SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.
III. Competencia y legitimación
5. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diverso circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante oficio presentado el catorce de junio del año en curso, es decir, cuando la nueva Ley de Amparo ya se encontraba vigente.
IV. Existencia de la contradicción
7. De conformidad con el criterio adoptado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que, en el caso en concreto, los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
8. En congruencia con lo anterior, se concluye que sí existe contradicción de criterios en el presente asunto, toda vez que, respecto de un mismo tema, a saber: cuál es el término en un juicio de amparo indirecto, para que el quejoso exhiba la garantía a fin de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida a su favor contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta su libertad personal, los tribunales arribaron a conclusiones diversas.
9. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 14/2009-XI, determinó lo siguiente:
10. La Ley de Amparo (incluido el artículo 139) no establece expresamente cuánto debe durar el plazo de que dispone el quejoso para cumplir con los requisitos o condiciones de efectividad de la suspensión provisional; y, de la interpretación de esa ley, deriva que ese quántum queda al prudente arbitrio del juzgador de amparo.
11. Si bien el artículo 139 de la Ley de Amparo habla del plazo de cinco días para ese efecto, en realidad se refiere a la suspensión definitiva, no a la provisional. Cierto es, que en una primera lectura -y en todo caso seccionada- hace suponer que se refiere a la suspensión sin distinción -de modo que deba suponerse que entran tanto la provisional como la definitiva-, sin embargo, por un lado, en el primer párrafo se habla del recurso de revisión (dice aunque contra esa decisión se interponga el recurso de revisión) y, por otro lado, el segundo párrafo se alude expresamente a la suspensión definitiva y se reitera la idea del recurso de revisión, y sólo la decisión sobre suspensión definitiva es impugnable mediante ese recurso (artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo).
12. Así lo entendió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2000-PL, ya que para arribar a la conclusión de que el quejoso debía gozar de un plazo para exhibir la garantía a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional, partió de la base de que ese numeral se refería a la suspensión definitiva.
13. Ello ya es por sí suficiente para desestimar la pretensión del quejoso de que se le otorguen cinco días. Pero además, si en ese numeral se otorga ese plazo para la suspensión definitiva, la naturaleza sumaria y transitoria de la suspensión provisional, lejos de permitir la aplicación por analogía hacia ésta, proporciona elementos de juicio más que suficientes para concluir que debe ser menor.
14. Dicha medida cautelar está diseñada para que, por regla general, dure noventa y seis horas (las veinticuatro primeras para que la responsable rinda su informe y las restantes para celebrar la audiencia incidental), según lo manda el artículo 131 de la Ley de Amparo y, por otro lado, el objeto de otorgar un plazo para que el quejoso cumpla con los requisitos fijados al otorgarle la suspensión provisional, es que esa medida siga surtiendo efectos mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva; de manera que si este tribunal, como intérprete, debe evitar que la atribución de significado a las normas -en este caso, sobre cuál es el quántum- traiga por consecuencia necesaria o potencial la aniquilación de otras, está obligado a concluir que ese plazo debe vencerse antes de que se resuelva sobre la suspensión definitiva, en consonancia con lo cual, si tres días suelen ser demasiados, cinco con mayoría de razón.
15. Esta intelección, en todo caso, es más acorde con el artículo 138, pues con toda claridad otorgó tres días para cumplir con una obligación específica -presentarse ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento-, lo cual no es sino una muestra de que el propio legislador previó que ese plazo es bastante para cumplir con esta clase de obligaciones.
16. También encuentra respaldo en lo considerado por el Pleno de la Suprema Corte, pues en la aludida contradicción de tesis 17/2000-PL, al fijar el criterio de que sí se debe disponer de un plazo para cumplir esos requisitos en tratándose de la suspensión provisional, tangencialmente -mediante una consideración no reflejada en criterio vinculante- sostuvo que ese plazo debe ser el que prudentemente fije el Juez -no dijo pues, que debía ser de cinco días o peor aún, cuando menos éste-.
17. Que sean tres días tiene el valor agregado de propiciar mejor seguridad jurídica, porque de lo contrario, tendría que preverse que, para un requisito se tiene tres días y, para otros, cinco. Pero si fuera el caso de sacrificar la seguridad que proporciona hablar de un plazo único para todos, debe ser en aras de que se reduzca el plazo para cumplir con los demás requisitos, por ejemplo a veinticuatro horas, pues es más factible que de esa manera tenga sentido exigir cumplir con ellos, que otorgar cinco o más días, caso en el cual, por regla general se resolvería primero sobre la suspensión definitiva antes de que se venciera ese plazo.
18. De la ejecutoria sintetizada, derivó la siguiente tesis aislada:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR DE AMPARO DETERMINAR EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA FIJADA, PERO SIN QUE PUEDA EXCEDER DE TRES DÍAS. La Ley de Amparo no establece expresamente cuál es el plazo de que dispone el quejoso para cumplir con los requisitos de efectividad de la suspensión provisional; si bien el artículo 139 prevé un plazo de cinco días para igual fin, en realidad se refiere a la suspensión definitiva, pues aunque en una primera lectura -y en todo caso seccionada- hace suponer que se refiere a la suspensión sin distinción -de modo que podría suponerse que entra tanto la provisional como la definitiva-, sin embargo, de su análisis integral deriva que no es así porque, por un lado, en el primer párrafo ese numeral alude al recurso de revisión (dice ‘aunque contra esa decisión se interponga el recurso de revisión’) y, por otro lado, en el segundo párrafo señala expresamente a la suspensión definitiva, la que sólo es impugnable mediante la revisión (conforme al numeral 83, fracción II, inciso a) de la legislación aplicable). En ese contexto, ante la omisión del autor de la ley de señalar el plazo para el fin anotado, queda al prudente arbitrio del juzgador de amparo determinarlo en uso de su facultad de normar el procedimiento, quien al atribuir de significado a las normas -en este caso, para definir el quántum- debe evitar que traiga por consecuencia, necesaria o potencial, la aniquilación de otras, y en esta perspectiva es desproporcionado aceptar que el plazo debe ser el mismo, o incluso, mayor del que se previó para la suspensión definitiva (cinco días), ya que la naturaleza sumaria y transitoria de la provisional, lejos de permitir la aplicación por analogía hacia ésta, proporciona elementos de juicio más que suficientes para justificar en ese aspecto la diferencia con aquélla, a saber: 1) dicha medida cautelar está diseñada para que, por regla general, dure noventa y seis horas -las veinticuatro primeras para que la responsable rinda su informe y las restantes para celebrar la audiencia incidental, según lo manda el artículo 131 de la Ley de Amparo-; 2) el objeto de otorgar ese plazo es que esa medida siga surtiendo efectos mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, de manera que es obligado concluir que ese plazo debe vencerse antes de que se resuelva esta última, en consonancia con lo cual si tres días suelen ser demasiados, cinco con mayor razón; 3) la anterior intelección es más acorde con el artículo 138, pues con toda claridad otorgó tres días para cumplir con una obligación específica -presentarse ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento-, lo cual no es sino una muestra de que para el propio legislador ese plazo es bastante para cumplir con esta clase de obligaciones; 4) que sean hasta tres días tiene el valor agregado de propiciar mejor seguridad jurídica porque, de lo contrario, tendría que preverse que, para un requisito se tiene tres días y, para otros, cinco; y 5) si fuera el caso de sacrificar la seguridad que proporciona hablar de un plazo único para todos, debe ser en aras de que se reduzca el referente a los demás requisitos, por ejemplo a veinticuatro horas, pues es más factible que de esa manera tenga sentido exigir cumplir con ellos, que otorgar cinco o más días, caso en el cual, por regla general, se resolvería primero sobre la suspensión definitiva antes de que se venciera el plazo otorgado." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 167053. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, junio de 2009, materia penal, tesis I.1o.P.102 P, página 1105)
19. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 30/2013, sostuvo lo siguiente:
20. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, el Juez de amparo debe exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes; al conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, el Juez de Distrito tomará las medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo, y que el auto que concede la suspensión surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión, pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
21. Así las cosas, es patente que la Ley de Amparo abrogada no señala el plazo en el que se debe exhibir la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional otorgada; así también, que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y que tratándose de la suspensión definitiva, la ley establece el plazo de cinco días para que el quejoso llene los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
22. En aplicación del segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que dispone que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro personae), y atendiendo al principio general del derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, este Tribunal Colegiado considera que el plazo para que el quejoso exhiba la garantía a efecto de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida, es el de cinco días siguientes al de la notificación (hasta aquí el criterio del Tribunal Colegiado).
23. Ahora bien, esta Sala advierte que si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consideró que ante la omisión de disposición expresa en la Ley de Amparo (abrogada) que señale el término en el que se habrá de exhibir la garantía, a fin de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida, queda al prudente arbitrio del Juez de Distrito determinarlo en uso de su facultad de normar el procedimiento, sin que éste exceda de tres días; en tanto que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, sostuvo que en aplicación del segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo al principio general del derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, el plazo para que el quejoso exhiba la garantía a efecto de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida, es el de cinco días siguientes al de la notificación; es claro que, respecto de un mismo tema, los órganos jurisdiccionales mencionados, arribaron a conclusiones contrarias.
24. En esas condiciones, si como acontece en el caso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito examinaron cuestiones jurídicas que pueden actualizarse en otros asuntos, y arribaron a posiciones discrepantes, resulta incuestionable que existe la contradicción de tesis que fue denunciada por los Magistrados integrantes del primer órgano jurisdiccional mencionado.
25. No es óbice a la conclusión anterior, el hecho de que la Ley de Amparo que analizaron los tribunales contendientes, haya sido abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; en tanto que de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada.
26. En ese sentido, subsiste la materia de la presente contradicción de tesis, en tanto que las cuestiones jurídicas que aquí se analizan, pueden actualizarse en asuntos futuros.
27. Demostrado que sí existe contradicción de tesis, el punto a resolver consiste en determinar cuál es el plazo para que el quejoso exhiba la garantía a fin de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida a su favor contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta su libertad personal.
V. Estudio del asunto
28. En principio cabe destacar, que respecto del tema que se dilucida en la presente contradicción de tesis, ambos tribunales contendientes analizaron y aplicaron diversos artículos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
29. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, analizó la legislación ahora abrogada porque al momento en que resolvió el recurso de queja 14/2009-XI (siete de mayo de dos mil nueve), era la que se encontraba vigente; por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 30/2013, determinó que la suspensión en materia penal debe tramitarse en su integridad conforme a la Ley de Amparo abrogada, al no haberse adecuado la legislación de Oaxaca al nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.
30. En ese sentido, esta Sala advierte que el punto de contradicción materia del presente asunto, debe resolverse analizando la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pues ambos tribunales contendientes sostuvieron criterios discrepantes aplicando dicha ley.
31. Precisado lo anterior, se considera necesario atender, en lo conducente, a las consideraciones que sostuvo el Tribunal Pleno al resolver, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 17/2000-PL:(2)
a) Etimológicamente, la palabra suspensión deriva del latín suspensio, suspensionis, que es la acción y efecto de suspender. A su vez, el verbo suspender, del latín suspendere, en una de sus acepciones significa: "detener o diferir por algún tiempo una acción u obra.
b) Aplicada al ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada; por tanto, tal determinación tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama, no se realicen.
c) En cuanto a la naturaleza de la suspensión, debe decirse que es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de garantías, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo.
d) Por tanto, el objeto primordial de esta providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución; es un medio más de protección, que dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los particulares, toda vez que el Juez ante quien se presenta la demanda, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, de recibir prueba alguna y de saber de un modo cierto si existe una violación constitucional, suspende la ejecución del acto (suspensión provisional), posteriormente, mediante un procedimiento sumarísimo, que se reduce a una audiencia en que se oye al quejoso, a la autoridad responsable y al Ministerio Público, determina si esa suspensión se concede en forma definitiva hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías.
32. Por otra parte, esta Sala, al resolver la contradicción de tesis 14/2000-PS, por unanimidad de cuatro votos, al analizar la naturaleza jurídica de la suspensión provisional y definitiva que se otorga en contra de actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, estableció lo siguiente:
a) "Como suspensión, ambas, provisional y definitiva, tienen como finalidad el paralizar el acto reclamado, para que éste no se ejecute, por la autoridad responsable."
b) "El fin de la suspensión definitiva es mantener la situación de hecho existente al tiempo que dicho juicio se abre, con el propósito de evitar que se ejecute materialmente el acto reclamado, que está sometido a una controversia constitucional, en simple previsión de que la resolución final resulte favorable al promovente del juicio de garantías y con ello asegurar al quejoso que no se va a ejecutar el acto que reclama, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto."
c) "Ambas suspensiones son transitorias, pues la provisional subsiste unos días hasta que se determine sobre la definitiva, ya sea negándola o concediéndola y ésta perdura, hasta que se resuelve el fondo del asunto en el amparo."
d) "Uno de los efectos de la suspensión provisional lo es que manda recabar los informes de las autoridades responsables, para determinar la existencia del acto reclamado y resolver lo conducente sobre la suspensión definitiva, la provisional, no prejuzga en ninguna forma sobre la procedencia o no de la definitiva."
e) "La suspensión definitiva, es una medida transitoria, la que toma en consideración en su caso, los informes justificados de las autoridades responsables y las pruebas que les tiene permitida la ley a las partes, para poder resolver sobre su procedencia y surte sus efectos durante la vigencia del juicio de amparo, ya que concluye al causar ejecutoria la sentencia de garantías."
33. Esas consideraciones sirvieron de sustento a esta Sala para demostrar la autonomía que tiene lo decidido en la suspensión provisional a lo decidido en la definitiva, en tanto que, entre otros supuestos, debe estimarse que el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, no depende del incumplimiento del quejoso respecto de las medidas de aseguramiento dictadas para la provisional, pues, por un lado, si en esta última no se cumplen las medidas señaladas, lo decretado en ella quedará sin efecto y podrá la responsable ejecutar el acto, en tanto no se dicte la suspensión definitiva y, por el otro, porque el Juez de Distrito para normar su criterio y resolver sobre ella cuenta con el informe de las autoridades responsables y con las pruebas que conforme a la ley pueden ofrecerse y desahogarse, elementos que no tenía al resolver sobre la suspensión provisional, por lo que podrá, si lo estima conveniente, decretar estas medidas, o bien, otras diferentes.(3)
34. Asentado el marco general que ha establecido el Tribunal Pleno de la suspensión en amparo indirecto y las consideraciones que esta Sala ha vertido en relación a la naturaleza jurídica y autonomía de la suspensión provisional y definitiva, a continuación se transcriben los preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que regulan esa figura jurídica en materia penal:
Ley de Amparo
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;
"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;
"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)
"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;
"h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
"Artículo 124 Bis. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.
"El Juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:
"I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
"II. La situación económica del quejoso, y
"III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia."
"Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.
"En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.
"El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."
"Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
"Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.
"De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del tér
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24717-3aa2b56a/suspension-provisional-contra-actos-derivados-de-un-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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