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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA ORDEN RELATIVA DEBE SER AUTORIZADA POR UN JUEZ DE CONTROL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO CATORCE, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON LOS ALCANCES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 125/2023. · Registro digital (IUS): 31960
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.3485.

AMPARO EN REVISIÓN 125/2023. 5 DE OCTUBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADALID AMBRIZ LANDA. SECRETARIA: ANGÉLICA RAMOS VACA.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Determinación que adopta este tribunal.

Los agravios hechos valer por la autoridad responsable son en una parte infundados y, en otra, inoperantes, sin que en el caso se actualice ningún motivo para suplir la deficiencia de la queja a su favor, al ser el recurrente un órgano técnico especializado, por ello sus motivos de inconformidad se analizarán conforme al principio de estricto derecho.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia III.2o.P. J/2, sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro digital: 219026, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia: Penal, Número 54, junio de 1992, página 40, de rubro y texto siguientes:

"LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de conformidad con el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el Ministerio Público es una institución eminentemente técnica."

Ahora, por cuestión de técnica, primero se atenderán los motivos de desacuerdo expuestos por el agente del Ministerio Público que este órgano revisor estima, son inoperantes.

Se determina de tal forma, en relación con los argumentos del fiscal, en los que señala que la resolución impugnada vulnera los artículos 1o., 8o., 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, porque no debe perderse de vista que la Juez de Distrito, como órgano de control constitucional, no viola esos derechos, pues su función consiste en realizar el examen analítico de los actos de autoridad que pudieran constituir transgresión a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; de manera que su proceder, de ser equívoco, podría traducirse en una infracción a las normas contenidas en la Ley de Amparo, mas no a la Constitución Mexicana.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 2/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece con el número de registro digital: 199492, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, del contenido siguiente:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En el mismo orden de ideas, se resuelve acerca del agravio consistente en que la sentencia recurrida es contraria al numeral 74 de la legislación que rige la materia, pues no basta que la autoridad responsable, se reitera, al ser un órgano técnico especializado, se limite únicamente a señalar de modo dogmático que la resolución impugnada es transgresora del referido precepto, dado que está obligado a formular razonamientos jurídicos tendentes a controvertir dicho aspecto, y no simplemente mencionarlo, ya que no señala en qué hace descansar su afirmación.

Sustenta lo recién expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece con el número de registro digital: 185425, Novena Época, Materia: Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, que indica lo siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Por otro lado, la juzgadora constitucional precisó, con relación a los tópicos de fundamentación y motivación del acto reclamado, lo siguiente:

- Que no obstante que el acto reclamado fue emitido por una autoridad competente para ello, de conformidad con el artículo 21 de la Carta Magna, y que la responsable se apoyó en los numerales 16 del mismo Ordenamiento Supremo y en el diverso 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la determinación deja al quejoso en estado de indefensión e inseguridad jurídica, vulnerándose con dicho actuar la garantía de legalidad prevista en el segundo de los preceptos citados, ya que el acto que se reclama en la instancia constitucional, puntualizó la Juez de Distrito, carece de una debida fundamentación y motivación; invocando al efecto la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 7 K (9a.), de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN."

- En el mismo tenor, la autoridad recurrida hizo cita del artículo 16 constitucional, señalando que por imperativo de este precepto, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera del gobernado debe encontrarse fundado y motivado; que por fundar se entiende la expresión de los preceptos legales en que se apoya la responsable para emitir el acto reclamado y, por motivar, el razonamiento expuesto por la autoridad en el acto de molestia, donde externa consideraciones respecto a las circunstancias de hecho para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal; requisitos que debe satisfacer todo acto de molestia y, al efecto, invocó las jurisprudencias tituladas: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

- Y para evidenciar lo relativo a la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, la autoridad recurrida transcribió la parte conducente del acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós –acto reclamado–, del que se observa lo siguiente:

"Por lo que se concluye que los inmuebles antes señalados fueron utilizados como instrumentos del delito, ya que son objetos materiales utilizados por los denunciados ********** y **********, como medios para poder realizar la conducta y el resultado de la conducta cometida, como lo es convencer a los ofendidos que invirtieran con ellos en la empresa **********, la cual ni siquiera está legalmente constituida.

"De igual forma, existe el indicio dado a que la supuesta persona moral ********** tenía funcionando hace más de 25 años, como se aprecia de las copias autentificadas de la denuncia presentada por la ofendida **********, quien manifiesta tener más de 20 años invirtiendo en la empresa multicitada; por consiguiente, tanto los inmuebles antes descritos enumerados del 1 al 10, así como los inmuebles que se encuentren registrados a nombre de los denunciados **********, **********, **********, **********, **********, ********** y *******, pueden ser producto del delito."

Lo resaltado no es de origen.

- Al respecto, precisó la Juez de amparo, que para motivar la determinación, con relación a diez inmuebles que el fiscal enumeró e identificó debidamente y entre los cuales no se encuentra el que es materia del juicio de amparo –bien inmueble marcado con el número **********, de la calle ********** en el fraccionamiento ********** Zapopan, Jalisco, identificado catastralmente con el folio **********–, que expuso la autoridad ministerial, fueron utilizados como instrumentos del delito, ya que se trataba de objetos materiales utilizados por los denunciados ********** y ********** como medios para poder realizar la conducta y el resultado de la misma, es decir, convencer a los ofendidos que invirtieran con ellos en la empresa **********, la cual ni siquiera estaba legalmente constituida.

- Que posteriormente, indicó la responsable, tanto los inmuebles que describió y enumeró del 1 al 10, así como los inmuebles que se encontraran registrados a nombre de los denunciados **********,**********, **********, **********, **********, ********** y **********, "podían" ser producto del delito, por lo que ordenó su aseguramiento, citando como fundamento los artículos 16 y 21 constitucionales, así como el 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- En ese sentido, insistió la Juez de Distrito, en que resultaba ilegal el aseguramiento decretado por el fiscal, porque de las constancias que obran en autos no se advertía que el inmueble identificado catastralmente con el folio **********, se encuentre registrado a nombre de alguno de los denunciados; que por el contrario, del certificado catastral que obra en autos se desprende que el quejoso ********** es propietario del 50 % del inmueble que defiende, mientras que ********** es propietario del 50 % restante; de lo que se colige, expuso la autoridad recurrida, que el bien inmueble marcado con el número **********, de la calle **********, en el fraccionamiento **********, Jalisco, no pertenecía a los denunciados en la carpeta de investigación **********, del índice de la responsable.

- Que así concluía la Juez de amparo, que la autoridad señalada como responsable vulneró la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, pues dicho acto carecía de una debida fundamentación y motivación.

- Asimismo, en la sentencia impugnada se señala que el fiscal responsable adujo que tanto los inmuebles que describió y enumeró en el acto reclamado del 1 al 10, así como los inmuebles que se encontraran registrados a nombre de los denunciados antes precisados "podían" ser producto del delito, por lo que ordenó su aseguramiento, citando como fundamento, entre otros, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Y que en ese sentido, afirma la Juez, el acto reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación, porque advirtió que el fiscal responsable, específicamente por lo que respecta al inmueble que en la instancia constitucional defiende el quejoso, había sido omiso en precisar sus datos de identificación, pues tal como se advertía, decretó dicho aseguramiento de manera genérica al referir: "así como los inmuebles que se encuentren registrados a nombre de los denunciados **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********", dejando al quejoso en estado de indefensión e inseguridad jurídica, al no señalar e identificar de manera específica los inmuebles sobre los cuales recayó esa medida, por lo que se transgredía la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal.

- También puntualizó la Juez que, a su consideración, primero debió la autoridad ministerial solicitar un informe, a fin de que el director del Registro Público de la Propiedad hiciera de su conocimiento cuál o cuáles inmuebles se encontraban a nombre de los probables responsables, a fin de estar en aptitud de describir sus datos de identificación detalladamente y, con ello, otorgar certeza jurídica a sus propietarios.

- En segundo término, dijo, una vez que el director del Registro Público de la Propiedad le informara cuál o cuáles inmuebles se encontraban a nombre de los probables responsables, que debió fundar y motivar adecuadamente la razón de su aseguramiento, esto es, si lo hacía como una técnica de investigación (artículo 229), o bien, como una providencia precautoria (artículo 138, fracción I) y en ambos casos solicitar la autorización de un Juez de Control.

- En el mismo orden de ideas, resolvió la juzgadora que a fin de fundar y motivar adecuadamente su determinación, la autoridad responsable, que una vez que el director del Registro Público de la Propiedad le informara que respecto del bien inmueble marcado con el número **********, de la calle **********, en el fraccionamiento **********, Jalisco, identificado catastralmente con el folio ******, aparecía como propietario alguno de los imputados en la citada indagatoria, a fin de motivar el aseguramiento del mismo, debió precisar si dicho inmueble había sido otorgado en garantía a uno o varios de los afectados, o bien, si su parte alícuota fue adquirida con numerario producto de lo que, se presume, defraudado, para así, señala la autoridad recurrida, concluir que se trataba de un instrumento, objeto o producto del delito, o bien, en su defecto, únicamente por tener relación con éste, así como argumentar el por qué resultaba necesario su aseguramiento para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad de los inculpados, y fundamentar su aseguramiento como una técnica de investigación, en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- En tanto que, destacó la Juez de Distrito, de ser la intención de la institución ministerial de decretar el aseguramiento del inmueble con el fin de impedir que los probables responsables evadieran la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que, en su caso, se llegara a dictar; en suma, para asegurar que los presuntos implicados no evadan la acción de la justicia y se les apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley; que debió decretar su determinación como una providencia precautoria, y así expresarlo, motivarlo y fundamentar su determinación en el artículo 138, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitando la respectiva autorización del Juez de Control, en el entendido de que el bien inmueble tuviera relación con los imputados o existiera alguna razón especial para su procedencia.

- Así, concluyó la Juez Federal, que al no haberlo hecho de esta manera, y sólo ordenar el aseguramiento del inmueble, en primer término de forma genérica, esto es, sin especificar los datos de identificación del mismo y, en segundo, no haber motivado debidamente el por qué resultaba necesario el aseguramiento e inmovilización catastral del mismo; que entonces, por las razones antes apuntadas, estimaba que el acto reclamado adolece de una debida fundamentación y motivación.

Respecto de los anteriores argumentos expuso la autoridad responsable:

- Que contrario a lo argumentado por el órgano jurisdiccional, respecto del aseguramiento realizado al inmueble identificado con el folio ********** en el Municipio de Zapopan, Jalisco, en el cual ordenó su inmovilización catastral y registral, que considera que no se transgrede la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Federal, en razón de que en atención al principio de protección de la seguridad jurídica de la víctima, se requería la intervención de la autoridad ministerial de forma inmediata pues, dice, que de acuerdo al principio de necesidad y proporcionalidad, lo que se hizo de inmediato fue garantizar que el bien objeto del delito se conserve en el estado en que se encontraba, evitando de esta manera la enajenación, o bien, la transmisión del inmueble a terceras personas mientras se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, en aras de salvaguardar derechos de las víctimas e, incluso, de terceros; que por ende, el aseguramiento decretado sobre el folio real constituye una medida transitoria que no priva en definitiva el derecho de propiedad.

- Asimismo, que atendiendo al dicho de los denunciantes, es que le resultaba la necesidad de dictar una medida de protección, pues existía razón fundada para pensar que los derechos de los denunciantes estaban en riesgo; que por tanto, procedía imponer una medida de protección de manera inmediata con el efecto de evitar que las víctimas sufrieran algún otro daño.

- Que en atención al principio de protección de la seguridad jurídica de la víctima, se requería la intervención de la autoridad de manera inmediata, garantizándose con ello que el bien objeto del delito se conserve en el estado en que se encuentra, evitando de esta manera que la finca en cuestión fuera enajenada, o bien, traslativa de actos de dominio de alguna tercera persona, y entre tanto se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes, para con ello salvaguardar los derechos de la víctima e, incluso, de terceros.

- Por tanto, que el aseguramiento e inmovilización realizado constituye una medida transitoria que no priva en definitiva el derecho de propiedad a quien le asiste, por tratarse de un acto de molestia y no de uno privativo, respecto del cual no rige el derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal; y que es aplicable lo establecido en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirvió de fundamentación legal para emitir la orden de aseguramiento. - Que el artículo mencionado justifica la necesidad de salvaguardar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan, lo cual indudablemente, dice el fiscal, pudiese ocurrir, pues los bienes inmuebles dejados en garantía podrían ser enajenados ilegalmente.

- Por ello, que el hecho que los inmuebles de referencia sean asegurados administrativamente mediante la inmovilización catastral y registral, es con el único fin de que no sean enajenados ilegalmente hasta tanto la Fiscalía resuelva conforme a derecho corresponda la investigación respectiva; también a efecto de evitar que aquéllos sean alterados, es decir, que desde el punto de vista jurídico, registralmente se evite una modificación en su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad como en Catastro.

- Insistiendo la autoridad recurrente en que la inmovilización y aseguramiento de los inmuebles mediante la inmovilización, se traduce al aseguramiento del folio real y cuentas catastrales y así brindar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos de la víctima, evitando que se sigan cometiendo los acontecimientos ilícitos e, incluso, evitar que pudieran generarse nuevos actos delictivos, en caso de que alguien que no tenga el derecho a disponer libremente de los inmuebles trate de realizar el traslado de dominio de éstos, causando con ello un daño a algún comprador de buena fe.

- Asimismo, que el fiscal, con el carácter de agente del Ministerio Público y con las facultades que le otorga la ley, recibió numerosas denuncias de hechos constitutivos de delito, por lo que consideró procedente dictar medidas atendiendo a la Ley General de Víctimas, en su artículo 12, fracción X, que señala como parte de los derechos de las víctimas el poder solicitar las medidas precautorias para su seguridad y protección, siendo una de ellas, el aseguramiento de bienes; que por tanto, atendiendo al dicho de los denunciantes, es que le resultaba la necesidad de dictar una medida de protección, pues existía razón fundada para pensar que los derechos de los denunciantes estaban en riesgo; que por tanto, procedió al aseguramiento e inmovilización de la finca materia de la litis.

- Que además, señala el recurrente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, establecen puntos generales que se encuentran especificados en las leyes secundarias, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus artículos 229, 251 y 252.

- Por lo que, afirma, a la Juez de Distrito no le asiste razón cuando señala que: "En todo caso, éstos ya sea en la investigación o como providencia precautoria, deben ser autorizados por el Juez de Control, aunque para el supuesto de los aseguramientos (en algunos casos) esa determinación puede suscitarse de manera posterior, dada la urgencia de la medida."

- En esa tesitura, informa la autoridad, que el aseguramiento de bienes representa una técnica de investigación que tiene como objetivo el esclarecimiento de los hechos aparentemente delictivos con motivo del engaño del que fueron víctimas los denunciantes en la carpeta de investigación que se integra por hechos fraudulentos manifestados por las víctimas, diligencia la cual dice, no se encuentra prevista que requiera control judicial para llevar a cabo el aseguramiento de bienes inmuebles.

- Que lo anterior queda de manifiesto, asegura el fiscal, al observar los supuestos en que deba llevarse a cabo un aseguramiento de inmueble, como lo establece el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los actos de investigación en que se requiera autorización previa del Juez de Control, previstos en los artículos 251 y 252 de la legislación antes mencionada.

- Enseguida, dice, que el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales especifica el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial, y su objeto durante el desarrollo de ésta es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito, lo cual se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, constitucional, donde confiere las facultades de investigación de los delitos al Ministerio Público, y su objetivo será el esclarecimiento de los hechos, lo que representa uno de los fines del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución.

- A continuación señala que es facultad de la autoridad investigadora asegurar los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan, con la nota distintiva de que el legislador no dispuso en este numeral que dicho aseguramiento requiera de previa autorización judicial, o que sea directamente el Juez de Control quien deba decretarlo, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito en el fallo recurrido.

- Precepto legal, dice, que al ser citado en el auto que constituye el acto reclamado, que es indudable que se satisface el requisito de fundamentación legal y, en lo que atañe a la motivación, que se colma en la medida en que la autoridad señalada como responsable justificó que la medida de aseguramiento cuestionada obedecía a la investigación que se desarrollaba por los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de fraude, y en la necesidad de conservar el bien objeto del delito en los términos en que se encontraba en ese momento ante la autoridad registral, por lo que al pretender asegurar bienes por parte de las autoridades competentes, que éstas deberán desplegar las formalidades en el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- No se soslaya, precisó la autoridad responsable, la naturaleza de una medida cautelar; sin embargo, ello no basta por sí solo para sustentar su afirmación, en el sentido de que dicho acto requería de previa autorización judicial; que el aseguramiento controvertido ocurrió en la etapa de investigación inicial, también conocida como desformalizada, al no advertirse la existencia de una audiencia inicial desahogada ante el Juez de Control, y tratándose de las medidas cautelares propiamente dichas, los artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- Que en consecuencia, el acuerdo emitido en autos de la carpeta de investigación **********, donde se ordenó la inmovilización registral y catastral del bien inmueble identificado con el folio **********, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, se encuentra debidamente fundado y motivado de acuerdo con la legislación vigente; y que, contrario a lo argumentado por la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, no se violan derechos fundamentales al quejoso, ya que no se requiere previo juicio para actuar en consecuencia, debido a que, primeramente, el acto de acción se encuentra bajo los lineamientos que la normatividad establece, la cual en ninguno de sus preceptos establece que, a fin de llevar a cabo un aseguramiento de bienes inmuebles, debe preexistir un control judicial; que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese aspecto es muy puntual, en qué casos sí se requerirá solicitar una tutela de derechos y en los casos en que no.

- Y que el asunto que nos ocupa, afirma la recurrente, no se establece en los artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la diligencia materia del acto reclamado sea de las que se solicite su control por parte del Juez de Control, por lo que no lesionan los derechos de posesión del quejoso; de ahí que, reitera, el aseguramiento decretado es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente y que no priva en definitiva la propiedad de quien pudiera ser titular, ya que no está ordenado el aseguramiento físico del inmueble, y que la medida se constituye como una protección a la propiedad, ya que consiste en coartar la posibilidad de enajenarla mediante nota o aviso en un asiento registral y catastral, con el objeto de sustraer del tráfico comercial de forma temporal dicho bien inmueble, mientras no se cancele la nota de advertencia o se efectúe la rectificación pertinente.

- Y que la medida precautoria se decretó después de analizar todas y cada una de las actuaciones de las que se desprenden hechos que podrían constituir conductas delictivas, y que dicha medida precautoria evidentemente se realizó en razón de que se preserven los posibles derechos de quienes se dicen ofendidos.

- Además, que la medida se emitió con el objeto de que no se haga uso indebido del mismo y, en general, impedir que se dificulte la investigación de los delitos que pudieran resultar, siendo la finalidad satisfacer el interés público y preservar los derechos de terceros; todo ello, con fundamento en los artículos 127, 131, 229 y 233 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en términos del diverso 21 constitucional, por lo que debe considerarse debidamente fundado y motivado, exponiendo los fundamentos adecuados para ello, los cuales se encuentran en concordancia con el acto reclamado.

- Por ende, que el aseguramiento decretado es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente y que no priva en definitiva la propiedad de quien pudiera ser titular, ya que no está ordenado el aseguramiento físico del inmueble, por lo que el argumento del Juez Federal, donde menciona que se lesionan derechos fundamentales al quejoso, establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es incorrecto, debido a que se observaron todos los requerimientos esenciales del proceso en el acto.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31960-d86f218c/aseguramiento-o-inmovilizacion-registral-y-catastral-de-bienes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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