ORDEN DE ASEGURAMIENTO O INMOVILIZACIÓN REGISTRAL O CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES. COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL DEBE SER AUTORIZADA POR UN JUEZ DE CONTROL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 43/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: GLADYS ELIZA GONZÁLEZ LEÓN.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al quince de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 43/2024, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, al emitir sentencia en los recursos de revisión 159/2022, 189/2023 y 221/2023 y, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver los amparos en revisión 211/2022, 124/2023, 225/2023, 185/2023 y 125/2023.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si existe contradicción de criterios y, de ser el caso, establecer si la orden de aseguramiento o inmovilización registral y catastral de bienes inmuebles, decretado en una carpeta de investigación, debe ser autorizada por un juez de control.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio de ocho de febrero de dos mil veinticuatro, el secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, informó que, el Pleno del citado tribunal, al resolver diversos recursos de revisión, ordenó formular la denuncia de la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. Trámite ante Pleno Regional. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil veinticuatro, la Magistrada en funciones de Presidenta del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la radicó con el número 43/2024; delimitó de forma preliminar el tema de contradicción y solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes, la remisión de diversas constancias e informe sobre la vigencia de los criterios sustentados.
3. Ordenó, además, comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación de este asunto y le solicitó informara si existía algún asunto radicado en ese Alto Tribunal, sobre la materia de la presente; finalmente turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Héctor Lara González.
4. Las presidencias de los tribunales contendientes remitieron las constancias solicitadas e informaron la vigencia de los criterios, lo cual se acordó mediante proveídos de quince y dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro. El veintiocho siguiente, se tuvo por recibido el informe signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto; asimismo, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno para la elaboración del proyecto de resolución.
5. El veintitrés de abril de dos mil veinticuatro se enlistó el presente asunto para verse en la sesión programada para el dos de mayo de dos mil veinticuatro. Sin embargo, por decisión del Pleno, se determinó retirarlo para verse en otra sesión, que tuvo lugar el quince de mayo de dos mil veinticuatro.
II. AMICUS CURIAE
6. Conforme lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
7. El dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Presidenta sustituta de este Tribunal Regional tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal el Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, en que remitió a su vez, el escrito del autorizado de la parte quejosa, en los autos del recurso de revisión principal 221/2023 de su índice, por el que en atención al amicus curiae informó que existe otro criterio relativo al tema, pero del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que solicitó que fuera considerado como criterio contendiente.
8. La petición no fue acordada positivamente, en virtud que conforme los artículos de la Ley de Amparo, la Ley Orgánica y diversos Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, sólo tiene competencia legal para conocer y resolver denuncias de posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de la Región Centro-Sur y, respecto del Primer Circuito, sólo de aquellas en materia de Trabajo.
9. Por otra parte, el catorce de mayo de dos mil veinticuatro, se presentó escrito de un abogado penalista con la finalidad de abonar a la discusión sobre el presente asunto, de lo que se advierte que:
• Realiza un análisis sobre los numerales 67, fracción IX; 132, párrafo II, fracción VII; 268; 282; 285; 290; y 291, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Plantea dos situaciones hipotéticas que tienen la finalidad de advertir si existirán excepciones a lo resuelto en la contradicción de criterios.
• Hace hincapié en la figura del control judicial en donde se cita el amparo en revisión 439/2022 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Por último, cita el texto Proceso Penal y Tutela de Derechos. Audiencias, Privacidad y Medios de Comunicación, elaborado por José Luis Eloy Morales Bran, en donde delinean algunas ideas sobre el control judicial.
10. Sin embargo, no es dable introducir el análisis que se propone porque, versa sobre temas diversos al que se delimitó en la presente denuncia de contradicción de criterios.
III. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3, del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los tribunales contendientes son del Tercer Circuito y la materia respecto de la que versa la contradicción de criterios es penal, por lo que corresponde resolverlo este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, pues fue presentada por el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, a través de su secretario de acuerdos, por lo que se ubica en uno de los casos previstos en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver los recursos de revisión siguientes:
14. Recurso de revisión 159/2022. En los antecedentes que dieron origen al juicio de amparo del que deriva el recurso de revisión de que se trata, se observa que procedente de una denuncia, fue abierta una carpeta de investigación por el probable delito de fraude contra varias personas. Dentro de la investigación, el Ministerio Público aseguró los folios reales de tres inmuebles. Inconformes, los denunciados instaron audiencia de tutela de derechos, en la que el Juez de Control ordenó al Ministerio Público el levantamiento del aseguramiento de los folios reales descritos, por no haberse realizado con autorización judicial previa.
15. Contra lo anterior es que se promovió el juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional, en esencia, porque tal como lo refirió el juzgador natural, el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la figura de los Jueces de Control, quienes tienen como función constitucional primordial autorizar las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial, fungiendo como garantes, durante las etapas de investigación criminal, del debido proceso y del respeto de los derechos de las partes que pudieran verse afectadas por las diligencias y actuaciones de la autoridad investigadora.
16. El Tribunal Colegiado, al conocer del recurso de revisión, en lo que interesa, revocó la sentencia y concedió el amparo; toda vez que el aseguramiento de los folios reales y/o catastrales no resulta ser un acto privativo, sino un acto de molestia y, por tanto, sólo debe fundarse y motivarse debidamente en términos del artículo 16 constitucional; además, el aseguramiento decretado por el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación se encontraba debidamente fundado y motivado ya que el artículo 21 constitucional le da la facultad de la investigación de delitos y el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 229, en concordancia con los diversos numerales 232 y 233, para asegurar bienes.
17. Para llegar a esa conclusión, el Tribunal Colegiado señaló que, el aseguramiento decretado sobre cuentas catastrales y folios reales relativos a bienes inmuebles, se trata de un acto de molestia y no uno privativo, señalando que no se está en los supuestos del numeral 252, que prevé la necesidad de autorización judicial previa los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, dado que dicha técnica de investigación es una medida de carácter temporal, mientras se desarrolla la investigación, por lo que siendo dichos actos previos a la audiencia inicial, se justifica que el legislador no exigiera como requisito para su viabilidad, una previa autorización judicial, esto es, que sea el Juez de Control quien así lo decrete.
18. Que el único fin de la técnica de aseguramiento decretada es que ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio no se inscriban actos registrables vinculados con los inmuebles afectos a la controversia mientras se dilucida lo relativo a la existencia o no del delito denunciado, esto es, lo que no afecta derechos sustantivos, razón por la cual no se precisa la autorización judicial previa.
19. Por ende, consideró errada la determinación recurrida, pues no era preciso que el agente social solicitara autorización judicial previa a ordenar el aseguramiento de los folios catastrales y reales relativos a los inmuebles afectos a la carpeta de investigación.
20. Así, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo, para el efecto que dejara sin efecto la resolución derivada de la audiencia de tutela de derechos celebrada dentro de la carpeta de investigación y, por ende, la orden de cancelación del aseguramiento e inmovilización de las cuentas catastrales; citara a las partes para la celebración de una nueva audiencia de tutela de derechos, en la que, resuelva lo peticionado, en que prescinda de la consideración relativa a que; en la especie, se requiere control judicial previo sobre la técnica de investigación de mérito.
21. Recurso de revisión 189/2023. En los antecedentes que dieron origen al juicio de amparo, se observa que varias personas denunciaron la probable comisión del delito de fraude genérico; en la carpeta de investigación que se generó, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de los inmuebles que se dejaron en garantía en unos contratos de mutuo, así como la emisión del oficio mediante el cual se ordenó al Registro Público de la Propiedad y Comercio llevar a cabo el registro de la medida descrita e inmovilización catastral. Contra ello se promovió el juicio de amparo.
22. La demanda fue promovida por un copropietario del inmueble materia de aseguramiento, y en dicho juicio, la juzgadora estimó fundado lo alegado, en el sentido que la medida de aseguramiento trastocaba lo dispuesto en el numeral 16 constitucional, al no cumplir con las formalidades esenciales previstas en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que los aseguramientos como técnicas de investigación no se encuentran en las hipótesis de excepción a que alude el diverso numeral 251 del citado código, por ende, aunque la autoridad ministerial está facultada para ordenar ese aseguramiento y resguardo cuando tengan relación directa con el hecho investigado, al afectarse derechos fundamentales a través de actos de molestia, como en el caso la propiedad o posesión, cuyo registro se traduce en la imposibilidad de ejercer actos de dominio; entonces, debe estar sujeto a un control previo por el Juez de Control.
23. Por lo que, concedió el amparo, para el efecto que se dejara insubsistente la resolución reclamada, dictada dentro de la carpeta de investigación, mediante la cual ordenó el aseguramiento e inmovilización del folio registral y, en caso de que la autoridad ministerial requiera el aseguramiento del citado inmueble (bloqueo administrativo), se dejó a salvo su facultad de acudir ante el Juez de Control.
24. El Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión, consideró necesario desarrollar algunos conceptos jurídicos tales como, la propiedad privada como un derecho fundamental, así como el aseguramiento de inmuebles como providencia precautoria y en su vertiente de técnica de investigación.
25. Como primer punto, estableció que de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la propiedad es aquél que toda persona tiene al uso y goce de sus bienes y que la ley puede subordinarlo al interés social, así como que no puede ser privada de ellos, excepto mediante el pago de una indemnización por razones de utilidad pública o de interés social; así mismo estableció que, de conformidad con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 906/2016, era dable establecer que aun cuando las limitaciones a la propiedad privada tienen cabida dentro del marco constitucional y los tratados internacionales, dicha limitación debe estar debidamente justificada y ser proporcional.
26. Respecto a las providencias precautorias, el Tribunal Colegiado afirmó que son medidas dictadas por una autoridad judicial, con la única finalidad de poder lograr una eventual reparación del daño económico de la víctima, cuando se acrediten la realización de los hechos, el daño como consecuencia de éstos y la probable responsabilidad del procesado en su participación, fundamentándolo en el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
27. En cuanto al aseguramiento como técnica de investigación mencionó que tiene un enfoque procedimental probatorio, es decir, su finalidad principal es allegar y preservar medios de convicción, por ello, es un requisito indispensable que los bienes estén relacionados con los hechos delictivos, de conformidad con el "Título III" del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su numeral 229.
28. Por lo anterior, el tribunal de referencia llegó a la conclusión que, la inmovilización registral, como técnica de investigación no requiere control judicial.
29. Considerando además que, a diferencia de lo previsto para el dictado de una "providencia precautoria", las "técnicas de investigación" no necesariamente deben contar con autorización judicial, sino que ello dependerá, en principio, si se encuentra en alguna de las hipótesis expresamente previstas en la norma o en la jurisprudencia y de no ubicarse en tales supuestos, del impacto que sus efectos tengan en la esfera jurídica del gobernado, esto es, si la técnica de investigación que se pretende efectuar se ubica en alguna de las hipótesis descritas por el artículo 252 de mérito, sí se requiere autorización judicial.
30. Por último, el Tribunal Colegiado adujo que es dable sostener que en los casos no previstos por la norma o en la jurisprudencia, la validez de las técnicas de investigación a la luz del control judicial, requiere un ejercicio de ponderación sobre el impacto en las personas y, por otro lado menciona que, el derecho a la propiedad no es simplemente la indisponibilidad del derecho lo que conlleva a estimar una violación fundamental, sino que esa indisponibilidad trascienda a otros derechos de manera tal que impidan el pleno desarrollo de sus objetivos o fines, ello de conformidad con la ejecutoria resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014.
31. Y concluyó que, en ese contexto, al no establecerse en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esa disposición expresa sobre el control judicial del aseguramiento la autoridad ministerial puede dictar y ejecutar una medida de esa naturaleza, por tanto, no se podía generalizar la obligación de contar con una autorización judicial previa, tratándose de aseguramientos en términos de su artículo 229, pues ello dependerá de las circunstancias del caso.
32. Recurso de revisión 221/2023. Del juicio de amparo del que deriva se observa que, la denuncia original se formuló contra diversas personas por la posible comisión del delito de fraude genérico, de la cual se aperturó la carpeta de investigación correspondiente, en que la representación social ordenó el aseguramiento de los inmuebles que se dejaron en garantía, y ordenó a las autoridades registrales que aseguraran todos los inmuebles a nombre de los imputados.
33. Sobre dichos actos, una persona que se dijo dueño de uno de los inmuebles asegurados, promovió juicio de amparo, en el que se concedió la protección constitucional, dado que el aseguramiento reclamado era un acto de molestia que afectaba el derecho fundamental de propiedad, de conformidad con los razonamientos establecidos en las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, la medida adoptada debió ser autorizada por un juez de control, de ahí la concesión para que levantara dicho aseguramiento respecto de un porcentaje del inmueble propiedad del quejoso.
34. Contra esa determinación la autoridad ministerial interpuso recurso de revisión, en que el Tribunal Colegiado determinó que le asistía la razón, en atención al estudio realizado a los tópicos de la propiedad privada como derecho fundamental, con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las providencias precautorias que se dirigen a la reparación de daño, las cuales tienen una finalidad meramente económica de la que necesariamente se requiere autorización judicial para su emisión; y el aseguramiento como técnica de investigación, estableciendo que éste tiene un enfoque procedimental probatorio, es decir, su finalidad es allegar y preservar medios de convicción siendo un requisito necesario que los bienes estén relacionados con los hechos delictivos. 35. Por tanto, revocó la sentencia dado que la inmovilización registral, como técnica de investigación, no requiere control judicial, pues sólo es para aquellas que se encuentren descritas dentro las previstas en el artículo 252 del código en mención.
36. Además, porque en los casos no descritos en ese numeral, y tampoco listados dentro de la exclusión que dice el diverso 251, el parámetro para establecer si se requeriría o no la autorización judicial estriba en dirimir su impacto en la esfera del gobernado, esto es si le afectan o no derechos fundamentales (ponderación), pues si se ven afectados necesariamente sí debe existir esa autorización. Ello teniendo en cuenta que el primer tamiz si se requiere o no ese control, lo tiene el ministerio público al tener la libertad de ordenar las técnicas que estime pertinentes para la indagatoria, y hasta que se haga una revisión posterior, el juez de control verifique la técnica adoptada y determine si se vulneró o no un derecho fundamental, podría en su caso invalidarla, de conformidad con la propia acción de inconstitucionalidad mencionada.
37. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco al resolver los recursos de revisión siguientes:
38. Recurso de revisión 211/2022. Del juicio de amparo del que deriva el recurso de revisión de que se trata, se observa que los antecedentes al caso derivan de una carpeta de investigación en que primeramente se ordenó un cateo de un inmueble, donde se encontraron diversos narcóticos, armas de fuego, entre otras, y se detuvo a una persona, siendo que el ministerio público decretó el aseguramiento del bien inmueble, de conformidad con el artículo 229 de Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de no alterar o destruir o desaparecer los instrumentos objetos del producto del delito.
39. Posteriormente la propia representación social negó el levantamiento del acuerdo de aseguramiento previamente solicitado. Siendo el acto reclamado en el juicio de amparo, junto con la orden de inscripción y registro del aseguramiento y en el que se concedió el amparo, para el efecto que se dejara sin efectos la negativa del levantamiento del aseguramiento y que de ser necesario debería solicitar audiencia ante el juez de control para la aprobación de la medida, ello en esencia; porque a su juicio en ese tipo de asunto se requería la autorización judicial al afectar los derechos del entonces quejoso, y de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
40. Al resolver el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia pues consideró que, la representación social, transgredió la garantía de legalidad que rige todo acto de autoridad, en virtud de que era necesario que dichas determinaciones fueran previamente aprobadas por una autoridad judicial.
41. Lo anterior, porque dicho acto vulnera al quejoso sus derechos de posesión, y por ello, su aseguramiento requería la autorización del Juez de Control competente, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, décimo cuarto párrafo, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 229, 230, 233 y 252, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no aconteció en el caso a estudio.
42. Estableció que en el artículo 252 citado, se contiene una lista de hipótesis en que los actos deben estar sujetos a control judicial; sin embargo, es sólo enunciativa mas no limitativa, de la que se advierte que la intención del legislador fue prever el control judicial para todos aquellos actos que impliquen afectación a derechos establecidos en la constitución, sin alguna limitante, al margen de si se trata de actos privativos o de molestia.
43. Realizó un análisis gramatical de los artículos 52 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales donde se desprende que una vez que la autoridad judicial reciba la petición sobre aseguramiento de bienes, fijará fecha de audiencia y, en ésta, emitirá de forma oral la resolución correspondiente, la cual, también deberá dictar de forma escrita inmediatamente después a la declaración en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas.
44. El cuerpo Colegiado comentó que en los numerales 127, 128 y 129 se señala que, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
45. Que resolvía de esa manera en razón que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014 consideró que, respecto a cuando las técnicas de investigación que realice el Ministerio Público trasgredan algún derecho fundamental –en este caso el de posesión–, se va a requerir un control judicial previo.
46. Al igual, el tribunal destaca que si bien la autoridad ministerial está facultada para ordenar el aseguramiento y resguardo de bienes cuando tenga relación directa con el hecho investigado, lo cierto es que, los actos que violen derechos fundamentales, como puede ser a través de actos de molestia, como en el caso es el derecho de posesión, de conformidad con el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acto siempre debe estar sujeto a control por la autoridad judicial competente, que en el caso concreto, lo es el Juez de Control, quien tiene la facultad de ponderar y evaluar la justificación y pertinencia de la medida adoptada.
47. Recurso de revisión 124/2023. Del juicio de amparo del que deriva ese recurso se demandaron sendas medidas provisionales de protección de aseguramiento de varios inmuebles que podrían ser producto de un delito (fraude), dictado en la carpeta de investigación abierta, así como el oficio en que se ordenó a la autoridad registral no realizar movimientos registrales sobre el bien, de dicha demanda se realizó una separación de juicios. El juez federal concedió el amparo al quejoso, en virtud que, en principio se debió pedir un informe a la autoridad registral para saber cuál inmueble estaba a nombre de los probables responsables y una vez hecho ello, fundar y motivar la medida de aseguramiento solicitando la autorización al juez de control, por ende, concluyó que la autoridad ministerial debía dejar sin efectos la orden de aseguramiento y ordenar al registro público cancelara la inmovilización, en el entendido que quedaba expedito su derecho para que actuara conforme las formalidades que prevé el código nacional.
48. En el recurso de referencia, el tribunal confirmó la sentencia anterior, en virtud que el aseguramiento del bien vulneró los derechos fundamentales del quejoso (posesión), por no haber sido aprobado por el juez de control, pues de conformidad con los numerales 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevén los procedimientos y reglas para el aseguramiento de bienes a través de las técnicas de investigación y en relación a ello, el diverso 252 contiene la lista de los actos que deben estar sujetos a control judicial, lo cual es enunciativa mas no limitativa, pues la intención del legislador fue prever control o aprobación judicial, para todos los actos que impliquen afectación de derechos establecidos en la constitución sin limitante, al margen de si se trata de actos de molestia o privativos, en armonía con lo previsto en los diversos 52 y 67. Aunado a que el aseguramiento no se encuentra dentro de las actuaciones que no requieren esa autorización del juez (artículo 251), es decir; el aseguramiento de bienes es la regla y no la excepción, tal como lo ha definido incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 10/2024 y su acumulada 11/2014.
49. Recurso de revisión 125/2023. El cual se encontraba relacionado al recurso descrito en los dos párrafos anteriores (124/2025); el Tribunal Colegiado lo resolvió con similares consideraciones, pues el juicio de amparo se promovió respecto de la orden de aseguramiento del bien inmueble derivado de una misma carpeta de investigación y el oficio en que se ordenó el registro respectivo, siendo que se concedió el amparo al quejoso en razón que la medida de aseguramiento no estaba emitida por un juez de control, consideración que confirmó el tribunal colegiado, analizando, de igual forma, los artículos 52, 67, 229, 230, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
50. Recurso de revisión 185/2023. Del juicio de amparo del que deriva ese medio de impugnación, se observa que el acto reclamado lo constituía el aseguramiento y la inmovilización registral y catastral que limitaba el ejercicio del dominio del inmueble no así el uso y disfrute de la misma, dictado por la autoridad ministerial en una carpeta de investigación. Se concedió el amparo para el efecto que se dejara insubsistente la resolución al considerar que debió existir control judicial para que pudiera ser restringido su uso y disponibilidad. Consideración que el Tribunal Colegiado estimó correcta, al margen de que ese bien fuera instrumento, objeto o producto del delito, o pudiera contener huellas o una posible
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32613-e42245dd/orden-de-aseguramiento-o-inmovilizacion-registral-o-catastral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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