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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DEL FOLIO REAL ELECTRÓNICO DE UN INMUEBLE, O DEL PROPIO INMUEBLE, DECRETADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. CUANDO LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO NO SE CONFIGURÓ BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA, LA ORDEN RELATIVA REQUIERE DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 277/2023. · Registro digital (IUS): 32538
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-06-28
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo IV, Pág.3637.

AMPARO EN REVISIÓN 277/2023. 5 DE ENERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ OLVERA LÓPEZ. SECRETARIA: LILIA DEL CARMEN GARCÍA FIGUEROA.

Ciudad de México. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de cinco de enero de dos mil veinticuatro.

Vistos, para resolver, los autos del Amparo en Revisión citado al rubro.

Resultando

1. Acción de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la citada quejosa promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes:

Ver autoridades y actos

2. Trámite y resolución. Correspondió conocer de esa demanda al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo titular por proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés la radicó con el expediente 231/2023; la admitió y sustanció el trámite que incluyó un par de aclaraciones de la demanda(1) y un conflicto competencial infructuoso.(2)

El veintiocho de julio siguiente celebró audiencia constitucional y dictó resolución en la que el juzgador de amparo determinó que era incompetente para resolver el juicio, por razón de territorio, pues el lugar de ejecución de los actos reclamados era la Ciudad de México, por lo que lo remitió al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno.

La Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el ocho de agosto de dos mil veintitrés aceptó la competencia declinada, registró el expediente con el número 705/2023 y convalidó las actuaciones realizadas, y el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés resolvió sobreseer en el juicio de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia de consentimiento tácito por promover la demanda de amparo fuera del plazo de quince días.

3. Trámite del recurso de revisión y turno. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés, el presidente de este tribunal lo registró con el número 277/2023, lo admitió a trámite y ordenó dar vista a la agente del ministerio público de la Federación adscrita, quien no formuló intervención ministerial e hizo saber a las partes la integración del Pleno de este tribunal; el cuatro de diciembre siguiente turnó el asunto al magistrado ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.(3)

Considerando

I. Competencia y oportunidad. Este tribunal es competente para conocer del presente asunto(4) y el recurso es oportuno, pues la quejosa lo interpuso dentro del plazo de diez días con el que contaba para hacerlo.(5)

II. Decisión de este tribunal. Uno de los agravios es esencialmente fundado y suficiente para revocar ese sobreseimiento.

Es así porque, como se verá enseguida, no se actualiza la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados, ya que no existe confesión expresa ni constancia que acredite que la quejosa tuvo conocimiento completo de dichos actos en la fecha señalada en la sentencia recurrida, por lo que la presentación de la demanda de amparo fue oportuna.

A fin de demostrar lo anterior, se precisan los siguientes antecedentes que se advierten de lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo, así como de las constancias del juicio de amparo y anexos:

Antecedentes de la investigación:

1. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós(6) **********, representante legal de la moral **********, Sociedad Civil –tercera interesada– presentó denuncia contra la ahora quejosa y otro, a quienes atribuyó el uso, goce y disfrute de un inmueble, por medio del engaño, a través de la celebración de un contrato de arrendamiento sobre el mismo, a sabiendas de que no iban a cubrir el pago de las rentas mensuales pactadas.

2. El veintiocho de noviembre siguiente(7) la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Segunda de Trámite del Sistema Acusatorio Adversarial y Oral del Centro de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México, registró e inició la carpeta de investigación con el número: NIC: ********** NUC: **********.

3. En la misma fecha,(8) el representante de la sociedad tercera interesada compareció ante la Fiscalía y se le recabó entrevista en la que formuló querella por el delito Fraude y lo que resultara contra la ahora quejosa (como aval) y otro.

4. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós,(9) el mismo representante amplió la querella contra la ahora quejosa y manifestó que presumiblemente estaba incurriendo en actos constitutivos del delito Simulación de actos con fines fraudulentos, toda vez que se está deshaciendo de su patrimonio como consecuencia de las sentencias emitidas en su contra, para lo cual exhibió constancia del folio real electrónico ********** respecto del inmueble propiedad de la imputada ********** y manifestó que del mismo se advertía la anotación del aviso de otorgamiento de compraventa y contrato de crédito simple con interés y garantía hipotecaria a favor de la adquirente y deudora **********; y debido a que el diverso folio real electrónico **********, correspondiente a otro inmueble propiedad de la citada, no estaba disponible para consulta.

5. En auto de veintiuno de diciembre siguiente(10) la agente del ministerio público acordó: Visto el estado que guardan los registros de investigación ... y visto lo solicitado ... mediante comparecencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés (sic), en la cual solicita se gire oficio al ... DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de que se abstengan de realizar cualquier anotación preventiva o definitiva y pongan en custodia los antecedentes registrales de los FOLIOS REALES ELECTRÓNICOS ... Y NÚMERO **********, respectivamente, relacionados con las documentales que exhibe el solicitante, ante dicha petición y a fin de no violentar los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, apartado C) y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 109, 127, 131, fracción IX, 212 y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo previsto en los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 10, fracciones I y V, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se acuerda favorable lo solicitado por el solicitante, por lo que gírense los oficios a las dependencias antes mencionadas para los fines establecidos, ... .

Ese es el acto reclamado en el amparo, porque es el que contiene la orden en sí que impugna la quejosa; aunque en su demanda y escrito aclaratorio hace referencia como tal a uno de los oficios derivados de esa orden y no a dicho acuerdo, en tanto el oficio sólo es el medio para comunicar a la autoridad registral lo acordado por la autoridad ministerial.

6. El veinticinco de enero de dos mil veintitrés(11) la quejosa compareció a imponerse de la carpeta de investigación acompañada de los defensores privados *********** y ***********; en la misma fecha se levantó constancia(12) de lectura de derechos "AL IMPUTADO", así como de nombramiento y aceptación de sus defensores,(13) en la que se hizo constar: Que comparecemos ante esta autoridad a fin de aceptar y protestar el cargo que se nos ha sido conferido ... asimismo, tomando en consideración que mi defendido(a) se encuentra presente, solicito a esta autoridad se nos permita tener acceso e imponernos del contenido de la carpeta de investigación que se sigue en su contra, a fin de que nuestro defendido(a) cuente con una defensa técnica adecuada, siendo todo lo que deseo manifestar.

7. El mismo día se recabó la "DECLARACIÓN IMPUTADO"(14) de la ahora quejosa, en la que se manifestó sabedora de la imputación que obra en su contra y se reservó el derecho para contestar la denuncia y solicitó copias simples de todas y cada una de las constancias que obran en la carpeta de investigación para tener adecuadamente una defensa oportuna.

8. El treinta siguiente(15) se acordó esa solicitud de expedición de copias.

9. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés(16) compareció ********** –aunque precisó que como defensor privado del diverso investigado– y se hizo constar que recibió copias simples de todo lo actuado en la carpeta de investigación.

Antecedentes del amparo:

10. Como se precisó, la quejosa promovió demanda de amparo contra la orden ministerial dirigida a la autoridad registral de que se abstuviera a realizar anotaciones preventivas y definitivas y decretara la custodia del folio real electrónico ********** (sic), a su nombre y/o **********, respecto del inmueble descrito en el resultando 1 de esta ejecutoria.

11. La quejosa en su demanda manifestó que el veintidós de febrero de dos mil veintitrés tuvo conocimiento del oficio de nueve de enero de ese año dirigido a la autoridad responsable ejecutora, relacionado con la citada orden y agregó: acudí ante el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Segunda de Trámite del Sistema Acusatorio ... y NO SE ENCONTRABA NINGÚN OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 09 de enero del año 2023, y menos solicitudes referentes a la privación de sus bienes... .

12. La autoridad responsable ordenadora en su informe justificado manifestó que era cierto el acto reclamado al emitirse en la carpeta de investigación el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y agregó: ... que en fecha 25 de enero de 2023 se les recabó entrevista para aceptación y protesta del cargo conferido como abogados defensores, así como la entrevista de ... donde se acoge al beneficio de guardar silencio, y solicita copia simple de todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación, lo cual se acordó favorable ... también se cuenta con un registro de fecha 22 de febrero de 2023, donde se hace constar que el ... defensor privado de los investigados ... recibe a su más entera satisfacción y de manera gratuita copia simple de todo lo actuado en la carpeta de investigación... .

13. La diversa autoridad responsable ejecutora, en su informe con justificación, no obstante que expresó que no era cierto el acto reclamado, indicó que ingresó a la unidad administrativa a su cargo el oficio de nueve de enero de dos mil veintitrés remitido por la agente del ministerio público (ordenadora) relacionado con el folio real electrónico **********; que de la consulta a su sistema informático, se advertía que en dicho folio consta registrado el siguiente inmueble: "CONJUNTO CONDOMINAL ********** ... CALZADA ********** NÚMERO **********, DEPARTAMENTO **********, TIPO **********, CONDOMINIO **********, EDIFICIO **********, TORRE **********, COLONIA **********, **********, CIUDAD DE MÉXICO ... SEÑALANDO COMO TITULAR REGISTRAL A LA C. **********.

Ahora bien, en la sentencia recurrida la resolutora de amparo, después de establecer la existencia de los actos reclamados a las dos autoridades responsables, estimó que la quejosa tuvo conocimiento de esos actos el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; fecha que obtuvo de lo siguiente:

a) De la manifestación realizada por la quejosa en su demanda, en el sentido que ella y sus representados acudieron ante la agente del ministerio público responsable y se impusieron de la carpeta origen de los actos reclamados en la que no se encontraba oficio alguno de nueve de enero de dos mil veintitrés dirigido a la autoridad responsable ejecutora y menos solicitud de privación de sus bienes; lo que constituía confesión expresa.

b) De las constancias de comparecencia de la fecha indicada: "LECTURA DE DERECHOS AL IMPUTADO", "DECLARACIÓN IMPUTADO", "ASUNTO: NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DE DEFENSOR", se advertía que en la fecha señalada la quejosa y sus defensores particulares comparecieron a la carpeta de investigación y se identificaron plenamente ante la autoridad ministerial y tuvieron acceso a todas las constancias que integran la misma.

La juez de Distrito concluyó que tomando en cuenta esa fecha, el plazo de quince días para la promoción del amparo transcurrió del veintiséis de enero al dieciséis de febrero de dos mil veintitrés; y como la demanda se presentó el veinticuatro de febrero de ese año, la misma resultaba extemporánea.

Contra esa decisión, en una parte de los agravios la quejosa sostiene que se enteró del acto reclamado a la autoridad ministerial el veintidós de febrero de ese año, pues las veces que sus representantes "consultaron el expediente" se les ocultó información; que si bien existen las comparecencias señaladas en la sentencia impugnada, no se tenía conocimiento del "oficio" reclamado ni de solicitud alguna relacionada con la privación de sus bienes, por lo que al sobreseerse en el juicio se le dejaba en estado de indefensión, pues la demanda se presentó en tiempo y forma.

Pues bien, dicho agravio es esencialmente fundado, toda vez que no se actualiza la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados, por dos razones:

La primera, porque adverso a lo resuelto en la sentencia recurrida, no existe confesión expresa de la quejosa en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

La segunda, debido a que no obstante que la quejosa y sus defensores particulares comparecieron a la carpeta de investigación de origen, no existe constancia de que el día que lo hicieron tuvieron conocimiento de los actos reclamados.

Veamos.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan en el artículo 17(17) de la misma ley, el cual establece como regla general que la demanda de amparo deberá presentarse en el plazo de quince días y como excepción a esa regla se encuentran los supuestos previstos en las fracciones I a IV del propio precepto.

El artículo 18(18) de la misma ley, establece tres supuestos a partir de los cuales deben comenzar a computarse esos plazos a que alude el numeral 17, a saber:

a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o

b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o,

c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008, estableció que los tres supuestos que se mencionan en el artículo 21 de la ley abrogada, similar al 18 de la Ley de Amparo vigente, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; y que si en autos obra prueba fehaciente de que el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente, el cómputo de los quince días debía realizarse a partir de la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento de aquél, siempre y cuando se acredite plenamente que conoció de manera completa el acto reclamado.

Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010,(19) de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ."

En la demanda de amparo, si bien la quejosa manifestó que acudió ante la autoridad investigadora responsable, lo cierto es que no señaló el día en que lo hizo y además, indicó que en la carpeta no "SE ENCONTRABA" ningún oficio, por lo que ello de modo alguno constituye una confesión expresa de su parte en el sentido de que conoció el acto reclamado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, como indebidamente se estableció en la sentencia recurrida, pues para ello era necesario que expresamente manifestara que tuvo conocimiento pleno del acto reclamado ese día,(20) lo que no hizo, antes bien, señaló que tuvo conocimiento del mismo el veintidós de febrero de ese año.

De igual forma, no obstante que de las constancias de la carpeta de investigación de origen –que obran en el anexo I del juicio de amparo–, se advierte que la ahora quejosa compareció el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, ante la autoridad investigadora, en compañía de dos defensores privados, no existe constancia o certificación de que en esa fecha tuvo acceso al contenido completo de esa carpeta y tuvo conocimiento pleno o fehaciente de todas y cada una de las actuaciones contenidas en la misma, entre ellas, el acuerdo que ordenó girar el oficio relacionado con el folio real electrónico que reclama.

Es así pues en dicha carpeta solamente consta que en esa fecha compareció la quejosa, que se le dieron a conocer sus derechos, que realizó la designación de dos defensores privados y que éstos solicitaron se les permitiera acceso e imponernos del contenido de la carpeta de investigación, empero no existe constancia o certificación de que efectivamente se les dio ese acceso y que allí estaba contenido ese acuerdo.

Asimismo, al rendir su "DECLARACIÓN IMPUTADO", únicamente se manifestó sabedora de la imputación que obraba en su contra y se reservó el derecho para contestar la denuncia e incluso solicitó copias simples de todas y cada una de las constancias que obran en la carpeta de investigación, las que según constancia de veintidós de febrero de ese año, se recibieron por uno de sus defensores privados; que fue la fecha señalada por la quejosa en su demanda como de conocimiento del acto reclamado.

De ahí que la comparecencia de veinticinco de enero de ese año no constituye prueba directa del conocimiento pleno del acto reclamado por parte de la quejosa en esa fecha y sólo es una presunción de la juzgadora de amparo en ese sentido, la cual no puede servir de base para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia sin número,(21) de rubro: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO."

Por tanto, al tener en cuenta que no existe prueba de que la quejosa conoció el acto reclamado en la fecha señalada en la sentencia recurrida, sino que fue hasta el veintidós de febrero de dos mil veintitrés –por así manifestarlo en su demanda y existir constancia de que en esa fecha su abogado defensor recibió copias simples de la carpeta de investigación–; entonces, la presentación de la demanda de amparo realizada dos días después está dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, sustento del sobreseimiento.

Así, con fundamento en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado procede al examen de las causas de improcedencia invocadas en el juicio de amparo y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia.

La autoridad responsable ejecutora, en su informe justificado planteó que no existía afectación jurídica a los derechos de la quejosa, ya que la custodia del folio real electrónico señalado derivó de un requerimiento formulado por autoridad ministerial y, que en consecuencia, se actualizaban las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 61, fracciones XII(22) (falta de interés jurídico), XVII(23) (cambio de situación jurídica) y XXIII,(24) así como 63, fracción V,(25) todos de la Ley de Amparo.

Los anteriores argumentos de improcedencia y sobreseimiento, son inoperantes. Es así, por cuanto que quien las formula no expone las razones de que el hecho de que la "custodia del folio real" haya derivado de un requerimiento ministerial haga improcedente el juicio de amparo; es decir, por qué ello priva de interés jurídico a la quejosa y ocasiona un cambio de situación jurídica, especialmente si ésta acude como titular registral del folio real electrónico al que se dirige el acto reclamado y además, lo reclamado en este juicio empieza por ese requerimiento ministerial, de modo que el hecho de que la autoridad registral lo haya "custodiado" no hace sino materializar la afectación que surge de esa actuación ministerial reclamada.

Por consiguiente, debe revocarse la decisión de sobreseer en el juicio y, en su lugar, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, reasumir jurisdicción y atender el fondo del asunto.

III. Estudio de fondo. Son en parte inoperantes y, en otra, en esencia, fundados una parte de los conceptos de violación y suficientes para otorgar a la quejosa la protección federal.

En efecto, como conceptos de violación sostiene la quejosa:

i) Que la autoridad investigadora responsable pretende privarla de sus bienes, sin fundar y motivar su determinación y sin que se acredite el cuerpo del delito y probable responsabilidad penal.

ii) Que como persona imputada en la carpeta de investigación tiene derecho a una defensa adecuada, por lo que es necesario tener acceso a los datos que obran en la misma; que no contaba con los elementos suficientes para ofrecer datos de prueba para desvirtuar la investigación y posible imputación.

iii) Que en el acto reclamado no se respetó su garantía de audiencia ni las formalidades esenciales del procedimiento.

iv) Que los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales regulan la manera en que el probable responsable de la comisión de un delito esté presente en todas las etapas del proceso y establecen las formas de conducción del imputado al proceso penal, entre las que se encuentra la orden de aprehensión, que requiere necesidad de cautela.

Los conceptos de violación ii) y iv) son inoperantes toda vez que se dirigen a cuestiones ajenas a los actos reclamados, al aducir violación al derecho de defensa adecuada en relación a la acreditación del delito y probable responsabilidad penal y a los requisitos de la orden de aprehensión como forma de conducción al proceso, cuando la materia de la litis del juicio de amparo trata de la custodia o aseguramiento de un folio real electrónico.

En cambio es en esencia fundado el concepto de violación iii).

Es así porque, como se verá enseguida, el acuerdo reclamado en el que la autoridad ministerial responsable ordenó una técnica de investigación que implica el aseguramiento del folio real electrónico de la quejosa, sin que se estuviera ante un delito flagrante, debió sujetarse a control judicial; al margen de si el inmueble que ampara es instrumento, objeto o producto del delito o si tenía una posible relación con el ilícito investigado o constituía un acto de molestia –y no privativo de derechos–.

Ciertamente, no se está ante la presencia de un asunto que debiera calificarse de flagrancia delictiva, en términos del numera 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(26) que justificara la retención o custodia de dicho bien sin orden judicial, pues no se llevó a cabo en el mismo momento, ni inmediatamente después del hecho delictivo denunciado; razón por la que la orden que se contiene en el acuerdo reclamado –abstenerse de realizar cualquier anotación preventiva o definitiva y poner en custodia el antecedente registral del folio real electrónico número 1231259 Auxiliar 26, del cual la quejosa es titular registral– implica el aseguramiento de dicho folio perteneciente al inmueble multicitado y, por ende, sí vulnera derechos fundamentales de la ahora quejosa, porque se le transgrede el derecho sustantivo de propiedad, al limitar la libre disposición de ese bien, en la medida que impide que se lleven a cabo movimientos registrarles, hasta en tanto subsista el aseguramiento o custodia del folio real electrónico como técnica de investigación.

Para justificar tal afirmación, cabe precisar que una de las innovaciones y que representa uno de los pilares del nuevo sistema, consistió en la introducción de la figura de los jueces de Control en el artículo 16, párrafo catorce, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(27) los cuales tienen como función constitucional primordial autorizar las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial.

Adminiculado a ello, los artículos 137, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(28) ubicados en el capítulo I, con el título medidas de protección y providencias precautorias, prevén cuándo procederán y en qué caso se deben decretar las medidas de protección y providencias precautorias, la duración de éstas, así como cuándo deben de cesar sus efectos, solicitud que se debe solicitar al juez de Control.

Luego del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(29) que se contiene en el capítulo tercero, bajo el título técnicas de investigación, se desprende que serán asegurados los bienes, los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste; serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, conforme a los mecanismos que se establezcan para su resguardo, atendiendo a la naturaleza del bien y la peligrosidad de su conservación.

Y el numeral 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala:

"Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de Control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de Control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes:

"I. La exhumación de cadáveres;

"II. Las órdenes de cateo;

"III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;

"IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma;

"V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y

"VI. Las demás que señalen las leyes aplicables."

Precepto legal que refleja una lista de hipótesis en la que los actos deberán estar sujetos a control judicial; es decir, contiene la regla general consistente en que la intención del legislador fue prever el control o aprobación judicial para todos aquellos actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución y requieren de autorización previa por parte del juez de Control; al margen de que si se trata de actos privativos o actos de molestia.

Es pertinente hacer énfasis en que resulta irrelevante que los actos de investigación no sean privativos. Es así, ya que los actos de molestia también representan interferencias, afectaciones o violaciones a los derechos humanos (aunque se encuentren constitucionalmente autorizadas, al no ser derechos absolutos).

En otras palabras, los perjuicios a los gobernados pueden presentarse tanto en los actos de privación como en los de molestia, sean o no definitivos, como bien puede ser en los casos en que se trastoque el derecho de posesión. Es decir, el numeral 252 de la legislación en comento, en su primer párrafo, supedita la validez de los actos de investigación atentatorios de los derechos fundamentales de los gobernados, a la autorización previa del correspondiente juez de Control, quien ponderará la pertinencia, fundamentación, motivación y justificación de la medida solicitada por el ministerio público.

Más aún que el aseguramiento del folio real electrónico relativo al multicitado inmueble no se encuentra dentro de las actuaciones en que no se requiere control judicial, en términos del artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Incluso, como más adelante se expone, de la normatividad procesal aplicable, en concordancia con el artículo 16, párrafo catorce, constitucional, se deriva que la aprobación judicial de los actos de investigación, entre ellos, el aseguramiento de bienes, constituyen la regla general y no la excepción, como ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro orden de ideas, es importante señalar que de la interpretación gramatical de los artículos 52 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(30) se desprende que una vez que la autoridad judicial reciba la petición sobre aseguramiento de bienes, fijará fecha de audiencia y en ésta, emitirá de forma oral la resolución correspondiente, la cual, también deberá dictar de forma escrita inmediatamente después a la declaración en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas.

Además, los artículos 127, 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(31) señalan que compete al ministerio público conducir la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Además, que el ministerio público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.

También que la investigación debe ser objetiva y referirse t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32538-24b28fed/aseguramiento-del-folio-real-electronico-de-un-inmueble · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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