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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE QUEJA, QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. · Registro digital (IUS): 26621
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-09-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, Pág. 2151.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. DISIDENTE: GONZALO EOLO DURÁN MOLINA. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BALLESTEROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia

10. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) con relación al diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(6) en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran este circuito.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante

11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) pues fue denunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal.

TERCERO.-Posturas contendientes

12. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de los asuntos y transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 20/2016.

13. El primer criterio que forma parte del presente asunto, es el del recurso de queja 20/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este circuito, el cual derivó de los antecedentes que enseguida se relatan:

13.1. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, se demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos siguientes:

13.1.1. La falta de emplazamiento al recurso de queja S.C.A./P/075/2015, del índice la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, interpuesto por la víctima de diversos delitos contra la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada en la averiguación previa **********.

13.1.2. El pretendido cumplimiento a la resolución recaída en el citado recurso de queja, cuyo contenido podría implicar un acto privativo o restrictivo de libertad.

13.2. Ello, en virtud de que el quejoso se enteró por medio de notas informativas de Internet, que la Sala responsable ordenó el ejercicio de la acción penal contra todos los indiciados, incluyéndolo a él, al resolver el citado medio de defensa.

13.3. De la aludida demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, cuyo secretario encargado del despacho por vacaciones del titular, la radicó bajo el expediente 648/2015.

13.4. Asimismo, dentro del relativo cuaderno de suspensión, mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciséis, determinó negar la suspensión provisional, al considerar insatisfecho el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu.

13.5. Lo anterior -afirmó el Juez de Distrito-, dado que: (i) se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, al no ser dable paralizar la investigación de los delitos, cuya encomienda corresponde al Ministerio Público en términos del artículo 21 constitucional; ni, (ii) ser el medio para evitar el posible ejercicio de la acción penal, con lo cual, se afectaría a la persona que ha resentido directa o indirectamente la conducta calificada como delito, al privarle en su caso, de la posibilidad de obtener la reparación del daño.

13.6. Inconforme con tal determinación, el citado quejoso interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado de este circuito, quien lo radicó bajo el expediente 20/2016 y, una vez sustanciado, en sesión de veinte de enero de dos mil dieciséis, determinó declararlo fundado; ello, con base en las consideraciones que a continuación se reproducen:

"Efectivamente, no se comparte el argumento del resolutor de origen que sirvió de base para negar la suspensión provisional, relativo -sustancialmente-, a que de concederse la medida suspensional, se contravendría el artículo 21 de la Constitución Federal, disposición de orden público, que ordena la investigación y persecución de los delitos, cuya afectación a la sociedad, es de mayor peso a la que se pudiera generar al quejoso, debido a que la investigación y persecución de los delitos beneficia a la estabilidad y seguridad de la sociedad y del país.

"Sin embargo, el juzgador pierde de vista que la parte quejosa instó la acción de amparo por una afectación a derechos fundamentales en un recurso en sede judicial, como lo es, la transgresión al debido proceso, por no respetarse la garantía de audiencia antes de determinar que ha lugar al ejercicio de la acción penal; esto es, en su carácter de imputado, reclamó en el amparo el derecho a defenderse contra actos que pueden afectar su libertad personal antes de que esto ocurra, sin respetar el principio de igualdad, máxime que se advierte que el quejoso tiene el carácter de indiciado en la averiguación previa, y de lo que se duele es que no fue llamado al procedimiento de queja, que revocó la decisión de no ejercicio de la acción penal.

"Por ello, si del contenido de la demanda, que debe ser examinada en su integridad, aparece como un reclamo sustancial la transgresión al derecho humano de debido proceso y el respeto a la garantía de audiencia en un recurso judicial, la cual debe respetarse en la averiguación previa, a fin de que según lo permita la naturaleza de las actuaciones o diligencias que deban desahogarse podrán observarse cabalmente los derechos fundamentales que el inculpado tiene en esa fase procesal, por lo que, la denegación de la medida precautoria provisional solicitada, conllevaría a la ejecución de actos de imposible reparación.

"Es menester puntualizar, que en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.’, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los alcances de los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, respecto de la procedencia de la suspensión del ejercicio de la acción penal, cuando de no hacerlo se consumaría de manera irreparable el acto reclamado, sin que por ello se pueda afirmar que se causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.

"- Que la suspensión del acto reclamado es aquel proveído judicial creador de una situación de paralización o cesación, temporal, limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro, el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que, en principio, pueda tener efectos restitutorios.

"- Que la medida suspensiva tiene por objeto: a) mantener viva la materia del amparo entre tanto se resuelve el fondo del asunto; b) evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación; y, c) prever que en caso de concederse el amparo sea fácil el retorno de las cosas al estado que tenían antes de dictarse el acto reclamado.

"- Que dado que en la averiguación previa se deben concretar diversidad de derechos constitucionales, los mismos son susceptibles de ser violados en tal etapa, razón por la cual, es relevante paralizar una posible violación para evitar que la misma no quede irreparablemente consumada.

"- Que de acuerdo a las particularidades del caso y la facultad del Juez de Distrito, contenidas en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pudiera ser que la continuación del procedimiento de averiguación previa deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio en caso de no suspenderse, momento en el cual, el Juez podrá, previa valoración de las circunstancias, conceder la suspensión del acto reclamado en los términos del artículo 138, siendo los efectos paralizar o detener el procedimiento de investigación, sin que ello, per se, pueda estimarse que perjudica el interés social o contravenga disposiciones de orden público.

"- Que, por lo anterior, en acatamiento a lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo, cuando se trate de actos que deriven de un procedimiento de averiguación previa y la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal, que no se impida la continuación del procedimiento hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa, con la salvedad que si la continuación del mismo deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio, se podrá conceder la suspensión de dicho procedimiento.

"- Que la circunstancia de que se trate del procedimiento de averiguación previa, no justifica su negativa por perjuicio al interés social y contravención a disposiciones de orden público, sino que, en todo caso, la actualización de tales hipótesis deben encontrase justificadas por parte del juzgador de amparo. Por tanto, la simple circunstancia de que con la suspensión se vaya a paralizar el procedimiento de averiguación previa, no es motivo suficiente para estimar que se contravienen tales principios, sino que es necesario que el juzgador ponga en evidencia o desvirtúe tal circunstancia, pues el juzgador de amparo se encuentra obligado a exponer los fundamentos, motivos y razones por los que estima que la suspensión del procedimiento de investigación, perjudica al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que sea suficiente el que el procedimiento referido desenvuelve la facultad constitucionalmente conferida al Ministerio Público, pues finalmente todos los procedimientos tienen o deben tener una base o fundamento constitucional y, su correcto desarrollo interesa a la sociedad, por lo que el perjuicio y contravención referidos deben ser reales y presentes y quedar de manifiesto en la resolución que los invoca.

"- Que, por lo anterior, el tribunal de amparo deberá, en todos los casos, apreciar el acto reclamado de una forma provisional, para determinar si concede o no la suspensión.

"En tales condiciones, este Tribunal Colegiado estima que, en el caso concreto, se surten los supuestos del artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados por el quejoso, al haberla solicitado en su escrito de demanda, porque existe la posibilidad de restringir la operatividad a la garantía de audiencia en la averiguación previa, y la ejecución de tales actos son de imposible reparación para la esfera jurídica del quejoso, conforme lo ha precisado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que originó jurisprudencia cuyo rubro se citó con antelación, la cual se reproduce a continuación: ‘SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.’ (se transcribe)

"De suerte que, para determinar los efectos de la suspensión, el párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo determina: (se transcribe)

"En tal virtud, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, es procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada; para el único efecto de que la autoridad ministerial responsable se abstenga de ejecutar la ordenanza de ejercicio de la acción penal solicitada, lo que deberá prevalecer hasta en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva en la audiencia incidental; toda vez que el dictado de esta determinación dejaría irreparablemente consumados los actos reclamados, debido al cambio de etapas procesales en el procedimiento penal.

"Consecuentemente, este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estima procedente declarar fundada la queja interpuesta por la parte quejosa, sin que, en la especie, sea vinculante el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de este propio circuito, en el que el resolutor de origen apoyó su decisión."

14. Del criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se advierte que dicho órgano colegiado determinó conceder la suspensión solicitada, toda vez que con su negativa, existiría la posibilidad de restringir la operatividad del derecho de audiencia del quejoso en la averiguación previa de origen; además, que la ejecución de tales actos son de imposible reparación, conforme lo prescribe la jurisprudencia 1a./J. 86/2010, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo siguientes: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA."(8)

II. Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 221/2015.

15. El segundo criterio contendiente, es sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en el recurso de queja 221/2015, que derivó de los siguientes antecedentes:

15.1. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil quince, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el acuerdo de nueve de octubre de dos mil quince, emitido por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, dentro del cuaderno incidental relativo al juicio de amparo indirecto 1318/2015-III de su índice, en el que determinó negar la suspensión provisional de los actos reclamados.

15.2. El citado medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo presidente, en proveído de veinte de octubre de dos mil quince, lo admitió a trámite bajo el expediente 221/2015, y previa su sustanciación, en sesión de veinte de octubre de dos mil quince, el Pleno del citado órgano de control constitucional determinó declarar infundado el recurso de queja.

15.3. En dicha resolución, se precisó que la a quo determinó negar el obsequio de la medida cautelar solicitada, en relación con el procedimiento de queja **********, llevado ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, pues:

15.3.1. La falta de emplazamiento al referido procedimiento se trata de un acto omisivo.

15.3.2. La resolución del citado expediente es un acto consumado.

15.3.3. De concederse contra los efectos y consecuencias de la citada resolución -consistente en el ejercicio de la acción penal-, se contravendría el orden público y el interés social, pues la sociedad está interesada en la persecución de los delitos y que éstos no queden impunes, por lo que debían realizarse todas las acciones tendentes a su investigación y consignación por parte de la autoridad ministerial.

15.4. En esa tesitura, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al declarar infundados los agravios vertidos contra la negativa de la suspensión, razonó:

"Ahora bien, los agravios son infundados, aun suplidos en su deficiencia conforme lo dispone el artículo 79, fracción III, inciso a), como a continuación se demuestra:

"La negativa de la suspensión contra la falta de emplazamiento al recurso **********, así como contra la resolución del citado recurso, es correcta.

"Lo anterior pues, como bien lo consideró la Juez de Distrito, la falta de emplazamiento constituye un acto omisivo y contra éstos no procede la suspensión.

"Sirve de apoyo lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis no vinculante, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1912 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 25, Tomo III, octubre de 2013, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: (se transcribe)

"También es correcta la negativa de suspensión provisional contra la resolución del recurso **********, debido a que constituye un acto consumado, y contra este tipo de actos no procede la suspensión provisional.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis no vinculante del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (sic), Número 60, diciembre de 1992, cuyo rubro y texto dice: (se transcribe)

"Ahora bien, en sus agravios el recurrente, esencialmente, solicita la suspensión contra los efectos y consecuencias de la resolución del recurso **********, lo cual consiste en el ejercicio de la acción penal en su contra; sin embargo, sus argumentos son infundados aun suplidos en su deficiencia, por lo que es improcedente concederle la suspensión que solicita, pues de concederse se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés de la sociedad, por lo que se incumplen los requisitos que para su concesión exige el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Esto es así, debido a que la investigación de los delitos constituye una obligación constitucional que se encuentra a cargo del Ministerio Público.

"La averiguación previa es la primera fase procedimental penal, durante la cual, el Ministerio Público realiza todas aquellas diligencias necesarias para acreditar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, a fin de optar por el ejercicio o la abstención de ejercitar la acción penal.

"En efecto, el artículo 21 constitucional dispone lo siguiente: (se transcribe)

"De lo anterior se obtiene que la obligación a cargo del Ministerio Público de investigar los delitos, es una obligación que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Aunado a que la finalidad de la obligación impuesta al Ministerio Público consiste en que impide que quede algún delito sin ser perseguido, además de que es menester brindar de nueva cuenta confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones, al saber que su indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un simple acuerdo unilateral de autoridad; además que se respetan los derechos del querellante, víctima del delito o de los familiares de éste, o del interesado legalmente por la comisión del delito, pues se cumple con la garantía de seguridad jurídica consagrada también en la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Carta Magna, antes señalado, consistente en poder exigir y obtener la persecución de los delitos.

"Además, de omitirse la integración y resolución de la averiguación previa, tal omisión afectaría los intereses de la sociedad y, por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o indirectamente la conducta calificada como delito, en especial, al privarle en su caso de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por sí, por medio de sus representantes o, en su caso, sus sucesores.

"Inclusive, tal abstención puede equipararse a la transgresión del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal, debido a que el denunciante o querellante o la sociedad está solicitando y esperando que la autoridad competente practique una averiguación ministerial y proceda a actuar de conformidad con los resultados de la misma.

"Con base en lo expuesto, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación de la averiguación previa -ejercicio de la acción penal-, pues de concederse la medida provisional se contravendría disposiciones de orden público, como lo es el artículo 21 constitucional, que ordena la investigación y persecución de los delitos, cuya afectación -a la sociedad- es de mayor peso a que la que se pudiera generar al recurrente, debido a la investigación y persecución de los delitos beneficia a la estabilidad y seguridad de la sociedad y del país.

"Máxime que el ejercicio de la acción penal no le causa algún agravio al quejoso, debido a que no se le priva de su libertad personal ni de otro derecho, además que aun cuando se ejerza la acción penal, la autoridad judicial que conozca del asunto decidirá si es o no procedente librar la orden de aprehensión o la medida que sea solicitada por el Ministerio Público y contra la determinación de la autoridad judicial, el aquí recurrente estará en aptitud de ejercer los medios de defensa que estime pertinentes.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época, cuyos rubro y texto dice: ‘ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe)

"En virtud de lo antes considerado y al existir un criterio sobre el tema del Más Alto Tribunal de Justicia del País, resulta innecesario realizar un análisis de la apariencia del buen derecho, como aduce el recurrente, por lo cual, no le favorece la tesis que invoca de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’

"Cabe precisar que el recurrente invoca a su favor la tesis no vinculante, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. PROCEDE CONCEDERSE CONTRA LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PARA EL EFECTO DE QUE EN TANTO SE DECIDE EL FONDO DEL ASUNTO, LLEGADO EL CASO, NO SE EMITA DETERMINACIÓN DEL EJERCICIO O NO DE LA ACCIÓN PENAL, HASTA QUE SE RESUELVA EL AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’; sin embargo, ésta no le favorece debido a que se refiere a la suspensión definitiva, y en este asunto se trata de la suspensión provisional.

"También invoca la tesis no vinculante, rubro: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN MATERIA PENAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO NO AUTORIZA AL INDICIADO IMPONERSE DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.’, la cual, tampoco le favorece debido a que se refiere a la hipótesis de que al indiciado se le niegue imponerse de las constancias de una averiguación previa, lo cual no se estudia en este asunto.

"Tampoco le beneficia la tesis no vinculante, de rubro: ‘PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN EL AMPARO. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE ADUCE QUE NO FUE OBSERVADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ.’, debido a que este criterio se refiere al estudio del fondo del asunto, no a la suspensión provisional.

"Tampoco le favorece la invocación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.’, pues ésta se refiere al derecho de audiencia, el cual será estudiado -de ser procedente- en el fondo del asunto, no en el incidente de suspensión.

"En ese orden, ante lo infundado de los agravios, procede declarar infundado el presente recurso de queja."

16. Como se ve, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el recurso de queja 221/2015, resolvió que es improcedente otorgar la suspensión contra la falta de emplazamiento al recurso de queja **********, del índice de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, así como de la resolución dictada en éste, toda vez la falta de emplazamiento es un acto omisivo y contra éstos la suspensión es improcedente.

17. Asimismo, por lo que respecta a la resolución de la Sala responsable, consistente en el ejercicio de la acción penal contra el quejoso, determinó que la suspensión es improcedente, pues de concederse la medida provisional, se contravendría el artículo 21 constitucional, que ordena la investigación y persecución de los delitos, cuya afectación -a la sociedad- es de mayor envergadura a que la que se pudiera generar al peticionario de amparo, debido a la investigación y persecución de los delitos beneficia a la estabilidad y seguridad de la sociedad y del país; además, que el ejercicio de la acción penal no le causa algún agravio al quejoso debido a que no se le priva de su libertad personal ni de otro derecho.

III. Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 207/2015.

18. Finalmente, el tercer criterio que forma parte de la presente denuncia, es el contenido en el recurso de queja 207/2015, del consecutivo del Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, el cual derivó de los antecedentes que se relatan a continuación:

18.1. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes:

18.1.1. De la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, reclamó la falta o inexistencia de emplazamiento al recurso de queja **********, interpuesto por la víctima de diversos delitos, contra la resolución dictada en el recurso de inconformidad **********, de diecinueve de marzo de dos mil quince, por el procurador general de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal a favor del quejoso en la averiguación previa **********; y

18.1.2. Del procurador de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo y de los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos Zonas Norte y Sur, respectivamente: (i) el cumplimiento de orden de ejercitar acción penal en su contra; y, (ii) el acto que implique un acto privativo o restrictivo de libertad.

18.2. De la aludida demanda de amparo correspondió conocer a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien la radicó con el expediente 1319/2015.

18.3. Asimismo, dentro del relativo cuaderno de suspensión, mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil quince, determinó negar la suspensión provisional solicitada:

18.3.1. Por la falta de llamamiento o emplazamiento, en razón de que a dicho acto le revestía la calidad de un acto omisivo;

18.3.2. Por la resolución dictada en el expediente **********, negó la suspensión por tratarse de un acto consumado; y,

18.3.3. Respecto de los efectos y consecuencias de la ejecución de la sentencia reclamada (lo que conlleva al ejercicio de la acción penal), porque no se satisficieron los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, como es que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

18.4. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, bajo el expediente 207/2015.

18.5. Posteriormente, en sesión pública extraordinaria de veintiuno de octubre de dos mil quince, el citado órgano colegiado determinó declarar infundado el recurso de queja; ello, con base en las consideraciones siguientes:

"Sentado lo anterior, enseguida se analizará la procedencia de la suspensión provisional en el caso que nos ocupa.

"1. Petición de parte

"El requisito de petición de parte se encuentra cumplido, pues en la demanda de amparo se solicitó expresamente el otorgamiento de suspensión respecto de los actos reclamados que el quejoso hizo consistir en: 1) falta de llamamiento o emplazamiento en el recurso de queja **********; 2) la resolución dictada en dicho expediente, las ejecuciones de la sentencia reclamada lo que conlleva; 3) al ejercicio de la acción penal; y, 4) la implicación de que se le prive o restrinja su libertad personal.

"2. La certeza de los actos reclamados

"Para efectos de la suspensión provisional, deben considerarse ciertos los actos reclamados citados con anterioridad, con base en las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en las que se aseveró:

"a) Con base en las anteriores publicaciones y por supuesto, sin que haya sido emplazado o notificado de forma alguna como tercero perjudicado o interesado en el procedimiento ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es que hasta ahora tengo conocimiento de que ********** interpuso recurso de queja (página 13 de la demanda).-b) y c) Enterándome por las mismas publicaciones referidas que la Sala responsable supuestamente resolvió ordenando que se ejercitara acción penal en mi contra por los supuestos delitos de abuso de autoridad y tortura (página 14); y, la resolución que se haya dictado en mi contra en ese procedimiento, evidentemente transgrede mi derecho humano a una adecuada defensa (foja 20).

"d) El cumplimiento y/o ejecución que pretenda darse a la ilegal resolución dictada en el recurso de queja con número de expediente ********** que, entre otras cosas, implique un acto privativo o restrictivo de mi libertad, en franca violación de mi derecho humano de audiencia y de presunción de inocencia (página 4), aludidas manifestaciones del quejoso son suficientes para acreditar la certeza de los actos reclamados, para efectos de la suspensión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26621-31230082/suspension-provisional-es-improcedente-concederla-contra-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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