Corpus
Modo: Corpus Pro

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERALES INSTRUIDOS POR DELITOS FISCALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 154/2022. · Registro digital (IUS): 33224
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO C
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.259.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 154/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 2 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA, JONATHAN SANTACRUZ MORALES Y EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima en dos procesos penales, promovió juicios de amparo directo que fueron resueltos por Tribunales Colegiados de diferente Circuito.

Uno de esos órganos jurisdiccionales determinó que carece de legitimación para promover el juicio de amparo, mientras que el segundo tribunal determinó que sí cuenta con legitimación para accionar la vía constitucional.

Ante ello, la referida Secretaría denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por dichos Tribunales Colegiados. Por lo tanto, el criterio que la denunciante considera que se encuentra en contradicción es determinar si dicha Secretaría cuenta con legitimación para promover juicio de amparo directo en su carácter de víctima u ofendida en procesos penales que se instruyen por delitos fiscales.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dos de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 154/2022, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima u ofendida en procesos penales que se instruyen por delitos fiscales, de conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación vigente, está legitimada para promover juicio de amparo directo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós se recibió la denuncia presentada por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,(1) sobre la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 12/2020, y lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en el amparo directo 163/2021.

2. Admisión y turno. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 154/2022, por lo que se admitió a trámite la denuncia formulada.

3. Asimismo, se determinó que, por razón de la materia, la competencia para conocer del caso corresponde a esta Primera Sala. Por ello, se ordenó la integración del asunto y envió los autos a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para su estudio.

4. En el mismo acuerdo se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes relativas a sus respectivos juicios de amparo directo. De igual forma, el envío de la versión digitalizada del proveído en el que informen si los criterios sustentados en esos asuntos se encuentran vigentes.

5. Primer avocamiento de esta Primera Sala. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, entonces Presidenta de esta Primera Sala, acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto respectivo.

6. Vigencia de los criterios. El cuatro de julio de dos mil veintidós se recibió el oficio enviado por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual informó que el criterio sustentado en el amparo directo 163/2021 de su índice se encuentra vigente, asimismo remitió la versión digitalizada de la ejecutoria dictada en dicho asunto.

7. De igual manera, en proveído de dieciocho de agosto del mismo año, se recibió el oficio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, a través del cual hizo del conocimiento que el criterio sostenido en el juicio de amparo directo 12/2020 se encuentra vigente, y se recibió la copia digitalizada de la sentencia dictada en ese asunto.

8. Al estar debidamente integrado el presente asunto, en ese mismo acuerdo se ordenó la remisión de los autos a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

9. Primer retiro y envío de autos al Tribunal Pleno. En sesión de siete de septiembre de dos mil veintidós, a petición de la Ministra Ponente el asunto se retiró para que fuera el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolviera este asunto. En virtud de lo anterior, al día siguiente, la entonces Presidenta de esta Primera Sala ordenó enviar el asunto al Pleno de este alto tribunal.

10. Radicación del asunto en el Pleno. Por acuerdo de veintidós de septiembre del mismo año, la Presidencia de este alto tribunal ordenó radicar la contradicción de criterios en el Tribunal Pleno y envió el asunto a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

11. Primer returno. El dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández fue designada Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el asunto fue returnado al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

12. Segundo returno. En sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre de ese año, ante la renuncia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el Pleno de este alto tribunal determinó returnar los asuntos asignados a esa ponencia, entre el resto de las Ministras y Ministros integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13. Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el presente asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien continuó actuando como ponente en dicho sumario.

14. Remisión de asunto a Sala. Mediante proveído de trece de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este alto tribunal tuvo por recibido un dictamen emitido por el Ministro Ponente, mediante el cual señaló que no era pertinente someter el proyecto de resolución respectivo a consideración del Tribunal Pleno. En virtud de ello, se ordenó el envío del expediente a la Primera Sala por ser donde se encuentra adscrito el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

15. Segundo avocamiento de esta Primera Sala. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, entonces Presidente de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a su Ponencia.

16. En sesión pública ordinaria de siete de agosto de dos mil veinticuatro, a petición del Ministro Ponente, esta Primera Sala acordó que el asunto continuara en lista. Posteriormente, en sesión pública ordinaria de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala acordó, por mayoría de tres votos, desechar el proyecto y devolver los autos a la Presidencia de la Primera Sala para returnar el asunto entre las Ministras y el Ministro que integraron la votación de mayoría, para la elaboración de un nuevo proyecto de resolución.(2)

17. Tercer returno. El veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de esta Primera Sala ordenó el returno de los autos de este asunto a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país,(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente hasta 2021,(4) así como el punto segundo, fracción VII, aplicado en sentido contrario, del Acuerdo General Plenario 5/2013 de este alto tribunal.(5)

II. LEGITIMACIÓN

19. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país y 227, fracción II, de la Ley de Amparo(6), la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es representado por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

20. Además, dicha Secretaría fue parte quejosa en los juicios de amparo directo 12/2020 y 163/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, lo cual se corrobora de las sentencias de doce de agosto de dos mil veintiuno y cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictadas respectivamente en los autos de los amparos directos citados.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

21. En este apartado se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentó cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de tesis, así como del contexto que llevó a los órganos jurisdiccionales a resolver como lo hicieron.

A) Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo penal 12/2020(7)

22. Carpeta de investigación Tercer número de expediente. El Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Décima Primera Investigadora UEAF en la Ciudad de México, solicitó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial para formular imputación en contra de los señores Persona “A”, Persona “B”, Persona “C” y Persona “D”, por su probable participación en la comisión de los delitos de defraudación fiscal equiparada y defraudación fiscal equiparada y calificada, previstos en el Código Fiscal de la Federación.

23. Causa penal Primer número de expediente. Por lo anterior, el referido órgano jurisdiccional inició la causa penal y ordenó requerir al fiscal federal para que informara si en la carpeta de investigación existía víctima u ofendido y, de ser así, proporcionara los nombres y medios de localización para ser citados.

24. Cumplimiento de solicitud. Mediante oficio de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, el fiscal federal informó al juzgado que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le resultaba el carácter de víctima en los hechos y señaló su domicilio.

25. Vinculación a proceso. El dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la señora Persona “B” por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada, y también para los señores Persona “A” y Persona “D” por el diverso ilícito de defraudación fiscal equiparada, ambos previstos en el Código Fiscal de la Federación.

26. Recurso de apelación Cuarto número de expediente. Inconformes, el defensor particular de las personas vinculadas interpuso recurso de apelación. Al respecto, el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito conoció del asunto y el trece de diciembre de dos mil diecinueve, determinó modificar el auto de vinculación a proceso, para efectos de sobreseer parcialmente la causa penal respecto del señor Persona “D”, por haber operado la prescripción de la acción penal.

27. Juicio de amparo directo. En contra de esa determinación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su representante, promovió un juicio de amparo directo del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y lo registró con el número de expediente 12/2020.

28. Criterio. En sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno el Tribunal Colegiado de Circuito determinó sobreseer en el juicio de amparo por las siguientes consideraciones:

a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,(8) en relación con los diversos numerales 1º, 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo,(9) porque si bien la promovente acudió al juicio de amparo derivado de su calidad de víctima en el procedimiento, ello es insuficiente para atender su petición, por no existir propiamente un agravio personal y directo.

b) La defraudación fiscal es una conducta antisocial en perjuicio del Fisco Federal, que involucra recursos derivados de contribuciones omitidas por los sujetos obligados a su cumplimiento, las cuales no forman parte del patrimonio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado que las contribuciones que dejaron de enterarse al fisco no formaban parte de su patrimonio.

c) Si bien dentro de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentran las de administrar y recaudar los ingresos de la Federación y de la Ciudad de México, ello no implica que dichos recursos formen parte de su patrimonio para estar legitimado para promover el juicio de amparo, pues ello obedece únicamente a su función como órgano del Estado. Tampoco se puede considerar que en esta vía lo defienda respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares.

d) Aunque la Secretaría promovente acudió en su carácter de víctima, lo cierto es que ello no implica que sea titular de un derecho subjetivo, ya que el titular de este derecho variaba de acuerdo con el ilícito cometido y, en esa medida, sería el Estado mexicano el titular del derecho público vulnerado.

e) Por otra parte, la legitimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acudir al juicio de amparo directo con el carácter de víctima reconocida en el artículo 92, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación,(10) ya fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 698/2018.(11)

En ese precedente determinó que dicha Secretaría no cuenta con legitimación por no haber sido afectada en su patrimonio respecto a las relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con el tercero interesado, único supuesto de excepción bajo el cual un órgano del Estado puede promover un juicio de amparo.

B) Criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el amparo directo penal 163/2021

29. Carpeta judicial Segundo número de expediente. El once de julio de dos mil diecisiete el Director General de Delitos Fiscales, de la Subprocuraduría Fiscal de la Federación de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación se querelló en contra del señor Persona “E” en su carácter de administrador único de la empresa Persona moral 1, por el hecho que la ley señala como delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el Código Fiscal de la Federación.

30. Sentencia de primera instancia. El trece de mayo de dos mil veintiuno, un juez del sistema penal emitió sentencia absolutoria escrita al considerar que no se acreditaba el hecho consistente en que la persona moral Persona moral 1, a través de su administrador único consignó en la declaración fiscal del año dos mil trece, actividades gravables e ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.

31. Recurso de apelación Quinto número de expediente. En contra de esa resolución, el Director de Investigaciones de la Zona Bajío, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer al Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito con residencia en la ciudad de Querétaro, que mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia impugnada.

32. Juicio de amparo directo. Inconforme, el citado Director presentó una demanda de amparo directo de la que conoció Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, quien lo registró con el número de expediente 163/2021. Por su parte, el administrador único de la empresa promovió amparo adhesivo, mediante el cual planteó que la parte quejosa carecía de legitimación para promover el juicio.

33. Criterio. Mediante videoconferencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós el Tribunal Colegiado del conocimiento otorgó el amparo solicitado y negó el amparo adhesivo, en lo que nos interesa, por las siguientes consideraciones:

a) Es infundada la causal de improcedencia que hace valer el quejoso adhesivo porque conforme a la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 10/2021,(12) en donde se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está legitimada para accionar con el carácter de quejosa el juicio de amparo, no sólo por su calidad de víctima u ofendida en los procesos penales que se instruyan por delitos fiscales, sino por la posición de garante que guarda frente a los derechos tributarios que se vulneran por la comisión de delitos fiscales.

b) Por lo que si de las constancias de autos se advierte que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el carácter de víctima en el proceso penal del que derivaba el acto reclamado y reclama la sentencia de apelación que confirmaba la absolutoria, se cumple con las hipótesis previstas en los artículos 5, fracción I, último párrafo y 170, fracción I, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo,(13) así como en el numeral 92 del Código Fiscal de la Federación,(14) y por tanto, está legitimada para acudir al juicio de amparo directo.

34. Explicados los criterios contendientes, para definir si existe o no contradicción de criterios en las resoluciones de los tribunales colegiados contendientes, conviene insertar el siguiente cuadro del cual es posible advertir, de manera sintética, las decisiones adoptadas al resolver los recursos de revisión cuyas ejecutorias participan en este asunto:

Ver cuadro

35. De acuerdo con el cuadro comparativo anterior, es posible afirmar que los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron asuntos que derivaron en diversos tratamientos sobre la legitimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acudir al juicio de amparo directo en su carácter de víctima en contra de resoluciones dictadas en procesos penales que se instruyen por delitos fiscales.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

36. Para determinar si existe la contradicción de criterios y resolver cuál es el que debe prevalecer, no es necesario que de los criterios contendientes hayan derivado jurisprudencias.

37. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(15)

38. La finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que una contradicción de tesis exige que se cumplan las siguientes condiciones: a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(16)

39. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se satisfacen los requisitos anteriores para concluir que existe un punto de contradicción entre los criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito.

40. En cuanto al primer requisito, se advierte que ambos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron amparos directos, en los que respectivamente analizaron si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con legitimación para acudir al juicio de amparo directo en contra de sentencias derivadas de procesos penales seguidos por delitos fiscales previstos en el Código Fiscal de la Federación.

41. Respecto al segundo requisito consistente en que exista un razonamiento en el que se adopte un criterio diferenciado sobre un mismo tema jurídico, también se actualiza.

42. Lo anterior porque del análisis de las constancias, advertimos que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito determinó sobreseer en el juicio de amparo directo penal promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima u ofendida, en contra de una sentencia de apelación que tuvo por extinguida la acción penal por el delito de defraudación fiscal equiparada en relación a uno de los imputados.

43. Para ello sostuvo, de manera consistente con lo resuelto por esta Primera Sala en el referido amparo en revisión 698/2018,(17) que dicha Secretaría carecía de legitimación para acudir al juicio de amparo porque no bastaba que en términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación tuviera el carácter de víctima u ofendida en el proceso penal del cual derivaba el acto reclamado, si no se causaba perjuicio personal y directo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 7 de la Ley de Amparo.(18)

44. Lo anterior, pues conforme al último precepto de referencia, esa dependencia estatal, en su carácter de persona moral oficial, no fue afectada en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encontraba en un plano de igualdad con el tercero interesado, máxime que no actuaba en representación del Estado.

45. Por el contrario, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al conocer de un amparo directo penal promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de una sentencia de apelación que confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia respecto del delito de defraudación fiscal equiparada, y el amparo adhesivo promovido por el sentenciado, determinó en lo que nos interesa que, contrario a lo alegado por el quejoso adhesivo, esa Secretaría cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo.

46. Conclusión a la que llegó a partir de lo resuelto por esta Primera Sala en el referido amparo directo 10/2021(19) y a lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, último párrafo y 170 de la Ley de Amparo,(20) así como el numeral 92 del Código Fiscal de la Federación,(21) para determinar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene legitimación para promover el juicio de amparo directo, no sólo por su calidad de víctima u ofendida en el proceso penal, sino por la posición de garante que guarda frente a los derechos tributarios que se vulneran por la comisión de los delitos fiscales.

47. Por lo que hace al tercer requisito, el análisis de la contradicción de criterios denunciada permite que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la pregunta siguiente:

¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima en términos del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación vigente, tiene legitimación para acudir al juicio de amparo directo en contra de sentencias definitivas dictadas en procesos penales instruidos por delitos fiscales?

V. ESTUDIO DE FONDO

48. Para dar respuesta a la interrogante planteada, el estudio de fondo se desdobla en los siguientes temas: 1) la obligación de la ciudadanía de contribuir al gasto público; 2) afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el incumplimiento de obligaciones fiscales de los ciudadanos; 3) el reconocimiento que ha dado esta Primera Sala a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima u ofendido en los procesos penales derivados de delitos fiscales; y 4) solución del punto de contradicción.

V.1 La obligación de la ciudadanía de contribuir al gasto público

49. En este apartado es necesario explicar las consideraciones vertidas por esta Primera Sala al resolver los citados amparo directo 10/2021 y el amparo en revisión 798/2023.(22) En dichos precedentes esta Primera Sala sostuvo que, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país, la ciudadanía tiene la obligación de contribuir a los gastos públicos de la manera equitativa y proporcional que dispongan las leyes.(23)

50. Esta Sala considera necesario refrendar que el sistema fiscal está construido sobre la base dictada por el referido artículo 31, fracción IV, constitucional, y que es el deber general de contribuir con la carga pública de manera proporcional y equitativa que fijan las leyes.

51. Si las leyes fiscales fijan la posibilidad de acceder a una tasa preferencial en la retención del impuesto sobre la renta cuando se esté en un supuesto de créditos otorgados por bancos extranjeros, no se puede invalidar el requisito para tal beneficio sin antes atender las observaciones y argumentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

52. No es que se le deba otorgar la razón a priori en cualquier conflicto con los contribuyentes, pero tampoco se le debe dejar de escuchar, pues su responsabilidad es precisamente el cumplimiento del artículo 31, fracción IV, constitucional, y cualquier inequidad que se ocasione, distribuye mal las cargas impositivas en la sociedad, y cualquier evasión que no se solvente, representa una carga mayor para los contribuyentes cumplidos. Desde luego que es su responsabilidad defender este interés de la sociedad,

53. De la disposición constitucional referida, esta Sala también extrae que se han derivado jurisprudencialmente diversos principios constitucionales que rigen los límites del legislador al momento de establecer los tributos: legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público. Dicho artículo también explica la manera de entender el sistema tributario en el Estado mexicano y permite determinar quiénes son los sujetos afectados por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

54. Al respecto, esta Primera Sala sostuvo que uno de los principios que se han derivado del referido precepto constitucional, es el de la generalidad tributaria que establece como un aspecto inherente a la responsabilidad social la obligación de la ciudadanía de contribuir al gasto público, a la par del deber del legislador de considerar a todos los sujetos que demuestren una capacidad económica susceptible de ser gravada a través de una contribución.

55. En materia tributaria, este alto tribunal señaló que el referido principio entraña para el legislador la exigencia de que los hechos que generan las obligaciones fiscales deben sustentarse en la apreciación de situaciones que revelan la capacidad de contribuir y, a su vez, estos supuestos deben abarcar a la totalidad de las personas que las realizan.

56. Es por ello por lo que el principio de generalidad tributaria contempla un doble aspecto: a) que los sujetos que se encuentran en condiciones de igualdad estén constreñidos a la misma carga impositiva; y b) que al realizarse determinada conducta se produzcan las mismas consecuencias tributarias para todos los ciudadanos que se encuentren en el mismo supuesto.

57. La generalidad de la tributación se encuentra, por tanto, estrechamente vinculada con un principio de igualdad, el cual impone que todas las personas que detentan una capacidad contributiva deben aportar parte de sus recursos al sostenimiento de los gastos públicos.

58. Desde la perspectiva del Estado, dicho principio se vincula con la necesidad de tutelar la percepción de ingresos, lo cual constituye un interés público encaminado a atender necesidades sociales.

59. Lo expuesto, está sustentado en la tesis aislada IX/2009, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

GENERALIDAD TRIBUTARIA. NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCES DE ESE PRINCIPIO. Entre otros aspectos inherentes a la responsabilidad social a que se refiere el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la obligación de contribuir establecida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, resultando trascendente que cuando el legislador define la forma y términos en que ha de concurrirse al gasto público, considere a todas las personas -f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33224-f4b4cae0/secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-tiene-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.