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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN PENAL. LA OMISIÓN DE FIRMAR EL ACTA RESPECTIVA POR PARTE DE DOS DE LOS MAGISTRADOS QUE ASISTIERON A ELLA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL, SI AQUÉLLA SE ENCUENTRA SIGNADA POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2004-PS. · Registro digital (IUS): 19231
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 163.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En principio, debe señalarse que no impide efectuar el análisis de la contradicción de tesis a estudio, la circunstancia de que en ambos criterios en conflicto no se haya sustentado tesis conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.

Criterio que se refleja en la jurisprudencia número P./J. 27/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(1)

CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.

Así, vemos que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con fecha diecinueve de febrero de dos mil cuatro, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 78/2004, promovido por ... por conducto de su defensor de oficio, consideró, en la parte conducente, lo siguiente:

"III. ... Ahora bien, todo acto o diligencia debe estar firmada no sólo por las partes que intervienen en ella y el secretario que la autoriza, sino que para su validez es indispensable que también la suscriba el servidor público que la presida, como se advierte del contenido del artículo 12 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, que establece: ‘Las actuaciones deberán constar por escrito, podrán practicarse a toda hora y aun en días inhábiles sin necesidad de previa habilitación, y en cada una de ellas se expresará el lugar, la hora, día, mes y año en que se realicen. En todas las actuaciones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional se asentarán los nombres y apellidos de todos los servidores públicos y demás personas que intervengan en ellas. El tribunal de segunda instancia asentará al margen de sus actuaciones los nombres y apellidos de los servidores públicos que las firmen.’. En la especie, este órgano de control constitucional observa que la audiencia de vista que tuvo verificativo dentro del toca de apelación 566/2003, la presidieron los Magistrados, presidente Arturo Baca Rivera, Miguel Ángel Arteaga Sandoval y Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel; de tal manera que si en la diligencia en comentario, actuaron los tres Magistrados integrantes de la Sala responsable, cada uno debió firmar para la validez de este acto. No obstante, del estudio de la audiencia de mérito se observa que solamente firmó el Magistrado presidente Arturo Baca Rivera, lo que constituye una violación a la predicha disposición de carácter procesal. Es patente que lo destacado contraviene lo dispuesto por la norma jurídica, viola las leyes del procedimiento y veda las posibilidades de defensa del sentenciado en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Amparo, que en su fracción IV señala que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando se practiquen diligencias ‘en forma distinta’ a la prevenida por la ley; por consiguiente, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que se reponga el procedimiento de segunda instancia hasta antes de la audiencia de vista y se verifique una nueva, que deberán signar, además de las partes que en ella intervengan y del secretario que la autorice, los servidores públicos que la presidan. ..."

El Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo el mismo criterio al resolver los amparos directos 638/2003, 615/2003, 797/2003, 469/2003, 742/2003 y 663/2003.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 710/2003, promovido por ... en la parte que interesa, textualmente expuso:

"SÉPTIMO. ... No pasa desapercibido para este tribunal que en el acta de la celebración de la vista, se asienta que se lleva a cabo ante los tres Magistrados integrantes de la Sala; no obstante, al final únicamente aparecen las firmas del Magistrado presidente, del defensor particular, del Ministerio Público adscrito y del secretario de acuerdos, a pesar de que este último certifica que firmaron ‘al calce los que en ella intervinieron’. La anterior irregularidad pudo obedecer a cualquiera de los dos siguientes motivos: a) Los Magistrados integrantes de la Sala responsable sí estuvieron presentes en la celebración de la audiencia de vista, y por un error se omitió al final de la misma, asentar sus nombres y dejar el espacio correspondiente para que estamparan su firma y, por ello, no se les requirió para que la suscribieran; o, b) De los tres Magistrados integrantes de la Sala, sólo asistió a la referida audiencia el presidente de la misma, siendo inexacto, en consecuencia, lo aseverado por el secretario de Acuerdos en cuanto a la presencia de los tres. A pesar de lo apuntado, es evidente que aun en este último supuesto, la audiencia de vista se celebró y cumplió con la finalidad para la cual fue prevista según el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, a saber: que el apelante y las otras partes hicieran uso de la palabra sucintamente; pues en el acta aparece constancia de lo que en esa audiencia expresaron. Sin que se advierta que en el presente asunto, el mero hecho de no haber escuchado los Magistrados faltantes tales expresiones, se traduzcan en una infracción que, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 158 de la Ley de Amparo, hubiere trascendido al resultado del fallo. Requisito que es menester satisfacer para que sea operante el argumento relativo a la violación cometida durante el procedimiento y se conceda el amparo para que se subsane. Entendido este requisito como la exigencia de que la aludida violación debe ser de tal naturaleza que de no haberse cometido, el sentido de la sentencia podría haber sido diverso. En efecto, con este requisito el Constituyente Permanente quiso, con un sentido práctico, delimitar la concesión de la protección de la Justicia Federal con motivo de las violaciones cometidas durante el procedimiento a los casos en que se contemplara que la corrección de la infracción pudiere variar, en beneficio del quejoso, el sentido del fallo; lo cual, en la especie, como ya se dijo, no se advierte. Por tanto, la irregularidad reseñada para efectos de este juicio de amparo se estima intrascendente. ..."

Igualmente, el Tribunal Colegiado en cita, sostuvo dicho criterio en los amparos directos 765/2003 y 664/2003.

QUINTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, toda vez que sólo en la hipótesis de que se declare la existencia de la misma, será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.

Sobre el particular, este Alto Tribunal ha sustentado que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(2) asimismo, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 1a./J. 5/2000, emitida por la Primera Sala, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA."(3)

De acuerdo con lo señalado, se observa que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el acta de la audiencia de vista celebrada en el toca de apelación número 566/2003, hizo constar que dicha audiencia se llevó a cabo con la presencia de los tres Magistrados integrantes de la Sala, no obstante ello, únicamente fue firmada por el Magistrado presidente Arturo Baca Rivera, lo que a su criterio, se consideró como una violación a lo dispuesto en el artículo 160, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Asimismo, sostuvo en sus resoluciones que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en la audiencia de vista en la cual actuaron los tres Magistrados integrantes de la Sala responsable, cada uno debió firmarla, para así darle validez a dicho acto, por tal motivo concedió el amparo y protección de la Justicia, en los citados asuntos, para el efecto de que se repusiera el procedimiento de segunda instancia, hasta antes de la audiencia de vista y se realizara una nueva, la cual debían signar, además de las partes que en ella intervinieran y el secretario que la autorizara, los servidores públicos que la presidieran.

En ese sentido, concluye el citado Tribunal Colegiado, que la falta de firma de alguna de las personas que intervengan en la audiencia de vista, contraviene lo dispuesto por la norma jurídica, viola las leyes del procedimiento y veda las posibilidades de defensa del sentenciado en términos de lo dispuesto en el artículo 160 citado.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 710/2003, también advierte que en el acta de la audiencia de vista se asentó que se llevó a cabo ante los tres Magistrados integrantes de la Sala, sin embargo, al final de ésta únicamente aparecían las firmas del Magistrado presidente, del defensor particular, del Ministerio Público adscrito y del secretario de Acuerdos.

No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado mencionado consideró que la audiencia de vista se celebró y cumplió con la finalidad para la cual fue prevista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

Asimismo, refiere que el hecho de que se advierta que en dicha diligencia los Magistrados faltantes no hayan escuchado las expresiones del apelante o de las demás partes que hayan hecho uso de la palabra, no se traduce en una infracción que en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 158 de la Ley de Amparo, hubiere trascendido al resultado del fallo.(4)

Por otra parte, señala que la exigencia de este requisito debe ser de tal naturaleza que de no haberse cometido, el sentido de la sentencia podría haber sido diverso, lo que en el presente caso no se advierte, por lo que considera intrascendente tal irregularidad para efectos del amparo.

Las sintetizadas consideraciones ponen de manifiesto que dichos órganos jurisdiccionales examinaron cuestiones esencialmente iguales y llegaron a conclusiones opuestas, dado que, por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó que la falta de las firmas de dos de los tres Magistrados que estuvieron presentes en la audiencia de vista, era una violación al procedimiento; y por otro, el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito consideró que dicha omisión no trascendía al resultado del fallo.

Así, vemos que la contradicción de criterios consiste en determinar si la omisión de asentar las firmas de dos de los tres Magistrados que asistieron a la audiencia de vista constituye o no una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo.

Lo anterior pone de manifiesto que sí se cumple con el primero de los requisitos a que alude la citada jurisprudencia, a saber: que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones esencialmente iguales y se adopten criterios diferentes.

Ahora bien, por lo que hace al segundo de los requisitos, debe señalarse que las transcripciones de las respectivas resoluciones de los órganos jurisdiccionales que contienden, revelan que la diferencia de criterios se presenta precisamente en las consideraciones contenidas en cada una de ellas.

Finalmente, en cuanto al tercer requisito, debe decirse que de las referidas sentencias se desprende que los criterios en contradicción provienen del examen de los mismos elementos, pues, como ya se refirió, ambos Tribunales Colegiados tuvieron a su cargo la resolución de diversos asuntos en los que el problema jurídico radicaba en determinar si la omisión de asentar las firmas de dos de los tres Magistrados que estuvieron presentes en la audiencia de vista (pues así se asentó en el acta respectiva), constituye o no una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo.

Así, de conformidad con lo expuesto, se concluye que sí existe contradicción de criterios, en los términos que han quedado precisados.

SEXTO. Ahora bien, el punto de contradicción que habrá de resolverse consiste en determinar si la circunstancia de que aun cuando en la celebración de la audiencia de vista se haga constar la asistencia de los tres Magistrados que integran el órgano colegiado, en el acta respectiva sólo se asiente la firma del Magistrado presidente, constituye o no una violación a las leyes del procedimiento que trascienda al resultado del fallo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala, en atención a lo que a continuación se expondrá.

De lo dicho en párrafos precedentes se advierte, que ambos Tribunales Colegiados coincidieron en considerar como una violación procesal la omisión de asentar las firmas de dos de los tres Magistrados que asistieron a la audiencia de vista (la cual sólo fue firmada por el Magistrado presidente del órgano colegiado respectivo), sin embargo, uno de los tribunales consideró que tal situación trascendía al resultado del fallo y el otro la estimó intrascendente.

En primer término, conviene precisar cuándo existe una violación procesal, de conformidad con la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo.

El precepto referido dispone:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"IV. Cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley."

Por tanto, contrario a lo sostenido por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala considera que aun cuando en la celebración de una audiencia de vista se haga constar la asistencia de los tres Magistrados que integran el tribunal de apelación y el acta respectiva sólo se encuentre firmada por el Magistrado presidente, ello no constituye una violación al procedimiento, como enseguida se demostrará.

El artículo 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, respecto a la celebración de la audiencia de vista en el recurso de apelación, establece:

"Artículo 293. El día y hora señalados para la vista, el secretario de la Sala comenzará la audiencia haciendo una relación del asunto; enseguida harán uso de la palabra sucintamente el apelante y las otras partes, en el orden que indique quién presida la audiencia. Si fueren dos o más los apelantes, se les concederá el uso de la palabra en el orden que designe el servidor público que presida."

Del citado artículo se desprende que la audiencia de vista debe llevarse a cabo bajo las siguientes reglas:

a) Deberá iniciar el día y hora que se hayan señalado en autos.

b) El secretario hará una relación del proceso.

c) Se concederá el uso de la palabra a la parte apelante y, a continuación, en el orden que designe quien preside la audiencia, se dará el uso de la voz a las demás partes, incluso en el supuesto de que fueren dos o más apelantes.

Asimismo, de este numeral se advierte que la audiencia de vista sólo es presidida por una persona, pues de otra manera no se explica la parte final, que dice: "... en el orden que designe el servidor público que presida".

Una vez asentado lo anterior, es conveniente determinar quién es el funcionario público que preside la audiencia a que se refiere el citado artículo 293.

En ese sentido, es preciso mencionar lo que establece el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

"Artículo 46. Son atribuciones de los presidentes de la Sala colegiada y de los Magistrados de la Sala unitaria:

"I. Realizar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia de la Sala;

"II. (Derogada, P.O. 8 de mayo de 2003)

"III. Presidir las audiencias y las sesiones y dirigir los debates, conservando el orden durante éstos;

"IV. Tener la representación de la Sala y despachar la correspondencia oficial, rendir los informes previo y justificado, y en general proveer lo relativo a los juicios de amparo; y

"V. Conocer de los asuntos que les encomiende esta ley y otros ordenamientos legales."

De lo antes reproducido se advierte que solamente al presidente de la Sala colegiada le corresponde presidir las audiencias y, esto es así, toda vez que del citado numeral no se aprecia que tal disposición vaya dirigida a los demás Magistrados integrantes de la Sala.

Dilucidada la circunstancia de que el Magistrado presidente es el funcionario encargado de presidir la audiencia de vista, se procede a estudiar las diversas formalidades con que deben contar dichas actas, solamente en cuanto al punto aquí en estudio.

El artículo 12 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México dispone:

"Artículo 12. Las actuaciones deberán constar por escrito, podrán practicarse a toda hora y aun en días inhábiles, sin necesidad de previa habilitación, y en cada una de ellas se expresará el lugar, la hora, día, mes y año en que se realicen. En todas las actuaciones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional se asentarán los nombres y apellidos de todos los servidores públicos y demás personas que intervengan en ellas.

"El tribunal de segunda instancia asentará al margen de sus actuaciones los nombres y apellidos de los servidores públicos que las firmen."

En atención a lo anterior, es obligación del secretario asentar en el acta los nombres y apellidos de todos los servidores públicos y demás personas que intervengan en la celebración de la audiencia de vista, así como asentar al margen los nombres y apellidos de los servidores públicos que las firmen.

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar quiénes son los funcionarios públicos obligados a firmar el acta respectiva a la audiencia de vista.

Al efecto, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México señala:

"Artículo 88. Los secretarios tienen fe pública en el ejercicio de las funciones a su cargo; también la tienen los servidores públicos judiciales que en cada caso autoricen, la ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de las Salas colegiadas, los Magistrados unitarios o el Juez."

En ese mismo sentido, el artículo 89, fracciones IV y XII, de la mencionada ley, establece:

"Artículo 89. Son obligaciones de los secretarios:

"...

"IV. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de resoluciones dictadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del Pleno, Magistrados de las Salas o Juez, según corresponda;

"...

"XII. Dar fe y autorizar los actos de su inmediato superior en ejercicio de sus funciones."

De lo expuesto se deduce que el acta de la audiencia de vista deberá ser autorizada por los funcionarios a quienes corresponda firmar, dar fe o certificar el acto, por lo que de conformidad con los preceptos citados quienes tienen dicha facultad son el secretario y el presidente de la Sala colegiada.

En atención a lo anterior, se considera que cuando en el acta de la audiencia de vista se asienta la asistencia de los tres Magistrados, y al final de la misma sólo aparece el nombre y firma del Magistrado presidente, no existe violación a las reglas del procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el secretario asentó la asistencia de los tres Magistrados en dicha audiencia, y al final sólo la firmó el Magistrado presidente que es el único de los tres, que por disposición legal se encuentra obligado a hacerlo para darle validez al acto.

Por tanto, esta Primera Sala considera que cuando en el acta levantada con motivo de la audiencia de vista se haya asentado que comparecieron los tres Magistrados de la Sala a la celebración de la misma y, de los tres, sólo haya sido firmada por el Magistrado presidente de dicha Sala, esa circunstancia no constituye una violación procesal, pues como ya quedó asentado, los otros dos Magistrados no se encuentran obligados a hacerlo, en atención a que al no tener fe pública, su firma no es necesaria para dar validez al acto en cuestión, independientemente de que deseen hacerlo. Por ello, no obstante que asistieron a la audiencia, la omisión de firmar de los dos Magistrados que no están facultados para presidir la audiencia de vista no constituye una violación al procedimiento.

Así, por las razones que se expresan y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala y la tesis que debe quedar redactada, es la siguiente:

-La circunstancia de que en el acta levantada con motivo de la audiencia de vista a que se refiere el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se haga constar la asistencia de los tres Magistrados integrantes de la Sala, y al final de aquélla sólo aparezca la firma de su presidente, no constituye una violación a las leyes del procedimiento. Lo anterior es así, en atención a que conforme al artículo 12 de dicho código, es obligación del secretario asentar el nombre de los funcionarios públicos que asistieron a la audiencia y el acta deberá contener al margen los nombres y apellidos de los servidores públicos que las firmen. Sin embargo, de la interpretación conjunta del aludido artículo 293, así como de los numerales 46 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se advierte que el único facultado para presidir la audiencia es el Magistrado presidente, quien además está obligado a firmar el acta para darle validez; por tanto, los otros dos Magistrados pueden o no firmarla -no obstante que en el acta se asiente su asistencia-, pues al no estar constreñidos por la ley a hacerlo, la validez del acto no depende de su firma.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del último considerando de esta resolución.

TERCERO.-Publíquese la tesis aprobada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y remítase al Tribunal Pleno y a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

______________

1. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 77.

2. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76.

3. Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 49.

4. Los citados artículos señalan lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; ..."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19231-07e1bc76/audiencia-de-vista-en-la-apelacion-penal-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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