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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SI SE DECRETA EN FORMA INDEFINIDA O SU TEMPORALIDAD SE PROLONGA EXCESIVAMENTE, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 472/2017. · Registro digital (IUS): 28639
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-05-17
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Pág. 2188.

AMPARO EN REVISIÓN 472/2017. 10 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIA: ROSA MARÍA CHÁVEZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Son fundados los agravios vertidos en el sentido de que:

• Han transcurrido más de tres años desde el aseguramiento, sin que la autoridad responsable haya seguido procedimiento en contra de persona alguna.

• La propiedad pertenece a los menores quejosos, desde antes de que el referido inmueble fuera asegurado.

• Se les priva de un ingreso o disfrute de su propiedad, con lo que se afectan sus derechos fundamentales, sin que la expresada responsable justifique de manera fundada y motivada.

En efecto, la subsistencia del aseguramiento del inmueble materia de la litis es suficiente para conceder la tutela constitucional, en virtud de que se argumenta que se transgredieron sus derechos fundamentales, establecidos por los artículos 14 y 16 constitucionales.

Así, el acto reclamado consiste en un acto de molestia, para el cual debe existir un mandamiento de autoridad competente que funde y motive legalmente su proceder, siempre y cuando existan causas para ello, de acuerdo con las disposiciones y condiciones establecidas previamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dice:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

De la disposición constitucional transcrita, se advierten los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe resguardar.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para considerar que los actos de molestia están apegados a la Constitución Federal, resulta necesario que cumplan con los requisitos establecidos en su artículo 16, esto es, que sean emitidos por escrito, por una autoridad competente y que se encuentren fundados y motivados.

En tanto que, respecto de los actos privativos, resulta necesario que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional antes enumerados; también es imprescindible que se observen las disposiciones relativas del diverso 14 de la propia Constitución, esto es, que sean emitidos previo juicio seguido ante los tribunales establecidos, en los que se observen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; siendo dichas formalidades aquellas que permitan a la parte afectada el conocimiento del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y expresar alegatos.

Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:

"Registro digital: 200080

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo IV, julio de 1996

"Materia: común

"Tesis: P./J. 40/96

"Página: 5

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.—El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional."

El derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Con base en esta disposición, deben verificarse todos los actos de molestia definidos como aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, como en el caso acontece con el aseguramiento del inmueble, cuyas características se dejaron precisadas con antelación.

Así, los requisitos que deben contener los actos autoritarios son:

• Constar por escrito, es decir, que pueda ser mostrado gráficamente al destinatario, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundamentado y motivado; además de que las atribuciones de las autoridades del Estado se materializan, precisamente, hasta que constan escritas;

• Provenir de autoridad competente, es decir, de aquella a la que corresponde su emisión, precisamente, porque así le faculta la normativa que rige su actuar, el cual debe ajustarse a la propia norma; y,

• Contener la adecuada fundamentación y motivación, que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales, contenidas en la norma y explicar los motivos que conducen a su emisión, en el entendido de que, entre ambas exigencias, debe existir congruencia.

Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable, atinente a la averiguación previa **********, valoradas anteriormente, permiten advertir que la resolución combatida no reúne la última de las mencionadas exigencias, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación.

Así es, conforme al transcrito artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad que implique alguna molestia para los gobernados, debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, en el entendido de que lo primero es la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, lo segundo, la expresión de las razones o causas que se hubieren tenido en consideración para el pronunciamiento del acto combatido pero, además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contiene los datos de localización, voz y contenido siguientes:

"Registro digital: 917738

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Apéndice 1917-2000

"Tomo VI, jurisprudencia SCJN

"Materia: común

"Tesis: 204

"Página: 166

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Conceptuadas así la fundamentación y motivación, es claro que la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección.

Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omiten expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso.

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado y, en el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo, porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector; sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección.

Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente y, en el segundo, para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente.

Ahora, cabe mencionar que el auto en que se decretó el aseguramiento del inmueble persiste a la fecha, ya que no hay diversa disposición ministerial posterior, por lo que será un aspecto relevante a examen en la presente resolución.

Así, tenemos que tal determinación ministerial fue emitida el veinte de febrero de dos mil catorce (fojas 90 a 93 del juicio de amparo), dentro de la averiguación previa **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Coordinación "C" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de República, contra **********, entre otros, y quien resulte responsable, por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud y lo que de la indagatoria resulte, en agravio de la sociedad (fojas 59 y 60 del juicio de amparo), la que fue dada de baja al momento de ejercitarse la acción penal en la misma y, por tal hecho, no podían continuarse desahogando diligencias de investigación en esa indagatoria, según se advierte de la averiguación previa **********, iniciada el veintisiete de marzo de dos mil catorce, por la citada agencia del Ministerio Público en contra ********** y otro, por el ilícito de delincuencia organizada y lo que resulte, contra quien o quienes resulten responsable, en agravio de la sociedad, y ordenó la realización de todas y cada una de las diligencias que quedaron pendientes para su desahogo (en la averiguación **********) tales como el destino legal de los bienes afectos, entre otros (fojas 57 y 58 del juicio de amparo); se tuvo conocimiento de la denuncia escrita realizada por una persona que se identificó como **********, en la que, entre otras cosas, señaló protección de servidores públicos a miembros de la delincuencia organizada y refiere nombres de miembros de la organización criminal comandada por **********, entre otros, **********. Por ello, el dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Juez Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con sede en la Ciudad de México y competencia en toda la República, obsequió una orden de cateo para practicarla, entre otros, dentro del domicilio ubicado en la calle **********, número ********** de la colonia **********, de la ciudad de **********, Chihuahua y el día veinte del propio mes y año, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, levantó el acta circunstanciada, relativa a la averiguación previa **********, con motivo del cateo practicado en el referido domicilio donde, entre otras cosas, acordó: "...en atención a las diligencias que integran el presente expediente hacen presumir fundadamente que el inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, esquina **********, **********, Chihuahua, muy probablemente pudieran ser producto o instrumento de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asimismo, que precisamente en la presente indagatoria se señalan a miembros del crimen organizado, que se han dedicado de manera reiterada a la comisión de delitos contra la salud previsto (sic) en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en ese orden de ideas, el artículo 1812 del Código Federal de Procedimientos Penales que, en la parte que interesa, señala: ‘Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan...’ toda vez que el precitado numeral permite el aseguramiento de todas las cosas que pudieran tener relación con el ilícito perpetrado, ya sea en forma mediata o inmediata, por haber servido para cometer éste, además, conforme lo prevén los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, debe asegurarse desde los primeros momentos de la investigación, ya sea porque constituyen o contienen huellas del delito o por ser bienes que deban ser objeto de decomiso, cabe destacar que, la figura del aseguramiento, es una medida atribuida al Ministerio Púbico para el debido cumplimiento de su cometido constitucional, el cual consiste esencialmente en resguardar los bienes respectivos para que no se alteren, destruyan o desaparezcan y puedan servir de prueba en los procesos penales que correspondan, por lo que con fundamento en los artículos 29, 31 (sic) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 40 del Código Penal Federal, 181 y 182 del Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta el aseguramiento ministerial del inmueble ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, esquina **********, **********, Chihuahua..." (fojas 90 a 93 del juicio de amparo)

Aunado a que de la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, no se advierte que el citado inmueble haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Luego, se considera que tal determinación carece de la debida fundamentación y motivación.

Previamente, se tiene en cuenta la facultad del Ministerio Público de asegurar los bienes que sean objeto o instrumento del delito, es así, pues un instrumento del delito es un objeto o cualquier otra cosa que se hubiere empleado para la realización de un hecho punible o con el que se haya intentado cometer éste, sea cual fuere la naturaleza de aquél, ya sea de uso prohibido o de uso lícito, inclusive podrá ser considerado como tal, aquello que sea producto o utilidad derivada del algún ilícito.

De esa manera, cuando el bien, objeto o cosa esté relacionado con alguno de esos supuestos, podrá ser motivo de aseguramiento por parte de la autoridad ministerial o judicial, con el objetivo primordial de garantizar la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, o bien, para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso, que se puedan obtener, precisamente, mediante el examen de tales instrumentos o cosas, para el éxito de la investigación y evitar que ésta se le dificulte a la autoridad.

Sin embargo, también debe atenderse a lo siguiente:

a. El auto de aseguramiento no se encuentra fundado ni motivado, debido a que si bien se advierte la cita de diversos preceptos legales, no se transcribió su contenido, ni se indica que hagan referencia a su contenido, menos aún, se advierten las razones por las cuales el decreto de la medida cautelar encuadre debidamente en los mismos;

b. Han transcurrido más de cuatro años desde que fue dictada tal medida a la actualidad, sin que se pronuncie al respecto;

c. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, se ordenó la apertura de diversa averiguación previa para investigar sobre la probable responsabilidad de más sujetos activos en la comisión de hechos investigados, sin que se tenga noticia al respecto, así como tampoco de que se haya puesto a disposición de la autoridad judicial el bien inmueble de que se trata, pues no obra en autos prueba que así lo acredite;

d. Existe inactividad ministerial, porque no ha dictado un acuerdo que otorgue un nuevo destino al bien inmueble, por lo que subsisten las razones que fueron tomadas en su momento para decretarlo; y,

e. No se cuenta con las actuaciones originales que integran el acuerdo en que fue decretado.

Por tanto, si bien el acto reclamado se trata de la permanencia del aseguramiento de la finca marcada con el número ********** de la calle **********, colonia ********** en **********, Chihuahua, apodícticamente se analiza el auto en que fue dictado, apreciándose que en su pronunciamiento la autoridad responsable incurrió en diversas omisiones que contravienen el principio de legalidad contenido en el numeral 16 constitucional.

En estas condiciones, dado el estado que guarda dicho inmueble, en primer término, debe destacarse que la validez de la permanencia en el aseguramiento se ve mermada con la deficiencia de fundar y motivar el acto en que se realizó, aunado a que en forma preponderante se tiene que el transcurso del tiempo, de más de cuatro años, también tiene esa consecuencia, es decir, aminora su necesidad.

Tal afirmación tiene su génesis en que el acto de aseguramiento es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros.

De esta manera, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta, al desvanecer las huellas que pudieran existir.

Aunado a que se considera que el transcurso de cuatro años es una temporalidad excesiva, lo que revela que el acto de aseguramiento es notoriamente opuesto a la naturaleza provisional o transitoria de una medida cautelar, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que a su vez viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que tienen los quejosos, ahora recurrentes.

Por otra parte, también debe tomarse en cuenta que la consignación de la averiguación previa correspondiente, a pesar de que se haya realizado el desglose, deja en total incertidumbre jurídica a los peticionarios de la tutela federal sobre el estado que guarda la finca de mérito, al no ser una actuación óptima para garantizar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, así como tampoco impide que un tercero se vea afectado; máxime que se adujo que esa finca es un bien que dichos peticionarios rentaban a terceros, lo que se corrobora con el hecho de que acreditaron su propiedad. (fojas 117 a 126 del juicio de amparo)

Ahora bien, las deficiencias apuntadas no pueden ser subsanadas en este juicio, dada la técnica que lo rige; como corolario, es claro que el acto reclamado contraviene la garantía de legalidad tutelada en el numeral 16 de nuestra Carta Magna, ya que no cumple con el requisito de fundamentación y motivación adecuadas, que todo acto de autoridad debe colmar, situación que impide analizar, desde el juicio constitucional, el fondo de la cuestión planteada.

Epílogo de lo expuesto, el inmueble de mérito no debe continuar en el mismo estado jurídico, en virtud de que ya no existen razones para ello, ya que oficiosamente la autoridad de origen debió otorgarle un nuevo destino, en concreto, ordenar el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el mismo.

Por tanto, en el pronunciamiento del acto reclamado, la autoridad responsable incurrió en omisiones que dejan a los menores peticionarios del amparo en grave estado de indefensión, al desconocer los motivos o razones lógico-jurídicas en que se basa el dictado del acto reclamado, lo que se traduce en violaciones formales que no pueden ser subsanadas en esta instancia constitucional.

Con base en lo anterior, lo procedente es, en la materia de la revisión, modificar la sentencia recurrida y conceder a los menores quejosos de iniciales de identidad reservada ********** y **********, representados por su madre **********, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se les restituya plenamente en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con lo que disponen los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo.

Al caso resulta aplicable la tesis que contiene los datos de publicidad, título y tenor siguientes:

"Registro digital: 212254

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo XIII, junio de 1994

"Materia: común

"Tesis: II.2o.210 K

"Página: 579

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE.—La omisión de la autoridad de revelar los motivos y fundamentos que le sirven de apoyo para dictar un determinado acto, impide calificar la constitucionalidad de su contenido dado que se ignoran cuáles fueron las razones y los preceptos legales que se tuvieron en cuenta para dictarlo; por ello el efecto del amparo que se otorga contra un acto carente de motivación y fundamentación obliga a la autoridad responsable a dejarlo insubsistente, pero no restringe sus atribuciones para dictar otro siempre que cumpla con la exigencia de fundarlo y motivarlo."

Y, en lo conducente, el criterio jurisprudencial establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece con los datos de localización, voz y texto siguientes:

"Registro digital: 910974

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Apéndice 1917-2000

"Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

"Materia: administrativa

"Tesis: 41

"Página: 47

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AMPARO EN CASO DE LA GARANTÍA DE.—Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales."

Es importante mencionar que con la determinación adoptada es innecesario acudir a la aplicación de un tratado o convención internacional, por virtud de que en la legislación nacional, se prevé la tutela de los derechos fundamentales de los quejosos, sin que se advierta que en las normas internacionales exista alguna que otorgue una protección más amplia a favor de dichos quejosos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de publicación, título, subtítulo y texto son:

"Registro digital: 2003548

"Décima Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013

"Materia: común

"Tesis: I.3o.P. J/1 (10a.)

"Página: 1221

"DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE ENCUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECESARIO EN INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA CONTENIDA EN TRATADO O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN TANTO EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DERECHO FUNDAMENTAL RESPECTIVO.—Acorde a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Carta Magna, en reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del día siguiente, en sus dos primeros párrafos se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece; en forma adicional se determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán ‘conforme’ a esa norma fundamental y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a la persona en su protección más amplia. De este modo, el referido método de ‘interpretación conforme’ entraña que los derechos fundamentales positivizados en los tratados, pactos y convenciones internacionales prevalecen respecto de las normas del orden jurídico de fuente interna si contienen disposiciones más favorables al goce y ejercicio de esos derechos, lo cual lleva a establecer que la obligación del Estado Mexicano se refiere no sólo a garantizar el ejercicio de los derechos humanos enumerados en la Constitución, sino también los contenidos en esos instrumentos internacionales, cuyo conjunto puede considerarse integra un bloque unitario de protección. Sin embargo, la aplicación del principio pro persona no puede servir como fundamento para aplicar en forma directa los derechos fundamentales contemplados en los tratados internacionales, no obstante que el derecho internacional convencional sea una fuente del derecho constitucional de carácter obligatorio, toda vez que tal principio constituye propiamente un instrumento de selección que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos contenidos en dos o más normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable en el caso concreto,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28639-28e5e769/aseguramiento-de-un-inmueble-por-el-ministerio-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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