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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 442/2016. · Registro digital (IUS): 27991
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-08-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Pág. 985.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 442/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JOSÉ IGNACIO MORALES SIMÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, en lo que respecta al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en contra del emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

Por otra parte, esta Primera Sala resulta incompetente para conocer de alguna posible contradicción de criterios entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y el Tercer Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ya que se trata de contradicciones suscitadas por Tribunales Colegiados del mismo Circuito en la misma materia, tal como se expone en el considerando cuarto de esta resolución.

Sin embargo, atendiendo al resultado de la presente resolución, no es necesario remitir copia de la misma al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues, en el caso, fue realizada por el quejoso en un juicio del que deriva uno de los criterios contendientes, así como por el presidente de esta Suprema Corte de Justicia.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Con el objetivo de resolver el presente asunto debe determinarse, en primer lugar, si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el recurso de queja 156/2016. Los antecedentes del caso son los siguientes:

1. Los quejosos solicitaron el amparo en contra del auto dictado por el Juez de Control, en donde se les citó al desahogo de la audiencia inicial de imputación al proceso, y en contra de la omisión por parte del agente del Ministerio Público investigador de acordar la citación de las partes para agotar un medio alternativo de solución de controversias.

2. El Juez Sexto de Distrito, con sede en Mexicali, Baja California, negó la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que los quejosos interpusieron recurso de queja.

Con base en la Ley de Amparo vigente, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja, por las siguientes consideraciones:

- De conformidad con los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo, se requiere analizar, por regla general, los siguientes aspectos para efectos de la suspensión: (a) la presunción de existencia del acto reclamado; (b) que dicho acto, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de ser paralizado; (c) que exista solicitud del agraviado; y, (d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, para otorgar la medida solicitada, se requiere que concurran los requisitos referidos, por lo que, ante la ausencia de uno de ellos, la suspensión será improcedente.

- El Juez de Distrito actuó correctamente, al exponer que, de concederse la suspensión provisional respecto de la ejecución de la citación para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, se afectaría el interés social. Además, se contravendrían disposiciones de orden público.

- De lo establecido en el Código Nacional Procedimientos Penales,(2) se desprende que la citación para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación no es un acto susceptible de suspenderse, ya que la sociedad tiene interés en que el inculpado comparezca a la audiencia de que se trata.

- Además, en el particular, se solicitó la medida suspensional respecto de la cita para que los quejosos comparecieran a la audiencia de formulación de imputación, por lo que esa eventual y actualmente inexistente orden de captura no reviste el carácter de inminente, y en todo caso, sería una medida futura y de realización incierta para hacer efectivo el interés público del desahogo de aquella diligencia.

- En suma, se reitera que de conceder la suspensión provisional se provocaría la parálisis del procedimiento, en específico, de la audiencia de formulación de imputación, lo que atentaría en contra de disposiciones de orden público y atentaría contra el interés social. Por tanto, no se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo.

- A mayor abundamiento, se destaca que los quejosos solicitaron la suspensión para no comparecer a una audiencia que –al momento de resolver el presente recurso– ya ha pasado la fecha que fue señalada para su celebración. Así, resulta indiscutible que, de concederse dicha medida cautelar, ello equivaldría a dar efectos restitutorios a la misma, los cuales sólo son propios de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo.

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió el recurso de queja 98/2015. Los antecedentes del caso se resumen en los siguientes puntos:

1. El quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra la negativa por parte del agente del Ministerio Público de recibir y desahogar pruebas en la averiguación previa.

2. El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco negó la suspensión solicitada. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de queja.

El Tribunal Colegiado, conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo abrogada, declaró fundada la queja interpuesta, revocó el proveído impugnado y concedió la suspensión provisional al quejoso, con base en los siguientes argumentos:

- El acto reclamado, que consiste en la negativa a recibir y desahogar pruebas en la averiguación previa, tiene la naturaleza de ser negativo, pero con efectos positivos, pues el hecho de que la responsable no le permita al quejoso ofrecer ni desahogar pruebas, trae como consecuencia que el inculpado no pueda ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada, en lo que atañe a esa etapa del procedimiento penal.

- En ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la negativa del Ministerio Público para recibir las pruebas ofrecidas por el indiciado en la averiguación previa es un acto de imposible reparación.

- Ahora bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala los requisitos que se deben considerar para conceder la suspensión: (a) que la solicite el agraviado; (b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, (c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

- En el caso concreto, se advierte que se cumplen los requisitos que ordena el citado precepto, pues la suspensión fue solicitada por el quejoso en la demanda de amparo, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, y de negarse la medida cautelar, podría causarle un daño de difícil reparación al quejoso, en tanto que se le privaría de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En este caso, no existe perjuicio al interés social, pues no se pretende paralizar la integración de la indagatoria que constituye el objetivo de esta fase procedimental.

- Además, el juzgador está obligado a tomar las medidas necesarias para conservar la materia del juicio hasta su terminación; de ahí que la suspensión solicitada está justificada para que se preserve la materia del amparo mientras se resuelve el juicio en lo principal. De esta manera, existe la posibilidad de restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos violados, que es el fin último del juicio constitucional.

- Considerar, como el Juez de Distrito, que en el caso concreto no procede la suspensión provisional del acto en comento, porque con ello se restituiría al quejoso en el goce de sus derechos violados, lo que es propio de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, significa que en esa determinación no tiene cabida la ponderación de los derechos fundamentales en juego, perdiendo así de vista, como se dijo, el fin último del juicio de amparo.

- En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha matizado la concepción sobre los efectos restitutorios propios de una sentencia de amparo, pronunciándose por la procedencia de la medida suspensional contra actos de clausura, o aseguramiento de bienes inmuebles en materia penal, para lo cual destacó la conveniencia de atender en tales casos a dos aspectos: (i) la apariencia del buen derecho; y, (ii) el peligro en la demora. El primero implica que el Juez de Distrito de manera previa y provisional haga un análisis acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado; mientras que el segundo, supone revisar la urgencia de la medida cautelar.

- Además de estos principios, el juzgador debe considerar lo previsto en los artículos 130 y 138 de la Ley de Amparo, que en la parte que disponen que el juzgador deberá considerar también el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y los perjuicios que pudieran ocasionarle al quejoso; y que la suspensión en los casos que provengan de un procedimiento, no puede tener como efecto que se impida la continuidad del mismo, salvo que de no hacerlo, deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al peticionario de garantías.

- En esa tesitura, desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor del inculpado en un proceso penal, en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, los cuales deben observarse desde la fase de averiguación previa, es inconcuso que la negativa a que el quejoso ejerza una adecuada defensa en la indagatoria de origen, compromete tales derechos; además, existe necesidad urgente de su protección en tanto que su inobservancia conlleva el peligro de que dicha fase concluya sin que el quejoso haya ejercido su derecho de defensa, con el consecuente cambio de su situación jurídica, todo lo cual justifica la procedencia de la medida suspensional, para el efecto de que una vez agotadas las diligencias correspondientes en la averiguación previa de origen, no se ejerza la acción penal correspondiente –si en el caso resultara procedente–, pues de ser el caso, haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho público subjetivo que estima violado en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo aplicable.

- En ese sentido, cabe señalar que aunque, por regla general, en tratándose de actos negativos no es procedente la medida suspensional, en el caso concreto sí se debe considerar que, de no hacerlo [en los términos indicados], podría consumarse irreparablemente el daño o perjuicio, puesto que se agotaría el derecho de adecuada defensa del quejoso, de ejercerlo en esa etapa procesal –averiguación previa–.

- De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público, a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal, que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada.

- De modo que, al tomar en consideración los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora y la naturaleza del acto reclamado (negativo con efectos positivos), y a fin de preservar la materia del amparo, el órgano colegiado estima procedente precisar que los efectos de la suspensión provisional, deben consistir en que la responsable no podrá ejercer la acción penal correspondiente, si en su caso es procedente, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual obviamente no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la indagatoria.

- Lo anterior, a fin de que el juicio de amparo del cual deriva el incidente respecto del cual emergió la resolución que se analiza, no quede sin materia y en su momento se decida en cuanto al fondo, así como impedir que los efectos del acto negativo que se reclama siga afectando la garantía del quejoso.

- Del criterio anterior derivó la tesis III.2o.P.88 P (10a.), de rubro:(3) "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A POSIBILITAR UNA DEFENSA ADECUADA DURANTE EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AUN CUANDO DICHA DENEGACIÓN CONSTITUYE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS RESPECTO DEL CUAL, POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESA MEDIDA, DEBE OTORGARSE PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ AGOTADAS LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES EN LA INDAGATORIA, DE PROCEDER EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ÉSTE NO SE LLEVE A CABO."

III. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el incidente en revisión 218/2016, cuyos antecedentes se resumen a continuación:

1. La quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra del oficio mediante el cual se niega reconocerle su carácter de probable responsable, y en contra de la omisión de la autoridad responsable de permitirle acceso a la averiguación previa en la cual tiene la calidad de imputada, y de esa manera, ejercer su derecho de defensa.

2. El Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión provisional solicitada. La quejosa, inconforme con tal interlocutoria, interpuso recurso de queja, y el Tribunal Colegiado correspondiente la desechó por improcedente.

3. El agente del Ministerio Público responsable rindió informe previo, en el que aceptó la emisión del oficio y negó la omisión reclamada, y con eso el Juez de Distrito celebró audiencia incidental, en la cual negó la suspensión definitiva. En contra de tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión.

Con base en la Ley de Amparo vigente, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que modificó la resolución recurrida y negó la suspensión definitiva respecto los actos reclamados, por los siguientes argumentos:

- En el caso, la suspensión se solicitó respecto de lo que considera la quejosa son, los efectos positivos o consecuencias de carácter positivo, como es que no se consigne la averiguación previa respectiva y se le dé acceso a la misma a fin de ejercer su derecho de defensa.

- Ahora bien, en relación con la suspensión de los actos reclamados, el Juez de Amparo negó la suspensión definitiva, al considerar que es improcedente otorgar la medida cautelar al tratarse de actos negativos contra los cuales es improcedente otorgar dicha medida cautelar por carecer de efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto.

- Dicha determinación se estima correcta, toda vez que la suspensión de los actos reclamados, como una medida de carácter cautelar, tiene como finalidad la preservación de la materia del juicio y, por ello, busca evitar la consumación irreparable de las violaciones alegadas en el juicio, paralizando o deteniendo la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo.

- En la especie, la quejosa reclama actos de carácter negativo, porque la autoridad se rehúsa a acceder a las peticiones de la quejosa (reconocerle el carácter de probable responsable y darle acceso a la indagatoria). Dada su naturaleza, carecen de ejecución y, en tal virtud, no es procedente su suspensión, ya que no se puede paralizar la conducta positiva de la autoridad de no querer acceder a sus peticiones.

- En ese orden de ideas, pretender que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad responsable le reconozca el carácter de probable responsable y le otorgue el acceso a la indagatoria respectiva, se daría a la suspensión efectos restitutorios, propios de la sentencia que se pronuncie en el juicio.

- En ese sentido, si entre otros fines, la suspensión tiene como tal conservar la materia del juicio de amparo, en el caso que nos ocupa, no es posible concederla porque al permitir que se le brinde el acceso a la averiguación previa, se le estaría reconociendo un carácter que la autoridad responsable no le ha otorgado y, en consecuencia, desaparecería la materia del juicio de amparo y tendría un efecto restitutorio.

- Por otra parte, la recurrente alega que de consignarse la averiguación previa, sin antes haberle otorgado la posibilidad material y oportuna de defenderse, ocasionaría un cambio de situación jurídica que sin duda no tiene efectos restitutorios. Esto es incorrecto, pues como se dijo, una de las finalidades de la medida suspensional es conservar la materia del juicio, por lo que no es posible conceder la suspensión para el efecto que se pretende, pues con ello se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

- Ello es así, ya que se paralizaría la emisión de la resolución final en una averiguación previa, lo que implicaría privar a la sociedad de la persecución de un hecho delictuoso. Además, precisamente, el fondo del asunto lo constituye dilucidar, si realmente a la quejosa no le reviste el carácter de probable responsable en la averiguación previa, como lo ha sostenido la autoridad ministerial.

IV. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 73/2013. Los antecedentes del caso son los siguientes:

1. El quejoso interpuso juicio de amparo en el que reclamó el acuerdo ministerial que contiene la negativa a desahogar las pruebas ofrecidas por su defensa.

2. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal negó la suspensión provisional solicitada, respecto del acto reclamado. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja.

El tribunal determinó, retomando las consideraciones realizadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la queja 98/2015, que el recurso puesto a su consideración era fundado. No obstante que el precedente se basaba en la Ley de Amparo abrogada, en lo que interesa a la presente contradicción, dicho Tribunal Colegiado no citó ningún artículo, por lo que queda claro que estudió el asunto conforme a la Ley de Amparo vigente:

- El acto reclamado en el juicio de amparo del cual deriva el incidente de suspensión, en el que se dictó la resolución motivo de queja, se hizo consistir en el acuerdo ministerial que contiene la negativa a desahogar las pruebas ofrecidas por la defensa del quejoso.

- Ahora bien, dicho acto tiene la naturaleza de ser negativo, pero con efectos positivos, pues el hecho de que la responsable no le permita al quejoso ofrecer ni desahogar pruebas; trae como consecuencia que el inculpado no pueda ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada, en lo que atañe a esa etapa del procedimiento penal.

- En ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la negativa del Ministerio Público para recibir las pruebas ofrecidas por el indiciado en la averiguación previa es un acto de imposible reparación.

- Ahora bien, el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala los requisitos que se deben considerar para conceder la suspensión: (a) que la solicite el agraviado; (b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, (c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

- En el caso concreto, se advierte que se cumplen los requisitos que ordena el citado precepto, pues la suspensión fue solicitada por el quejoso en la demanda de amparo, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, y de negarse la medida cautelar, podría causarle un daño de difícil reparación al quejoso, en tanto que se le privaría de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En este caso, no existe perjuicio al interés social, pues no se pretende paralizar la integración de la indagatoria que constituye el objetivo de esta fase procedimental.

- Además, el juzgador está obligado a tomar las medidas necesarias para conservar la materia del juicio hasta su terminación; de ahí que la suspensión solicitada está justificada para que se preserve la materia del amparo mientras se resuelve el juicio en lo principal. De esta manera, existe la posibilidad de restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos violados, que es el fin último del juicio constitucional.

- Considerar, como el Juez de Distrito, que en el caso concreto no procede la suspensión provisional del acto en comento, porque con ello se restituiría al quejoso en el goce de sus derechos violados, lo que es propio de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, significa que en esa determinación no tiene cabida la ponderación de los derechos fundamentales en juego, perdiendo así de vista, como se dijo, el fin último del juicio de amparo.

- En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha matizado la concepción sobre los efectos restitutorios propios de una sentencia de amparo, pronunciándose por la procedencia de la medida suspensional contra actos de clausura, o aseguramiento de bienes inmuebles en materia penal, para lo cual destacó la conveniencia de atender en tales casos a dos aspectos: (i) la apariencia del buen derecho; y, (ii) el peligro en la demora. El primero implica que el Juez de Distrito de manera previa y provisional haga un análisis acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado; mientras que el segundo, supone revisar la urgencia de la medida cautelar.

- Además de estos principios, el juzgador debe considerar lo previsto en los artículos 130 y 138 de la Ley de Amparo, que en la parte que disponen que el juzgador deberá considerar también el peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y los perjuicios que pudieran ocasionarle al quejoso; y que la suspensión en los casos que provengan de un procedimiento, no puede tener como efecto que se impida la continuidad del mismo, salvo que de no hacerlo deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al peticionario de garantías.

- En esa tesitura, desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor del inculpado en un proceso penal, en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, los cuales deben observarse desde la fase de averiguación previa, es inconcuso que la negativa a que el quejoso ejerza una adecuada defensa en la indagatoria de origen, compromete tales derechos; además, existe necesidad urgente de su protección en tanto que su inobservancia conlleva el peligro de que dicha fase concluya sin que el quejoso haya ejercido su derecho de defensa, con el consecuente cambio de su situación jurídica, todo lo cual justifica la procedencia de la medida suspensional, para el efecto de que una vez agotadas las diligencias correspondientes en la averiguación previa de origen, no se ejerza la acción penal correspondiente –si en el caso resultara procedente–, pues de ser el caso, haría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho público subjetivo que estima violado, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo aplicable.

- En ese sentido, cabe señalar que aunque por regla general en tratándose de actos negativos no es procedente la medida suspensional, en el caso concreto sí se debe considerar que, de no hacerlo [en los términos indicados], podría consumarse irreparablemente el daño o perjuicio, puesto que se agotaría el derecho de adecuada defensa, del quejoso de ejercerlo en esa etapa procesal –averiguación previa–.

- De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal, que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada.

- De modo que, al tomar en consideración los principios de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, y la naturaleza del acto reclamado (negativo con efectos positivos), y a fin de preservar la materia del amparo, el órgano colegiado estima procedente precisar que los efectos de la suspensión provisional, deben consistir en que la responsable no podrá ejercer la acción penal correspondiente, si en su caso es procedente, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, lo cual obviamente no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la indagatoria.

- Lo anterior, a fin de que el juicio de amparo del cual deriva el incidente respecto del cual emergió la resolución que se analiza, no quede sin materia y en su momento se decida en cuanto al fondo, así como impedir que los efectos del acto negativo que se reclama sigan afectando la garantía del quejoso.

- De lo anterior derivó la tesis I.5o.P.21 P (10a.), de rubro:(4) "ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECIBIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, RESPECTO DEL CUAL PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL."

V. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 27/2015, cuyos antecedentes se resumen a continuación:

1. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión o falta de acuerdo respecto del desahogo de pruebas que se solicitó, en los autos de la averiguación previa.

2. El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal determinó negar la suspensión provisional respecto del acto reclamado, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza negativa, por lo que no existe materia para conceder la medida cautelar solicitada. Además, no es procedente la paralización del procedimiento de averiguación previa, dado que el mismo es de orden público y, por tanto, insuspendible.

3. Inconforme con la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de queja.

El Tribunal Colegiado, conforme las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, declaró fundado el recurso de queja interpuesto, revocó el proveído impugnado y concedió la suspensión provisional al quejoso, con base en los siguientes argumentos:

- El acto reclamado es un acto negativo con efectos positivos, que constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues, precisamente, la falta de pronunciamiento de la autoridad responsable respecto de la procedencia de las pruebas propuestas por el quejoso imposibilita a éste conocer la procedencia o no de las mismas, y ello irroga una violación a sus derechos de petición y de defensa que lo dejan en estado de indefensión durante tal etapa preprocesal, y pueden trascender al resultado de la indagatoria, originando en perjuicio de éste un perjuicio de imposible reparación.

- Por tanto, al tratarse de un acto negativo con efectos positivos, es procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada; sin que ello implique perjuicio al interés social, ni contravención a disposiciones de orden público, ni tampoco estar resolviendo el fondo del asunto en lo principal, pues la concesión es para tal efecto qué, en modo alguno, implicará paralizar la integración de la indagatoria o limitar las funciones de investigación de la autoridad ministerial; en cambio, los daños y perjuicios que el acto reclamado puede ocasionar al indiciado serán

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27991-cee79352/suspension-en-materia-penal-es-posible-que-tenga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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