INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el doce de febrero de dos mil cuatro el recurso de revisión 142/2004, son en lo que interesa, las siguientes:
"SEXTO. Es esencialmente fundado el agravio hecho valer por el inconforme relativo a que en la especie se actualiza la causal de excepción para promover la demanda de garantías en cualquier tiempo, por lo que se debe revocar la sentencia recurrida y entrar al estudio de fondo. En principio, resulta conveniente destacar que la decisión del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio de garantías se sustentó en la consideración de que el acto reclamado no constituye una determinación que afecte la libertad personal del quejoso, al estimar que éste se encuentra privado de ella por estar compurgando pena de prisión impuesta en sentencia definitiva emitida por la entonces Décimo Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y que el hecho de que en la interlocutoria de trece de marzo de dos mil tres, que reclamó en el amparo, se confirmara lo resuelto en el incidente en que solicitó la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena de prisión realizada en primera instancia, no implicaba que se hubiera impuesto pena privativa de libertad alguna. Contrario a lo anterior, es dable señalar que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tienen como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad que en ese momento disfruta, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia de su situación actual de privación de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En la especie, el acto reclamado, como se ha dicho, es la interlocutoria emitida por la Sala responsable con motivo de la apelación interpuesta contra lo resuelto en el incidente en que se solicitó la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión, determinación que tiene como objeto constatar que la conducta del sujeto activo originalmente estimada delictiva, conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión, en efecto sigue siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, ello para determinar si subsiste la pretensión punitiva del legislador en la tipificación de la conducta que se le atribuye; luego, de estimar la subsistencia delictual, en términos de lo que dispone el artículo cuarto transitorio del nuevo Código Penal para el Distrito Federal, la autoridad judicial puede efectuar la traslación del tipo, lo cual implica el análisis pormenorizado de los elementos que determinan la configuración del ilícito conforme a la descripción típica abrogada, frente a la nueva legislación que permita establecer la certeza de su reubicación; examen que dará lugar a la exposición de razones o motivos para justificar su punibilidad conforme a la conducta y modalidades respectivas, cuya validez dependerá de que se mantengan en sustancia los mismos elementos que la configuran; después de efectuar el análisis anterior, debe aplicar la ley más favorable al inculpado o sentenciado, tanto en los elementos requeridos para la configuración del ilícito y sus modalidades, como en las sanciones previstas por su comisión. Para ello, la aplicación en la hipótesis correspondiente entraña necesariamente atender a los principios de irretroactividad de la ley penal y de aplicación de la ley más favorable al inculpado, recogidos como el derecho positivo en los artículos 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del nuevo ordenamiento punitivo para esta ciudad, en el sentido de que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena, entrare en vigor una ley aplicable al caso, la autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal, deberá aplicar de oficio la ley que más le favorezca al inculpado o sentenciado; de ahí que la traslación del tipo y adecuación de las penas constituye para éstos un derecho reconocido por ley. Precisado lo anterior, habrá de señalarse que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace su derecho de estar libre o en su caso, modificar las condiciones e incluso la temporalidad en que tal privación debe efectuarse, mediante ciertos requisitos que la ley prevé. Uno de los medios que el legislador estableció para modificar las condiciones en que la privación de la libertad debe cumplirse, es precisamente a través del incidente de que se trata, el cual contiene un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, siempre y cuando la propia ley así lo establezca, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, de manera que la resolución que entrañe la reducción de una sanción, aun cuando es emitida en un momento distinto de la sentencia condenatoria, al ser una exteriorización de la función jurisdiccional, debe considerarse como parte integrante de la misma, al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. Bajo ese contexto, lo resuelto en el incidente que nos ocupa, constituye sin lugar a dudas una posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión impuesta por la autoridad judicial, por tanto, lo determinado en éste, en los términos antes anotados, permite establecer que se trata de un acto que afecta la libertad personal del individuo, ya que cuando se ha solicitado por el reo la traslación del tipo y adecuación de la pena de prisión que tiene precisamente como finalidad de reducir y en algunos casos, incluso, suprimir la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por el órgano judicial, o resuelto por la autoridad correspondiente en dicha incidencia, al margen del sentido en que lo haga implica que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por lo decidido en aquella determinación. En efecto, la resolución que decide en torno a la reducción de la pena privativa de libertad constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es verdad que esa privación deriva de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que como consecuencia de aquella determinación, es factible que continúe privado de su libertad. Así las cosas, si como se ha mencionado, la resolución dictada en el incidente en el que se solicita la traslación del tipo y la reducción de la pena de prisión, entraña un acto que afecta la libertad personal del individuo, es claro que esas determinaciones se ubican en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo. Al respecto, es aplicable en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 56/2001, publicada en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, del tenor siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO, PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.’ (se transcribe) ...".
La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis:
"AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y REDUCCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Lo resuelto en el incidente respectivo tiene como objeto constatar que la conducta del sujeto activo originalmente estimada delictiva, conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión, sigue siéndolo en términos del nuevo ordenamiento y, por consiguiente, aplicar la ley más favorable al reo, tanto en los elementos requeridos para la configuración del ilícito y en su caso, sus modalidades, como en las sanciones previstas por su comisión, resolución que, si bien, es emitida en un momento distinto de la sentencia, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, ya que entraña la posibilidad de que se determine la permanencia o no de su privación de libertad o se modifiquen las condiciones en que ésta debe cumplirse; de ahí que este tipo de resoluciones, se ubiquen en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y contra ellas pueda promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo.
"Amparo en revisión 142/2004. Dionisio Alfaro Pérez. 12 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretario: Javier Humberto Domínguez Aguilar."
CUARTO. Las consideraciones del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el veintinueve de agosto de dos mil tres, el recurso de revisión 1350/2003, en lo que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Los agravios esgrimidos por el recurrente son infundados, por las siguientes consideraciones. En efecto, la determinación emitida por el Juez Cuarto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en que resolvió sobreseer en el juicio de garantías promovido por el aquí recurrente, no le causa a éste los agravios que aduce, porque tal como lo señaló el a quo en la sentencia recurrida, en el juicio de garantías se actualizó plenamente la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en donde se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218 de esa propia ley. Ello es así, porque, por una parte, si el ordinal 21 citado dispone que el término de la interposición de la demanda de amparo es de quince días, y luego, si el propio amparista en su escrito inicial de demanda señaló que la determinación reclamada le fue notificada el siete de febrero de dos mil tres, luego entonces, el aludido término de quince días con que contaba para hacer la promoción del juicio de garantías, transcurrió del diez al veintiocho de febrero de este mismo año, con exclusión de los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés por ser inhábiles, pero si la demanda la presentó hasta el veintinueve de abril siguiente, es evidente la extemporaneidad de la misma y, por tanto, se infiere que tácitamente consintió el acto reclamado como lo establece la aludida fracción XII del numeral 73 en comento, resultando en consecuencia improcedente la instancia constitucional, así que correctamente la autoridad de amparo, con fundamento en el ordinal 74, fracción III, resolvió sobreseer en el juicio de garantías en cuestión. Ahora bien, los agravios que hace valer el inconforme son en el sentido de que el acto reclamado constituye una sentencia que está modificando otra sentencia condenatoria, en que le fue impuesta una pena de prisión que afecta su libertad personal que, por tanto, la resolución reclamada al ser un acto que ataca la libertad personal queda exento del término de quince días a que hace referencia el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que no debe tenerse como consentido ya que la promoción de la demanda puede hacerse en cualquier tiempo. Agravio que debe desestimarse, pues no es verdad que el proveído de veintiocho de enero de dos mil tres, sea un acto que importe o ataque la libertad personal del hoy recurrente, toda vez que su libertad se encuentra restringida con motivo de la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia de segunda instancia, dictada en su contra el veintitrés de noviembre de dos mil uno, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en que fue condenado a compurgar diez años de prisión, pero de ninguna manera se encuentra preso con motivo del proveído de veintiocho de enero del año en curso que en amparo reclama, en virtud de que en este proveído únicamente se analizó si debía de reducirse o no la pena de prisión que ya le había sido impuesta en sentencia definitiva y que ya se encuentra compurgando, pero no que se le esté imponiendo en dicha determinación, esa sanción privativa de libertad, por lo que es incorrecto que el revisionista considere que el acto reclamado constituye una sentencia definitiva que esté afectando su libertad personal. En esa tesitura, es evidente que la determinación reclamada no constituye un acto de los señalados en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, en que se prevén los casos de excepción a lo establecido en el mencionado numeral 21 de esta misma ley, es decir, no es un acto que pueda ser reclamable en amparo en cualquier tiempo, sino que debe constreñirse al plazo de quince días que se estipula en este último numeral, así que al no haberse impugnado dentro de dicho plazo, trae como consecuencia que se considere como consentido tácitamente. Por cuanto hace al distinto agravio hecho valer, en el que se argumenta que dentro de las actuaciones no existe constancia de la notificación respectiva del acto reclamado, sino que únicamente obra la manifestación del recurrente, de que le fue notificado el siete de febrero de dos mil tres, lo cual no es base ni fundamento para decretar el sobreseimiento por consentimiento. Dicho argumento es igualmente infundado, pues la circunstancia de que el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda haya señalado que el acto reclamado le fue notificado el siete de febrero de dos mil tres, incuestionablemente que sí debe tomarse en cuenta como punto de partida para determinar el momento en que debe comenzar a computarse el término legal de quince días para la promoción del juicio de garantías, porque con tal manifestación el promovente se ostentó sabedor del acto reclamado precisamente en esa fecha, de tal forma que en acatamiento a lo estipulado en el tantas veces citado artículo 21 de la ley de la materia, en que se dispone que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, es correcto que la autoridad de amparo comenzara a computar dicho término al día siguiente hábil que lo fue el diez de febrero de este año, para concluir el mismo el veintiocho del propio mes, siendo que la demanda fue presentada casi dos meses después de fenecidos los quince días, esto es, el veintinueve de abril de dos mil tres y, por ende, su extemporaneidad."
Cabe mencionar que el criterio sostenido en la ejecutoria recién transcrita no dio lugar a tesis expuesta de manera formal.
QUINTO. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que, para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, de modo que no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.
Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.
En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis, cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Precisado lo anterior, debe señalarse que en la especie, se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, al resolver los recursos de revisión 142/2004 y 1350/2003, respectivamente.
Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, en el amparo en revisión 1350/2003, no haya dado lugar a tesis expuesta de manera formal. Ello en virtud de que para que exista contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por los Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en el siguiente criterio jurisprudencial:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la ley fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relación:
Recurso de revisión 142/2004.
Quejoso: ...
Autoridad que conoció del juicio de amparo indirecto: Juez Cuarto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.
Acto reclamado: La interlocutoria emitida por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en trece de marzo del dos mil tres, con motivo de la apelación interpuesta contra lo resuelto en fecha nueve de enero de dos mil tres, en el incidente en que se solicitó la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión.
Resolución de amparo: La emitida el diecinueve de diciembre de dos mil tres, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito "B" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el amparo indirecto 1759/2003-5, mediante el cual sobreseyó el juicio de garantías por considerar se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso promovió la demanda de garantías fuera del plazo que para el efecto prevé el artículo 21 de la ley de la materia, por tanto, consintió tácitamente el acto reclamado.
Recurrente: ...
Autoridad que conoció del recurso de revisión: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Resolución recaída al recurso de revisión: La emitida con fecha doce de febrero de dos mil cuatro, en la que se declaró esencialmente fundado el agravio hecho valer por el inconforme relativo a que en la especie se actualiza la causa de excepción prevista en el artículo 22 de la ley de la materia, relativa al tiempo en que debe promoverse la demanda de garantías, por tratarse de un acto reclamado que atenta contra la libertad personal del quejoso; por tanto, se revocó la sentencia recurrida y se entró al estudio del fondo del asunto.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
La libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tienen como consecuencia material, privar al gobernado de la libertad que en ese momento disfruta, sino que tal afectación también surge de la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia de su situación actual de privación de la libertad personal, o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse.
Asimismo, considera que la interlocutoria que resuelva sobre la traslación del tipo y reducción de la pena, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una reafirmación o modificación a ésta.
Por tanto, dicha interlocutoria constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es verdad que esa privación deriva de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que como consecuencia de aquella determinación, es factible que continúe privado de su libertad.
En esa tesitura, es evidente que la determinación reclamada constituye un acto de los señalados en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, en que se prevén los casos de excepción a lo establecido en el numeral 21 de esta misma ley, es decir, pueda reclamarse en amparo en cualquier tiempo.
Recurso de revisión 1350/2003
Quejoso: ...
Autoridad que conoció del juicio de amparo indirecto: Juez Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.
Acto reclamado: La interlocutoria emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en veintiocho de enero de dos mil tres, con motivo de la apelación interpuesta contra lo resuelto en el incidente en que se solicitó la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión.
Resolución de amparo: La emitida el nueve de junio de dos mil tres, pronunciada por el Juez Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el amparo indirecto 771/2003-4, mediante el cual sobreseyó el juicio de garantías por considerar se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso promovió la demanda de garantías fuera del plazo que para el efecto prevé el artículo 21 de la ley de la materia y, por tanto, consintió tácitamente el acto reclamado.
Recurrente: ...
Autoridad que conoció del recurso de revisión: Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Resolución recaída al recurso de revisión: La emitida con fecha veintinueve de agosto de dos mil tres, en la que se declararon infundados los agravios hechos valer por el inconforme y, por tanto, se confirmó la resolución recurrida sobreseyendo el juicio de amparo de que se trata.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo:
La determinación emitida por el Juez Cuarto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, no le causa al recurrente los agravios que aduce, porque tal como lo señaló el a quo en la sentencia recurrida, en el juicio de garantías se actualizó plenamente la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en donde se dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218 de esa propia ley.
Esto es así, ya que el acto reclamado no es un acto que importe o ataque la libertad personal del hoy recurrente, toda vez que su libertad se encuentra restringida con motivo de la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia de segunda instancia, dictada en su contra, y de ninguna manera se encuentra preso con motivo del acto que reclama, pues no se le impuso en dicha determinación una sanción privativa de libertad.
En esa tesitura, es evidente que la determinación reclamada no constituye un acto de los señalados en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, en que se prevén los casos de excepción a lo establecido en el mencionado numeral 21 de esta misma ley, es decir, no es un acto que pueda ser reclamado en amparo en cualquier tiempo, sino que debe constreñirse al plazo de quince días que se estipula en este último numeral.
De la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores, se desprende que el Segundo y el Décimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión 142/2004 y 1350/2003, respectivamente, sí se pronunciaron en torno a un problema jurídico cuyas características y antecedentes resultan ser esencialmente idénticos, en los términos siguientes:
a) En ambos asuntos se resuelve un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia que resolvió un amparo indirecto, en el cual el acto reclamado lo constituyó una interlocutoria emitida por una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con motivo de una apelación interpuesta contra lo resuelto en el incidente en que se solicitó la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena de prisión.
b) En ambos casos, se sobreseyó el juicio de garantías porque se consideró se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque no se promovió la demanda dentro del plazo que para el efecto prevé el artículo 21 de la ley de la materia, que se consideró aplicable al caso con el argumento de que el acto reclamado no atenta contra la libertad personal del quejoso, y por lo mismo no constituye un acto de los señalados en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, en que se prevén los casos de excepción a lo establecido en el mencionado numeral 21 de esa misma ley y, por tanto, al no haber sido promovido en tiempo, se consideró tácitamente consentido.
c) Al dictar las ejecutorias que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinaron igual cuestión jurídica, esto es, si lo resuelto en un incidente en que se solicitó la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión, constituye o no un acto privativo de la libertad personal de los individuos y, consecuentemente, si constituye o no un caso de excepción de los previstos en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, supuesto que determinará la aplicabilidad del diverso 21 del mismo ordenamiento para la presentación de la demanda de amparo que, al respecto, se promueva.
d) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los amparos en revisión ante ellos presentados.
e) Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 142/2004, lo declaró fundado y consideró que la interlocutoria que decide en torno a la traslación del tipo y la consiguiente reducción de la pena privativa de libertad, constituye un acto que afecta la libertad personal del sentenciado, pues aun cuando es verdad que esa privación deriva de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que como consecuencia de aquella determinación, es factible que continúe privado de su libertad, y por lo mismo, es un acto de los señalados en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, y puede reclamarse en amparo en cualquier tiempo.
f) Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18498-dd5a26fe/incidente-de-traslacion-del-tipo-y-adecuacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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