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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL HECHO DE QUE SE HUBIESE CUBIERTO LA SANCIÓN PECUNIARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, NO SIGNIFICA QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD A LA QUE TAMBIÉN FUE CONDENADO EL REO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18032
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 158.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Asimismo, procede que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aboque al estudio de la presente contradicción de tesis y emita la resolución que en derecho proceda.

Ahora bien, con la finalidad de precisar y determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones en que sustentaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Así se tiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al emitir su resolución el trece de mayo de dos mil dos, en el juicio de amparo directo número DP. 612/2002 promovido por ... en la parte que aquí interesa sostuvo, sustancialmente, lo siguiente:

"TERCERO. No serán motivo de estudio la sentencia reclamada ni los conceptos de violación expuestos, porque este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, advierte que resulta improcedente la vía constitucional intentada, en relación con el acto que reclamó el peticionario de garantías de la Sala responsable, en atención a que concurre la causal prevista en la fracción XI del dispositivo en cita, que obliga a su examen la aleguen o no las partes, como así lo dispone la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que este tribunal hace suya, observable en la página 95 del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor siguiente: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En primer término, debe tenerse presente que toda pena es consecuencia de un delito; en ese entendido, es claro que la reparación del daño, como se trata de una sanción pecuniaria, en términos de lo establecido en el dispositivo 29, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, directamente está vinculada con la comisión del ilícito y la determinación de la responsabilidad penal del acusado en su realización, ya que sólo puede imponerse una vez que se realizó el juicio de reproche al inculpado, derivando su aplicación como consecuencia necesaria de ese pronunciamiento, lo anterior se colige de una interpretación armónica del párrafo tercero del artículo 14 constitucional, así como el párrafo primero del numeral 7o. del Código Penal citado. Ahora bien, hecho lo anterior cabe resaltar que de las constancias que integran la causa, se observa que posterior al pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia que constituye el acto reclamado, por escrito de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y nueve (foja 537), que fue presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Quinto Penal del Distrito Federal, el amparista exhibió billete de depósito con que cubrió la suma a que fue condenado por concepto de reparación del daño, dicha promoción en la parte conducente es del tenor siguiente: ‘Que vengo por medio del presente escrito, con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 232 y 243 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Distrito Federal, con el fin de exhibir el billete de depósito número K 103977, el cual fue expedido por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, esto con el fin de cubrir el importe de la reparación del daño a que se me condenó en el momento de que su Señoría me dictó sentencia en el presente juicio. Asimismo ... solicito de su Señoría se me expida copia debidamente certificada del acuerdo que recaiga respecto del presente escrito; a dicha solicitud se dictó el auto condigno (foja 538) en que se tuvo por admitido el ocurso y billete citados, este último se dejó a disposición del ofendido, a quien se le notificó el proveído de referencia.’. Como se colige de lo expuesto, en la especie se advierte que con la exhibición del importe establecido por concepto de reparación del daño, el peticionario de garantías estuvo conforme con los términos de esa condena y, consiguientemente, al ser ésta una consecuencia del pronunciamiento respecto de su responsabilidad penal en cuanto al delito de extorsión, el someterse a esa sanción implicó una manifestación de voluntad que entrañó el consentimiento de los términos en que fue pronunciado el acto reclamado; ya que, precisamente, al tomar en cuenta que la sanción pecuniaria impuesta derivaba de la comprobación tanto del cuerpo del delito como de la responsabilidad penal en que incurrió el impetrante de garantías en su comisión, por tales motivos al haber dado cumplimiento a esa parte de la sentencia condenatoria implicó un sometimiento a los términos de aquella resolución, puesto que necesariamente importaba que previamente hubiera aceptado las sanciones impuestas y, consiguientemente, los aspectos que sustentaban éstas. En tales condiciones, al advertirse que la exhibición de la garantía debe estimarse como una manifestación de voluntad que involucraba su consentimiento en relación con el acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del numeral 73 de la Ley de Amparo, motivo por el que es procedente con fundamento en lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, de la ley citada, sobreseer en el juicio. Tal declaratoria debe también hacerse extensiva al acto de ejecución reclamado de la restante autoridad, debido a que no fue reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 73, fracción XI, 74, 76, 77, 78 y 184 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ... contra los actos que reclamó de la Novena Sala Penal (actualmente Segunda Sala Penal) del Tribunal Superior de Justicia (como autoridad ordenadora) y Juez Décimo Quinto Penal (como ejecutora) ambas del Distrito Federal, que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia."

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dos, los juicios de amparo directo números DP. 1360/2002 y DP. 1650/2002 promovidos por ... respectivamente, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:

Amparo directo 1360/2002.

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Previo al estudio de los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, en el caso concreto se estima necesario señalar que en los autos de la causa penal donde fue emitida la sentencia que es motivo de análisis en el juicio de garantías que hoy se resuelve, aparece demostrado que: a) Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil uno ante el Juez Quincuagésimo Noveno Penal del Distrito Federal, el enjuiciado ... expuso: ‘que por medio del presente escrito venimos a dar cumplimiento al punto resolutivo segundo de la resolución judicial de segunda instancia dictada dentro del presente proceso penal por la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en fecha ocho de noviembre del año en curso; así como el resolutivo tercero y considerando cuarto de la sentencia de primera instancia dictada por su Señoría en fecha ... exhibiendo para tal fin billete de depósito número K279818, expedido a nuestro nombre por Nacional Financiera, S.N.C., en fecha diez del presente mes y año, mismo que ampara la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de restitución de la cosa obtenida proveniente del delito por el cual se nos condenó.’. b) Escrito el anterior del cual el Juez de la causa proveyó: ‘en consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar por lo que en este acto se tiene exhibiendo a dichos sentenciados la reparación del daño a la que fueran condenados en forma solidaria y mancomunadamente por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/1000 M.N.); en tales condiciones se da por satisfecha la reparación del daño a los sentenciados de mérito.’. c) Por comparecencia del sentenciado ante el aludido Juez el veintiuno de diciembre de dos mil uno, manifestó: ‘que en este acto reciben los recibos de pago de la Tesorería del Distrito Federal, el primero con folio 142468 y el segundo con folio 142469, ambos por la cantidad de $1,008.75 (un mil ocho pesos con setenta y cinco centavos), por concepto de multa que les fue impuesta, mediante resolución de la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha ocho de noviembre de 2001 (dos mil uno).’. d) Comparecencia respecto de la cual se acordó: ‘en consecuencia se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, por lo que en este acto se tiene a los sentenciados de mérito dando cumplimiento a la multa que les fue impuesta mediante resolución de la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.’. Lo que pudiera de algún modo considerarse como un consentimiento tácito del quejoso ... respecto de la sentencia que en este juicio de amparo reclama, al dar cumplimiento con algunas de las penas a las que fue condenado, esto es, el haber pagado la multa impuesta como pena secundaria a la de prisión por la comisión del delito, así como la de reparación del daño, y que conllevara a establecer que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en que se establece que el juicio de amparo es improcedente ‘contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento’; empero, a criterio de este órgano colegiado, cuando el sentenciado ha pagado la multa que le fue impuesta en sentencia definitiva como pena accesoria a la privativa de la libertad personal, o bien, hubiere cumplido con la reparación del daño a que también fue condenado en la misma resolución, aparentemente implica un consentimiento de dicha determinación; sin embargo, ese consentimiento no puede hacerse extensivo a la pena de prisión que como sanción principal le fue impuesta al enjuiciado, sobre todo cuando excede del término de cuatro años que es el límite máximo para la obtención de algún beneficio de sustitución de la misma y de condena condicional, acorde a lo establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal aplicable, pues resulta obvio que, en tal caso, difícilmente puede considerarse que el sentenciado está de acuerdo con la sanción que lo tiene privado de su libertad personal y de la cual no se le concedió sustitutivo alguno, precisamente por exceder del límite máximo, por tanto, para que en este supuesto hubiera consentimiento respecto de la sanción restrictiva de la libertad, éste tendría que ser expreso; caso distinto ocurre cuando la pena de prisión es inferior a cuatro años y se concedió por lo menos un sustitutivo de la misma (multa, tratamiento en libertad, tratamiento en semilibertad, trabajo a favor de la comunidad o la condena condicional), pues el acogerse a este beneficio evidentemente implica el consentimiento tácito de la sanción que se sustituye, porque el sentenciado opta por cumplir con el sustitutivo concedido, en lugar de permanecer preso hasta la extinción de la pena privativa de libertad. Así que si el sentenciado ocurre al amparo directo en contra de la sentencia que le impuso una pena mayor de cuatro años de prisión, dicha vía legal es totalmente procedente aun en el supuesto de que haya cumplido con las penas accesorias como son la multa, la reparación del daño u otra prevista para el delito de que se trate, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por lo antes considerado, en la especie no se actualiza la indicada causa de improcedencia y, por ende, lo procedente es realizar el estudio de legalidad de la sentencia impugnada."

Amparo directo 1650/2002.

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Previo al estudio de los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, en el caso concreto se estima necesario señalar que en los autos de la causa penal donde fue emitida la sentencia que es motivo de análisis en el juicio de garantías que hoy se resuelve, aparece demostrado que: a) Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil uno, ante el Juez Quincuagésimo Noveno Penal del Distrito Federal, el enjuiciado ... expuso: ‘que por medio del presente escrito venimos a dar cumplimiento al punto resolutivo segundo de la resolución judicial de segunda instancia dictada dentro del presente proceso penal por la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en fecha ocho de noviembre del año en curso; así como el resolutivo tercero y considerando cuarto de la sentencia de primera instancia dictada por su Señoría en fecha ... exhibiendo para tal fin billete de depósito número K279818, expedido a nuestro nombre por Nacional Financiera, S.N.C., en fecha diez del presente mes y año, mismo que ampara la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de restitución de la cosa obtenida proveniente del delito por el cual se nos condenó.’. b) Escrito el anterior del cual el Juez de la causa proveyó: ‘... en consecuencia, se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, por lo que en este acto se tiene exhibiendo a dichos sentenciados la reparación del daño a la que fueran condenados en forma solidaria y mancomunadamente por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos); en tales condiciones se da por satisfecha la reparación del daño a los sentenciados de mérito ...’. c) Por comparecencia del sentenciado ante el aludido Juez el veintiuno de diciembre de dos mil uno, manifestó: ‘... que en este acto reciben los recibos de pago de la Tesorería del Distrito Federal, el primero con folio 142468 y el segundo con folio 142469, ambos por la cantidad de $1,008.75 (un mil ocho pesos con setenta y cinco centavos), por concepto de multa que les fue impuesta, mediante resolución de la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fecha 8 ocho de noviembre de 2001 (dos mil uno) ...’. d) Comparecencia respecto de la cual se acordó: ‘... en consecuencia se tienen por hechas las manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar, por lo que en este acto se tiene a los sentenciados de mérito dando cumplimiento a la multa que les fue impuesta mediante resolución de la Octava Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ...’. Lo que pudiera de algún modo considerarse como un consentimiento tácito del quejoso ... respecto de la sentencia que en este juicio de amparo reclama, al dar cumplimiento con algunas de las penas a las que fue condenado, esto es, el haber pagado la multa impuesta como pena secundaria a la de prisión por la comisión del delito, así como la de reparación del daño, y que conllevara a establecer que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en que se establece que el juicio de amparo es improcedente ‘contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.’; empero, a criterio de este órgano colegiado, cuando el sentenciado ha pagado la multa que le fue impuesta en sentencia definitiva, como pena accesoria a la privativa de la libertad personal, o bien, hubiere cumplido con la reparación del daño a que también fue condenado en la misma resolución, aparentemente implica un consentimiento de dicha determinación; sin embargo, ese consentimiento no puede hacerse extensivo a la pena de prisión que como sanción principal le fue impuesta al enjuiciado, sobre todo cuando excede del término de cuatro años que es el límite máximo para la obtención de algún beneficio de sustitución de la misma y de condena condicional, acorde con lo establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal aplicable, pues resulta obvio que, en tal caso, difícilmente puede considerarse que el sentenciado está de acuerdo con la sanción que lo tiene privado de su libertad personal y de la cual no se le concedió sustitutivo alguno, precisamente por exceder del límite máximo, por tanto, para que en este supuesto hubiera consentimiento respecto de la sanción restrictiva de la libertad, éste tendría que ser expreso; caso distinto ocurre cuando la pena de prisión es inferior a cuatro años y se concedió por lo menos un sustitutivo de la misma (multa, tratamiento en libertad, tratamiento en semilibertad, trabajo a favor de la comunidad o la condena condicional), pues el acogerse a este beneficio evidentemente implica el consentimiento tácito de la sanción que se sustituye, porque el sentenciado opta por cumplir con el sustitutivo concedido en lugar de permanecer preso hasta la extinción de la pena privativa de libertad. Así que si el sentenciado ocurre al amparo directo en contra de la sentencia que le impuso una pena mayor de cuatro años de prisión, dicha vía legal es totalmente procedente aun en el supuesto de que haya cumplido con las penas accesorias como son la multa, la reparación del daño u otra prevista para el delito de que se trate, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por lo antes considerado, en la especie no se actualiza la indicada causa de improcedencia y, por ende, lo procedente es realizar el estudio de legalidad de la sentencia impugnada."

De las consideraciones anteriores surgió la tesis cuyos rubro, texto y demás datos de localización son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, febrero de 2003

"Tesis: I.10o.P.2 P

"Página: 983

"AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LA PENA ACCESORIA, NO IMPLICA CONSENTIMIENTO DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL. Cuando el sentenciado ha pagado la multa que le fue impuesta en sentencia definitiva, como pena accesoria a la privativa de la libertad personal, o bien, hubiere cumplido con la reparación del daño a que también fue condenado en la misma resolución, aparentemente implica un consentimiento de dicha determinación; sin embargo, ese consentimiento no puede hacerse extensivo a la pena de prisión que como sanción principal le fue impuesta al enjuiciado, sobre todo cuando excede del término de cuatro años que es el límite máximo para la obtención de algún beneficio de sustitución de la misma y de condena condicional, acorde a lo establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos, pues resulta obvio que, en tal caso, difícilmente puede considerarse que el sentenciado está de acuerdo con la sanción que lo tiene privado de su libertad personal y de la cual no se le concedió sustitutivo alguno precisamente por exceder del límite máximo; por tanto, para que en este supuesto hubiera consentimiento respecto de la sanción restrictiva de la libertad, éste tendría que ser expreso; caso distinto ocurre cuando la pena de prisión es inferior a cuatro años y se concedió por lo menos un sustitutivo de la misma (multa, tratamiento en libertad, tratamiento en semilibertad, trabajo a favor de la comunidad o la condena condicional), pues el acogerse a este beneficio evidentemente implica el consentimiento tácito de la sanción que se sustituye, porque el sentenciado opta por cumplir con el sustitutivo concedido, en lugar de permanecer preso hasta la extinción de la pena privativa de libertad. Así que si el sentenciado ocurre al amparo directo en contra de la sentencia que le impuso una pena mayor de cuatro años de prisión, dicha vía legal es totalmente procedente, aun en el supuesto de que haya cumplido con las penas accesorias como son la multa, la reparación del daño u otra prevista para el delito de que se trate, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 1360/2002. 31 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretario: Víctor Manuel Cruz Cruz.

"Amparo directo 1650/2002. 31 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretario: Víctor Manuel Cruz Cruz."

CUARTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, requiere de la existencia de oposición de criterios jurídicos que controviertan la misma cuestión y se adopten posiciones diferentes; así como también que dicha discrepancia recaiga fundamentalmente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de los pronunciamientos respectivos; y finalmente que las diversas conclusiones a que se arribe provengan del examen de elementos similares.

En otras palabras, para que se determine que en un asunto se actualiza una contradicción de criterios, es necesaria la configuración de los requisitos siguientes:

• Que al resolver los asuntos de los que provienen se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

• Que esa diferencia de criterios radique precisamente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas en las que se sustentan las sentencias respectivas; y

• Que la diferencia de criterios provenga del examen de los mismos elementos.

De ahí que para poderse afirmar válidamente la configuración de una controversia de esta índole, sea preciso que uno de los tribunales contendientes niegue lo que el otro afirme en relación con la misma problemática o institución jurídica.

Es aplicable a esta consideración el criterio de la anterior Cuarta Sala de este Supremo Tribunal, y que esta Sala colegiada comparte, en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y demás datos de identificación son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el presente asunto se encuentran actualizados los requisitos antes anunciados y, por ende, debe concluirse que sí se encuentran acreditados los extremos que caracterizan a un asunto de esta naturaleza jurídica.

Esto es así, por las razones siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en relación con la problemática planteada, en esencia, sostuvo el criterio de que es improcedente el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, cuando el quejoso pretenda combatir la pena privativa de la libertad que le fue impuesta en la causa natural, una vez que ya ha consentido la pena pecuniaria al haber exhibido billete de depósito mediante el cual cubrió la reparación del daño por la que también fue sentenciado, en virtud de lo que a continuación es detallado:

I. Que en principio, en estos casos sólo debe tomarse en consideración que toda penalidad es consecuencia de la comisión de un delito; por lo que bajo esa premisa resulta claro que la reparación del daño al tratarse de una sanción pecuniaria en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, está directamente vinculada con la comisión del ilícito y con la determinación de la responsabilidad penal plena del sentenciado en orden a su comisión. Esto, en razón de que dicha sanción sólo puede ser impuesta una vez que se ha realizado el correspondiente juicio de reproche.

Luego entonces, considera que su aplicación es consecuencia necesaria de ese pronunciamiento de responsabilidad penal, con base en una interpretación armónica del párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución General de la República y del diverso 7o., párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal.

II. Puntualizado lo anterior, estima que de las constancias procesales que integran la causa penal natural, debe destacarse el hecho de que con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de segunda instancia (que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías), mediante escrito presentado ante el juzgador natural, el quejoso hubiese exhibido billete de depósito con el cual cubrió la suma a que fue condenado por concepto de reparación del daño, por tanto, con dicha actitud procesal de sometimiento demostró, sin duda, su conformidad con los términos en que fue dictada la resolución definitiva en la que se le declaró penalmente responsable del delito de extorsión por el que fue sentenciado.

Por tanto, deduce que al haberse sometido el quejoso a dicha sanción pecuniaria, ello implica una clara manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de los términos y consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, dado que para haber impuesto esa sanción pecuniaria, el juzgador natural debió tomar en cuenta la forma y demás particularidades del sujeto para tener por comprobados tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad penal plena en que incurrió el procesado en su comisión.

III. En esa virtud, al haberse dado cumplimiento parcial a la sentencia que se reclama, ello necesariamente implica la existencia de un sometimiento a los términos en que fue dictada dicha resolución, esto es, que el impetrante de garantías hubiese aceptado previamente las sanciones impuestas y, como consecuencia de ello, que se hubiese sometido también a los aspectos y consideraciones que le sirvieron de sustento, por tanto, la exhibición de la garantía realizada en los términos aludidos debe valorarse como una manifestación de voluntad que involucra su consentimiento en relación con el acto reclamado.

En ese orden de ideas, ese órgano colegiado estimó que en la especie se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, y resolvió decretar el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto por el diverso 74, fracción III, de ese mismo ordenamiento legal, haciendo extensiva esa determinación al acto de ejecución reclamado de la restante autoridad al no haberse combatido por vicios propios.

Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al respecto expresó que en tal supuesto no se actualiza la causal de improcedencia consagrada en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el hecho de que el quejoso hubiese cubierto la reparación del daño por el delito a que fue sentenciado, ello no implica que hubiese consentido tácitamente el resto de las penalidades impuestas en un proceso penal, como lo es la pena privativa de libertad, sustentando su criterio bajo las consideraciones siguientes:

I. Que en autos de la causa penal se encuentra acreditado que el promovente de amparo, ante el Juez de la causa, exhibió billete de depósito por concepto de reparación del daño, y que dio cumplimiento también a la multa que le fue impuesta por la Sala responsable; lo que si bien pudiera de algún modo considerarse como un consentimiento tácito del quejoso respecto de la sentencia reclamada (lo que conllevaría a considerar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento"), a criterio de ese órgano colegiado, no obstante hayan sido cubiertas dichas sanciones pecuniarias impuestas en la sentencia definitiva como penas accesorias a la privativa de la libertad personal, ello de ninguna manera implica que dicho consentimiento deba hacerse extensivo a la pena de prisión que como sanción principal también le fue impuesta en el juicio, sobre todo cuando dicha penalidad excede del término de cuatro años que es el límite máximo para la obtención de algún beneficio de sustitución de la misma y de condena condicional en términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal.

II. Lo anterior, al estimar como obvio que en tal supuesto, difícilmente, pueda considerarse que el sentenciado está conforme con la sanción que lo mantiene privado de su libertad personal y por la cual no le fue concedido beneficio alguno, precisam

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18032-04bd3674/amparo-directo-en-materia-penal-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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