SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO PROCEDE CONCEDERLA CUANDO LA PARTE QUEJOSA RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECONOCERLE LA CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL, Y SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL SE ABSTENGA DE EJERCER LA ACCIÓN PENAL. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO LA PARTE QUEJOSA RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECONOCERLE LA CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL, Y SOLICITA LA MEDIDA CAUTELAR PARA EL EFECTO DE QUE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL NO APLIQUE ALGUNA DE LAS FORMAS DE TERMINACIÓN O DE SUSPENSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 85/2023. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO (REGIÓN CENTRO-SUR) Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (REGIÓN CENTRO-NORTE). 18 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 85/2023 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
El problema jurídico por resolver en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reside en determinar si cuando el acto reclamado se hace consistir en la negativa del Ministerio Público de reconocer la calidad de víctima u ofendido al quejoso en una carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial, debe concederse la suspensión para el efecto de que el representante social no aplique algunas de las formas de terminación o suspensión de la investigación y se abstenga de ejercer la acción penal, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Por escrito presentado de manera electrónica el veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, ********** denunció una contradicción de criterios, entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 75/2023, en el que fue parte recurrente, contra el criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al dictar sentencia en el incidente de amparo en revisión 255/2017.
2. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de abril de dos mil veintitrés, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de criterios 85/2023; requirió a los Magistrados Presidentes de los tribunales contendientes para que remitieran la versión digitalizada de las resoluciones en las que sustentaron los criterios denunciados e informaran si éstos se encontraban vigentes o la causa para tenerlos por superados o abandonados.
3. De igual forma, decretó el avocamiento del asunto a esta Primera Sala, y determinó que, una vez que se integrara el expediente, se enviarán los autos al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para la elaboración del proyecto correspondiente.
4. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el acuerdo de avocamiento del asunto y envío los autos a la ponencia designada para la formulación del proyecto respectivo.
5. Asimismo, por acuerdos de veintisiete de abril y dos de mayo, ambos del dos mil veintitrés, se tuvo conocimiento de que los criterios de los tribunales requeridos continuaban vigentes.
I. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción V y Tercero del Acuerdo Plenario Número 1/2023;(1) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de diversas regiones; asimismo, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala y no se advierten motivos para la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
II. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, al ser formulada por **********, quien fue parte recurrente en el recurso de queja 75/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo criterio participa en esta contradicción de criterios. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 227, fracción II de la Ley de Amparo.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. Con la finalidad de resolver si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, definir el que debe prevalecer, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron y las consideraciones en que se basaron los órganos jurisdiccionales al emitirlos.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2023
9. Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de una suspensión 650/2021. Lo promovió **********, en contra de diversos integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pues solicitó su readscripción al cargo de juez de primera instancia, así como el cumplimento de diversas prestaciones. El veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, dictó sentencia en el sentido de declarar fundado el incidente y, por consecuencia, dio vista al Ministerio Público de la Federación para que investigara la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.
10. Por lo anterior, el quejoso solicitó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación III, en Córdoba, Veracruz, que se le reconociera la calidad de víctima y se le diera acceso a la carpeta de investigación. No obstante, el diez de febrero de dos mil veintitrés, la representación social emitió un acuerdo en el que no reconoció al quejoso como víctima ni autorizó su acceso a los registros de la carpeta de investigación.
11. Amparo indirecto. En contra de la anterior determinación, ********** promovió una demanda de amparo indirecto en contra de los actos y autoridades siguientes:
"a) Al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación III en Córdoba, Veracruz, reclamo el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la Carpeta de Investigación **********, a través del cual no se me tuvo por reconocida la calidad de víctima u ofendido y se me negaron copias de los registros de la capeta de investigación notificado por correo electrónico el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.
"b) La negativa de acceso a la investigación referida, como consecuencia del acto reclamado.
"c) Las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, que entre otras cosas son impedirme tener acceso al procedimiento penal o intervención de éste."
12. De igual manera, el quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes:
"Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, solicito la suspensión para efecto de que, sin paralizar su facultad para indagar e integrar la carpeta de investigación ********** –de la que emana el acto reclamado– la autoridad responsable no aplique ninguna de las formas de terminación de la investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni ejerza acción penal, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal."
13. El catorce de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz radicó el asunto con el número de expediente 185/2023; ordenó la apertura por duplicado del incidente de suspensión; solicitó informes previos a las autoridades responsables y negó la suspensión provisional pues, a su consideración, la concesión de la medida obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso.
14. Recurso de queja y criterio contendiente. Inconforme con la negativa de la suspensión provisional, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, quien lo admitió a trámite y registró con el expediente 75/2023. El veintidós de marzo de dos mil veintitrés, el órgano colegiado resolvió en el sentido de declarar infundado el recurso, esto conforme a las siguientes consideraciones:
- Determinó que los agravios eran infundados. Así, compartió el análisis jurídico que realizó el Juez de Distrito en el sentido de que, no es posible la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado consistente en que el Ministerio Publico no aplique algunas de las formas de terminación de la investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Explicó que la suspensión del acto reclamado sí constituye una forma de paralización del procedimiento penal, en lo concerniente a la etapa de la investigación.
- Argumentó que la concesión de la suspensión no se sustenta en una razón objetiva que permita advertir un daño o perjuicio irreparablemente consumado en contra del quejoso.
- Manifestó que, de concederse la suspensión provisional, se afectaría el derecho a la reparación del daño que le asiste al quejoso en la calidad de víctima de un delito, asimismo, se comprometerían los principios de continuidad y los derechos de justicia pronta y expedita, aunado a que se entorpecerían las facultades legales del Ministerio Público.
- Refirió que no se debe perder de vista que los artículos 109, fracción XXIV, 131, fracciones V y XXII y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que las víctimas tienen derecho a que les sea reparado el daño derivado de un delito y, correlativamente el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, así como a ofrecer medios de prueba para justificar la cuantificación.
- En ese sentido, si se suspende la judicialización de la carpeta de investigación de manera que impida o se retarde a la autoridad ministerial solicitar la audiencia inicial y formular la imputación, entonces, no sería posible la culminación de la investigación y que se realice eventualmente la acusación donde el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño.
- Bajo esas consideraciones, determinó que la suspensión no es una acción adecuada para garantizar o alcanzar la finalidad legítima de proteger a la víctima accionante de su derecho a acceder a una reparación integral del daño.
- Estimó que fue correcto que la autoridad responsable basara su análisis jurídico en la tesis 1a./J. 84/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala y cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL.". Asimismo, consideró que en nada afectaba que el criterio se enfocara al caso en que la suspensión la pidiera el imputado, ya que el mismo razonamiento aplica para las víctimas.
- Al hacer un examen del auto impugnado, determinó que era de naturaleza negativa. Explicó que los efectos de la suspensión son para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, de ahí que, no es posible restituir un derecho al estado que guardaban antes de la violación constitucional, pues ello es materia del fondo del asunto. En esa lógica, concluyó que no se le podría reconocer al quejoso (en el incidente de suspensión) la calidad de víctima en el proceso penal, ni permitirle el acceso a los registros de la investigación, pues ello será materia de estudio del fondo del asunto.
- Finalmente, consideró que no eran aplicables las tesis que citó el quejoso en el recurso de queja, en principio, porque son criterios aislados pertenecientes a diferentes circuitos judiciales y, por otro lado, corresponden a otra etapa del proceso penal.
Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el incidente de amparo revisión 255/2017
15. Juicio de amparo indirecto. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, **********, en su carácter de apoderado legal de la persona moral **********, promovió demanda de amparo indirecto en contra del Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación "A-4", en la Agencia "A", de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la Ciudad de México, cuyo acto se hizo en consistir en lo siguiente:
"El acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el cual la autoridad responsable resolvió no ha lugar a tener por reconocido el carácter de víctima u ofendido a **********, en la carpeta de investigación número ********** la cual tiene a su cargo la responsable."
16. De igual forma, en la demanda de amparo se solicitó la suspensión del acto reclamado en los términos siguientes:
"... Otorgar a mi mandante impetrante de garantías la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, para el efecto de que no se apliquen las formas de terminación de la investigación; ni se ejerza la acción penal, hasta resolver conforme a derecho la petición formulada por la quejosa sin paralizar la integración de la carpeta de investigación, por ser un procedimiento de orden público."
17. De la demanda de amparo conoció el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien por auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, ordenó el trámite por duplicado del incidente de suspensión y lo registró con el expediente 748/2017-III; asimismo, solicitó el informe previo a la autoridad responsable y fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. Seguidos los trámites, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente de suspensión en el sentido de negar la suspensión definitiva, pues a consideración del juzgador se paralizaría el ejercicio de la acción penal y, con ello, se afectaría al interés social y las disposiciones de orden público.
18. Recurso de revisión y criterio contendiente. Inconforme, el apoderado legal de la persona moral quejosa interpuso recurso de revisión, turnado al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien registró el asunto con el expediente 255/2017. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el órgano jurisdiccional resolvió en el sentido de revocar la sentencia interlocutoria recurrida y conceder la suspensión definitiva con base en las siguientes consideraciones:
- Calificó de fundados los agravios del recurrente, aunque suplidos en su deficiencia. Citó los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 128, 129, y 139 de la Ley de Amparo. A partir de la transcripción de los referidos preceptos, mencionó que la suspensión del acto reclamado se solicita a petición de parte y constituye una providencia cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia del juicio de amparo, al impedir la consumación irreparable del acto que se tilda de inconstitucional, con esto se evitan daños y perjuicios que pudiesen ocasionársele al quejoso, pues se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo hasta la terminación del juicio.
- Advirtió que en el caso concreto el quejoso solicitó la suspensión para el efecto de que no se apliquen las formas de terminación de la investigación ni se ejerza la acción penal. En esa proporción, narró que el Juez responsable negó la suspensión definitiva al estimar que de conceder la medida se generaría un perjuicio al orden público, toda vez que se paralizaría la investigación que privaría a la sociedad de la persecución de un hecho delictuoso, lo cual a su vez entorpecería las facultades y obligaciones del Ministerio Público.
- Destacó que el criterio del Juzgador de Distrito se derivó de la interpretación de la tesis 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala cuyo rubro establece: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
- El Tribunal Colegiado al realizar el estudio de fondo del recurso, precisó que existen actos reclamados que tienen el carácter de negativos, pero sus efectos son positivos y aparentemente invasivos del más elemental derecho de defensa que puedan ejercer las partes en el proceso penal. Un ejemplo de ello se encontraba en el asunto que se estudiaba, ya que la representación social al no reconocer a la quejosa la calidad de víctima u ofendida, puede darse el caso de que se actualice una forma de terminación de la investigación que conllevaría un inminente cambio de situación jurídica que pudiese afectar los intereses de la solicitante de amparo, generando con ello daños y perjuicios irreparables.
- Bajo esa perspectiva, estimó que el derecho al debido proceso en favor de las víctimas no riñe con el ejercicio de la facultad investigadora encomendada a la representación social, sino que la complementa. Explicó que es cierto que existe un interés en que el Ministerio Público realice su labor investigadora, pero también se tiene que armonizar con la tutela del derecho al debido proceso y defensa adecuada tanto para el inculpado como para el ofendido.
- Destacó que en términos del artículo 107, párrafo inicial y fracción X de la Constitución Federal se advertía que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las garantías que permite la Ley, para lo cual, el órgano de control constitucional deberá realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y del interés social. Añadió que los dispositivos 128, párrafo primero y 139 de la Ley de Amparo, disponen que la finalidad jurídica de la medida de suspensión consiste en preservar la materia del juicio y evitar la ejecución o consumación del acto reclamado para el efecto de que no se causen perjuicios de difícil o imposible reparación en contra del accionante de amparo.
- Así, el Órgano Colegiado concluyó que es procedente la suspensión de los actos cuando la solicitud consista en evitar que se aplique alguna de las formas de terminación de la investigación ni se determine el ejercicio de la acción penal hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo. Explicó que no se genera un perjuicio al interés social ni se contravienen las disposiciones de orden público, esto por la especial naturaleza de las violaciones alegadas.
- Adicionalmente, observó que la intención de la persona moral recurrente no era paralizar el procedimiento de investigación, sino únicamente que el Ministerio Público no aplique alguna de las formas de terminación de la investigación previstas en la ley aplicable, ni ejerza acción penal hasta en tanto, se resuelva el juicio de garantías en lo principal.
- Estimó que el criterio adoptado era conforme con la tesis PC.I.P. J/36 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 14/2016, cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL."
- Por todo lo anterior, se concluyó que se debía revocar la resolución impugnada y conceder la suspensión definitiva para el efecto de que, sin que se suspenda la continuación del trámite de las indagatorias, no se aplique alguna de las formas de terminación de la investigación ni se resuelva, en definitiva, hasta en tanto se resuelva el fondo de la litis constitucional. 19. Derivado de las consideraciones anteriores, el Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada I.9o.P.191 P (10a.), cuyo rubro y texto establecen:
"CARPETA DE INVESTIGACIÓN. CUANDO SE RECLAMAN DETERMINACIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE SU INTEGRACIÓN, POR QUIEN ADUCE TENER CALIDAD NO RECONOCIDA DE VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA INDAGAR E INTEGRAR DICHA CARPETA, SINO LA NO APLICACIÓN DE NINGUNA DE LAS FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NI SE EJERZA ACCIÓN PENAL, HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Si el quejoso impugna la determinación de la representación social, emitida durante la integración de la carpeta de investigación, de no reconocerle la calidad que aduce tener de víctima u ofendido por el delito, en atención especial a la naturaleza de la violación alegada y a fin de preservar la materia en el juicio de amparo, procede otorgar la suspensión del acto reclamado solicitada (provisional o definitiva), para el efecto de que, sin paralizar la aludida integración, no se aplique ninguna de las formas de terminación de la investigación previstas en los artículos 253 (facultad de abstenerse de investigar), 254 (archivo temporal), 255 (no ejercicio de la acción penal), 256 (aplicación de criterios de oportunidad), del Código Nacional de Procedimientos Penales; o de que, una vez culminada la labor de investigación, de resultar procedente conforme al diverso 335 del propio código, el órgano ministerial no ejerza la acción penal, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal; porque si ello ocurriera, es decir, si se terminara la investigación o se realizara la consignación respectiva, se afectaría irreparablemente el derecho que le asiste a la víctima u ofendido por el delito de, entre otras cosas, ser escuchado y/o aportar pruebas durante la investigación, para que se justifique la existencia de un hecho que la ley señale como delito, cometido en su contra y la probable comisión o participación del activo en él; así como a que le sea reparado el daño causado, que como prerrogativas, entre otras, le son reconocidas por el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(2)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
20. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en lo siguiente
¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?
21. La respuesta a esta interrogante es en sentido afirmativo, pues en el presente asunto sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de criterios fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:(3)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
22. A continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan totalmente los requisitos enunciados.
23. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
24. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 75/2023, ejerció su arbitrio judicial para determinar que no es procedente conceder la suspensión provisional cuando el efecto es que no se aplique alguna de las formas de terminación de la investigación, ni se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal, en el supuesto en que la parte quejosa reclame el reconocimiento de víctima en una carpeta de investigación. Explicó que, de concederse la suspensión, se paralizaría la investigación y con ello se afectaría el derecho de las víctimas para obtener una reparación del daño integral de manera pronta y expedita.
25. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el incidente de amparo en revisión 255/2017, desplegó su arbitrio judicial para determinar que sí es posible conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, cuando ésta se solicita para el efecto de que el Ministerio Público no pueda aplicar alguna de las formas de terminación de la investigación ni se ejerza la acción penal, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo. Determinó que por la naturaleza del acto que se pretende suspender, no se generaba algún perjuicio al interés social ni se contravenían las disposiciones del orden público, puesto que el interés de la víctima es que no se le deje en estado de indefensión con la aplicación de alguna forma de terminación de la investigación o con la determinación del ejercicio de la acción penal.
26. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales colegiados contendientes existió un punto de toque respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver por las razones que a continuación se exponen.
27. En principio, se observa una similitud entre los actos reclamados que se solicitó suspender, pues en ambos casos el amparo indirecto fue promovido por quejosos que pretenden que se les reconozca la calidad de víctima u ofendido en una carpeta de investigación que se encuentra en la etapa de investigación inicial, en ese sentido, solicitaron que se concediera la suspensión para el efecto de que no se aplicara alguna de las formas de terminación de la investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales ni se ejerciera la acción penal, hasta en tanto no se resolviera el juicio de amparo indirecto.
28. Así, ante la misma problemática jurídica, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron de manera diversa. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consideró que no era posible conceder la suspensión a la parte quejosa porque ello paralizaría el desarrollo normal de la investigación, aunado a que se afectaría el derecho de la propia víctima a acceder a una reparación integral del daño de manera pronta y expedita.
29. Contrario a lo anterior, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que sí era posible conceder la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se aplique alguna forma de terminación de la investigación ni se ejerza la acción penal, debido a que la naturaleza jurídica de los actos que se pretenden suspender no implica necesariamente una paralización de la investigación, aunado a que se evitaría una afectación de imposible reparación al derecho de defensa de la víctima.
30. Como puede apreciarse, los Tribunales Colegiados contendientes fueron discrepantes respecto del mismo problema jurídico, pues uno de los Tribunales consideró que no era posible conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no aplique alguna de las formas de terminación de la investigación ni se ejerza la acción penal, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo principal, porque ello implicaba una paralización del procedimiento y una afectación a los derechos de la víctima; por su parte, el diverso Tribunal consideró que sí se podía conceder la medida suspensional, pues no implicaba –necesariamente– la paralización del proceso, sino más bien, un complemento que evita un daño futuro a una posible víctima que promueve el amparo.
31. Para sintetizar las razones de la existencia de la contradicción se elabora el siguiente cuadro comparativo que ilustra la problemática jurídica que enfrentó cada tribunal colegiado:
Ver cuadro comparativo
32. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Con base en lo que hasta ahora se ha expuesto, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los Tribunales Colegiados contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, dan lugar a la formulación de la pregunta siguiente.
Cuando el acto reclamado en amparo indirecto lo constituye la determinación del Ministerio Público de no reconocer a la parte quejosa la calidad de víctima u ofendido en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal ¿Es procedente conceder la suspensión provisional o definitiva para el efecto de que la representación social no aplique alguna de las formas de terminación de la investigación y se abstenga de ejercer la acción penal, hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo en lo principal?
V. ESTUDIO DE FONDO
33. La metodología que seguirá esta ejecutoria para el estudio de fondo consistirá en desarrollar los siguientes temas: A) Generalidades de la suspensión del acto reclamado; B) Formas de terminación de la investigación; C) Análisis de la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.); D) Criterio que debe prevalecer.
A) Generalidades de la suspensión del acto reclamad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32118-1fbebf6e/suspension-del-acto-reclamado-no-procede-concederla-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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