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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL TENER NATURALEZA MATERIAL, LE SON APLICABLES LOS DERECHOS DE LEGALIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 587/2017. · Registro digital (IUS): 28316
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 3151.

AMPARO EN REVISIÓN 587/2017. 22 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SELINA HAIDÉ AVANTE JUÁREZ. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BALLESTEROS.

CONSIDERANDO

SEXTO.—Análisis de los agravios.

51. En su primer agravio, el inconforme sostiene que fue incorrecta la consideración del Juez de Distrito respecto del tópico inherente a la prescripción de la acción penal, pues aduce que de conformidad con el artículo séptimo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, la prueba idónea para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda tomar conocimiento del delito y del delincuente (antes del uno de enero de dos mil doce), consiste en el dictamen contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria.

52. Es fundado dicho aserto suplido en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que no es dable brindar una interpretación diversa al artículo 100 (vigente en la época de los hechos), así como al artículo séptimo transitorio del Código Fiscal de la Federación, derivado del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, por la literalidad de su contenido y por la interpretación que de esos preceptos realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

53. A efecto de corroborar lo anterior, será necesario realizar un esbozo sobre la prescripción, así como una cronología de la evolución legislativa del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación y la jurisprudencia que lo ha interpretado.

A) Aspectos preliminares de la prescripción.

I. Concepto.

54. Como nota preliminar, debe decirse que con relación a los delitos existen dos figuras, a saber: la prescripción de la acción penal y de la sanción.

55. La primera consiste en la facultad de la Representación Social para ejercer la acción penal y de los Jueces y tribunales del orden penal para determinar, en el caso concreto, si una persona es o no responsable en la comisión del injusto penal que se le atribuye; en tanto que la segunda, se constriñe con el hecho de que el delincuente ha sido sentenciado a una determinada pena.(33)

56. En este sentido, la prescripción debe entenderse como un caso de excepción a la facultad exclusiva y excluyente del Estado para perseguir los delitos y sancionar a los delincuentes, que se encuentra basada en el transcurso del tiempo.(34)

II. Naturaleza de la prescripción.

57. De acuerdo con el autor Santiago Mir Puig, a fin de desentrañar la naturaleza de la prescripción, sostuvo lo siguiente:

"La prescripción del delito y de la pena son las últimas causas de extinción de la responsabilidad penal ...la primera supone el transcurso de un plazo determinado tras la comisión del delito, sin que éste sea juzgado; la segunda, el transcurso de cierto tiempo tras la imposición de la pena, o tras una interrupción de su cumplimiento, sin que se cumpla. ...

"El fundamento de la prescripción se halla, en parte, vinculado a la falta de necesidad de la pena tras el transcurso de cierto tiempo (fundamento material), y en parte, a las dificultades de prueba que determina el transcurso del tiempo (fundamento procesal). Este segundo aspecto sólo afecta a la prescripción del delito. En ésta puede también jugar un papel la consideración de las expectativas que crea el sujeto la falta de persecución del hecho durante un determinado plazo.

"Ello influye en la desaparición de la necesidad de la pena, que en ambas clases de prescripción se produce, por lo demás, cuando se oscurece o paga el recuerdo del delito y el sentimiento de alarma que en su día pudo producir, y el tiempo transcurrido ocultándose de la justicia y con la amenaza pendiente de la pena parece ya suficiente castigo –todo ello puede hacer innecesaria la prevención general, especialmente si el delincuente no ha vuelto a delinquir, tal vez demostrando una verdadera reinserción social– lo que eliminaría la necesidad de prevención especial.

"La prescripción, sea del delito, sea de la pena, responde a razones que hacen desaparecer la necesidad de pena, aunque en la prescripción del delito se añadan consideraciones procesales, deberá reconocerse a ambas clases de prescripción una naturaleza material y no de mero obstáculo procesal. Dos consecuencias prácticas importantes se desprenden de este significado material de la prescripción. Por una parte, puesto que se ha extinguido la responsabilidad penal, ha de absolverse al reo si procede la prescripción... Por otra parte, las modificaciones legislativas de los plazos o condiciones de la prescripción serán irretroactivas si le perjudican al reo y retroactivas si le son favorables. Si la regulación de la prescripción tuviese sólo el carácter procesal, sus modificaciones podrían considerarse siempre retroactivas.

"Es difícil negar la naturaleza material, y no procesal, de la prescripción de la pena, puesto que se produce con posterioridad al proceso, pero un sector doctrinal y jurisprudencial sostiene la naturaleza meramente procesal de la prescripción del delito. Ahora bien, sería absurdo que el transcurso del tiempo no pudiera extinguir nunca materialmente la responsabilidad penal si tuviera lugar antes de la condena y sí, en cambio, una vez impuesta la pena. Se impone pues, un planteamiento unitario, sin perjuicio de admitir matices diferenciales de ambas clases de prescripción."(35)

58. De lo anterior, se puede deducir que la prescripción tiene una naturaleza material, esto es, sustantiva, no adjetiva, en virtud de las consecuencias que produce, pues permite extinguir la acción punitiva.

III. Principios aplicables a la prescripción.

59. En ese sentido, surge una interrogante, dada la naturaleza material de la prescripción ¿Qué principios son aplicables a dicha institución?

60. A fin de dar respuesta al cuestionamiento que antecede, debe decirse que el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva, e incluye una serie de garantías para los ciudadanos que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que permite la ley.

61. El contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide con el principio de legalidad expresado mediante el aforismo nullum crimen, nulla poena, sine lege.

62. Ahora bien, el contenido y alcance de las garantías del principio de legalidad, son los que siguen:(36)

"a) Principio de reserva de ley, lo que implica que el derecho penal es exclusivamente derecho positivo, lo cual excluye la posibilidad de que mediante la costumbre o los principios generales no escritos se establezcan delitos y penas, pues será el Poder Legislativo quien defina los delitos y las penas.

"b) Principio de taxatividad y seguridad jurídica, lo que se traduce en el establecimiento de las conductas punibles de forma clara y concreta sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen de hecho en la indefinición el ámbito de lo punible.

"c) Prohibición de retroactividad (exigencia de una ley previa). Con relación al presente principio, debe decirse que la ley debe ser previa a los hechos que se pretenden sancionar; empero, tal mandato de optimización encuentra una excepción, la cual se traduce en que una norma puede aplicarse de forma retroactiva cuando le beneficia al reo.

"d) La prohibición de analogía, que consiste en que el intérprete no puede desbordar los límites de los términos de la ley, y aplicarla a supuestos no previstos en la misma, porque con ello se infringiría el principio de legalidad.

"e) Principio non bis in idem, cuya definición consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez."

63. De lo expuesto con antelación, se puede advertir que la parte sustantiva del derecho penal está sujeta, entre otras reglas, al contenido y alcance de las garantías del principio de legalidad.

64. En este sentido, si las normas jurídico penales se encuentran sujetas a los principios de prohibición de analogía, non bis in idem, de reserva de ley, de taxatividad y seguridad jurídica y de prohibición de retroactividad (exigencia de una ley previa), entonces, también lo será la institución de la prescripción de la acción penal, toda vez que se trata de una norma de naturaleza material.

IV. De la interpretación de la prescripción.

65. Ahora bien, el principio de legalidad, de igual manera se encuentra presente cuando se trata de interpretar la ley penal, pues como se vio con antelación, se encuentra vedado aplicar la analogía en materia penal.

66. En este sentido, la interpretación se encuentra restringida, mas no prohibida y, al respecto, se citan algunas clases y métodos de interpretación, a fin de evidenciar cómo opera la misma en materia penal.

67. De este modo, se estima necesario citar algunas formas de interpretación expuestas por los autores Muñoz Conde y García Arán:

"a. Interpretación auténtica, la cual es llevada a cabo por el propio legislador, mediante normas que precisan el significado de los términos utilizados.

"b. Interpretación judicial, es la que practican los órganos judiciales.

"c. Interpretación doctrinal, la mantenida por los juristas en obras científicas, la cual no resulta vinculante, pero su influencia es mayor e, incluso, puede generar reformas a las normas jurídicas.

"d. Interpretación gramatical, también denominada literal, y pretende establecer el sentido de las normas, atendiendo al significado de las palabras contenidas en las mismas. La interpretación gramatical es necesaria, pero no suele ser suficiente, por lo que normalmente se utiliza en combinación con otros métodos. Cuando se dice que la interpretación gramatical no siempre es suficiente, se refiere a la necesidad de que las leyes no se interpreten de manera excesivamente formalista, sino atendiendo a su espíritu como recoge, junto a otros criterios. Empero, precisamente por imperativo del principio de legalidad, la interpretación gramatical opera como límite (y, en tal medida, es necesaria) de los otros métodos que la complementan y que no podrán desbordar el tenor literal de los términos legales."(37)

68. En este contexto, se puede deducir que la interpretación por excelencia de una norma penal es la gramatical, pues dada la naturaleza de la materia en todo momento debe imperar el principio de legalidad, empero, ello no es obstáculo para aplicar otras clases de interpretación, a fin de desentrañar el alcance de una porción normativa, siempre y cuando no implique desbordar el tenor literal de los términos legales, pues en ese caso, se estaría aplicando la analogía.

69. Establecidos los elementos anteriores, es preciso formularse el siguiente cuestionamiento ¿Qué tipo de interpretación es aplicable a la institución de la prescripción en materia penal?

70. Como respuesta a dicha interrogante, debe decirse que dada la naturaleza material de la institución de la prescripción, a la cual le son aplicables los principios de legalidad en materia penal, cuyas consecuencias son el respeto irrestricto a los principios de reserva de ley, taxatividad y seguridad jurídica, non bis in idem, prohibición de retroactividad (así como su excepción cuando opera en beneficio del reo) y prohibición de analogía, es la interpretación literal la que debe emplearse cuando se requiera desentrañar la norma que la contiene, ya que no es dable atribuir una interpretación amplia en perjuicio del reo.

71. Lo anterior no implica una prohibición de la utilización de diversas clases de interpretación, empero, como se dijo con antelación, al hacerlo se debe observar el principio de legalidad, así como su alcance y las garantías que contiene el mismo.

B) Jerarquía de un artículo transitorio.

72. Con relación al tópico que nos ocupa, el doctrinario Alfonso Nava Negrete expuso lo siguiente:

"Es difícil pensar y más aún asegurar que los artículos transitorios de una ley no son parte de ella o tienen una jerarquía menor que la del articulado que les precede. Si aparecen en el texto con tal carácter definitivamente son parte de ella, formal y materialmente hablando. A veces se les evita en el texto de las leyes –y hasta en el de las Constituciones–, pero en el fondo no es así, se les incluye con otra denominación, como la de disposiciones generales, pero con ésta o la de transitorios son preceptos que forman parte de la ley. ...

"Son de naturaleza igual a todos los preceptos de la ley y, por ende, tienen la misma jerarquía, el calificativo de transitorios, a cierto grupo de preceptos es denotativo, no sirve para minimizar su valor jurídico formal frente a los preceptos restantes del cuerpo de la ley. Unos y otros son iguales; todos son una norma."

73. De lo anterior se desprende que los artículos transitorios tienen la misma jerarquía que el resto de las disposiciones normativas formal y materialmente hablando, ya que su creación derivó de un proceso legislativo.

24. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis VI.2o.A.1 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de contenido siguiente:

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA.—Los artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en general, de cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos se fija, entre otras cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé lugar a momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos también es de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(38)

C) Evolución legislativa y jurisprudencial del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación.

75. El numeral 100 del Código Fiscal de la Federación, previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, establecía lo que sigue:

"Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán (sic) a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."

76. El numeral transcrito contenía una regla específica de prescripción de la acción penal, aplicable únicamente a los delitos que se perseguían por querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

77. Por lo que en aquellos casos referentes a los delitos perseguibles de oficio y, en su caso, los que se perseguirían por algún otro acto equivalente a la querella, la prescripción operaría la regla general del artículo 107 del Código Penal Federal.(39)

78. Después, con la reforma al dispositivo 100 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, su redacción fue la que sigue:

"Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal."

79. Cabe señalar que la modificación a dicho artículo fue en el sentido de aplicar el esquema de los plazos de la prescripción de tres y cinco años, no sólo a los delitos perseguibles mediante querella, sino que también se adicionó que sería con relación a los perseguibles por declaratoria o declaratoria de perjuicio, cuya prescripción se regía conforme al artículo 107 del Código Penal Federal.

80. Empero, en virtud de la problemática que representó establecer cómo operaría la prescripción, atendiendo a los plazos establecidos, esto es, que se actualizaría dicha figura cuando transcurrieran tres años contados a partir del día en que dicha secretaría tuviera conocimiento del delito y del delincuente; y de no ser así, en cinco años, que se computarían a partir de la fecha de la comisión del delito, el Alto Tribunal emitió diversos criterios en los cuales se dilucidaron dichos tópicos.

81. En efecto, en la jurisprudencia P./J. 92/2000,(40) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consideró que si durante la práctica de una auditoría conoció los hechos probablemente constitutivos del ilícito, podía de manera inmediata, presentar la querella respectiva, sin importar el estado que guardara la visita de inspección, ya que en el procedimiento que habría de iniciarse, el Ministerio Público Federal realizaría las investigaciones conducentes, a fin de establecer la existencia o no del delito denunciado, dando al contribuyente la oportunidad de defenderse.

82. Después, en la jurisprudencia 1a./J. 73/2006,(41) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las reglas de prescripción, consistentes en el plazo de tres años a partir de que dicha secretaría tuviera conocimiento del delito y del delincuente, y el término de cinco años computados a partir de la fecha de la comisión del delito y que se actualiza cuando la dependencia ofendida ignora el hecho delictuoso y su autor no podían conjugarse.

83. Lo anterior, pues bastaba que la autoridad hacendaria tuviera conocimiento del delito y de su autor dentro del plazo de cinco años, previsto en la segunda regla, para que el fenómeno extintivo de la acción penal se rigiera conforme al plazo de tres años, aunque la fecha que resultara pudiera rebasar aquella en la que habría prescrito el delito conforme a la segunda hipótesis.

84. Ello era así, dado que se pretendió que la prescripción fuera congruente con el término de caducidad en materia fiscal, sin que ello implicara que el plazo de tres años pudiera empezar a contarse en cualquier tiempo, sino que necesariamente tendría que iniciar antes de que concluyera el término de cinco años, pues si excede de éste, ya habría prescrito la acción penal.

85. A su vez, en la contradicción de tesis 187/2010, de la que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 95/2010 y 1a./J. 96/2010(42), se estableció que las reglas de prescripción de la acción penal previstas por el Código Penal Federal no aplican en los delitos fiscales perseguibles por querella, en atención al principio de especialidad, respecto del cual, la norma especial (Código Fiscal de la Federación) prevalece sobre la general.

86. Además de lo anterior, se estimó que en virtud de que los delitos fiscales perseguibles por querella, únicamente se rigen por los plazos establecidos en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, debía entenderse que las actuaciones realizadas tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por la autoridad ministerial en la averiguación previa, no interrumpían los plazos para que la ofendida se querellara, ni para que, de ser procedente, el Ministerio Público ejerciera acción penal.

87. Después, el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, cuyo texto es del tenor siguiente:

"Artículo 100. El derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precluye y, por tanto, se extingue la acción penal, en cinco años, que se computarán a partir de la comisión del delito. Este plazo será continuo y en ningún caso se interrumpirá.

"La acción penal en los delitos fiscales prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala este código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de cinco años.

"Con excepción de lo dispuesto por los artículos 105 y 107, primer párrafo, del Código Penal Federal, la acción penal en los delitos fiscales prescribirá conforme a las reglas aplicables previstas por dicho código."

88. Del análisis a dicho dispositivo, se puede advertir que con relación a los delitos perseguibles por querella, ya no se contempla la regla de prescripción, consistente en que la acción penal prescribiría en tres años contados a partir del día en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuviera conocimiento del delito y del delincuente. Por el contrario, en el nuevo contenido se distingue entre (i) el derecho a formular querella y (ii) la prescripción de la acción penal.

89. De forma paralela, conforme al artículo séptimo transitorio, sobre la entrada en vigor y operancia de la reforma en mención, se estableció lo que sigue:

"Séptimo. Para los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se aplicarán los plazos de prescripción y las reglas de cómputo de los mismos, previstos en las disposiciones vigentes al momento en que se hubieren llevado a cabo, por lo que para ellos se seguirá considerando como la fecha en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente la de la emisión del Dictamen Técnico Contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria."

90. Cabe señalar que en dicho artículo transitorio se mencionó de forma categórica que para los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto de reforma, se aplicarían los plazos de prescripción y sus reglas vigentes al momento de su comisión, y que se consideraría como la fecha en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente, la de la emisión del dictamen técnico contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria.

91. Al respecto, en la contradicción de tesis 361/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dilucidó cuándo debía determinarse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía conocimiento de un delito fiscal para que pueda estar en aptitud de iniciar el plazo de tres años para la acción penal, cuyas consideraciones, por lo que aquí interesan son las que siguen:

• Que debía entenderse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento del delito y del delincuente con la emisión del dictamen técnico contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria.

• Que era así, pues si bien la autoridad fiscal podría tener datos relacionados con un delito, bajo la práctica de una visita domiciliaria, ello no significaría que estuviere compelida a formular querella sin poder verificar su veracidad, especialmente, tratándose de delitos fiscales que por su especial naturaleza y complejidad jurídica, incluso, su comprobación, requirieran la certeza de datos y la obtención de constancias en la materia.

• Que la exigencia de que la autoridad fiscal verifique la veracidad de datos sobre un delito fiscal, para estar en aptitud de formular o no querella, implica una mejor protección a la adecuada defensa de quien pudiera estar vinculado con el mismo, desde el procedimiento fiscal y, en su caso, en la primera fase del procedimiento penal, pues ya desde entonces podría conocer de los hechos imputados y preparar su defensa oportunamente.

• Que en ese tenor, debía destacarse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un órgano técnico especializado para la verificación de los datos en comento, como es el Servicio de Administración Tributaria, cuyas facultades son, precisamente, fungir como órgano de consulta en las materias fiscal y aduanera, aunado a que es el órgano encargado de las facultades de comprobación de la visita domiciliaria para determinar si existen o no infracciones contra el fisco federal, que en el caso pudieran constituir delitos fiscales.

• Razones tales, con las que se corroboraba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento del delito y del delincuente con la emisión del dictamen técnico contable elaborado por el Servicio de Administración Tributaria.

92. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 39/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

"DELITOS FISCALES PERSEGUIBLES POR QUERELLA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TUVO CONOCIMIENTO DEL DELITO Y COMPUTAR EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR TAL MOTIVO, DEBE ATENDERSE AL DICTAMEN TÉCNICO CONTABLE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. El artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, ha previsto en su primera parte la prescripción de la acción penal por falta de oportunidad en la formulación de la querella, en un plazo de tres años a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga conocimiento del delito. Conforme a ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de definir el cómputo precisado bajo un criterio objetivo y razonable, así como susceptible de comprobación que dé certeza y seguridad jurídica, sostiene que la constancia que objetivamente revela dicho conocimiento es el informe del Servicio de Administración Tributaria (llamado dictamen técnico contable), por ser, prima facie, el que permitiría constatar la existencia fáctica y jurídica del delito para que la autoridad fiscal esté en aptitud de presentar la querella requerida. Este criterio ha sido establecido de manera expresa en el séptimo transitorio de la reforma citada; amén que converge en la interpretación sistemática del analizado precepto legal, en relación con los artículos 1o., 3o. y 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al delegar precisamente a dicho órgano la facultad expresa de verificar si existió realmente un delito fiscal bajo el citado informe que debe emitir; además, porque guarda estrecha relación con la querella que luego debe emitir la autoridad de la Procuraduría Fiscal de la Federación facultada en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, la exigencia de que la autoridad fiscal verifique la veracidad del delito para estar en aptitud de formular o no querella, implica una mejor protección a la adecuada defensa de quien pudiera estar vinculado con el mismo, desde el procedimiento fiscal y, en su caso, en la primera fase del procedimiento penal, pues ya desde entonces podría conocer de los hechos imputados y preparar su defensa oportunamente; lo que armoniza a su vez con el principio pro persona de primer rango de reconocimiento y protección constitucional."(43)

93. En este contexto, como se adelantó en líneas precedentes, no es plausible dar un sentido diverso a lo establecido expresamente en los artículos 100 del Código Fiscal de la Federación (vigente en la época de los hechos) y séptimo transitorio, derivado del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, ni a la interpretación realizada de forma directa por parte del Alto Tribunal, conforme al principio jurídico que dice: "donde la ley no distingue, el juzgador no debe hacerlo", pues resulta evidente que el dictamen emitido por el Servicio de Administración Tributaria es la constancia objetiva por el cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene conocimiento fáctico y jurídico del delito y del delincuente, con independencia de que exista o no previamente un procedimiento fiscal, ya que esa distinción no se estableció en el aludido transitorio, además de que se presupone que sí debe existir procedimiento previo.

94. Sostener lo contrario, traería una inseguridad jurídica que, precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación trató de resolver en la contradicción de tesis en mención.

95. Cabe señalar que lo anterior guarda armonía con la voluntad del legislador, al plantear la reforma al multicitado transitorio, pues en la exposición de motivos de nueve de septiembre de dos mil once, la Cámara de Origen (Diputados) precisó lo que sigue:

"Cabe apuntar que el método que se propone para computar los plazos de prescripción de la acción penal, basado en el momento en que se consuma el delito y no en el momento en que la autoridad tiene conocimiento del mismo, es similar al que se aplica en otros países con sistemas jurídicos similares al de nuestro país, como es el caso de España, Argentina, Chile, Perú, Colombia, entre otros.

"En ese sentido, se plantea que el plazo para la prescripción de la acción penal únicamente se interrumpa con el ejercicio de dicha acción, por lo que no se interrumpirá con la querella formulada por las autoridades fiscales, ni con ninguna de las actuaciones de la autoridad ministerial.

"Por último, considerando que existe un número importante de casos que, a pesar de la reforma que se plantea al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, se encontrarían ante la misma problemática que se pretende resolver con la misma por aplicarles las disposiciones vigentes en la actualidad, se plantea a esa soberanía incluir una disposición transitoria con el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28316-4bc4b1db/prescripcion-de-la-accion-penal-al-tener-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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