." (fojas 343 a 346, tomo I, del proceso).

9. Recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales realizado ante Banco Nacional de México, S.A., realizado el ocho de marzo de dos mil doce y acuse de recibo del Servic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25091-bdedf9a4/delito-de-defraudacion-fiscal-equiparada-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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