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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18108
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 90.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 22/2003 consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Este órgano de control constitucional estima que la competencia para conocer del asunto debe decidirse en favor del Juez Segundo de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, por las razones que a continuación se exponen: De la lectura de la demanda de garantías se advierte que el peticionario del amparo señaló como autoridades responsables al Juez Segundo de lo Criminal y/o Penal del Primer Partido Judicial de Guadalajara, y procurador general de Justicia, ambos con residencia en el Estado de Jalisco, a quienes les reclamó la orden de aprehensión que según manifiesta emitió en su contra la primera de las mencionadas y la ejecución de la misma, por lo que respecta a la autoridad citada en segundo término. Por otra parte, también se desprende del escrito de referencia que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría del Distrito Federal y además presentó su demanda de garantías ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno de esta ciudad. En este contexto, le asiste la razón al Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en el complejo penitenciario de la zona metropolitana de Guadalajara, pues en el caso concreto se estima que el Juez Segundo de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo 341/2003 o 444/2003, habida cuenta que dentro de su jurisdicción comenzará a ejecutarse materialmente el mandato de captura, amén de que la cláusula décima segunda, fracción VIII, del convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, establece que en caso de que la persona que deba ser entregada se encuentre extinguiendo una pena, la autoridad requerida lo comunicará por oficio a la requirente, a efecto de que a su vez ésta lo haga del conocimiento de la autoridad que libró el mandamiento judicial; la autoridad requerida cumplirá el auto que mande el Juez que libró la orden correspondiente, ya sea que implique el diferimiento de la entrega hasta la extinción de la pena o se ordene el traslado a la autoridad judicial respectiva para la reanudación del procedimiento correspondiente, en cuyo caso, deberá comunicarse a la autoridad que esté ejecutando la sentencia. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el argumento del Juez Segundo de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el sentido de que no se surte la competencia en su favor porque la orden de captura librada en contra del quejoso no puede tener ejecución material sino formal, ya que éste se encuentra recluido en la penitenciaría del Distrito Federal compurgando dos penas de prisión, por lo que la consecuencia del cumplimiento de la orden reclamada no será que se prive de la libertad al impetrante de garantías, pues sólo se le comunicará que se encuentra a disposición del Juez que giró la orden de aprehensión en su contra para que lo sujete a procedimiento, cuenta habida que el artículo 36 de la Ley de Amparo, primer párrafo, dispone que: ‘Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. ...’. De esta forma, dado que por antonomasia la orden de aprehensión requiere de ejecución material, en virtud de que tiene por objeto la búsqueda, captura y puesta a disposición del presunto responsable al Juez que dictó el mandato para la reanudación del procedimiento, y si el quejoso dijo estar privado de su libertad en la penitenciaría del Distrito Federal (lo que también se corrobora con las diversas notificaciones efectuadas por el actuario judicial), entonces el lugar en que debe tener ejecución la orden lo es aquel en donde se encuentra compurgando las penas de prisión impuestas, pues es en ese sitio donde debe tener ejecución y trata de cumplimentarse el mandato de captura, habida cuenta que el hecho de detenerlo una vez que cumpla su condena implica una ejecución material, y no así un acto de ejecución formal, toda vez que la consecuencia del cumplimiento de la orden de aprehensión será la detención (privación de la libertad) y puesta a disposición del quejoso, más no ‘el informe’ al a quo, en el sentido de que aquél se encuentra a su disposición con motivo de la orden de captura en razón de que su detención conlleva una ejecución material dada la naturaleza intrínseca de la orden de aprehensión, de ahí que la competencia para conocer del asunto se da a favor del Juez de amparo en esta ciudad. Lo anterior también obedece a que por una cuestión práctica, el espíritu que inspira el precepto parcialmente transcrito se orienta a otorgarle la mayor facilidad al agraviado para que sea desde el lugar donde se encuentra interno donde vigile el desarrollo del juicio de amparo, dado los beneficios que ese solo hecho reporta, y además no existe otro indicio que haga colegir que la orden de aprehensión se llevará a cabo en lugar diverso al en que se encuentra actualmente el quejoso; por tanto, no obstante que éste no señaló autoridad ejecutora en esta ciudad, dado el ideario del legislador de otorgarle las facilidades inherentes a su defensa, debe conocer el Juez de Distrito que previno. Bajo ese contexto, este Tribunal Colegiado advierte que en el presente caso no tiene aplicación la tesis invocada por el Juez Segundo de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, bajo el rubro: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ NINGUNA AUTORIDAD EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUEL EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA, EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA.’, pues a mayor abundamiento, como lo refiere el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en el complejo penitenciario de la zona metropolitana de Guadalajara, para que la misma se actualice es imprescindible que el quejoso no hubiese precisado autoridad con el carácter de ejecutora, situación que no acontece en la especie, porque de su demanda de garantías se observa que señaló como autoridad ejecutora al procurador general de Justicia del Estado de Jalisco, y además externó su temor de ser trasladado a un lugar diverso al en que se encuentra recluido actualmente, con lo cual se torna inminente la ejecución material de la orden de captura, es decir, la circunstancia de que esté privado de su libertad no desnaturaliza la esencia de la orden de aprehensión como equívocamente lo afirmó el Juez Segundo de Distrito ‘B’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, amén de que existe el convenio de colaboración que celebraron la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, de modo que la orden de captura reclamada debe tener ejecución y trata de cumplimentarse dentro de la jurisdicción del Juez referido en último término, en favor del cual procede decidirse el conflicto competencial planteado."

TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 55/2002, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Este Tribunal Colegiado advierte que el Juez competente para conocer del juicio de garantías de que se trata, es el Juez Primero ‘B’ de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 36 de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’-De lo anterior se desprende que por regla general la competencia se finca tomando en consideración el lugar en el que residen las autoridades en que va a tener lugar la ejecución del acto reclamado. Salvo en los casos en que: a) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y su ejecución continúe en otro, cualquiera de los Jueces que tenga jurisdicción en los distritos donde se ejecute el acto reclamado es competente. b) Si el acto reclamado no tiene una ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado el acto reclamado. Ahora bien, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que el peticionario del amparo sólo señaló como autoridad responsable al Juez Duodécimo (sic) Penal del Distrito Federal del que reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, esto es, que sólo se señaló a la autoridad ordenadora, mas no así a autoridades ejecutoras; además expresó que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puente Grande Jalisco, compurgando la pena que le fue impuesta por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en la causa 8/2000-1, por el delito de extorsión. Por otra parte, de las constancias del juicio de amparo se aprecia que el Juez Duodécimo (sic) Segundo Penal del Distrito Federal, al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión dictada en la causa penal 48/99; asimismo, obran copias certificadas del juicio de amparo indirecto 17/2001, seguido ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, de las que se destacan las comparecencias del quejoso de fecha siete y quince de junio de dos mil uno, tras las rejas de prácticas del citado juzgado (fojas 37 y 40). Ahora bien, por su naturaleza la orden de aprehensión requiere de ejecución material para su cumplimentación, ya que su objeto es la búsqueda, captura y puesta a disposición de la persona ante el Juez del proceso; sin embargo, en el caso, es evidente que para llevar a cabo dicha orden no se requiere de ejecución material, sino de manera formal, al existir prueba fehaciente de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco; es decir, no se le privará de libertad con dicho acto, sino que solamente se le informará que se encuentra a disposición del Juez que emitió la orden de captura. En tal sentido, se puede señalar que cuando el acto reclamado se hace consistir en una orden de aprehensión, la cual no va a tener una ejecución material sino sólo formal, por encontrarse ya privado de su libertad el quejoso por diverso motivo, y no se señalaron en la demanda de garantías autoridades ejecutoras, pero la autoridad responsable ordenadora ha reconocido como cierto el acto reclamado en términos del párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de la demanda de garantías que se promueva contra dicha orden de aprehensión, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiese dictado, pues este acto reclamado no requiere en realidad de ejecución material sino únicamente formal. Por consiguiente, si el acto reclamado no tiene realmente una ejecución material sino sólo formal y fue emitido por una autoridad de la jurisdicción del Juez Primero ‘B’ de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, éste es el que legalmente le compete para resolver el juicio de amparo 806/2002, que promovió ... contra actos del Juez Duodécimo (sic) Penal del Distrito Federal."

CUARTO. Existe contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados involucrados estudiaron la misma cuestión jurídica, tomaron en cuenta similares elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

Esto es así, mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estima que será legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo -si el acto reclamado es una orden de aprehensión- el Juez de Distrito en cuya jurisdicción comience a ejecutarse materialmente el mandato de captura; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito sostiene que será legalmente competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la orden de aprehensión.

Como se ve, ambos tribunales se ocuparon del mismo tema: determinar la competencia del Juez de Distrito en caso de que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido; tomaron en cuenta la misma disposición legal (artículo 36 de la Ley de Amparo); y al resolver llegaron a diferentes conclusiones, por lo que se satisfacen los requisitos para que exista contradicción de tesis.

Apoya lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Entonces, lo procedente será determinar cuál es el criterio a prevalecer en relación con el punto de contradicción, es decir, tratándose de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido, qué Juez de Distrito será competente: el Juez en cuya jurisdicción radica la autoridad que dictó el acto reclamado, o bien, el Juez en cuya jurisdicción haya empezado a ejecutarse la orden de aprehensión.

Para poder determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo:

"Artículo 36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

"Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material."

De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito:

a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones.

c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado.

De lo anterior tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado y éste será necesariamente el del lugar en que se encuentre la persona contra la cual se dictó dicha orden.

En el caso que nos ocupa, el acto reclamado es una orden de aprehensión, por lo que se trata de un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material y, consecuentemente, tiene aplicación el párrafo primero del artículo 36 referido.

Dicho lo anterior, el Juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado es una orden de aprehensión, será el de la jurisdicción donde se lleve a cabo la ejecución de dicha orden.

Al respecto, debe precisarse que con similares consideraciones, esta Primera Sala en fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho resolvió el conflicto competencial número 377/98, por unanimidad de cuatro votos, en el que determinó que el Juez competente será el del lugar donde la orden de aprehensión debe ser ejecutada, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo.

Además, hay que tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo referido al otorgar a la persona sujeta a proceso las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al proceso.

De todo lo anterior se infiere que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo cuando el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el sujeto se encuentre ya detenido, es el Juez del lugar en que residan las autoridades en que tenga lugar la ejecución del acto reclamado, es decir, el Juez del lugar donde se encuentre recluido el quejoso.

Por lo anteriormente expuesto el criterio que debe prevalecer es el sustentado por esta Primera Sala:

De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Existe la contradicción de tesis a que se refiere este expediente.

SEGUNDO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO.-Dése publicidad a la tesis en los términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.

Nota: La tesis de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ NINGUNA AUTORIDAD EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUEL EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA, EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número I.5o.P.28 P, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1025.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18108-77305b5b/competencia-si-el-acto-reclamado-es-una-orden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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