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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN EL ACUERDO Y CITATORIO PARA COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CALIDAD DE TESTIGO, NO DEBE CONDICIONARSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 76/2025. · Registro digital (IUS): 33815
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.772.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 76/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL, ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN Y MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. PONENTE: ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. SECRETARIA: JESSICA IVETT CATAÑO DÁVILA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al trece de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 76/2025, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 16/2025 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el incidente en revisión 22/2025.

2. El problema jurídico materia de la presente ejecutoria consiste en determinar: a) si existe la contradicción de criterios; b) si la misma es procedente y, de ser el caso, c) resolver si es factible condicionar al quejoso a cumplir con las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo, cuando se concede la suspensión definitiva respecto del acuerdo y citatorio de comparecencia en calidad de testigo, con el apercibimiento de la imposición de una medida de apremio.

ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción de criterios.

3. **********, en calidad de quejoso y recurrente en el incidente en revisión indicado en primer término, formuló la denuncia de posible contradicción de criterios suscitada entre lo sustentado por los referidos tribunales colegiados contendientes al resolver los asuntos anteriormente precisados.

Trámite ante el Pleno Regional.

4. En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional admitió y registró el presente asunto y, de forma preliminar, delimitó el tema de contradicción, por lo que solicitó a los tribunales colegiados contendientes informaran -esencialmente- sobre la vigencia y firmeza del criterio sustentado.

5. Por otra parte, ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto y solicitó informara si existía contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.

6. Asimismo, se realizó el turno previo electrónico a la ponencia de la Magistrada Angélica Iveth Leyva Guzmán.

7. Posteriormente, se tuvieron por recibidos los informes rendidos por los tribunales colegiados contendientes, en los que precisaron que los criterios sustentados continúan vigentes y que las sentencias emitidas en los juicios de origen han causado estado.

8. En acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinticinco, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que en relación con el tema de la presente contradicción, durante los últimos seis meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto.

9. El dieciséis de octubre del año en curso, se confirmó el turno a la Magistrada ponente.

10. El cinco de noviembre de dos mil veinticinco, se listó el asunto para su discusión.

AMICUS CURIAE

11. Al respecto se precisa que, con anterioridad a la fecha en que se listó este asunto para sesión ordinaria, no se presentó opinión alguna relacionada con el tema de esta contradicción de criterios; lo anterior, en términos de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia común, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes al territorio donde este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

13. Ello es así, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 67/2022 y 38/2023, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal.

LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por el quejoso y recurrente en el incidente en revisión 16/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito que se encuentra en contradicción.

CRITERIOS DENUNCIADOS

15. A continuación se expondrán -medularmente- las consideraciones con base en las cuales los tribunales colegiados contendientes sustentaron sus respectivos criterios.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

16. Juicio de amparo indirecto. **********, promovió juicio de amparo indirecto -esencialmente- en contra de los actos que atribuyó a la autoridad siguiente:

“AUTORIDADES RESPONSABLES:

(...)

3. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en el Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio (...).”

IV. ACTOS RECLAMADOS:

(...)

b) De la autoridad responsable señalada con el número 3., es decir, del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Extinción de Dominio, reclamo el acuerdo emitido dentro de la carpeta de investigación ********** y NUC: **********, mediante el cual determina ordenar al suscrito comparezca con carácter de testigo.

c) La correspondiente cédula citatoria emitida por la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cuyo destinatario es el suscrito **********, en la que se determina que comparezca en carácter de testigo dentro de la referida carpeta de investigación ********** y NUC: **********, bajo el apercibimiento y amenaza que, de no presentarme sin causa justificada, empleará en mi contra alguno de los medios de apremio previstos en la fracción I, del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en amonestación, multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas.”

17. Radicación de la demanda de amparo y admisión. La demanda se recibió en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, quien la admitió a trámite y en el momento procesal oportuno proveyó sobre la suspensión provisional.

18. Suspensión definitiva. El juzgado de amparo en cita, determinó negar la medida cautelar definitiva solicitada, al considerar -esencialmente- que los actos reclamados son inexistentes, en virtud que son anteriores a la fecha de presentación de la demanda de amparo, máxime que no se han emitido actos posteriores.

19. Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación, el autorizado del quejoso así como este último, interpusieron recurso de revisión, el cual fue radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien lo admitió a trámite y en su oportunidad, dictó la sentencia correspondiente.

20. Consideraciones del tribunal colegiado. En lo que fue materia de la revisión, el referido tribunal determinó revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva, por los motivos que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:

21. Señaló que fue erróneo que se negara la suspensión definitiva, porque si bien es cierto que al rendir su informe el Ministerio Público dijo que no eran ciertos los actos reclamados; sin embargo, refirió que emitió una cédula citatoria al recurrente en carácter de testigo a fin de que se presentara el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro y, por tanto, adujo que lo procedente era que aquél desvirtuara tal manifestación y, al no hacerlo, debían tenerse por ciertos los actos reclamados.

22. Indicó que el sólo hecho de que el citatorio de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, sea de fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiséis de noviembre de la propia anualidad, no implica que deba negarse la suspensión por inexistencia del acto reclamado, pues la situación jurídica del quejoso es la de ser considerado un testigo que ha incumplido con la comparecencia ante la autoridad; lo cual, conlleva a la imposición de una medida de apremio contemplada en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

23. Al respecto, invocó la jurisprudencia 1a./J. 33/2013 emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2004270 y rubro: “ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS.”

24. Señaló que ante el cumplimiento de los requisitos legales necesarios, debía concederse la suspensión solicitada.

25. Conforme a lo anterior, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso no fuera obligado a comparecer como testigo, ni se aplicara en su contra medio de apremio alguno, hasta en tanto se emitiera la sentencia correspondiente en el expediente principal y causara ejecutoria.

26. Con la finalidad de que surtiera efectos la referida suspensión, fijó la cantidad que debía ser exhibida como garantía y, por otra parte, impuso distintas medidas de aseguramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, a saber: a) presentarse ante la autoridad responsable dentro de los tres días siguientes a la notificación de la ejecutoria para la práctica de las diligencias que aquélla estimara necesarias; b) exhibir ante el juzgado de amparo dentro del término de veinticuatro horas siguientes a su presentación, constancia con la que acreditara haber cumplido con la prevención; y c) ocurrir ante la autoridad responsable cuando se le solicitara y ante el citado juzgado de Distrito cuantas veces fuese requerido.

27. Lo que estimó necesario con el objeto de no entorpecer la adecuada integración de la carpeta de investigación.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

28. Juicio de amparo indirecto. **********, promovió juicio de amparo indirecto -en lo conducente- contra los actos que reclamó de la autoridad siguiente:

“AUTORIDAD RESPONSABLE:

El C. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y en Extinción de Dominio, con domicilio en (...).

ACTO RECLAMADO:

A) El acuerdo o resolución emitida por la autoridad señalada como responsable dentro de la carpeta de investigación ********** y NUC **********, mediante el cual determina ordenar que comparezca el suscrito quejoso en carácter de Testigo y proporcionar información que (supuestamente) ayude al esclarecimiento de los hechos que (refiere) se investigan.

B) La cédula citatoria emitida identificada con el folio ********** de fecha 12 de agosto de 2024, cuyo destinatario es el suscrito **********, en la que determina que comparezca ante dicha potestad el día 21 de agosto de 2024, en carácter de testigo dentro de la citada carpeta de investigación, bajo el apercibimiento que, de no presentarme sin causa justificada, en la fecha y hora indicada, podrá emplearse en mi contra alguno de los medios de apremio previstos en la fracción I, del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en amonestación, multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas.”

29. Radicación de la demanda de amparo y admisión. La demanda se recibió en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, quien la admitió a trámite y se pronunció por cuanto hace a la suspensión provisional.

30. Suspensión definitiva. En el momento procesal oportuno, se concedió la medida cautelar definitiva para el efecto de que el incidentista, no fuera detenido con motivo del citatorio reclamado, ni se aplicara en su contra medida de apremio alguna hasta en tanto se emitiera la sentencia correspondiente en el expediente principal y causara ejecutoria.

31. Asimismo, fijó la garantía correspondiente y precisó que la suspensión no surtiría efectos si no se cumplían las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo, entre ellas, comparecer ante la autoridad ministerial responsable para la práctica de diligencias.

32. Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación, el autorizado del quejoso, interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito quien lo admitió a trámite y, posteriormente, dictó la sentencia correspondiente.

33. Consideraciones del tribunal colegiado. El referido tribunal determinó modificar la resolución recurrida y conceder la suspensión solicitada; lo anterior, con base en los argumentos torales siguientes:

34. Indicó que fue jurídicamente acertado que el juez de Distrito concediera la suspensión definitiva; sin embargo, refirió que fue contrario a derecho que se impusieran medidas de aseguramiento conforme a lo previsto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, en específico, obligarlo a comparecer ante la autoridad ministerial responsable.

35. Lo anterior, al considerar que los actos reclamados no constituyen un acto privativo de libertad ni permite suponer un riesgo de evasión de la justicia, dado que el quejoso no ostenta la calidad de investigado.

36. Especificó que la participación del recurrente en la carpeta de investigación se limita a la de testigo, por lo que no puede presumirse que se pretenda eludir de la acción de la justicia, al no existir imputación o cargo en su contra que justifique la adopción de medidas dirigidas a asegurar su comparecencia forzada.

37. Por ese motivo, estimó desacertado que se le haya impuesto la obligación de presentarse y, por tanto, modificó los efectos de concesión de la suspensión, para el efecto de que el quejoso no fuera detenido ni se le impusieran medidas de apremio derivadas del citatorio reclamado, hasta que se dictara sentencia en el juicio principal. Lo anterior, mediante la exhibición de la garantía correspondiente.

EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

38. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

39. Previo a exponer los motivos que sostienen tal decisión, es importante referir que la intervención de los Plenos Regionales tiene su justificación en la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.

40. El estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.

41. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:

a) Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión de derecho en la que, a través de un ejercicio argumentativo llegaron a cierta decisión, mediante la adopción de un método, cualquiera que éste sea.

b) Entre la resolución de la cuestión de derecho, debe existir un punto contradictorio, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo tema, los tribunales contendientes adopten criterios discrepantes, con independencia de que hayan o no emitido tesis al respecto.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a preguntarse cuál de los dos argumentos es preferente con relación a cualquier otro que, como el primero, también sea legalmente posible.

42. Una vez cumplidos los requisitos, se determina que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

43. Ello es así, porque los tribunales contendientes se pronunciaron sobre dos cuestiones jurídicas en las que por medio de argumentos interpretativos de la norma y la jurisprudencia arribaron a conclusiones distintas en los puntos de derecho sujetos a análisis.

44. Primer requisito. Ejercicio del arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado de antecedentes, se advierte que los tribunales colegiados analizaron los mismos problemas jurídicos, esto es, determinar si es procedente conceder la suspensión definitiva solicitada contra el acuerdo y citatorio de comparecencia ante el Ministerio Público en calidad de testigo y, de ser así, si la concesión debía condicionarse o no a la imposición de las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo, entre ellas, que debiera o no presentarse ante la autoridad ministerial para la práctica de diligencias.

45. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Las soluciones dadas a la problemática anterior son discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, sostuvo que el sólo hecho de que el citatorio de comparecencia sea de fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, no implica que deba negarse la suspensión por inexistencia del acto reclamado, pues la situación jurídica del quejoso es la de ser considerado un testigo que ha incumplido con la comparecencia ante la autoridad; lo cual, conlleva a la imposición de una medida de apremio contemplada en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

46. En ese tenor, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso no fuese obligado a comparecer como testigo, ni se aplicara en su contra medida de apremio alguna hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente en el juicio principal.

47. Con la finalidad de que surtiera efectos la referida suspensión, fijó la cantidad que debía ser exhibida como garantía y, por otra parte, impuso distintas medidas de aseguramiento de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, entre ellas, presentarse ante la autoridad ministerial para la práctica de diligencias.

48. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, determinó que fue incorrecto que el juez de Distrito condicionara la suspensión definitiva al cumplimiento de las medidas de aseguramiento previstas en la referida porción normativa, principalmente que condicionara al quejoso a presentarse ante la autoridad ministerial para la práctica de diligencias; toda vez que el acto reclamado no constituye un acto de privación de la libertad, ni permite suponer un riesgo de evasión de la justicia ya que el quejoso no ostenta la calidad de investigado.

49. Destacó que dicho precepto prevé que cuando el acto reclamado consista en una medida que prive de la libertad personal al quejoso, la suspensión concedida tendrá como efecto inmediato evitar su ejecución o hacerla cesar. No obstante que dicha porción normativa también faculta al órgano jurisdiccional para dictar las medidas necesarias que garanticen que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, entre ellas, presentarse ante la autoridad responsable y ante el juzgado de amparo cuantas veces sea requerido. 50. Sin embargo, señaló que la participación del quejoso en la carpeta de investigación se limita a la de testigo, por lo que no puede presumirse que se evada a la acción de la justicia al no existir imputación o cargo en su contra que justifique la adopción de medidas dirigidas a asegurar su comparecencia forzada.

51. Consecuentemente, modificó la resolución recurrida y concedió la suspensión definitiva únicamente para el efecto de que el quejoso no compareciera ante la representación social, no fuese detenido ni se le impusieran medidas de apremio derivadas del citatorio reclamado, hasta que se dictara sentencia en el juicio de amparo, sin perjuicio de que continúen las diligencias de investigación respecto de hechos que por su naturaleza no admiten suspensión; lo anterior, siempre y cuando se otorgara la garantía correspondiente.

52. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante esas posturas contradictorias, es claro que se cumple el tercero de los requisitos para que se genere una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de una interrogante relativa a:

53. Tratándose de la suspensión cuando el acto reclamado consista en el acuerdo y citatorio para comparecer ante el Ministerio Público en calidad de testigo ¿se debe condicionar su concesión al cumplimiento de medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo?

54. Sin que obste a lo anterior que, en el acuerdo de admisión, la Presidencia de este Pleno Regional delimitó el tema de contradicción en forma diversa, esto es: “Determinar si resulta aplicable el artículo 162 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en una citación ministerial para comparecer en calidad de testigo”.

55. Sin embargo, ello obedece a la fijación preliminar efectuada en un auto inicial, mismo que no es propio del análisis de fondo de la presente sentencia.

56. Consecuentemente, se satisfacen los elementos determinados para tener por existente la contradicción de criterios referida, contenidos en las tesis jurisprudenciales, emitidas por el Pleno y la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 165077 y 205420, de rubros: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”; y “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”.

57. Bajo esa línea argumentativa, es conveniente que este Pleno emita un pronunciamiento para fijar el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la pugna de sus criterios y, en su caso, su inaplicabilidad al supuesto fáctico, y declarar la situación que deba prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria, con lo que se evitarían futuras sentencias infundadas o injustas al no tenerse ya que aplicar en éstas equivocadamente la norma jurídica interpretada en los criterios contradictorios.

58. Sin que pase inadvertido que uno de los tribunales contendientes haya analizado la procedencia de la suspensión definitiva partiendo de un criterio jurisprudencial emitido por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al no ser tema de contradicción entre los tribunales denunciados, no es dable realizar un estudio en tal sentido, ya que lo relevante es que ambos coincidieron por cuanto hace a que debía concederse la suspensión de tales actos reclamados; sin embargo, el punto concreto a dilucidar en la presente contradicción de criterios, es lo relativo a la procedencia o improcedencia de la imposición de las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo.

59. En este sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los tribunales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia, a fin de determinar si resulta procedente o no imponer las medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo, tratándose de la suspensión cuando el acto reclamado consista en el acuerdo y citatorio para comparecer ante el Ministerio Público en calidad de testigo.

ESTUDIO DE FONDO

60. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

61. Como ya quedó establecido, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar si tratándose de la suspensión cuando el acto reclamado consista en el acuerdo y citatorio para comparecer ante el Ministerio Público en calidad de testigo, se debe condicionar o no su concesión al cumplimiento de medidas de aseguramiento previstas en el artículo 162 de la Ley de Amparo.

62. Pues bien, en función de los razonamientos a los que arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, en aras de que este Pleno Regional fije el criterio que habrá de seguirse, y con el ánimo de aportar claridad a la problemática jurídica analizada, se abordarán los temas siguientes: a) La institución del Ministerio Público y sus facultades; b) La calidad del testigo en el proceso penal acusatorio y sus excepciones; c) Naturaleza de la citación como testigo y su apercibimiento; y d) Conclusión.

a) La institución del Ministerio Público y sus facultades.

63. De diversos ordenamientos nacionales e internacionales se desprende la obligación del Estado de iniciar, sin dilación y con la debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva ante hechos posiblemente ilícitos. Esta investigación debe estar encaminada a esclarecer la verdad de lo ocurrido y a perseguir y sancionar a los responsables.

64. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta función corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público. Este órgano estatal se concibe como representante social en el proceso penal y es, por tanto, el único que cuenta con estas facultades.

65. Históricamente, eran los jueces quienes investigaban los hechos ilícitos y se encargaban de la aplicación de las sanciones. Sin embargo, la figura de la fiscalía evolucionó y se hizo más clara la separación de estas funciones. En efecto, los fiscales que participaban en los juicios, en un principio, formaban parte del Poder Judicial, pero luego se incorporó al Poder Ejecutivo la institución del Ministerio Público y, a partir de 1917 la Constitución asignó como facultad de investigación de manera exclusiva al Ministerio Público, pues se tenía la intención de limitar la actuación de las autoridades judiciales para evitar abusos y arbitrariedades.

66. Desde ese momento, el Ministerio Público es la única autoridad con competencia para investigar y perseguir los delitos, sin que se hiciera necesaria la autorización o participación de alguna otra autoridad; sin que ello signifique que las actuaciones del Ministerio Público no sean supervisadas por la autoridad judicial, ni que para que alguna de ellas ocurra no se requiera autorización judicial, tal como lo mandata la Constitución.

67. Sin embargo, en ese momento se aclaró la división de competencias: la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la investigación y persecución corresponde al Ministerio Público y sus auxiliares: peritos y policía de investigación.

68. Asimismo, del artículo 21 constitucional se desprende que el Ministerio Público es la autoridad con el monopolio de la investigación de los hechos ilícitos y la responsabilidad penal de quienes los cometen. Luego de valorar los resultados de su investigación, debe determinar si corresponde ejercer acción penal ante las autoridades judiciales competentes e instar la actuación jurisdiccional, facultad que también resulta exclusiva de la representación social.

69. Además, el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que corresponde a la fiscalía la persecución de los delitos ante los tribunales, es decir, que corresponde al Ministerio Público buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de un hecho ilícito y la participación de la persona imputada en su comisión.

70. Esto significa que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público garantizar que las víctimas de los delitos serán reparadas y los responsables de haberlos cometido sancionados, por lo que tiene dos funciones fundamentales: dirigir, de manera exclusiva, la investigación de los hechos constitutivos de delitos y ejercer, en su caso, la acción penal.

71. Procesalmente, conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal ocurre en tres etapas: la de investigación, la intermedia o de preparación del juicio –que comprende desde la formulación de la imputación hasta el auto de apertura a juicio– y la de juicio oral, que culmina con el dictado de la sentencia definitiva.

72. Conforme a dicha legislación adjetiva, la naturaleza e intervención del Ministerio Público en el procedimiento penal es distinta según el momento procesal. En un primer momento, esa representación social se dedica, como autoridad investigadora, a la práctica de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos presumiblemente constitutivos de delitos para después, como parte acusadora, ejercer acción penal ante una autoridad judicial, pues son los tribunales los responsables de determinar, con imparcialidad, la culpabilidad o inocencia de la persona acusada.

73. Acorde al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la etapa de investigación, l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33815-41e38e36/suspension-definitiva-cuando-el-acto-reclamado-consista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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