NOTAS DIPLOMÁTICAS EN LAS QUE SE SOLICITA LA DETENCIÓN PROVISIONAL DE UNA PERSONA. TIENEN PLENA EFICACIA Y VALIDEZ SI CONTIENEN NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE LAS SUSCRIBE Y EL SELLO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE LAS EMITE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito emitió el criterio en el amparo en revisión número 246/2002, promovido por el secretario de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público de la Federación y de manera adhesiva por el quejoso ... el que se transcribe en la parte que interesa:
"SEXTO. Los agravios que expresan la autoridad responsable, el secretario de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo recurrentes, serán analizados por este órgano colegiado en forma conjunta, en términos de lo que dispone la segunda parte del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la similitud en los motivos de inconformidad que ambos expresan y a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada. Tales agravios resultan por una parte fundados pero inoperantes y en otro aspecto infundados, analizados bajo el principio de estricto derecho que rige la tramitación del juicio de garantías en ambas instancias, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto por las recurrentes aludidas, con base en el cual no es posible suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse en estos casos alguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que precisa que en materia penal, ésta únicamente opera a favor del quejoso. En principio, no asiste la razón a los recurrentes cuando alegan que la sentencia de amparo materia de este recurso es ilegal, porque contraviene los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que para pronunciarla no se tomaron en cuenta los motivos y fundamentos en que se basó la autoridad ordenadora para dictar el acuerdo de extradición reclamado por el quejoso. En contra de tales argumentos debe decirse que al pronunciar la sentencia de amparo materia de la revisión, la Juez Sexto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, no infringió lo dispuesto por los artículos de la Ley de Amparo que citan los recurrentes, puesto que de dicha resolución se advierte que en la misma y en acatamiento a los preceptos de que se trata, sí hizo fijación clara y precisa del acto reclamado y de las pruebas conducentes para tenerlo por demostrado; precisó los fundamentos legales en que se apoyó para declarar la inconstitucionalidad de aquél y en los puntos resolutivos señaló el alcance de la concesión de la protección de la Justicia Federal otorgada al quejoso, para lo cual apreció el acuerdo de extradición impugnado, tal como apareció probado ante la autoridad responsable que lo emitió. Por otro lado, asiste la razón a los inconformes, cuando aducen que la sentencia recurrida no se ajusta a la legalidad, porque al pronunciarla la Juez de Distrito pasó por alto que en el trámite de la extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe concretarse a comprobar que los documentos aportados por el gobierno requirente deben presentarse vía diplomática y acreditar el delito imputado al solicitado y la culpabilidad de éste en la comisión del mismo, sin ser necesario que aquéllos presentaran alguna certificación, porque esto no lo prevé el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos, además de que a la luz de la práctica internacional, la nota verbal que el Estado solicitante envió a la secretaría de Estado aludida, para solicitar la extradición del nacional mexicano ... y la diversa en que suscribió el compromiso de dicha nación extranjera, de que si al requerido llegara a imponérsele como pena cadena perpetua, le sería conmutada por otra de prisión con duración determinada, si cumplen con los requisitos necesarios para que les otorgara validez, en términos del artículo 10, numeral 1, del tratado aludido, en el que solamente se establece que la solicitud de extradición debe presentarse vía diplomática, pero no señala otra exigencia, por lo que la Juez de Distrito distinguió en donde la ley no lo hace, considerando indebidamente que una comunicación diplomática, en términos del artículo 3o., inciso 1, apartado A, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no tiene valor probatorio pleno, sin tomar en cuenta que una misión diplomática representa al Estado acreditante ante el Estado receptor, además de que doctrinariamente se ha considerado que una nota verbal es una comunicación escrita, no firmada, redactada en tercera persona que emana del Ministerio de Relaciones Exteriores de un país y se dirige a una misión diplomática extranjera, por lo que para dictar el acto reclamado, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tuvo que atender a cuestiones distintas ni someter los documentos afectos a dictamen en grafoscopía, puesto que en el procedimiento de extradición sólo son partes las naciones contratantes, mas no el requerido, además de que de acuerdo a la costumbre internacional en las notas diplomáticas se tratan todas las cuestiones relacionadas con la gestión oficial de una misión diplomática y éstas pueden formularse como notas formales o como notas verbales, siendo las segundas las más usadas y en las que se abordan cuestiones de trámite común y de poca importancia, y basta que ostenten el sello de la entidad que las envía o la rúbrica del funcionario responsable, formalidades que se regulan en la convención en cuestión, que en términos del artículo 133 constitucional es Ley Suprema de la Unión, por lo que las mismas deben prevalecer sobre las que exija la legislación común del país requerido, de ahí que tales documentales al haber sido remitidas por funcionarios extranjeros, debidamente acreditados ante el Estado mexicano mediante cartas credenciales, sí reúnen los requisitos exigidos por los artículos 271 del Código Federal de Procedimientos Penales y 129 del adjetivo civil del mismo fuero, que se citan en la sentencia recurrida, en virtud de que fueron certificados por el director de la Oficina de Relaciones Exteriores del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y legalizados por funcionario autorizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, remitidos vía diplomática y traducidos al español, de ahí que las notas controvertidas sí son documentos públicos oficiales. Lo que alegan los recurrentes es fundado, pues el procedimiento de extradición, entendido como el acto jurídico procesal por el cual un Estado por imperio de un tratado internacional entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para, entre otros casos, someterlo a proceso penal, es una institución de asistencia jurídica que se desarrolla esencialmente en el plano internacional, por lo que en el mismo se ejercen por las partes contratantes, facultades políticas, jurídico penales y diplomáticas, de ahí que al ser el único sistema existente para que una nación entregue a otra, como en el caso, a un presunto delincuente, en el trámite de la extradición, además de cumplirse con lo pactado en el tratado respectivo, deben observarse disposiciones constitucionales y legales que (sic) las rijan, a efecto de que ésta prospere. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XIX/2001, consultable en la página 21 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, octubre de 2001, de rubro y contenido siguientes: ‘EXTRADICIÓN. CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA PERSONA QUE EL ESTADO REQUERIDO HACE AL ESTADO REQUIRENTE, PERO CONSTITUYENDO UN ACTO EXCEPCIONAL EN RELACIÓN CON SU SOBERANÍA, LA SOLICITUD PUEDE VÁLIDAMENTE SER NEGADA SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS.’ (se transcribe). Ahora bien, el procedimiento para decretar procedente o no la extradición de cualquier requerido, está regulado en principio por el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos con los Estados Unidos de Norteamérica, de la siguiente manera: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). De lo antes transcrito se advierte, como lo aducen la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público de la Federación recurrentes, que si bien las comunicaciones entre Estados sujetos de derecho internacional deben hacerse por conducto de los canales diplomáticos correspondientes, los que entre otros consisten en el intercambio de notas diplomáticas entre los ministerios del exterior, las que pueden ser formales de naturaleza solemne, utilizada en casos excepcionales y verbales para comunicación cotidiana, las objetadas por el quejoso, sí cumplen con los requisitos de validez necesarios y, por lo mismo, están ajustadas a derecho, de acuerdo con lo que dispone el tratado de extradición aludido, puesto que como quedó anotado, las solicitudes de extradición deben tramitarse en los términos en que aquél lo regula, fundamentalmente presentarse por vía diplomática, en virtud de que las funciones de una misión diplomática consisten en representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, como en el caso en que la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, representa a dicho gobierno en nuestro país, comunicaciones oficiales entre dichos Estados, que de acuerdo con lo establecido por las normas jurídicas aplicables no requieren de algún requisito o formalidad específica para poderles dar trámite. Lo anterior es así, porque debe partirse de la base, como antes se señaló, de que la extradición es la institución jurídica de derecho internacional mediante la cual un Estado hace entrega a otro de un sujeto probable responsable de la comisión de un ilícito en el país solicitante, para que sea procesado o para que cumpla con una sentencia, entrega que deriva generalmente del deber jurídico impuesto por un tratado, a la luz del principio de reciprocidad que tiene como finalidad hacer eficaz la convivencia pacífica de las naciones, respetando la soberanía de cada país. Ahora bien, dentro de la legislación mexicana la extradición está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: ‘Artículo 119.’ (se transcribe). Al respecto, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados de extradición con diferentes países, y siendo estos convenios regidos por el derecho internacional público, con base en el que nuestro país asume compromisos, según lo dispone el artículo 2o. de la Ley sobre Celebración de Tratados, la interpretación de éstos no queda al criterio de las disposiciones internas de alguna de las partes contratantes, sino que debe acudirse a las contenidas en las normas internacionales que rigen la interpretación de aquéllos. En tal virtud, si todo requerimiento de extradición debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 119 constitucional, es necesario en el caso examinar el contenido de la Ley de Extradición Internacional, así como el del tratado en la materia suscrito entre los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos, para determinar si dicha ley debe aplicarse en correspondencia con dicho tratado o si sólo debe aplicarse este último. La ley señalada, al respecto, establece: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). De una interpretación armónica de los preceptos transcritos se llega a concluir que la aplicación supletoria de la ley de la materia atañe al aspecto adjetivo del procedimiento de extradición y no al sustantivo, puesto que el legislador fue claro en señalar que los procedimientos establecidos en ese ordenamiento legal deben aplicarse para el trámite y resolución de cualquier solicitud de extradición que el Estado mexicano reciba de un Estado extranjero, por lo que si en dicho numeral no se hace distinción para el caso de que exista o no tratado internacional, las autoridades competentes están constreñidas, en todo caso, a aplicar en el aspecto señalado la parte adjetiva de la propia ley. Ahora bien, en el caso a estudio existe tratado internacional en materia de extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, de fecha cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta, por lo que en esa materia debe estarse a las condiciones pactadas en el mismo, de ahí que como lo aducen los recurrentes, no es acertado el criterio de la Juez de amparo de exigir que la nota diplomática número 1213, de treinta de agosto del año dos mil uno, en la que la embajada de los Estados Unidos de América solicitó a nuestro país la extradición del nacional mexicano ... y la diversa nota diplomática 1987, de nueve de noviembre siguiente, en la que se comprometió a que llegado el caso no impondría al requerido la pena de prisión perpetua, debían contener la firma del funcionario que las emitió, el nombre de éste y el cargo que desempeñaba para considerar que cumplieron con los requisitos exigidos por el artículo 10, inciso 6, del tratado de extradición entre ambos países, y supletoriamente con los aludidos en los artículos 271 del Código Federal de Procedimientos Penales y 129 del Federal de Procedimientos Civiles, que señalan cuáles son los documentos que deben considerarse públicos. Ahora bien, los preceptos de los códigos adjetivos aludidos a la letra dicen: ‘Artículo 271.’ (se transcribe). ‘Artículo 129.’ (se transcribe). Por tanto, si la extradición constituye un caso excepcional respecto de la soberanía del Estado requerido, el trámite correspondiente está sujeto fundamentalmente a los requisitos que exija el tratado internacional correspondiente y luego a los constitucionales, legales y convenidos, los que deben ser cumplidos para que una persona sea entregada a otro Estado, sin embargo, no debe exigirse para ese efecto el cumplimiento de otros requisitos no contenidos en los convenios internacionales de la materia, porque la extradición es un acto de soberanía fundado en el principio de reciprocidad, por lo que es indudable que en el caso no cobran aplicación los preceptos de los códigos procesales invocados, puesto que éstos no aluden a ningún procedimiento a seguir en el trámite de extradición. En tal virtud, fue incorrecto lo que expuso la Juez de amparo en la sentencia a estudio, en el sentido de que para emitir la resolución de extradición que reclama el quejoso en esta vía, la Secretaría de Relaciones Exteriores contravino el artículo 14 constitucional, porque con independencia de que la petición provisional de extradición y el compromiso del Estado requirente, de no imponer al requerido en su caso la pena de cadena perpetua, se contienen en sendas notas diplomáticas, las mismas no satisfacen los requisitos que al efecto exige la ley procesal mexicana, pues si bien la misma es aplicable en forma supletoria en cuanto al procedimiento en sí mismo, no lo es respecto de los requisitos que deben exigir las notas diplomáticas que lo sustenta, pues como ya se estableció, dichos documentos diplomáticos al no ser dubitados por uno de los Estados que intervienen en la extradición, se deben considerar auténticos de acuerdo a los usos y costumbres internacionales, puesto que no existe alguna disposición o convenio internacional que regule expresamente las formalidades que deben observar las notas diplomáticas. Lo anterior es así, porque el procedimiento relativo se tramitó con base en una solicitud de detención provisional contenida en la nota diplomática 1213 de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, fechada el treinta de agosto del año dos mil uno, que sí satisface las formalidades del caso, pues a pesar de que no fue suscrita, ni aparece en la misma el nombre del agente diplomático que la emitió, sí contiene el sello de la embajada correspondiente, lo que ocurre con la diversa nota diplomática 1987, de fecha nueve de noviembre del año dos mil uno, en la que el gobierno requirente asume el compromiso de no imponer al requerido la pena de cadena perpetua. Sin embargo, las consideraciones anteriores son insuficientes para revocar la sentencia materia de la revisión, porque en contra de lo que alegan los recurrentes, la Secretaría de Relaciones Exteriores sí tiene la facultad para otorgar valor demostrativo a las pruebas que ofrezca el Estado requirente para sustentar su solicitud de extradición y, en el caso, dicha autoridad para pronunciar el acuerdo que constituye el acto reclamado en este juicio, no tomó en cuenta que en el expediente no corre agregada copia certificada de la orden de aprehensión dictada al requerido. Como ya se mencionó, el artículo 10, inciso 3, numeral a), del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos señala que son documentos necesarios para el procedimiento de extradición, entre otros, copia certificada de la orden de aprehensión librada por un Juez u otro funcionario judicial de la parte requirente. Ahora bien, en el expediente únicamente obra la primera página de la orden de aprehensión dictada al requerido, el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, sin la certificación del funcionario respectivo para autorizarla y sólo existe certificación traducida al español relativa a dicho mandamiento de captura, en la que se establece que el secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Indiana señaló que era copia fiel, correcta y completa ‘de la copia’ de la orden de aprehensión que consta en los archivos de dicho órgano jurisdiccional y que al final señalara que no existe en los mismos la orden original, porque la misma está en los archivos de los alguaciles de los Estados Unidos, puesto que no es factible jurídicamente expedir una certificación conforme a la copia de un documento, por tanto, para pronunciar el acuerdo reclamado, la Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco dio cumplimiento al artículo 10, párrafo 3, inciso a), del tratado de extradición aplicable, que establece que para solicitar la extradición de una persona que no ha sido sentenciada, el Estado requirente debe anexar copia certificada de la orden de aprehensión girada por un Juez o funcionario judicial de dicho país, autorizada con el sello oficial del Departamento de Estado y legalizada en la forma que prescriba la ley mexicana, requisitos que no quedaron satisfechos en el caso a estudio. Luego entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores al emitir el acuerdo de extradición reclamado, con base en la copia de la orden de aprehensión de que se trata, contravino la garantía de debido proceso legal, porque dicha prueba no satisface los requisitos que al efecto exige la ley procesal mexicana, a efecto de darle relevancia demostrativa, la cual es aplicable en forma supletoria en el caso a estudio, por lo que como dicha constancia sirvió de base para emitir al término del procedimiento respectivo el acto reclamado, este último es ilegal. Ciertamente, el acuerdo de extradición que reclama el quejoso viola garantías de legalidad del quejoso en virtud de que se pronunció sin que se respetara el debido proceso legal del que derivó, por lo que resulta evidente que el descuido de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, de dar trámite al procedimiento de extradición en contra de ... con base en la copia del documento mencionado, carente de valor, no puede convalidarse con el pronunciamiento del acuerdo de extradición que se reclama, pues ello derivó de la violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al carecer el procedimiento de la legalidad que exigen tales disposiciones constitucionales, en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, requisitos que no se satisficieron en el caso. Por todo lo expuesto, al resultar infundados en este precepto los motivos de inconformidad de los recurrentes, se estima innecesario abordar el estudio de los agravios que en forma adhesiva expresó el quejoso ... en el presente recurso de revisión, puesto que al ser congruentes con el sentido de la sentencia que le concedió el amparo materia de análisis en esta instancia, la cual se consideró ajustada a la legalidad, los mismos deben seguir la suerte procesal de la revisión principal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la ley de la materia. En las relatadas condiciones procede confirmar en lo impugnado la sentencia materia de la revisión y conceder al quejoso recurrente la protección de la Justicia Federal que solicita en contra de los actos de las autoridades que señaló como responsables." (fojas 137 a 146).
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 811/99 el día quince de febrero del año dos mil, promovido por ... autorizado del quejoso ... y por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: (fojas 186 vuelta a 196 vuelta).
"QUINTO. Por cuestión de método se abordará inicialmente el estudio de los ‘agravios’ que expresa el Ministerio Público de la Federación recurrente, antes transcritos, los que serán analizados bajo el principio de estricto derecho que rige la tramitación del juicio de garantías, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto por la representación social federal como parte en el juicio de amparo, con base en el cual no es posible suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que precisa que ésta únicamente opera en favor del quejoso, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad. Es sabido que por agravio debe entenderse la lesión de un derecho que se comete en una resolución judicial, porque se aplicó indebidamente la ley o porque dejó de aplicarse la que regía el caso concreto, de ahí que el recurrente, en cada argumento que expresa para demostrar la ilegalidad de aquélla, debe precisar la parte de la misma que se lo causó, citar los preceptos legales violados y explicar el motivo o concepto por el que fueron infringidos, datos que requieren la técnica jurídica procesal y que debió observar el agente del Ministerio Público de la Federación inconforme en los planteamientos que formuló en el pedimento que se analiza, para que pudieran ser tomados en cuenta al resolver el presente recurso de revisión. De la lectura del escrito de ‘agravios’ se advierte que el Ministerio Público Federal recurrente, en síntesis, alega: Que la fuente del agravio la constituye el considerando quinto relacionado con el resolutivo segundo de la sentencia recurrida, por infracción a los artículos 77, fracciones I y II y 78 de la Ley de Amparo, porque la Juez de Distrito hizo un análisis incorrecto de la resolución de quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que concedió al Gobierno de los Estados Unidos de América la extradición de ... además de que incorrectamente suplió la deficiencia de la queja, para concluir que el acto reclamado carece de motivación y fundamentación, lo que implica que consideró constitucional el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los de América, pues de lo contrario se hubiera pronunciado al respecto, de ahí que si la responsable se basó en dicho convenio para decretar procedente la extradición aludida, es ilógico que el órgano de control constitucional evaluara el acto señalado, calificándolo de inconstitucional, porque a su juicio para pronunciarlo no se observaron los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, sin tomar en cuenta que la secretaría de Estado responsable sólo estaba obligada para ese efecto a acatar el tratado en cuestión, de ahí que la Juez de amparo estaba impedida para examinar cuestiones de inconstitucionalidad en el asunto y sólo se debió concretar a analizar los aspectos legales contenidos en el tratado mencionado, es decir, si la responsable se ajustó a lo que éste prevé, por lo que si la Juez Federal consideró que la autoridad responsable en el acto reclamado citó los preceptos legales aplicables al procedimiento de extradición internacional, pero a pesar de ello advirtió en aquél deficiencias de forma, dicho proceder resultó ilegal, en virtud que si al quejoso se le hacen cargos por asociación delictuosa y por posesión con la intención de distribuir marihuana, no debió hacer en forma separada el análisis de los elementos de dichos tipos penales, ni valorar las pruebas aportadas por el gobierno requirente, toda vez que si el artículo 133 constitucional dispone que los tratados que están de acuerdo con la misma son la Ley Suprema de la Unión, y a su vez el numeral 119 del mismo Ordenamiento Supremo determina que las extradiciones deben tramitarse por el Ejecutivo Federal en términos de la propia Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias, y si a su vez el precepto 1o. de la Ley de Extradición Internacional dispone que sus disposiciones son de orden público, en el caso sólo era aplicable el tratado mencionado, mas no la ley invocada, de ahí que con la consideración contraria, la Juez Federal extralimitó sus funciones al exigir que el acto reclamado debe satisfacer los requisitos del dispositivo 16 de la Carta Magna, en virtud de que la secretaría de Estado responsable se circunscribió a actuar conforme a sus funciones, que sólo le permitieron vigilar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 10 del tratado de extradición de que se trata, para conceder la extradición en análisis, sin que ello implique que debió hacer algún juicio sobre los hechos ilícitos imputados al extraditable, sino únicamente concretarse a efectuar ‘un examen de la concurrencia de los requisitos a tales efectos’, ya que la valoración de los hechos y la subsunción de un tipo penal a otro, así como el análisis de la participación delictiva del requerido en tales ilícitos, corresponden únicamente al órgano jurisdiccional del país extranjero que lo enjuiciará, pues de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el reglamento interior respectivo, no tiene atribuciones de carácter jurisdiccional, por lo que no debió analizar separadamente los elementos del tipo de los ilícitos investigados, sino concretarse a dar cabal cumplimiento a los requisitos del artículo 10 del tratado internacional aludido, lo que hizo debidamente, pues recibida la nota diplomática 1218 del Gobierno de los Estados Unidos, mediante la que se solicitó la detención provisional con fines de extradición del ahora quejoso, siguió puntualmente el procedimiento respectivo a que alude el precepto señalado, por lo que no puede concluirse que el acto que se le reclama carece de fundamentación y motivación o que adolece de algún requisito, ya que aun suponiendo que éste debió dictarse en acatamiento al artículo 16 constitucional, satisfizo los requisitos relativos, porque con el mismo la autoridad responsable dio solución al problema planteado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, cumpliendo para ello con la normatividad aplicable, con lo que respetó las garantías de los hoy inconformes al haber interpretado de manera nítida y sana las normas que condujeron a dar esa resolución, además de que los razonamientos de convicción en los que descansa el acto combatido, constituyen los datos exigidos por el precepto constitucional señalado y la motivación de esos datos fue expresada por la responsable con razonamientos jurídicos aplicados a los hechos descritos, de ahí que la resolución combatida no está infundada, pues ello sólo es dable en los casos en que la decisión aparezca notoriamente infundada, además de que en la especie para dictar el acuerdo reclamado, la responsable dio cabal cumplimiento a los artículos 76, fracción I, 89, fracción X, 119, tercer párrafo, 103, 107 y 133 constitucionales y a disposiciones sustantivas de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, de la Ley de Extradición Internacional y Orgánica de la Administración Pública Federal. En tal virtud, no son aptos jurídicamente para ser tomados en consideración en el caso a estudio, los razonamientos que como agravios expresó en el pedimento correspondiente el Ministerio Público de la Federación recurrente, en virtud de que no conducen a destruir los que expresó el Juez de Distrito para conceder el amparo al quejoso, de ahí que resultan ineficaces para analizar en cuanto al fondo la sentencia recurrida y por lo mismo resolver si resulta procedente confirmarla, modificarla o revocarla. En efecto, en el recurso de revisión el estudio del Tribunal Colegiado que conoce del mismo debe concretarse al estudio integral de la sentencia que se combate, con base en los motivos de inconformidad que formula el recurrente, por lo que debe analizar previamente si los agravios están en relación directa e inmediata con los fundamentos de aquélla y si además contienen la cita de los preceptos legales que se consideran infringidos y su concepto, además de la concordancia entre aquéllos y las consideraciones del juzgado de amparo, pues proceder en forma contraria implicaría introducir cuestiones ajenas a la litis al resolver dicho recurso, en un caso como el que se estudia, en que dicho análisis es de estricto derecho por no operar en favor del recurrente la suplencia de la queja deficiente. En la especie, los argumentos de la Juez de amparo, en los que sustentó la sentencia materia de la revisión, esencialmente son: Que no obstante que en el texto de la resolución recurrida la autoridad responsable citó los preceptos legales aplicables al procedimiento de extradición internaciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18184-1fb92ec8/notas-diplomaticas-en-las-que-se-solicita-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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