DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DE DICHO PROCEDIMIENTO NO SON SUSCEPTIBLES DE SUSPENDERSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el once de abril de dos mil tres la queja QP. 32/2003 son, en lo que interesa, las siguientes:
"Cierto, efectivamente y como lo exponen las recurrentes la suspensión provisional concedida no resulta acertada en virtud de que la resolución que recaiga a la solicitud de declaración de procedencia en contra del peticionario de garantías, es un acto futuro de realización incierta, ello en razón de que la resolución definitiva puede ser en el sentido de ‘desaforar al quejoso’ o en el sentido de conceder o negar el desafuero. Lo anterior denota que como lo exponen las inconformes, la solicitud de desafuero reclamada por el peticionario de garantías puede ocurrir o no, lo que la convierte no en un acto inminente sino, por el contrario, en uno futuro y de realización incierta, en contra del cual por su propia naturaleza no procede la concesión de la suspensión provisional. Es ilustrativo el criterio de tesis sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 571 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988, que establece: ‘SUSPENSIÓN, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASÍ EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.’ (se transcribe). Finalmente, es también fundada la consideración de las responsables en el sentido de que no se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, indispensables para que pueda concederse la suspensión provisional. Ello obedece a que el texto del citado numeral precisa: (se transcribe). Siendo el caso que, tal como lo señalan las responsables recurrentes, el a quo dejó de advertir que en el caso la concesión de la suspensión provisional si irroga un perjuicio al interés social, por lo que dicha medida cautelar debió negarse. Ello es así porque el procedimiento de declaratoria de procedencia, efectivamente, como lo señalan las responsables inconformes es un medio de control político, cuya naturaleza intrínseca es eminentemente de interés social y de orden público, pues tiene como primordial finalidad el defender la función pública, esto es, que se exprese la voluntad política del Estado para resolver si deja o no a disposición al servidor público involucrado; de ahí que dicho procedimiento se encomendó a un órgano político como lo es la Cámara de Diputados. Luego entonces es claro que la suspensión del procedimiento o de la emisión de resolución definitiva por parte de la Cámara de Diputados, atentan en forma directa en contra de los intereses de la sociedad, pues como ya se ha señalado, los intereses particulares del quejoso no pueden estar por encima de los intereses de la sociedad y de la posibilidad de que se exprese la voluntad política del Estado mexicano; máxime cuando el procedimiento de declaración de procedencia es una institución fundamental del orden jurídico mexicano, toda vez que a través de él, el Estado manifestará su voluntad política para evitar la impunidad de ilícitos penales por parte de cualquiera de los servidores públicos procesalmente protegidos, por esa razón, tiene la finalidad de que cuando políticamente lo decida el Estado a través de la Cámara de Diputados, se pueda proceder penalmente ante los órganos judiciales competentes, en contra de cualquier servidor público, sin importar el nivel del cargo, excepción hecha del Ejecutivo Federal. En este orden, se advierte que el procedimiento de declaración de procedencia es una institución fundamental del orden jurídico mexicano, prevista a nivel constitucional, por lo que a diferencia de lo que expone el a quo, que no puede ser susceptible de paralizarse sin afectar indefectiblemente el interés social. Es aplicable a las anteriores consideraciones, en lo conducente y por similitud sustancial, la tesis P. LXXXVII/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 164 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO.’ (se transcribe). Es aplicable también, por similitud sustancial, la tesis 1a. XIV/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1091 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, CONCEPTO DE INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DEL INCIDENTE DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).’ (se transcribe). Lo anterior se robustece además con el hecho de que la sociedad tiene un claro interés en que se investigue la comisión de delitos y se prosigan los procedimientos y procesos que se encaminen al esclarecimiento de los mismos y, en su caso, al castigo estatal del sujeto activo. Es orientador el criterio de tesis emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 496 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, octubre de 1993, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN, NO PROCEDE CUANDO TIENDA A IMPEDIR LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, AUNQUE ELLO PUDIERA DEJAR SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). De igual formal es aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis visible a página 494 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, que establece: ‘SUSPENSIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, CUANDO SE IMPIDE LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA, AUN CUANDO QUEDE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Así también cobra aplicación, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la emisión de la tesis P. LXXXVIII/95, visible a página 164 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, que indica: ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE AFECTA LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE PERSEGUIR LOS DELITOS Y VIGILAR QUE LOS PROCESOS PENALES SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD, PORQUE SE AFECTARÍA GRAVEMENTE A LA SOCIEDAD.’ (se transcribe). En dicho contexto, no es procedente impedírsele al órgano competente, que en caso de que conforme a la voluntad del Estado estime pertinente, el hoy quejoso sea puesto a disposición de los juzgados competentes para el efecto de que, como cualquier otro ciudadano, esté en posibilidad de demostrar su inocencia ante la autoridad judicial, sin que obste que el a quo se hubiese apoyado en el artículo 138 de la Ley de Amparo, dado que como ya se expresó el interés social derivado de la función pública, por su propia naturaleza es superior a cualquier interés individual, amén de que las violaciones alegadas por el amparista no podrían considerarse consumadas irreparablemente, pues como también ya se ha señalado la resolución que se dicta en el procedimiento relativo puede incluso favorecerle; aunado a lo anterior es pertinente agregar que los efectos y consecuencias de los actos reclamados por los que se concedió la suspensión provisional llevan implícitos derechos políticos respecto de lo cuales no procede la concesión de la suspensión. Es orientador, por identidad sustancial, el criterio de tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 546 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, Primera Parte, que dice: ‘DERECHOS POLÍTICOS, AMPARO POR VIOLACIÓN DE.’ (se transcribe). Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número I.3o.A. J/27, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 449 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, que a la letra dice: ‘SERVIDORES PÚBLICOS, ORDEN DE BAJA DE LOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). De igual forma resulta aplicable la tesis I.9o.A.28 A, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1366 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, que indica: ‘SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS CONSISTENTES EN LA REMOCIÓN Y EL TRÁMITE DE LA BAJA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL.’ (se transcribe). Resulta también orientador el criterio de la tesis I.3o.A.31 A, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 624 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, que establece: ‘SUSPENSIÓN, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA BAJA O CESE DE UN SERVIDOR PÚBLICO, PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En esas condiciones, lo procedente es declarar inoperantes algunos e infundado otro de los agravios expresados por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en los términos precisados en el considerando sexto de esta resolución; y fundados los restantes que expone, así como los conducentes que expresaron los integrantes de la sección instructora de la propia Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por lo que sin ser necesario entrar al estudio de sus restantes manifestaciones, es procedente declarar fundado el recurso de queja en relación con el proveído de dos de abril de dos mil tres que se sustancia."
CUARTO. Las consideraciones del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de marzo de dos mil tres, la queja penal 40/2003-XI son, en lo que interesa, las siguientes:
"Por otra parte, aun cuando es cierto que el procedimiento para la declaración de desafuero de que se duele el quejoso, es de orden público y, por lo mismo, su continuación no puede suspenderse, empero, los efectos y consecuencias de dicho procedimiento sí son suspendibles, pues resulta incontrovertible que la culminación de éste implicaría la irreparabilidad de las violaciones que en aquél pudieran haberse cometido. Ciertamente, debe destacarse que de no concederse la suspensión, en cuanto a los efectos y consecuencias del procedimiento de referencia, se insiste, podría traer como consecuencia que las violaciones que pudieran cometerse durante la tramitación del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio quedaran irreparablemente consumadas con el dictado de la resolución definitiva que ponga fin al mismo, de resultar contrario a los intereses del hoy quejoso y, de este modo, el juicio de amparo quedaría sin materia, haciendo nugatoria la protección constitucional que a través de este medio encuentra todo gobernado para inconformarse contra tales violaciones. En efecto, si bien es cierto que en el caso que nos ocupa, el procedimiento de desafuero seguido en contra del amparista ya se inició, y considerando que dicho procedimiento principia con la admisión de la solicitud que formuló el agente del Ministerio Público de la Federación responsable y culmina con el dictado de la resolución correspondiente que determine o no la subsistencia del fuero, resulta claro que la consecuencia y efectos de todo procedimiento, trátese judicial, administrativo o administrativo en forma de juicio, como en el caso acontece, necesariamente es la resolución que pone fin al mismo, en el que se dictamine si ha lugar o no a proceder sobre la subsistencia del fuero constitucional, máxime que dicha resolución no tiene el carácter de consumado como equívocamente se sostiene en el acuerdo recurrido, porque esa determinación aún no se ha emitido; además, el dictado de ese tipo de resoluciones no es de naturaleza negativa, pues implica un actuar positivo. Atento lo anterior, y toda vez que se encuentran reunidos los requisitos previstos en el numeral 124 de la ley de la materia, esto es: (se transcribe). Y, con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, con apoyo además en el diverso 138, párrafo primero, del mismo ordenamiento legal, se concede la suspensión provisional respecto de los aludidos efectos y consecuencias, a fin de que agotado el procedimiento iniciado para la declaración de procedencia para la remoción del fuero constitucional de que goza el aquí amparista ... la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se abstenga de pronunciar la resolución definitiva correspondiente, hasta en tanto sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio constitucional."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Así, tenemos que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en resumen, estima que la resolución que recae a la solicitud de declaración de procedencia es un acto futuro de realización incierta, en contra del cual no procede la concesión de la suspensión provisional, por no satisfacerse los requisitos previstos por el artículo 124 de la Ley de Amparo para que pueda concederse la suspensión provisional, ya que la concesión de la medida suspensional sí irroga un perjuicio al interés social porque el procedimiento de declaratoria de procedencia es un medio de control político, cuya naturaleza intrínseca es eminentemente de interés social y de orden público, toda vez que a través del mismo, el Estado manifestará su voluntad política para evitar la impunidad de ilícitos penales por parte de cualquiera de los servidores públicos procesalmente protegidos, además de que la sociedad tiene un claro interés en que se investigue la comisión de delitos y se prosigan los procedimientos y procesos que se encaminen al esclarecimiento de los mismos y, en su caso, al castigo estatal del sujeto activo.
Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, considera que aun cuando es cierto que el procedimiento para la declaración de procedencia, es de orden público y por lo mismo su continuación no puede suspenderse, y que los efectos y consecuencias de dicho procedimiento sí son suspendibles, pues resulta incontrovertible que la culminación de éste implicaría la irreparabilidad de las violaciones que en aquél pudieran haberse cometido y, de este modo, el juicio de amparo quedaría sin materia, haciendo nugatoria la protección constitucional que a través de este medio encuentra todo gobernado para inconformarse contra tales violaciones.
De lo expuesto, se advierte:
a) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración los órganos colegiados implícitamente examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si puede o no otorgarse la suspensión respecto de los actos del procedimiento de declaración de procedencia a que se refiere el artículo 111 constitucional.
b) Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las resoluciones respectivas.
c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados atendiendo a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, arribaron a diferentes conclusiones.
En efecto, ambos Tribunales Colegiados se refieren a la figura de la suspensión en el juicio de procedencia contemplado por el artículo 111 constitucional, y si bien es cierto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito afirma que los actos del citado juicio de procedencia no son suspendibles y que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito hace la misma afirmación, agregando que los efectos y consecuencias de dicho procedimiento constitucional sí son susceptibles de suspenderse; también lo es que implícitamente hay una contradicción entre ambos criterios, en tanto que el primer tribunal mencionado, al afirmar que no es suspendible el procedimiento, de alguna manera implica que tampoco sus efectos y consecuencias, y tan es así, que en el cuerpo de su resolución, relacionada con el presente conflicto de interpretación, cita un criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS CONSISTENTES EN LA REMOCIÓN Y EL TRÁMITE DE LA BAJA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL."
De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusión, de que en este caso sí existe contradicción de tesis consistente en determinar si los efectos y consecuencias del juicio de procedencia a que se refiere el artículo 111 constitucional son susceptibles o no de suspenderse en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Igualmente es aplicable el siguiente criterio de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte:
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, diciembre de 1993
"Tesis: 2a. VIII/93
"Página: 41
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así.
"Varios 29/92. Contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cinco votos. 19 de mayo de 1993. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como quedó expuesto en su oportunidad, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si puede o no otorgarse la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del procedimiento de declaración de procedencia, a que se refiere el artículo 111 constitucional.
Para poder resolver el diferendo interpretativo en cuestión, es necesario, como una cuestión previa, establecer con precisión en qué consiste la figura de la declaración de procedencia, para lo cual debemos atender al texto del artículo 111 constitucional, que a la letra dice:
"Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, los jefes de Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
"Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
"Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
"Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
"Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
"Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados (sic) Senadores son inatacables.
"El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
"En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
"Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
"Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados."
La filosofía de la declaración de procedencia, se expone en la exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la que al respecto se dice:
"La obligación de servir con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia a los intereses del pueblo es la misma para todo servidor público, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de su empleo, cargo o comisión.
"Las nuevas bases constitucionales que proponemos se inspiran en este principio igualitario, al mismo tiempo que establecen con claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas que pueden resultar de esas obligaciones comunes de todo servidor público.
"La iniciativa propone reordenar el título cuarto, estableciendo los sujetos a las responsabilidades por el servicio público (artículo 108); la naturaleza de dichas responsabilidades y las bases de la responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito (artículo 109); el juicio para exigir las responsabilidades políticas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18176-ace80c61/declaracion-de-procedencia-los-efectos-y-consecuencias-derivados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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