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Modo: Corpus Pro

DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA FORMA DE INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELITO SE ACTUALIZA A TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AUN TRATÁNDOSE DE LA INCORPORACIÓN DEL ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 121/2012. · Registro digital (IUS): 24482
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Pág. 1148.

AMPARO DIRECTO 121/2012. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR ESPINOSA DURÁN. SECRETARIO: MARCO ANTONIO BELTRÁN MORENO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son infundados los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo que se analiza, por lo que procede se niegue el amparo, por las razones siguientes:

Entrando al estudio de las garantías individuales que el quejoso estima violadas, se puede establecer que una vez analizadas las constancias de la causa penal de origen, contrario a lo que esgrime el quejoso, no existe violación a la garantía contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque durante el desarrollo del juicio penal que se instruyó en su contra, se han respetado las formalidades esenciales del procedimiento en los términos de ley.

De la lectura de las constancias de los autos de primera y segunda instancias, se constata que el procedimiento del que deriva la sentencia de segundo grado controvertida, se substanció en los términos y acorde a las formalidades que la legislación secundaria exige, debido a que tales extremos se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, habida cuenta que de no hacerlo así, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia postulada en la Norma Fundamental, que es la de evitar la indefensión del afectado con el dictado de una sentencia condenatoria que restrinja su libertad sin la debida oportunidad de defensa, ésta entendida como uno de los derechos sustantivos de mayor valía después del inherente a la propia vida del ser humano.

En efecto, en el caso concreto tales exigencias fueron atendidas y respetadas por el Juez Federal del conocimiento responsable, pues del análisis de las constancias que integran los autos de donde derivó la resolución reclamada, se advierte que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, al cual fue llamado el ahora sentenciado desde la etapa de averiguación previa, pues compareció el quince de marzo de dos mil dos, ante el agente del Ministerio Público de la Federación, diligencia en la que una vez que fue informado de los derechos constitucionales que le asisten, entre ellos, el de declarar o no en relación con los hechos, señaló que se reservaba de hacerlo; de tal forma, una vez que fue integrada la averiguación previa que se instruyó al indiciado y que se estimaron reunidos los elementos probatorios suficientes, se ejerció acción penal en contra de **********, alias "El Tarzán", por la probable comisión del delito de delincuencia organizada, contemplado en los numerales 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el diverso de contra la salud (en la hipótesis, al que extraiga del país narcóticos, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito), estipulado en el ordinal 194, fracción II, del código punitivo federal; además de otro, contra la salud, en su modalidad de fomento (colaborar al fomento en la comisión o ejecución de delitos contra la salud), consagrado en el numeral 194, fracción III, en relación con el diverso 193 del código represivo federal; todos los ilícitos conforme a la forma de intervención consagrada en la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, asunto que fue radicado con el número de causa penal **********, del entonces Juzgado Segundo de Distrito "B" en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, pliego en el que se solicitó se librara la orden de aprehensión correspondiente.

Mediante resolución de siete de junio de dos mil dos, el Juez del conocimiento, concedió la orden de captura peticionada, única y exclusivamente por lo que hace a los delitos de delincuencia organizada y el de contra la salud, en la modalidad de extraer del país narcóticos, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, previstos y sancionados en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como 193 y 194, fracción II, del Código Penal Federal, en los mismos términos del pliego consignatorio, mas no así por lo que correspondió al otro ilícito de contra la salud, en la modalidad de fomento (hipótesis de colaborar al fomento en la comisión o ejecución de delitos contra la salud), por el que también ejerció acción penal; una vez cumplimentada la orden de aprehensión en cita e internado en el centro de reclusión correspondiente, el once de junio de dos mil dos, se desahogó la diligencia de declaración preparatoria en la que, previo a ser enterado de los derechos consagrados a su favor en la Carta Magna, tales como no ser obligado a declarar en su contra; saber el nombre de su acusador y la naturaleza del hecho que se le atribuía; a que se le recibieran las pruebas y testigos que estimara necesarios; se le facilitaran todos los datos del proceso para su defensa; el derecho a una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza, para lo cual designó al licenciado Juan Cervantes Solano, defensor público federal adscrito a ese órgano, y después de saber que la acusación era por los delitos objeto de la orden de captura, manifestó que se reservaba su derecho a declarar.

Con posterioridad, transcurrida la dilación constitucional, el trece de junio de dos mil dos, se dictó el auto de formal prisión en contra de **********, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en la modalidad de extraer del país narcóticos, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, por los que se siguió el proceso en la vía ordinaria; mediante escrito presentado ante el juzgado, por la defensa oficial, se ofrecieron las pruebas siguientes: Ampliación de declaración del sentenciado **********, alias "El Tarzán"; del testigo con clave confidencial "**********", de nombre **********, así como otras que fueron ofertadas por la representación social federal; inconforme con el auto de término constitucional citado, el indiciado interpuso el recurso de apelación correspondiente, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Unitario "B" del Segundo Circuito, dentro del toca penal **********, en el que determinó modificar el auto de bien preso, dictando la formal prisión por lo que hace al delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado por los artículos 2o., fracción I, pero conforme al numeral 4o., fracción I, inciso b), de la ley especial respectiva, y no de acuerdo al inciso a), como lo propuso la fiscalía; decretando la libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, por lo que hace al delito contra la salud, en la modalidad de extraer del país narcóticos aunque fuera en forma momentánea o en tránsito, contenido y castigado en los ordinales 193 y 194 del código punitivo federal.

Del mismo modo, a solicitud del sentenciado, aquí quejoso, y después de haber agotado el desahogo de los medios de convicción ofertados por el reo, mediante auto de veinte de junio de dos mil tres, con fundamento en el artículo 150, primer párrafo, del Código Penal Federal, se declaró agotada la instrucción, por lo que les fue conferido un plazo de diez días a las partes para ofrecer otros elementos de prueba que estimaran necesarios, lapso durante el cual, la defensa particular del sentenciado ofreció: documental privada consistente en constancia expedida por el doctor Jaime Chávez Jiménez, médico que le atendió algunas lesiones que sufrió el reo, en la ciudad de Tecate, **********; testimoniales de **********, ********** y **********.

**********, promovió juicio de amparo contra la determinación de treinta de abril de dos mil tres, emitida dentro del toca penal **********, que resolvió el recurso de apelación intentado contra el auto de formal prisión dictado contra el quejoso, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Unitario "B" del Segundo Circuito, bajo el expediente **********, en el que se concedió el amparo por falta de fundamentación y motivación de la resolución controvertida, misma que fue confirmada en el amparo en revisión **********, resuelto por el Quinto Tribunal Unitario del mismo circuito, con lo cual se dictó el auto de formal prisión en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante resolución de cinco de abril de dos mil cuatro, en la que prevaleció la formal prisión, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada, y la libertad por falta de elementos para procesar por lo que ve al ilícito de contra la salud, en la modalidad de extraer del país narcóticos, aunque fuera en forma momentánea o en tránsito.

Por proveído de tres de mayo de dos mil cuatro, se declaró cerrada la instrucción, con apoyo en el numeral 291, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que se dejó a vista los autos a las partes, por el plazo de treinta días para que formularan sus conclusiones, así las del agente del Ministerio Público de la Federación se agregaron de la foja ochocientos dieciséis a la novecientos nueve, del tomo VIII de la causa penal, ocurso en el que solicitó el reproche penal por el delito de delincuencia organizada, en términos de los numerales 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la ley especial correspondiente, en relación con el diverso 13, fracción III, del Código Penal Federal, en lo que concierne a la forma de intervención; mientras que las conclusiones de inculpabilidad del sentenciado, presentadas por conducto de su defensa, obran de la foja cuatro a la treinta y dos, del tomo IX del proceso penal; una vez valorados los medios de prueba ofrecidos por las partes, en sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil cuatro, se determinó condenar a **********, únicamente por el delito de delincuencia organizada, conforme a lo previsto y sancionado en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la cual no estuvo conforme el sentenciado, por lo que interpuso el recurso de apelación, siendo éste resuelto a través de la resolución de siete de abril de dos mil cinco, dirimida por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, dentro del toca penal **********, que en esta vía constitucional se combate.

En consecuencia, es evidente que en el proceso que se siguió en contra de **********, no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque tuvo conocimiento de los hechos antisociales que se le atribuyeron, la oportunidad de defenderse mediante la aportación de todas las pruebas que estimó convenientes para su defensa, además que alegó lo que a su interés convino antes de que se pronunciara la resolución de fondo, pues incluso promovió juicio de amparo indirecto contra el auto de bien preso; aunado a ello, impugnó la resolución combatida a través del recurso de apelación, medio ordinario de defensa que prevé la ley de la que procede el acto; por tanto, es dable concluir, en el caso, que el procedimiento penal de donde dimana el acto reclamado en este juicio, adversamente a lo considerado el quejoso, no puede sostenerse que se hayan violado las formalidades esenciales del procedimiento durante la integración de la causa penal de origen, ya que la tramitación respectiva se llevó acorde a lo ordenado por el artículo 14 de la Constitución General de la República.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Tampoco se estima infringido el derecho fundamental consagrado en la fracción III del artículo 20 constitucional (vigente con anterioridad a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho), que estatuye la prerrogativa del inculpado a saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas a su consignación, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, debido a que como se advierte de la diligencia de declaración preparatoria desahogada el once de junio de dos mil dos, por el entonces Juez Segundo de Distrito "B" en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México del conocimiento, señaló que se le informó al inculpado los términos de la acusación, así como el nombre de los acusadores y testigos que declararon en su contra, circunstancia que guarda plena correspondencia con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que pregona el derecho del inculpado a saber los nombres de los testigos confidenciales, con posterioridad al ejercicio de la acción penal.

Por otro lado, es inconcuso que la sentencia materia del presente reclamo constitucional, adversamente a lo estimado por el quejoso, tampoco vulnera las garantías consagradas en el artículo 16 de la Constitución General de la República, dado que la Sala responsable la emitió en forma fundada y motivada.

Ello es así, puesto que el acto materia de la controversia, que lo constituye la sentencia definitiva de siete de abril de dos mil cinco, dictada por el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito responsable, en el toca penal **********, cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica mencionadas, habida cuenta que expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableció las bases para la valoración de las pruebas existentes en el sumario, a través de la cita de los preceptos, tales como los numerales 279, 280, 281, 284, 285, 286, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, en estrecha vinculación con los ordinales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; en el mismo orden de ideas, invocó los artículos 2o. y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer la actualización de esa conducta delictiva y así fincar la responsabilidad en la comisión del delito correspondiente; de igual manera invocó el artículo 13 para sustentar la forma de intervención del inculpado y los ordinales 51 y 52, éstos del propio ordenamiento sustantivo invocado, para establecer el grado de culpabilidad y la individualización de las penas.

Además que expuso las causas, motivos o razones que tuvo en consideración para estimar que se encontraban demostrados los elementos del ilícito anteriormente indicado, cuya consumación se le atribuye a la parte quejosa y que hacen se acredite plenamente su responsabilidad, advirtiendo este Tribunal Colegiado que sustancialmente existe adecuación entre los fundamentos de derecho invocados y los motivos expuestos, con lo que puede concluirse que no existe violación a la garantía contenida en el precitado párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República, por lo que resulta infundado el concepto de violación respectivo.

Ello, en atención a la jurisprudencia número 260, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento setenta y cinco, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

En diverso aspecto, este Tribunal Colegiado aprecia que la sentencia materia de la impugnación en esta vía constitucional, que consideró al quejoso penalmente responsable en la comisión del ilícito de delincuencia organizada, contemplado en los numerales 2o., fracción I y 4o., fracción II, inciso b), de la ley federal respectiva; es legal, porque la autoridad responsable basó la resolución en las reglas de valoración de la prueba establecidas en los preceptos legales 279, 280, 281, 284, 285, 286, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, en estrecha vinculación con los ordinales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, habida cuenta de que como lo determinó el Tribunal Unitario, en ejercicio de la competencia de amparo, los elementos probatorios existentes en autos, se estiman suficientes para acreditar, en términos de los numerales 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, los elementos de dichos delitos, así como la plena responsabilidad penal del sentenciado en su comisión, ya que conducen al conocimiento que el aquí quejoso:

**********, perteneció a la organización criminal probablemente encabezada por los hermanos **********, integrada por más de tres personas, que organizados de manera permanente (por lo menos de mil novecientos noventa y ocho), tenía como finalidad cometer delitos contra la salud, puesto que realizaban el trasiego de narcóticos, tales como cocaína y marihuana, del Estado de ********** a los Estados Unidos de América; conducta que por sí sola actualiza el supuesto de hecho previsto por el delito de delincuencia organizada, previsto y sancionado en los artículos 2o., fracción I y 4o., fracción I, inciso b), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el que fue condenado el quejoso.

En este sentido, es menester precisar que los artículos 4o. y 95 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen los requisitos que deben colmarse para emitir una resolución que decrete la responsabilidad penal de todo gobernado sujeto a proceso, mismos que textualmente establecen:

"Artículo 4o. Los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, dentro del cual corresponde exclusivamente a los tribunales federales resolver si un hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan con arreglo a la ley."

"Artículo 95. Las sentencias contendrán: I. El lugar en que se pronuncien; II. La designación del tribunal que las dicte; III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión; IV. Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias; V. Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia; y VI. La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes."

Delincuencia Organizada

Por su parte, los artículos 2o. y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigentes en la época en que se consumó el delito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, señalan:

"Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. ... contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero ..."

"Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta ley ...b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa."

De una interpretación de los dispositivos transcritos puede sostenerse que los elementos del delito a estudio, de naturaleza plurisubjetiva son:

a) Que los sujetos activos formen parte de una agrupación integrada por tres o más personas;

b) Que dicha agrupación se constituya de manera permanente o reiterada;

c) Que la finalidad del grupo sea la de realizar conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado la ejecución delincuencial de alguno de los delitos numerus clausus del artículo 2o. de la ley especial aplicable al caso, entre estos, el de contra la salud; y,

d) Que el activo no tenga las funciones de administración, dirección o supervisión en la organización delictiva.

Expuesto lo anterior, puede determinarse que fue correcto que el Tribunal Unitario de apelación tuviera por acreditados los elementos del tipo penal antes descrito, toda vez que los medios de convicción que ponderó y que obran en el sumario, resultan suficientes para tener por colmados, tanto los elementos del tipo, como la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión, pues al efecto valoró las pruebas siguientes:

Con la declaración de **********, con clave de testigo protegido "**********", aportada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, ante el fiscal señaló: Que en relación con la persona que se había referido como el "Tarzán", del que sabe el emitente que es un "pasador" muy bueno de droga hacia los Estados Unidos, el "Cero Diez" le dijo que se llamaba **********, supo que trabaja para la organización de los hermanos Arellano Félix, en la ciudad de Tecate, **********; que tenía controladas a las autoridades policiacas del lugar y buenas relaciones con políticos y empresarios de esa ciudad; que lo conoció en mil novecientos noventa y ocho, y que en esa ocasión se encontraba el emitente en una reunión en la que estaba "El Mayel, "El Gil", y "El Efra", junto con personas de confianza en el restaurante "Tecuala"; "El Mayel" estaba pasando unos viajes de "mota" por la garita de Tecate, lugar en el que tuvo problemas, por lo que comisionó al "Loco Arias" o "Cero Diez" para que averiguara qué había pasado; al regresar le comentó que un sujeto llamado "Tarzán" había estado bloqueando el paso del viaje, porque esta persona era quien controlaba el movimiento en la garita, diciéndole el "Loco Arias" o "Cero Diez" que él conocía a esa persona, por lo que escuchó que "El Mayel" le instruyó al "Cero Diez" o "Loco Arias" que le trajera a esa persona y que si no quería venir que lo ejecutara; salieron a cumplir la orden el "Cero Diez", acompañado de "El Peque" y "El Pollo", entre otros miembros de la gente de "El Mayel", regresaron con una persona que supo por comentarios del "Cero Diez", que era "El Tarzán", mismo que había sido efectivo de la policía judicial del Estado de ********** y que con posterioridad se convirtió en "pasador" de droga, que esa fue la primera ocasión que lo vió; después, por comentarios de "El Gil", se enteró el deponente que "El Mayel" le leyó la cartilla e incluso lo regañó, acordando al final que sólo trabajaría para la organización Arellano Félix y sus grupos, entre ellos, los de "El Gil" y "El Mayel"; supo que le estuvieron pasando varios meses a "El Tarzán" exclusivamente marihuana, enseguida, ya que se bajaron unos aviones cargados de cocaína en el Ejido San Vicente, municipio de Ensenada, "El Gil" se llevó aproximadamente dos toneladas de cocaína a **********, mientras que "El Mayel" se quedó con otras tantas, y que eso era para probar al "Tarzán"; razón por la cual "El Gil" le reclamó a "El Mayel", porque el referido "Tarzán" aún no era de confianza, además porque "El Gil" era quien se encargaba de conseguir los "pasadores" de cocaína en la ciudad de **********, haciendo caso omiso "El Mayel"; en fechas posteriores se enteró el declarante por el "Cero Diez", quien era el encargado de llevar la cocaína de Ensenada a Tecate y en ocasiones de Tijuana a Tecate, que las dos toneladas que le entregó "El Mayel" al "Tarzán" pasaron exitosamente, sin ningún problema; en diversa ocasión cuando se encontraban en Tijuana, "El Mayel" le entregó a "El Gil" un millón de dólares americanos, para que se los entregaran al "Tarzán" como pago de las "pasadas" que le había hecho; que se trasladó el deponente acompañando a "El Gil" a la ciudad de Tecate, donde ya eran esperados por el "Cero Diez", mismo que los llevó hasta el domicilio de "El Tarzán", en donde "El Gil" le ordenó al de la voz que bajara la maleta que contenía el dinero, mismo que le fue entregado a "El Tarzán"; en ese momento el "Cero Diez" y el emitente, se salieron a la cochera de la casa, en donde aquél le comentó que "El Tarzán" había realizado buenas "pasadas", y que había pertenecido a la judicial del Estado, saliendo de esa corporación para convertirse en "pasador" que su nombre era **********, además que tenía muy buenos contactos de todo tipo en la ciudad de Tecate; en los siguientes meses se dio cuenta que "El Mayel" le siguió dando marihuana y cocaína de la organización, para que la pasara "El Tarzán" hacia los Estados Unidos, porque nunca se le "caían" los envíos; a partir de entonces supo el deponente que siguió trabajando para la organización de los Arellano Félix, como el "pasador" de cocaína y marihuana más eficiente de "El Mayel", pues realizaba el trasiego de cinco toneladas de marihuana y una de cocaína en cada viaje; en una ocasión supo que dicha persona sufrió un atentado en la ciudad de Tecate al salir de su domicilio, recibiendo algunos disparos de arma de fuego en la parte izquierda del cuerpo, motivo por el que éste se trasladó al hospital ubicado en la ciudad de Tijuana, por órdenes de "El Mayel", en donde se percató que estaba resguardado por gente de este último; que esta persona es de peso en la organización, debido a que participaba activamente para pasar droga a los Estados Unidos; que en el mes en que se detuvo a "El Mayel", "Gil" se trasladó a la ciudad de Tijuana, para entrevistarse con **********, "El Tigrillo", en donde se repartieron las plazas, quedando "El Primo" en México; "El Gil" en **********; "El Tarzán" en Tecate, "El Quemado" en Tijuana y "El Efra" en Ensenada y Tijuana; últimamente refirió el declarante, "El Gil" se apoyó mucho con "El Tarzán", pues la mayoría de la marihuana que trajo meses antes de ser detenido el de la voz, se le entregó a este último, mismo sujeto que la pasaba y la vendía en Estados Unidos.

Ampliación de testimonio ministerial del sujeto con clave confidencial "**********", de diecisiete de febrero de dos mil uno, en la que en extracto señaló: Que al señor Mike o Miguel que es el que aparece con camisa azul marino, a quien identificó como el velador de la casa que se ubica en la calle Mecánicos, esta persona fue contratada por el ingeniero **********, quien es el encargado de rentar algunas casas para "El Gil"; respecto a Miguel, agregó que tiene aproximadamente tres años de trabajar con "nosotros", que ese inmueble se ha venido ocupando como bodega de marihuana y de vehículos que se utilizan en la organización; en la ciudad de Tecate existe otro sujeto al que le apodan "El Tarzán".

Ampliación del testigo "**********", aportado el veintiséis de marzo de dos mil dos, que en lo conducente y ante el Juez dijo: Que la persona a la que se refirió como "El Tarzán", es la persona de nombre **********, misma que tenía mucha relación y constante comunicación con la organización de **********, alias "El Gil"; que en relación con la tarjeta de circulación número *********, expedida por el gobierno de ********** a favor de **********, que ampara los datos de un vehículo pick up, Ford, Lobo, modelo mil novecientos noventa y nueve, negro, con serie número ************, con placas de circulación ******** de **********, que fue hallada dentro de la camioneta Dodge, Ram, modelo dos mil, blanca, con placas de circulación ********** en la que iba el deponente antes que fuera detenido, señala que esa tarjeta de circulación que está a nombre de **********, es porque "El Tarzán", se la entregó a **********, alias "El Gil", como pago de un cargamento de marihuana que se "cayó" en los Estados Unidos de "Norteamérica", y que esa documental estaba dentro de la camioneta Dodge, Ram, blanca, porque seguramente no la bajaron por olvido.

En otra ampliación el testigo con clave "**********", el veintitrés de octubre de dos mil dos, ante el Juez y a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24482-422f2144/delincuencia-organizada-la-forma-de-intervencion-delictiva-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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