SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA DETERMINACIONES QUE CONFIRMEN EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR LA COMISIÓN DE DELITOS FISCALES O DESECHEN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS INTERPUESTOS EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 91/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 11 DE ABRIL DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DEL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIO: OMAR ALONSO ORTIZ SÁNCHEZ. SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE Y TESIS: ARELY PECHIR MAGAÑA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de abril de dos mil veinticuatro.
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 91/2023, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de revisión 1/2023, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 144/2023, y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Victoria, Durango, al resolver el recurso de revisión 95/2023.
2. El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional es si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, está legitimada para promover juicio de amparo indirecto contra el acto que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o desecha el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión, en términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.
I. ANTECEDENTES
3. El siete de noviembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito denunció la presente contradicción de criterios.
4. El nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional admitió la denuncia de contradicción, delimitó de forma preliminar el tema y requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que vincularan sus respectivos expedientes electrónicos para su consulta e informaran si el criterio que sustentaban seguía vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como adjuntaran copia digital certificada de su sentencia.
5. Además, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existía alguna contradicción de criterios radicada en ese índice, sobre la materia de la presente; por otro lado, turnó electrónicamente el asunto al Magistrado Héctor Lara González.
6. El dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se recibieron los oficios del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los que informaron que los criterios contendientes continuaban vigentes y adjuntaron copia digital certificada de las ejecutorias relativas.
7. El ocho de diciembre de dos mil veintitrés, se recibió el informe signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Pleno de ese Tribunal se encuentra radicada la contradicción de criterios 154/2022, cuyo tópico a dilucidar es: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN SU CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO EN PROCESOS PENALES QUE SE INSTRUYEN POR DELITOS FISCALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 92 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 7o. DE LA LEY DE AMPARO.", el cual está estrechamente relacionado con el tema de este asunto y confirmó el turno electrónico; contradicción de criterios que a la fecha se encuentra pendiente de resolución.(1)
8. Con base en el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, el dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, este órgano colegiado cambió de denominación a: Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; por lo que a partir de esa data es semiespecializado en dichas materias.
9. La Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los oficios SEADS/88/2024, SEADS/92/2024 y SEADS/98/2024, informó que el Pleno de dicho órgano, en sesión ordinaria de diez de enero del presente año, aprobó la comisión temporal de la Magistrada Emma Meza Fonseca y los Magistrados Miguel Bonilla López y Samuel Meraz Lares a este Pleno Regional a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.
10. Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro el asunto se returnó a la ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López.
11. En sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, se desechó el proyecto presentado por el Magistrado ponente, por lo que el uno de marzo siguiente, se ordenó su returno al Magistrado Samuel Meraz Lares, para los efectos del artículo 34 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
II. AMICUS CURIAE
12. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
13. Por acuerdo de presidencia de once de abril de dos mil veinticuatro, este Pleno Regional, recibió vía correo electrónico el escrito enviado por la Dirección General de Amparos contra Leyes, Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, por medio del cual realizó varias manifestaciones en calidad de Amicus Curiae y el cual carece de firma autógrafa o digital.
III. COMPETENCIA
14. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo; 42, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 14, fracción I del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 38/2023 del propio Consejo; en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia penal suscitada entre dos Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
IV. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada pues fue presentada por el Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, por lo que se ubica en uno de los casos previstos en los artículos 107 fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de revisión 1/2023.
16. Narración de hechos. El Servicio de Administración Tributaria, por conducto del Subadministrador Desconcentrado Jurídico de Baja California "1" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la calidad de víctima u ofendido, promovió amparo indirecto contra la determinación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, que confirmó el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal, emitido por el agente del Ministerio Público de la Federación.
17. El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California admitió la demanda y la registró como **********. El cinco de octubre de dos mil veintidós dictó sentencia en la que concedió el amparo. Inconforme con esa determinación el tercero interesado interpuso recurso de revisión.
18. Criterio del Tribunal Colegiado: Correspondió conocer del recurso al Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en donde fue admitido y registrado como 1/2023, el cual se resolvió, por mayoría de votos, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
19. Lo anterior, pues advirtió de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, último párrafo y 7, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los intereses patrimoniales del órgano desconcentrado quejoso, con independencia de la calidad de víctima u ofendida otorgada en el artículo 92, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación.
20. Mencionó que el artículo 7 de la Ley de Amparo establece que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo, cuando el acto los afecte en su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares.
21. Refirió que en la jurisprudencia 1a./J. 109/2005, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL."(2), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la Ley de Amparo abrogada y determinó que el juicio de amparo cumple la función de ser el medio de defensa, a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos arbitrarios del poder público y excepcionalmente las personas morales oficiales pueden hacer uso de ese medio siempre y cuando el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales.
22. Lo anterior dado que la determinación del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal, no afecta el patrimonio del ente, toda vez que las contribuciones que supuestamente dejaron de enterarse al fisco no forman parte del patrimonio de dicha Secretaría, pues éstas no se prevén en el catálogo de derechos y bienes que conforman el patrimonio nacional contenido en la Ley General de Bienes Nacionales.
23. Además, sostuvo que la comparecencia de la autoridad hacendaria ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante los órganos jurisdiccionales no era con el carácter de particular, sino como autoridad, conforme a las facultades concedidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento interior de la Secretaría en cita.
24. Indicó que no constituía un impedimento el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver el amparo directo 10/2021, hubiera analizado la reforma al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en la que se reconoce a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos previstos en dicho código.
25. Así lo estimó, porque tal criterio fue aprobado por mayoría de tres votos y, por ende, dicha sentencia no era obligatoria para ese tribunal. Por su parte, dijo que la referida jurisprudencia 1a./J 109/2005 continúa vigente y es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.
26. En consecuencia, concluyó que el acto reclamado no afecta el patrimonio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a que su intervención en el proceso penal obedecía a funciones oficiales de recaudación como organismo de la administración pública federal y no como particular, por lo que no se actualizaba lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Amparo.
Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 144/2023.
27. Narrativa de hechos. El Servicio de Administración Tributaria promovió demanda de amparo en contra de la determinación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, que declaró improcedente el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpuesto contra el acuerdo ministerial de no ejercicio de la acción penal por el delito previsto y sancionado en el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la Federación.
28. Del asunto conoció el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en el amparo indirecto 1170/2022, quien dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado. Por lo que la parte quejosa interpuso recurso de revisión contra esa determinación.
29. Criterio del Tribunal Colegiado: El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 144/2023, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo para que, entre otros efectos, se reconociera el carácter de ofendido al Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
30. Lo anterior, pues el Tribunal Colegiado sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con calidad de víctima u ofendido en el procedimiento penal, con fundamento en el numeral 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es titular del bien jurídico que protege el ilícito previsto y sancionado en el artículo 113, fracción III del Código Fiscal de la Federación.
31. Además, refirió que el artículo 92, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, dispone que la mencionada autoridad fiscal tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.
32. Aunado a ello, se refirió a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de amparo directo 10/2021, y reseñó las consideraciones siguientes:
"De la reforma del artículo 92, párrafo primero del mencionado ordenamiento, se advierten dos elementos interrelacionados. El primero consistente en la manera de entender quién o quiénes resienten una afectación ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales y cómo eso trasciende a la calidad de víctima u ofendida; el segundo elemento, relacionado con la elección del legislador a un órgano del Estado especializado para la defensa del patrimonio de la Nación.
"En términos del artículo 31, fracción IV constitucional, es una obligación de la ciudadanía contribuir a los gastos públicos de la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes. De dicha disposición se han derivado jurisprudencialmente diversos principios constitucionales que rigen los límites del legislador al momento de establecer los tributos: legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público. El propio artículo también explica la manera de entender el sistema tributario y permite determinar quiénes son los sujetos afectados por el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
"Uno de los principios que igualmente deriva de la mencionada disposición, es el de generalidad tributaria que establece, como un aspecto inherente a la responsabilidad social, la obligación de la ciudadanía de contribuir al gasto público, a la par que para el legislador instaura el deber de considerar a todos los sujetos que demuestren una capacidad económica susceptible de ser gravada a través de una contribución.
"En materia tributaria, la generalidad entraña para el legislador la exigencia de que los hechos que generan las obligaciones fiscales deben sustentarse en la apreciación de situaciones que revelan la capacidad de contribuir y, a su vez, estos supuestos deben abarcar a la totalidad de las personas que las realizan. Está estrechamente vinculada con un principio de igualdad, donde todas las personas que detentan una capacidad contributiva deben aportar parte de sus recursos al sostenimiento de los gastos públicos. Este principio se vincula con la necesidad de tutelar la percepción de ingresos, lo cual constituye un interés público encaminado a atender necesidades sociales.
"Añadió que, la Primera Sala ha concluido que las obligaciones tributarias responden a un deber de solidaridad, pues las personas aportan parte de su patrimonio en la medida de su capacidad para contribuir al gasto público, lo que permite una distribución de la riqueza para la satisfacción de necesidades colectivas u objetivos inherentes a la utilidad pública.
"Las personas que no cumplen debidamente con sus obligaciones tributarias afectan no sólo el patrimonio del Estado, sino a todos aquellos contribuyentes que sí cumplen con su obligación constitucional, pues de lo contrario se genera un entorno inequitativo en el sostenimiento de la carga pública.
"El incumplimiento de las obligaciones fiscales es de tal magnitud que trasciende a la calidad con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acude al proceso penal y a los juicios relacionados con delitos fiscales, pues es el órgano garante no sólo del patrimonio del Estado, sino que se encarga de cuidar y vigilar que se respete el esquema de imposición equitativa en el sostenimiento de las cargas públicas.
"Que este último aspecto justifica la calidad de ofendida que se le reconoce a dicha Secretaría, pues representa a la ciudadanía que paga adecuadamente sus impuestos y que resulta afectada por quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias.
"La importancia no únicamente radica en que, a través de los juicios y procedimientos penales se busca la imposición de una sanción contra la persona que cometió una conducta considerada como delito fiscal, sino también que se repare el daño ocasionado por el incumplimiento en el pago de las contribuciones.
"Por tanto, el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima u ofendida de los delitos fiscales, debe tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, para probar, alegar e impugnar, que el resto de las partes, precisamente porque actúa como víctima u ofendida, en su deber de cuidar y vigilar que se respete el esquema de imposición equitativa en el sostenimiento de las cargas públicas.
"Entre las hipótesis de intervención directa y activa de la víctima u ofendido del delito, destaca la constitución de coadyuvancia con el Ministerio Público, que le permite exigir que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, así como tiene derecho a que se desahoguen las diligencias que solicite y en caso de negativa, tendrá la posibilidad de hacer valer los medios de impugnación pertinentes."
33. Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado sostuvo que si en ese caso, el acto reclamado era la resolución dictada en la impugnación del no ejercicio de la acción penal, en la que se declaró improcedente el medio de defensa interpuesto por la autoridad fiscal quejosa, al no reconocerle el carácter de víctima u ofendida, ello resultaba contrario a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y lo resuelto en el referido amparo directo. 34. En consecuencia, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo para que se dejara insubsistente la determinación reclamada, se celebrara nueva audiencia de impugnación, se reconociera el carácter de ofendido al Servicio de Administración Tributaria y se resolviera con plenitud de jurisdicción lo que se estimara pertinente.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en Victoria, Durango, al resolver el recurso de revisión 95/2023.
35. Narración de los hechos. El Jefe de Departamento adscrito a la Administración Desconcentrada Jurídica de Durango "1" del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la determinación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, en la que confirmó el no ejercicio de la acción penal.
36. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en el juicio de amparo 1230/2023, el cual fue resuelto en el sentido de sobreseer en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción I, último párrafo, 7 y 107, fracción VII, todos de la Ley de Amparo.
37. Criterio del Tribunal Colegiado: En contra de dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, quien resolvió revocar el fallo impugnado y conceder el amparo, entre otros efectos, para que se declarara fundado el medio de impugnación interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria.
38. Lo anterior, al considerar que la interpretación y aplicación del numeral 7 de la Ley de Amparo no podía ser invocada en ese caso, en virtud de lo resuelto en el juicio de amparo directo 10/2021, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación le reconoce el carácter de víctima u ofendida de los delitos fiscales.
39. Así, conforme a ese criterio, el órgano colegiado estableció que no debió analizarse la legitimación de la quejosa a la luz del numeral 7 de la Ley de Amparo, sino como víctima u ofendida en el procedimiento penal de origen, al ser la garante de la defensa del patrimonio nacional cuando se trata de delitos fiscales, conforme a los artículos 92 del Código Fiscal de la Federación y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, esto porque no solicitó el amparo en su carácter de autoridad hacendaria, sino como víctima u ofendida del delito fiscal que se persigue.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
40. La contradicción de criterios denunciada existe porque los órganos jurisdiccionales terminales resolvieron una cuestión litigiosa en la que tuvieron la necesidad de ejercer el arbitrio judicial. Entre los ejercicios interpretativos respectivos existe un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida giró en torno a un mismo tema de problema jurídico, respecto la cual adoptaron criterios discrepantes y tal interpretación da lugar a la formulación de una pregunta genuina que debe resolverse a fin de unificar criterios.
41. Por contradicción de criterios debe entenderse aquélla discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
42. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(3) así como la diversa jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
43. Este Pleno Regional determina que sí existe la contradicción de criterios denunciados, porque del análisis de las constancias, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
44. Primer requisito. Criterio Judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado previo, se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su criterio judicial, a través de una interpretación para llegar a una solución determinada, respecto a si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene o no legitimación para promover juicio de amparo indirecto contra la determinación que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o desecha el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión.
45. Segundo requisito. Diferencia de criterios judiciales. En las interpretaciones realizadas por los órganos colegiados contendientes existe un punto que denota un auténtico tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos sobre el mismo tema fueron distintos.
46. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (criterio tácito) y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, determinaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí tiene legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, en razón de que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, le reconoce la calidad de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos previstos en dicho código.
47. En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sostuvo que, con independencia de ese reconocimiento de víctima u ofendida, dicho precepto no la habilita como quejosa para efectos del juicio de amparo, ya que se requiere que el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J. 109/2005; lo cual no se actualiza cuando dejan de enterarse contribuciones al fisco con motivo de un delito de ese carácter, pues no forman parte del patrimonio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino del Estado Mexicano.
48. Tercer requisito. Formulación de una pregunta. Ante las posturas divergentes se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la interrogante:
¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está legitimada para promover juicio de amparo indirecto contra el acto que confirma el no ejercicio de la acción penal por la comisión de un delito fiscal o que desecha el medio de impugnación interpuesto contra esa decisión?
49. Consecuentemente, se cumple con los requisitos para la actualización de una contradicción de criterios, determinados por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 72/2010(5) y 1a./J. 22/2010,(6) de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."
50. Cabe señalar que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al emitir las ejecutorias que contienden en esta contradicción, se sustentaron en los razonamientos contenidos en la sentencia dictada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos, al resolver el juicio de amparo directo 10/2021, por lo que ese criterio no obligatorio, forma parte de las consideraciones de esas ejecutorias.
51. Por tanto, sí es procedente resolver el asunto de fondo porque lo que contiende es el razonamiento jurídico integrado y aplicado por los Tribunales Colegiados y no el criterio aislado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se privilegia el principio de seguridad jurídica que debe permear en el sistema jurídico nacional.
52. Es orientadora al respecto la tesis 1a. VIII/2023 (11a.),(7) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ES PROCEDENTE RESOLVERLA DE FONDO AUN CUANDO LA EJECUTORIA QUE EMITA UNO DE LOS ÓRGANOS QUE CONTIENDEN EN LA DENUNCIA RELATIVA SE SUSTENTE EN TESIS AISLADAS EMITIDAS POR EL PLENO O LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
"Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron normas de distintas entidades que tienen un contenido jurídico equivalente y sostuvieron posturas contrarias al determinar la forma de consumación del delito de despojo para establecer cuándo inicia el cómputo del plazo para la prescripción de la acción penal. Uno de los tribunales sostuvo que el despojo es un delito de carácter permanente, en consecuencia, el término de prescripción inicia hasta que cesa la conducta, lo cual ocurre hasta el momento en que el sujeto activo restituye el predio a la parte ofendida. En contraste, el otro órgano colegiado, con base en criterios aislados emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el despojo es un ilícito de consumación instantánea, por lo que el cómputo para la prescripción comienza desde que el activo ocupa el bien inmueble.
"Criterio jurídico: Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito sustenta un criterio jurídico con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32520-e2e677c1/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-tiene-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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