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Modo: Corpus Pro

DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2013. · Registro digital (IUS): 25180
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-29
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Pág. 212.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 361/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO MOSQUEDA VELÁZQUEZ.

III. Competencia

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis formulada por el procurador general de la República que, a su decir, se suscitó entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, precisados en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.

8. Lo anterior tiene sustento, además, en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)

IV. Legitimación

9. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el procurador general de la República, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

V. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito

10. Los criterios que emanan de las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales denunciados como contendientes, se plasman a continuación:

11. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 124/2012, en sesión de nueve de noviembre de dos mil doce. La parte relativa al tema denunciado por el procurador general de la República, se transcribe a continuación:

"El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos (2005), establece lo siguiente:

"La acción penal de los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente, y si no tiene conocimiento en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal.

"El citado precepto legal fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2006-PS, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 73/2006, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. SI ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DESDE SU COMISIÓN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TIENE CONOCIMIENTO DEL ILÍCITO Y DE SU AUTOR, AQUÉLLA SE ACTUALIZARÁ EN UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS A PARTIR DE ESE MOMENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’,(3) fijando sus alcances respecto a la prescripción de la acción penal en el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL, como el que nos ocupa, previsto en el artículo 108, párrafo primero, en relación con el párrafo noveno, inciso c), del propio numeral, y sancionado en la fracción III de ese precepto legal, en concordancia con su antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, perseguible por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"El punto materia de la contradicción citada se limitó a determinar, si para efectos de la prescripción de la acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, conforme al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación ¿el plazo de tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, NO puede rebasar el diverso de cinco años computado a partir de la fecha de comisión del delito? o, si por el contrario ¿sí puede rebasar dicho plazo, bastando que dentro del mismo se tenga conocimiento del delito y del delincuente?

"De la ejecutoria de dicha contradicción de tesis se advierte que la contestación a las interrogantes, fue en los siguientes términos:

"- Este precepto establece dos reglas para computar la prescripción: 1. Un plazo de tres años a partir de que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y, 2. Un término de cinco años que se computará a partir de la fecha de la comisión del delito y que se actualiza cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y su autor.

"- Que si antes de que se cumplan los cinco años de la comisión del delito la aludida secretaría tiene conocimiento de éste y de su autor, la prescripción se computará conforme a la primera regla (tres años a partir de ese momento), sin que sea posible tomar en cuenta la fecha de la comisión del delito, pues ésta constituye un elemento de la segunda hipótesis.

"- Que ambos supuestos se excluyen entre sí, no pueden conjugarse.

"- Basta que la autoridad hacendaria tenga conocimiento del delito y de su autor dentro del plazo de cinco años previsto en la segunda regla, para que el fenómeno extintivo de la acción penal se rija conforme al plazo de tres años, aunque la fecha que resulte pudiera rebasar aquella en la que habría prescrito el delito conforme a la segunda hipótesis.

"- Lo anterior es así, se dice en la resolución, en virtud de que la definición clara de dichas reglas revela que en esta clase de delitos especiales, la intención del legislador consistió en que su prescripción fuera congruente con el término de caducidad en materia fiscal, sin que ello implique que el plazo de tres años pueda empezar a contarse en cualquier tiempo, sino que, necesariamente, tendrá que iniciar antes de que concluya el término de cinco años, pues si excede de éste ya habrá prescrito la acción penal.

"- Que para la prescripción de los delitos fiscales por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe estarse a las reglas señaladas en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, y no a lo previsto por el Código Penal Federal, tema que ahora nos ocupa.

"Aspecto este último que fue reiterado por la referida Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 187/2010, de la que derivó la diversa jurisprudencia 95/2010, de rubro: ‘DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’(4)

"A mayor abundamiento, debe precisarse que del texto del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, se aprecia que establece dos supuestos bien definidos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda ejercer su derecho para querellarse por la probable comisión de algún ilícito de los que hace mención el artículo 92 del mismo ordenamiento, entre ellos, el delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADO, previsto en el artículo 108, párrafo primero, en relación con el párrafo noveno, inciso c), del propio numeral, y sancionado en la fracción III de ese precepto legal, en concordancia con su antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos (2005), que se atribuye al quejoso **********, en la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión.

"La primera de las hipótesis parte del supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, en cuyo caso hace referencia al término de tres años, para que ejerza su derecho de querellarse y la segunda hipótesis se actualiza, cuando dicha Secretaría de Hacienda no tenga conocimiento del delito y del delincuente, en cuyo supuesto debe establecerse la referencia temporal de cinco años.

"Establecido lo anterior, cabe expresar que, en el primer supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe tener el conocimiento cierto de la probable comisión de un delito fiscal perseguible por querella y, en este sentido, para actualizar esta hipótesis no puede conjugarse un elemento establecido para configurar el segundo supuesto señalado en el artículo 100 del mencionado código, esto es, la fecha de la comisión del delito, porque para llegar al conocimiento del delito y del delincuente, la autoridad hacendaria tendrá que ejercer previamente sus atribuciones fiscalizadoras, para, como en el caso, comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que estaba afecto la contribuyente como sujeto directo en materia de contribuciones federales, entre las que se encuentran las relativas al impuesto al valor agregado y será, precisamente, en el momento en que se detecte la posible comisión de algún ilícito fiscal perseguible por querella, cuando ésta tendrá la oportunidad de ejercer su derecho dentro del término de tres años.

"Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 92/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: ‘DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN.’

"Además, la fecha en que la ofendida tuvo conocimiento del delito y del delincuente y, por ende, estuvo en aptitud de formular su querella correspondiente, no es un aspecto que la autoridad de instancia o de amparo tenga que determinar unilateralmente, como lo hizo el a quo en el presente caso, tomando en consideración sólo la fecha en que la autoridad hacendaria dio inicio a su facultad verificadora; pues de estimarlo así, ello se convertiría en un acto ‘reglado’ e ‘incontrovertible’, basado en todos los casos únicamente en la precisión de la fecha de inicio de la referida facultad verificadora, soslayando los diversos medios de prueba allegados por la parte ofendida, para justificar la presentación oportuna de su querella, que permita a la autoridad el análisis de las hipótesis de prescripción referidas, a saber, el momento a partir del cual ésta tuvo conocimiento del delito y del delincuente, o bien, del diverso de la comisión del delito (materia directa del proceso).(5)

"En las relatadas consideraciones, es en la fecha del dictamen técnico contable, suscrito por peritos adscritos al Servicio de Administración Tributaria de referencia (18 abril de 2008) y no en alguna otra, en que se estima que aquélla tuvo conocimiento del delito y del delincuente, por lo mismo, que es a partir de esa fecha que debe computarse el plazo de tres años establecido por el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para que la ofendida se querelle y, en su caso, el Ministerio Público ejerza acción penal, que en el presente caso debe tenerse por cumplido en dieciocho de abril de dos mil once, de manera tal que, si en el caso se realizó la consignación sin detenido al Juez de la causa en nueve de febrero de dos mil diez, es evidente que lo anterior se realizó antes de que transcurriera el término de tres años exigido por el referido artículo 100 del código tributario, para que operara la prescripción de la acción penal respecto del delito previsto en el artículo 108, de la referida codificación tributaria, que nos ocupa, a saber, en dieciocho de abril de dos mil once.

"Apoya lo anterior, la tesis I.6o.P.94 P, de este Sexto Tribunal Colegiado de Circuito, que a la letra dice: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. TRATÁNDOSE DEL SUPUESTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TENGA CONOCIMIENTO DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE, NO SE REQUIERE QUE ÉSTA CONCLUYA SUS ATRIBUCIONES FISCALIZADORAS PARA QUE PUEDA PRESENTAR LA QUERELLA RESPECTIVA.’ (se transcribe).

"Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 96/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:(6)

"‘DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.’."

12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito resolvió el amparo en revisión penal 32/2013, en sesión de seis de junio de dos mil trece. La parte relativa al tema denunciado por el procurador general de la República, se transcribe a continuación:

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2010, precisó:

"• El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 30 de agosto de 2012) establece dos reglas para computar la prescripción: 1. Un plazo de tres años a partir de que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y, 2. Un término de cinco años que se computará a partir de la fecha de la comisión del delito y que se actualiza cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y su autor.

"• Que si antes de que se cumplan los cinco años de la comisión del delito, la aludida secretaría tiene conocimiento de éste y de su autor, la prescripción se computará conforme a la primera regla (tres años a partir de ese momento), sin que sea posible tomar en cuenta la fecha de la comisión del delito, pues ésta constituye un elemento de la segunda hipótesis.

"• Que ambos supuestos se excluyen entre sí, no pueden conjugarse.

"• Basta que la autoridad hacendaria tenga conocimiento del delito y de su autor dentro del plazo de cinco años previsto en la segunda regla, para que el fenómeno extintivo de la acción penal se rija conforme al plazo de tres años, aunque la fecha que resulte pudiera rebasar aquella en la que habría prescrito el delito conforme a la segunda hipótesis.

"• Lo anterior es así, en virtud de que la definición clara de dichas reglas revela que en esta clase de delitos especiales, la intención del legislador consistió en que su prescripción fuera congruente con el término de caducidad en materia fiscal, sin que ello implique que el plazo de tres años pueda empezar a contarse en cualquier tiempo, sino que, necesariamente, tendrá que iniciar antes de que concluya el término de cinco años, pues si excede de éste ya habrá prescrito la acción penal.

"• Que para la prescripción de los delitos fiscales por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe estarse a las reglas señaladas en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, y no a lo previsto por el Código Penal Federal, tema que ahora nos ocupa.

"• ... al haberse corroborado que la intención del legislador fue establecer en la ley especial: Código Fiscal de la Federación, el plazo de prescripción de los delitos fiscales perseguibles por querella, devienen inaplicables para computar dicha figura jurídica las reglas establecidas para los delitos de querella, en los artículos 104 y 105 del Código Penal Federal.

"• ... el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 92/2000, en la que estableció que el único órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de un delito fiscal es el Ministerio Público Federal al que podrá coadyuvar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos y límites que marcan las leyes; correspondiendo a esta última el deber de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en su caso, denunciar la posible comisión de un ilícito. De ahí que, si durante la práctica de una auditoría conoció los hechos probablemente constitutivos del ilícito, puede, de manera inmediata, presentar la querella respectiva, sin importar el estado que guarden sus actuaciones, ya que en el procedimiento que habrá de iniciarse, el Ministerio Público Federal realizará las investigaciones conducentes, a fin de establecer si existe o no el delito denunciado.

"• En este sentido y tomando en consideración que para el cómputo de la prescripción de los delitos fiscales perseguibles por querella, únicamente debe acudirse a los plazos establecidos en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse que las actuaciones realizadas tanto por la Secretaría de Hacienda como por la autoridad ministerial en la averiguación previa, no interrumpen los plazos de tres o cinco años (de acuerdo al supuesto que se actualice) que establece dicho precepto legal, tanto para que se querelle la ofendida como para que, si procede, el Ministerio Público ejerza la acción penal, pues dentro de dichos plazos deberán ocurrir las dos acciones mencionadas, toda vez que del precepto referido de manera alguna se advierte una división en los plazos para querellarse o para ejercer la acción penal, pues, se insiste, no podría acudirse a las reglas de prescripción para ejercer la acción penal que establece el Código Penal Federal.

"Atenta a las reseñadas consideraciones, la Primera Sala consideró que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, los criterios redactados con los siguientes rubros y textos:

"‘DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’(7)

"‘DELITOS FISCALES. LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE LA OFENDIDA SE QUERELLE Y EN SU CASO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERZA ACCIÓN PENAL, NO SE INTERRUMPEN CON LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NI CON LAS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.’(8)

"Ahora bien, cabe precisar que el delito por el cual se giró la orden de aprehensión en contra de los quejosos, aquí recurrentes, lo es el de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, párrafo primero, en relación con el párrafo noveno, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, y sancionado en la fracción III de ese mismo ordenamiento, con relación a su antepenúltimo párrafo; que el delito en cuestión se persigue por querella, según se obtiene de lo dispuesto en el artículo 92, fracción I, de la referida codificación fiscal; así como que la acción penal en los delitos perseguibles por querella, prescribirá en tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito y del delincuente, y si no tiene tal conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito, según se dispone en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época en que sucedieron los hechos.

"De manera que, como lo estableció el Juez de Distrito y reconocen los propios inconformes, si en el caso el término de tres años para que opere la prescripción se computa a partir de que la autoridad hacendaria tuvo conocimiento del delito y del delincuente, esto es, el 31 de octubre de 2005, cuando tuvo a lugar el inicio de la visita domiciliaria a la empresa **********, al detectarse la comisión de actuaciones irregulares por parte de los administradores o apoderado de la citada sociedad mercantil; y si como lo estableció la Primera Sala, dentro de los plazos que establece el numeral 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época en que sucedieron los hechos, deben ocurrir tanto la querella de la ofendida como el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, quien deberá ejercer dicha acción antes de que fenezcan los plazos de tres o cinco años (de acuerdo al supuesto que se actualice) establecidos en el citado precepto legal; de lo anterior no cabe sino concluir que, si el plazo de tres años a que se refiere el numeral 100 del Código Fiscal de la Federación, para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, comenzó a correr a partir del 31 de octubre de 2005, para fenecer el 31 de octubre de 2008; y si el representante social federal no ejercita la acción penal sino hasta el 09 de febrero de 2010, según se obtiene de la orden de aprehensión reclamada (foja 95 del cuaderno de amparo); a dicha fecha había prescrito el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público federal, en tanto que en dicho plazo deban realizarse ambos actos (presentación de la querella y ejercicio de la acción penal)."

VI. Existencia de la contradicción de tesis denunciada por el procurador general de la República

13. En siguiente orden de estudio, debe determinarse la existencia de la contradicción de criterios denunciada por el procurador general de la República, a efecto de que sea viable el estudio de fondo del tema planteado.(9)

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que, como en el caso, los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan criterios que devengan en contradicción de tesis, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de las mismas se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

15. Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

16. De lo anterior se sigue que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

1o. Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

2o. Dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

17. La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada la figura jurídica de la contradicción de tesis en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18. Sirven de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia y la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P.J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(10)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer tod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25180-a5c976de/delitos-fiscales-perseguibles-por-querella-para-determinar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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