SUSTITUCIÓN DE MULTA POR JORNADAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA VÍCTIMA O EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. LOS ARTÍCULOS 36 Y 39 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO SON CONTRADICTORIOS ENTRE SÍ, SINO QUE INTEGRAN UN SISTEMA COMPLEMENTARIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el trece de noviembre de dos mil tres el juicio de amparo directo número DP. 2282/2003, promovido por ... sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... si bien fue correcto que el tribunal de apelación estableció que la pena pecuniaria impuesta, el quejoso la debería de enterar a la autoridad fiscal correspondiente (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal), fue desacertado que estableciera que en el caso de que aquél acreditara que no podía pagar la multa impuesta se le sustituyera por treinta jornadas de trabajo no remunerado en favor de la comunidad, lo anterior en atención a que dejó de observar lo establecido en el artículo 39, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal en vigor (que debió aplicar en atención al principio de lo más favorable al reo, como a continuación se detalla), que dispone que cada jornada de trabajo saldaría dos días multa, por lo que si en la especie impuso treinta días, la sustitución debió corresponder a quince jornadas de trabajo; dicha medida sustitutiva efectivamente debía realizarse en términos del precepto 66 de la Ley Federal de Trabajo. Al respecto, se puntualiza que existe una contradicción entre lo dispuesto por el numeral 36, último párrafo y el precepto 39, primer párrafo, ambos del nuevo Código Penal, ya que respectivamente estipulan: ‘Artículo 36. ... Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. Cada día de prisión o cada día multa, será sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad.’. ‘Artículo 39. (Sustitución de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará dos días multa.’. En esas condiciones, ante la incompatibilidad de las disposiciones que se encuentran en pugna, debe atenderse al principio de lo más favorable al condenado; en tal virtud, como se indicó, la Sala responsable debió aplicar el último precepto en cita, en atención a que le resultaba benéfico al solicitante del amparo, pues la sustitución de los días multa es a razón de dos por cada jornada de trabajo." (fojas 54 a 55 del cuaderno de contradicción).
El criterio anterior, dio lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, enero de 2004
"Tesis: I.2o.P.75 P
"Página: 1543
"JORNADAS DE TRABAJO. PARA SU IMPOSICIÓN DEBE ESTARSE AL ARTÍCULO 39 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Al existir contradicción entre lo dispuesto por el numeral 36, último párrafo y el artículo 39, primer párrafo, ambos del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto a la forma de sustituir la sanción pecuniaria impuesta por jornadas de trabajo, la autoridad judicial debe atender al último precepto, en observancia del principio de estar a lo más favorable al reo; por ello, por cada jornada de trabajo deben saldarse dos días multa.
"Amparo directo 2282/2003. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: José Cuitláhuac Salinas Martínez."
CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el once de diciembre de dos mil tres el juicio de amparo directo número DP. 2494/2003, promovido por ... sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... Por cuanto al beneficio sustitutivo de la pena privativa de la libertad por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, se estima correcta la apreciación de la responsable, dado que ello se ajusta al numeral 84, fracción I, del precitado ordenamiento sustantivo local, que indica: ‘... El Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes: I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años.’, dado que la pena impuesta como se observa fue de tres meses de prisión; lo anterior acorde con lo dispuesto por el artículo 36, último párrafo, del mismo ordenamiento, que establece respecto al trabajo a favor de la comunidad: ‘... Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. Cada día de prisión o cada día multa, será sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad.’. No pasa inadvertido el contenido de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto: ‘JORNADAS DE TRABAJO, PARA SU IMPOSICIÓN DEBE ESTARSE AL ARTÍCULO 39 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). Y por su parte, el artículo 39, primer párrafo, de dicho ordenamiento establece: ‘(Sustitución de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará dos días multa.’. Pues al respecto se estima que se trata de supuestos distintos, pues en el primero de los preceptos indicados se alude a la imposición de esas jornadas como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa; en cambio, en el segundo de dichos numerales se habla de dicha sustitución por trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, pero en el caso de imposición como pena accesoria." (fojas 28 y 29 del cuaderno de contradicción).
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Así, se observa que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en esencia estima que existe una contradicción entre lo dispuesto por los artículos 36, último párrafo y 39, primer párrafo, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto a la forma de sustituir la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo, por lo que debe atenderse a lo que indica el numeral 39 en atención al principio de estar a lo más favorable al reo, por ser éste más benigno en la forma de sustitución.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, considera en resumen, que no hay contradicción entre los artículos en cuestión, ya que se trata de supuestos distintos, pues el primero alude a la imposición de jornadas de trabajo como pena autónoma o bien como sustitutiva de la pena de prisión o de multa; en tanto que el segundo habla de dicha sustitución en el caso de imposición como pena accesoria.
De lo expuesto se advierte:
a) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración, los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si existe o no una contradicción entre los artículos 36, último párrafo y 39, primer párrafo, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto a la forma de sustituir la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo.
b) Que la diferencia de criterios, se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.
c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados atendiendo al contenido de los artículos 36, último párrafo y 39, primer párrafo, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, arribaron a diferentes conclusiones.
De todo lo que se lleva dicho, se llega a la conclusión de que en el presente caso sí existe la contradicción de criterios denunciada entre los Tribunales Colegiados de Circuito referidos.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que textualmente establece lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Igualmente es aplicable el siguiente criterio de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte:
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, diciembre de 1993
"Tesis: 2a. VIII/93
"Página: 41
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así.
"Varios 29/92. Contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cinco votos. 19 de mayo de 1993. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como ya quedó apuntado, la presente contradicción consiste en determinar si existe o no contradicción entre los artículos 36, último párrafo y 39, primer párrafo, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto a la forma de sustituir la sanción pecuniaria por jornadas de trabajo.
En consecuencia, es pertinente conocer el texto de los artículos en aparente contradicción para desentrañar su sentido. Así, el artículo 36, contenido en el capítulo V "Trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad", dice lo siguiente:
"Artículo 36 (Concepto y duración). El trabajo en beneficio de la víctima del delito consiste en la prestación de servicios remunerados, en instituciones públicas, educativas, empresas de participación estatal o en empresas privadas, en los términos de la legislación correspondiente.
"El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva regule.
"En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora.
"El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral. La extensión de la jornada será fijada por el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún concepto se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el sentenciado.
"Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. Cada día de prisión o cada día multa, será sustituido por una jornada de trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad."
Por otra parte, el artículo 39, ubicado en el capítulo VI "Sanción pecuniaria", reza:
"Artículo 39 (Sustitución de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará dos días multa.
"Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por trabajo en favor de la comunidad, la autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo vigilancia, cuya duración no excederá del número de días multa sustituido, sin que este plazo sea mayor al de la prescripción."
De la transcripción anterior, se desprende una aparente antinomia al regular la sustitución de la multa por trabajo en favor de la víctima o a favor de la comunidad, pues el artículo 36, último párrafo, establece una fórmula de sustitución a razón de un día de trabajo por un día de multa y el numeral 39, primer párrafo, contempla un procedimiento a razón de un día de trabajo por dos días de multa.
El proceso legislativo seguido para la expedición del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal no arroja datos que puedan ser útiles para desentrañar el sentido de las normas en aparente conflicto.
En efecto, la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cuanto al apartado relacionado con las penas y medidas de seguridad, dice lo siguiente:
"3) El título tercero: ‘Penas y medidas de seguridad’. Lo más importante es:
"a) Se eliminan del catálogo de penas y medidas de seguridad aquellas que realmente no tienen operatividad como: el confinamiento, el apercibimiento, la amonestación y la caución de no ofender. Se conservaron aquellas que en realidad cumplen con la función de prevención general y de prevención especial. Por otra parte, se trasladan al lugar que les corresponde: la reparación de daños y perjuicios y las que se aplican a las personas jurídicas colectivas que integran el título de ‘Consecuencias accesorias del delito’.
"b) La pena de prisión se prescribe con un mínimo de tres meses y un máximo de cuarenta años, con la anotación expresa de que en casos excepcionales dispuestos en este mismo código la pena puede ser mayor. La razón de ser de este mínimo y de este máximo es la muy probada afirmación de los expertos en la materia de que ni las penas muy cortas ni las de muy larga duración son idóneas para lograr la prevención general y la prevención especial.
"Está demostrado, también, que la elevación de las penas no disminuye la delincuencia.
"c) La ‘Prohibición de ir a lugar determinado’, se sustituye por la ‘Prohibición de concurrencia o residencia’, figura que es más amplia y acorde con la función asignada.
"d) En lugar de la ‘Vigilancia de la autoridad’, se prescribe la ‘Supervisión de la autoridad’, que especifica más el alcance de esta pena.
"e) Se regulan, en forma más precisa y benéfica para el inimputable, los casos de tratamiento en internamiento o en libertad."
En lo que hace a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dice, en cuanto al tema de las consecuencias jurídicas del delito, lo siguiente:
"El título tercero se denomina de las consecuencias jurídicas del delito y en su sección primera, capítulo primero, figura el catálogo de penas, tanto las tradicionales, como las renovadas y aquellas otras que sólo recientemente han ingresado en el derecho penal mexicano, principalmente por orden de las reformas penales y penitenciarias de los últimos lustros.
"Queda claro que los llamados sustitutivos de la pena privativa de la libertad pueden funcionar, asimismo, como penas autónomas en aquellos casos que lo determina la propia iniciativa.
"Se considera que la pena de prisión no debe de tener una duración excesivamente breve que la convierta en medida inoperante o injusta, ni prolongarse en forma excesiva. De ahí que fije sus extremos de 3 meses por lo menos y 50 años, salvo los casos excepcionales señalados en el propio código.
"Ahora bien, la iniciativa reconoce que la prisión debe aplicarse sólo cuando resulte inevitable o muy conveniente. Por ello, es preciso optar en la mayor medida posible por los sustitutivos que el mismo proyecto establece.
"Éste es el rumbo que sigue buena parte del derecho penal contemporáneo, sin perjuicio de las pretensiones, por ahora impracticables, de abolir la pena privativa de libertad.
"En distintos momentos se ha incorporado en la legislación nacional una serie de sustitutivos de la privación de libertad de corta duración que mejoraron profundamente el catálogo que se reducía a la condena condicional y a la multa.
"Estos sustitutivos recogidos por el proyecto, ahora sometido a la consideración, son el tratamiento de libertad en imputables, la semilibertad, sanción pecuniaria, trabajo en favor de la comunidad y la suspensión condicional de la ejecución de la condena.
"De esa forma se renueva la reacción penal frente al delito que ya no queda encomendada con la frecuencia que se acostumbró a la pena privativa de la libertad. Como antes se dijo, estas medidas operan a título sustitutivo, pero también varios casos como penas aplicables directamente a delito cometido.
"En cuanto a la sanción pecuniaria, llamada a ser una pena cada vez más importante que tampoco debe utilizarse en forma indiscriminada y automática, la iniciativa postula el concepto de día-multa que atiende a las consideraciones de equidad en esta pena patrimonial.
"Efectivamente, la ley avanza en la individualización deseable y posible que no consigue cuando la sanción sea fijada en cantidades absolutas de pesos, además de que este antiguo criterio resulta impertinente en el contexto de una economía sujeta a cambios frecuentes e importantes; obviamente la aplicación correcta de los días-multa supone un adecuado conocimiento de los ingresos reales del reo.
"Se ha procurado mejorar la regulación de las sanciones consistentes en suspensión o privación de derechos, cargos o funciones e inhabilitación, así se tomen en cuenta tanto los casos en que esta suspensión, privación e inhabilitación, resulta de una norma legal de observancia forzosa como aquellos otros en los que provienen de la sentencia judicial. También se precisa en qué supuesto la sanción accesoria correrá conjuntamente con la principal y cuáles otros correrá, al concluir ésta.
"Con respecto a la publicación de sentencia, cabe decir que se tomen en cuenta las diversas posibilidades que plantean los modernos medios de comunicación, ya no se reduce a la prensa escrita la posible publicación de una sentencia con decir que las condiciones legales para ello, sino se considera también la publicación en otros medios modernos."
Y en lo que respecta a la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se expone lo siguiente:
"Título tercero
"Consecuencias jurídicas del delito
"La iniciativa hace una distinción entre las penas y las medidas de seguridad y considera a la reparación del daño como pena pública. ¿Cuál es la razón de esta definición de reparación del daño, doctrinariamente concebida como responsabilidad civil proveniente del delito? Una de las principales características de la presente iniciativa, es la contemplada en el título tercero denominada ‘ De las consecuencias jurídicas del delito’, tendiente a salvaguardar las garantías de la víctima u ofendido del delito, logrando con ello una efectiva protección que le permita hacer realidad la reparación del daño en cumplimiento a lo estipulado por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B, fracción IV, que recientemente se modificó y obliga al Ministerio Público a solicitar la reparación del daño.
"A su vez, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
"En el título en comento, se amplió el derecho a la reparación del daño no solamente en relación con las personas que dependan económicamente de la víctima u ofendido, sino a los ascendientes y descendientes aun cuando no exista dependencia económica. Lo anterior tiene la intención de subsanar a los afectados los obstáculos relacionados con la obligación de demostrar dicha dependencia económica, lo que conlleva aparejada una profunda injusticia, pues difícilmente es reparado el daño, la muerte de un hijo, por ejemplo, cuando no existe la dependencia económica en mención.
"La iniciativa postula, además, la creación de un fondo para garantizar la reparación del daño a víctimas u ofendidos por la comisión de delitos. La pretensión de dicho fondo tiene como finalidad el resarcir de los daños ocasionados por el delito a las clases más desprotegidas. Este fondo se obtendrá a través de la multa y la sanción económica.
"En suma, creemos que la naturaleza civil del resarcimiento de daños y perjuicios, derivados del delito, debe mantenerse en lo que hace a terceras personas, no así en lo que respecta al ofendido o víctima del delito, pues obligar a la víctima, después de sufrir las consecuencias del ilícito, a seguir un engorroso procedimiento civil ante el Juez penal.
"Obligándola a promover por cuerda separada un incidente de reparación, acabaría por afectar a la población con menos recursos, recargaría la labor del Juez y dilataría, innecesariamente, la satisfacción restitutoria.
"La reparación del daño debe seguir siendo ‘pena pública’, por una parte para despertar la mayor atención posible hacia la víctima del delito y, por la otra, para responsabilizar a una instancia estatal, como lo es el Ministerio Público, de la búsqueda y consecución, en lo posible, de la acción reparadora. Sin que lo anterior sea óbice para que, facilitada la coadyuvancia, pueda la víctima colaborar cercanamente con el representante social en la obtención del resarcimiento de los daños.
"Así, señala la iniciativa que: ‘Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el Juez Penal, en virtud del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria podrá recurrir ante la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.
"Cuando la reparación del daño deba exigirse a un tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio Código de Procedimientos Penales’."
El dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dice respecto al tema en estudio, lo siguiente:
"Título tercero, que se integra con trece capítulos, como se enuncia a continuación, catálogo de penas, medidas de seguridad y consecuencias jurídicas, en principio se hace una adecuada separación entre las penas, medidas de seguridad y las consecuencias jurídicas accesorias que de forma progresiva e integral se describen, con prisión se clarificó el rango, que será de tres meses como mínimo y de cincuenta años de prisión como máximo, aun en el cumplimiento sucesivo, tratamiento en libertad en imputables, que según las modalidades de cada caso consisten en medidas de carácter laboral, educativas, curativas o cualquiera; durante el tiempo señalado para que no vuelva a delinquir, pudiendo ponerse como pena autónoma o sustantiva de la de prisión, adicionalmente se contemplará conjuntamente con alguna o algunas medidas de seguridad.
"Semilibertad, que será la alternancia entre periodos de libertad y privación de la misma, cumpliéndose con la modalidad de externación durante la jornada de trabajo y reclusión de fin de semana, salida el fin de semana y reclusión en ésta, salida diurna y reclusión nocturna o viceversa, pudiendo imponerse también como pena autónoma o alternativa, señalamiento puntual requiere esta novedosa figura del trabajo en beneficio de la víctima que, sin duda, habrá de contribuir a que las víctimas del delito, que en estricto sentido no obtienen beneficio alguno con saber que los responsables cumplen una determinada condena, sin ver que los daños y perjuicios no les son cubiertos teniendo en consecuencia que enfrentar el drama solos y sin protección, por eso como una forma para contribuir a que la justicia tenga un verdadero sentido y cumpla con su cometido que está plasmado en nuestra norma fundacional, se prevé que el responsable de la comisión de un delito que haya causado daños y perjuicios, desarrolle una actividad remunerada cuyo producto se aplicará al pago de éstos, fuera de su horario habitual e indispensable para la realización de la actividad económica para su propia subsistencia, la jornada impuesta será establecida por el Juez y se realizará en instituciones públicas, educativas, empresas de participación estatal o empresas privadas con las que el Fondo para la Reparación del Daño a las Víctimas del Delito, tengan celebrados convenios, toda vez que será el fondo el organismo que opere esta modalidad de reparación del daño y por tanto solvente a las víctimas, por lo que la actividad será de interés público, se regula también el trabajo a favor de la comunidad con la diferencia de que éste no es remunerado, la sanción pecuniaria, que se integra con otros elementos como son la multa, la reparación del daño y sanción económica.
"Para el caso de la multa, se define a ésta como el pago de una cantidad en dinero al Gobierno del Distrito Federal, que se fija en días multa, los cuales para cuantificar su monto, se considera la percepción neta diaria del agente al momento de cometer el ilícito o las modalidades para el momento consumativo de éste, dicha cantidad en su caso, no será menor al equivalente del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, la multa no será menor a un día, ni mayor a cinco mil días, con excepción de lo que el propio código establezca, se contempla la posibilidad de sustituir la multa por trabajo en beneficio de la víctima o en su defecto a favor de la comunidad, se prevé adicionalmente la posibilidad de que el Juez podrá establecer plazos razonables para el pago en parcialidades del importe total de la multa, los que no serán mayores a un año en su conjunto y finalmente se destaca el destino de la multa que en el nuevo código se contempla se aplique de forma preferencial al Fondo para la Reparación del Daño, que contempla el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometer el ilícito, la restitución de la cosa obtenida en la comisión del delito, incluyendo sus frutos y accesorios, el pago del daño moral sufrido e incluye el pago de tratamientos curativos para la recuperación de la salud psíquica o física en su caso, el pago de los perjuicios ocasionados y el pago de salarios o percepciones a la víctima cuando por lesiones se le ocasione incapacidad para trabajar en la actividad preponderante de éste, quien tendrá que resolver lo procedente con los elementos de prueba que el Ministerio Público aporte de forma insoslayable.
"Se define quiénes tendrán la obligación de reparar el daño, siendo esos, los tutores, curadores o custodios por los ilícitos que cometan los inimputables a su cargo, los propietarios o encargados de negociaciones por los delitos que cometan sus obreros o empleados, con motivo o en el desempeño de sus actividades asignadas, también lo serán las sociedades o agrupaciones por los delitos de sus socios o directivos de forma proporcional a las obligaciones que las leyes correspondientes le impongan, bajo este concepto el Distrito Federal responderá por los delitos de sus servidores públicos, sin limitación para que éste repita contra el funcionario responsable, para así clarificar lo que la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18274-c1c2d310/sustitucion-de-multa-por-jornadas-de-trabajo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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