REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se estima conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales que emitieron los criterios en contradicción.
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, sustentó igual criterio al resolver los amparos directos números 160/2004 y 236/2004, respectivamente, promovidos por ... resueltos en sesiones celebradas el veinticuatro de junio y diecinueve de agosto, ambos de dos mil cuatro, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias, sólo se transcribirá, en la parte que interesa, el último fallo.
En el amparo directo 236/2004, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:
"De tal forma que la dependencia pública encargada de otorgar la ayuda a la víctima del delito no está exenta de probar los gastos que erogó con ese motivo, pues su sola manifestación no puede ser suficiente para tal efecto, máxime si, como se advierte de la disposición en cita, en el tema de la reparación del daño la autoridad queda subrogada en los derechos del ofendido, lo cual indica que frente al Juez y al acusado tiene la calidad de parte, no propiamente de autoridad, en ese supuesto, atento a lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, que establece que el que afirma está obligado a probar, debió demostrar su pretensión, lo que no ocurre en el caso, por ende, debe estimarse que la cantidad a que fue condenado el quejoso por concepto de reparación del daño material es violatoria de garantías. No obstante, a pesar de lo anterior, tal condena debe subsistir, pues como ya se dijo es obligación del juzgador decretarla como ineludible consecuencia de un fallo condenatorio por ser una garantía establecida constitucionalmente en favor de los ofendidos. Por ende, se concluye, la condena a la reparación del daño material es correcta, no así la determinación de su monto, puesto que el documento en que se fundó es insuficiente para tal efecto. En esa medida, la sentencia sujeta a control constitucional, por cuanto hace a este apartado relativo al quántum de la condena a la reparación del daño material, transgrede en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y certeza jurídica que consagran los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. Por lo que en las aludidas condiciones, lo que se impone es conceder a ... el amparo y protección que solicita, para el efecto de que la Sala responsable declare insubsistente el fallo reclamado y en su lugar emita uno nuevo, en el que deberá reiterar la acreditación del cuerpo de los delitos de portación de instrumento prohibido y lesiones, previstos y sancionados por los artículos 179, fracción I, 181, 305 y 306, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; la plena responsabilidad del peticionario de garantías en su producción; la sanción privativa y monetaria impuesta; y la condena a la reparación del daño moral. Y luego, conforme a los lineamientos señalados en este fallo, sostener la condena al pago de la reparación del daño material, prescindiendo de fijar monto alguno, mismo que podrá fincarse en ejecución de sentencia, previas pruebas debidamente presentadas." (fojas 173 a 175 del expediente).
Asimismo, el órgano colegiado de que se trata, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 222/2004, promovido por ... en sesión de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, consideró lo siguiente:
"Por otra parte, en relación con la condena al pago por concepto de reparación del daño material y moral, es verdad que a partir de la modificación que sufrió el primer párrafo del artículo 20 constitucional, publicada el veintiuno de septiembre del año dos mil, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a los seis meses de su publicación, esto es, el veintidós de marzo de dos mil uno, a través de la cual se adicionó al contenido de esa norma un apartado que más adelante se transcribirá, la víctima u ofendido tiene derecho al pago de la reparación del daño en tratándose de sentencia condenatoria contra el reo, por lo que, si en el caso, esto último aconteció, es decir, el fallo de primer grado dictado contra la amparista y confirmado por la Sala, fue condenatorio, entonces, por imperativo constitucional, es legal que el tribunal de alzada condenara al pago de la reparación del daño. El apartado constitucional en cuestión es del tenor literal siguiente: ‘... en todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado. ... B. De la víctima o del ofendido. ... IV. Que se le repare el daño. En los casos que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño ...’. En tanto que, los artículos 50 bis y 51 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, disponen:
"‘Artículo 50 bis. La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso.’. ‘Artículo 51. La reparación del daño y de los perjuicios causados por el delito, comprende: I. La restitución del bien obtenido por el delito y de sus frutos existentes, o si no fuere posible, el pago del precio de ambos a valor comercial; y II. La indemnización del daño material y moral, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.’. Sin embargo, resulta violatorio de garantías que la Sala responsable confirmara la condena por concepto de reparación del daño moral y material, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el Juez de Primera Instancia, sustentó el daño moral en los artículos 1993 y 1995 del Código Civil para el Estado de Puebla y fijó la cantidad que resulte del equivalente a ciento ochenta y cinco días de salario, considerando que el artículo 75 del Código Civil para el Estado de Puebla establece que son ilícitos en relación a las personas individuales, aquellos hechos o actos que -entre otros supuestos- dañen o puedan dañar la vida, lo cual estimó, ocurrió con la menor ... quien a raíz de la acción desplegada por la quejosa resultó intoxicada por la incorrecta aplicación de un medicamento. Por lo que se refiere al daño material, la condena se basó en diversos documentos relativos a medicamentos, honorarios médicos y hospitalización que requirió la menor con motivo de la sobredosis que le fue suministrada por la hoy quejosa. Tal decisión es ilegal, puesto que el delito de usurpación de profesión es de peligro, no de resultado, por ende, para condenar por concepto de reparación de daño moral y material, no se puede tomar como base las consecuencias o efectos que sufrió la menor derivados del actuar de la quejosa, pues esos daños o alteraciones no se derivan directamente de la comisión de dicho antisocial, precisamente por no ser de resultado material, sino en todo caso, pudiera ser producto de otro ilícito como el de lesiones -del que no se acusó a la impetrante de amparo-, supuesto en el cual la materialidad del ataque padecido por la víctima se derivaría directamente de su ejecución, y entonces sí procedía tal condena. En esa medida, la sentencia sujeta a control constitucional, por cuanto hace a tales apartados, transgrede en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y certeza jurídica que consagran los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. Por lo que en las aludidas condiciones, lo que se impone es conceder a ... el amparo y protección que solicita, para el efecto de que la Sala responsable declare insubsistente el fallo reclamado y en su lugar emita uno nuevo, en el que deberá reiterar la acreditación del cuerpo del delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado por el artículo 258, fracción II, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; la plena responsabilidad de la peticionaria de garantías en la producción del referido injusto; la sanción privativa y monetaria impuesta; así como la amonestación y el beneficio concedido. Y luego, conforme a los lineamientos señalados en este fallo, absolver por lo que hace a la reparación del daño moral y material." (fojas 215 a 218 del expediente).
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el siete de mayo de dos mil cuatro, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo número 118/2004, promovido por ... considerando lo siguiente:
"Se impone mencionar que este Tribunal Federal, en asuntos anteriores se ha pronunciado en el sentido de que no es violatoria de derechos fundamentales la sentencia en la que se condena al inculpado al pago de la reparación del daño, sin determinar el monto de dicha sanción; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema obliga a este cuerpo colegiado a abandonar el criterio en cita y sostener lo contrario, en base al análisis que enseguida se desarrolla: Conviene realizar una transcripción, en lo conducente, de los numerales del Código de Defensa Social vigente en la entidad, relacionados con el tema: ‘Artículo 50 bis.’ (se transcribe). ‘Artículo 51.’ (se transcribe). ‘Artículo 51 bis.’ (se transcribe). ‘Artículo 51 ter.’ (se transcribe). De la lectura de los numerales transcritos, se infiere lo siguiente: a) La reparación del daño consiste en: 1) La restitución de la cosa obtenida con la comisión del delito, y si ello no es posible, el pago de su precio; 2) La indemnización del daño material y moral causado; y, 3) El resarcimiento de los perjuicios derivados de la comisión del ilícito. b) La reparación del daño tiene el carácter de pena pública cuando se impone al sentenciado; y el de sanción civil cuando se trata de un tercero que conforme a la legislación penal pudiera estar obligado a cubrirla. c) Cuando dicha sanción constituye pena pública (al tratarse del inculpado), se exigirá por el Ministerio Público y será establecida su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso, es decir, según el daño que sea preciso reparar. A efecto de seguir con el análisis del punto que ocupa nuestra atención, se precisa establecer lo que se entiende por daño material, y al respecto el artículo 1956 del Código Civil vigente en la entidad, textualmente establece: ‘Artículo 1956.’ (se transcribe). De un análisis integral de la totalidad de los numerales transcritos, es factible sostener que para estar en aptitud de sancionar al delincuente a la reparación del daño debe, como presupuestos elementales, estar acreditada: a) La existencia del daño; y, b) La cuantía del mismo. Es cierto que la condena a la reparación del daño material tiene el carácter de pena pública y por ello, tal como lo establece la fracción IV del apartado B del artículo 20 constitucional ‘el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido sentencia condenatoria’; sin embargo, ello no significa que en todos los casos deba condenarse al sentenciado, puesto que para ello se requiere que: 1) Con la conducta ilícita se afecte el patrimonio de la víctima; 2) Se acredite la naturaleza, existencia y cuantía del daño ocasionado; y, 3) Que la exija el Ministerio Público. Al respecto, tiene aplicación la tesis aislada sostenida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1300, Tomo CXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA).’ (se transcribe). Asimismo, resultan aplicables al caso, en lo conducente, los criterios que enseguida se transcriben, registrado el primero con el número 2517, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1177, Tomo II, Penal, Apéndice 2000, Quinta Época; y el segundo, con el número 11, sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Distrito, visible en la página 1445, Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe). ‘REPARACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL, MOTIVACIÓN DE LA CONDENA A LA.’ (se transcribe). Ahora bien, el artículo 50 bis del Código de Defensa Social vigente en la entidad, también establece que la cuantía de dicha sanción se determinará con base en las pruebas obtenidas durante el proceso, de lo que se sigue que es durante la instrucción donde deben reunirse las pruebas relacionadas con la naturaleza y monto de los daños y no en un procedimiento distinto, sobre todo si se tiene en cuenta que al tratarse de una pena pública, como se ha venido diciendo, no puede imponerse en forma abstracta e indeterminada en su extensión, es decir, cualesquiera que sean las penas que se impongan al sentenciado con motivo de la comisión del ilícito, deben estar perfectamente definidas respecto de su naturaleza y extensión, en el caso, en cuanto a su monto. Se insiste en manifestar que el aspecto relativo a la reparación del daño debe probarse dentro de la instrucción y resolverse en la sentencia respectiva, ya sea: 1) absolviendo si no se acreditaron los extremos necesarios para su procedencia (existencia del daño causado con la comisión del ilícito, naturaleza o monto del mismo) y/o si el Ministerio Público no exigió esa reparación; o, 2) condenando, si es que tales extremos sí se acreditaron, fijando el monto y/o la forma en que ha de repararse la afectación en el patrimonio de la víctima u ofendido, y de ninguna manera el tópico que se menciona puede ser objeto de diverso y posterior procedimiento, pues se corre el riesgo de instaurar una multiplicidad de incidentes hasta llegar a probar el extremo precisado (monto de la reparación del daño), con la consiguiente violación a la garantía de seguridad jurídica y, además, ello es tanto como instruir al obligado una causa penal por idénticos hechos delictivos, lo que también resulta contrario a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que la ley secundaria no prevé la forma en cómo deba tramitarse ese nuevo y diverso procedimiento a efecto de fijar la extensión de pena de tal naturaleza, es decir, el monto de la reparación del daño, como tampoco se establece cuál es la autoridad judicial que, en su caso, deba conocer de tal asunto. Son aplicables a lo anterior, en lo conducente, los criterios que enseguida se transcriben: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).’ (se transcribe). ‘REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe). ‘REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe). ‘REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe). ‘REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe). Se estima pertinente mencionar que las reformas que sufrió el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el veintiuno de septiembre de dos mil, no hacen inaplicables los criterios jurisprudenciales que se citan, pues a raíz de éstas se consagraron como garantías constitucionales de la víctima, entre otros derechos, la satisfacción de la reparación del daño y el reconocimiento de parte dentro del proceso; por ello, con mayor razón debe sostenerse el criterio contenido en la jurisprudencia que se invoca, puesto que precisamente al reconocerle al ofendido el carácter de parte dentro del procedimiento, le permite defender sus intereses con la debida oportunidad dentro del proceso penal y, en consecuencia, aportar los medios que estime pertinentes para acreditar la naturaleza y monto del daño ocasionado. Por último, a mayor abundamiento y a efecto de reforzar las consideraciones hasta aquí expuestas, debe decirse que en el caso que ocupa nuestra atención se concedió al quejoso el beneficio de la conmutación de la pena, estableciéndose además que a efecto de gozar del mismo, dicho inculpado debe satisfacer la reparación del daño material por el que se le condenó; condición que tiene su fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 100 del Código de Defensa Social vigente en la entidad, que literalmente y en lo conducente prevé: ‘Para que surta efectos la conmutación, deberá pagarse primero la reparación del daño y la multa, si también se impuso.’. Así las cosas, de afirmar que es correcta la determinación de la responsable que se analiza en cuanto condena a la reparación del daño sin determinar la cuantía de dicha reparación, el acceso por parte del aquí quejoso al beneficio que se alude sería nugatorio, puesto que lógicamente no podría acogerse al mismo ante la incertidumbre de cuál es la cantidad a pagar por tal concepto, o bien, estaría sujeto a las resultas de un procedimiento posterior en que determinara el monto, procedimiento que además se ignora si se promoverá. Derivado de lo hasta aquí expuesto y como ya se adelantó, este cuerpo colegiado abandona el criterio sostenido con anterioridad y concluye que la sentencia que constituye el acto reclamado, por cuanto a que condena al sentenciado al pago de la reparación del daño material sin determinar el monto de la sanción aludida, debe reputarse inconstitucional. En virtud de lo anterior, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad ordenadora deje insubsistente la resolución de fecha cuatro de noviembre de dos mil tres, pronunciada en el toca de apelación 807/2003, y reitere los aspectos relativos a la comprobación del delito, la plena responsabilidad del sentenciado, aquí quejoso, la pena de prisión impuesta y la amonestación y, por otra parte, absuelva a ... del pago de la reparación del daño, al no encontrarse reunidos los presupuestos necesarios para proceder a imponer la pena de que se trata." (fojas 98 a 105 del expediente).
El criterio sustentado en la resolución anterior originó la tesis número VI.1o.P.227 P, consultable en la página número 1853, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL. LA SENTENCIA EN QUE SE CONDENA POR TAL CONCEPTO SIN DETERMINAR SU MONTO, ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA Y HACE NUGATORIA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA AL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De un análisis integral de los artículos 50 bis, 51, 51 bis y 51 ter del Código de Defensa Social y 1956 del Código Civil, ambos para el Estado de Puebla, es factible sostener que para estar en aptitud de condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño material, se requiere acreditar: a) la existencia del daño y que éste afecte al patrimonio de la víctima; y, b) su cuantía; y, además, que la exija el Ministerio Público, pues la reparación del daño material tiene el carácter de pena pública tal como lo establece la fracción IV, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal, en el sentido de que ‘el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido sentencia condenatoria’, por lo que no puede imponerse de forma abstracta e indeterminada, sino que debe estar perfectamente definida, lo cual deberá hacerse precisamente durante la instrucción y no en un procedimiento distinto, ya que se corre el riesgo de instaurar una multiplicidad de incidentes hasta llegar a probar el monto del daño, con la consiguiente violación a la garantía de seguridad jurídica, lo que sería tanto como instruir al reo una causa penal por idénticos hechos delictivos, lo que también resulta contrario a lo establecido por el artículo 23 constitucional, máxime que la ley secundaria no prevé la forma en que deba tramitarse ese nuevo y diverso procedimiento, como tampoco se establece qué autoridad deba conocer del asunto. Por tanto, para que surta efectos la concesión del beneficio de la conmutación de la pena al sentenciado, deberá pagarse previamente la reparación del daño, conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la ley sustantiva penal del Estado, y si el monto a la reparación del daño a que fue condenado no se determinó, el acceso al referido beneficio se haría nugatorio en tanto no se resolviera aquél." (Novena Época. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, tesis VI.1o.P.227 P, página 1853).
El mismo Tribunal Colegiado, el veinticuatro de junio de dos mil cuatro, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo número 138/2004, promovido por ... considerando lo siguiente:
"En cambio, en los términos precisados con antelación, los conceptos de violación aducidos por el quejoso son esencialmente fundados, suplidos en su deficiencia, como enseguida se expone. En primer término, es conveniente precisar que la reparación del daño, aun cuando tiene el carácter de pena pública y constituye una garantía en favor de la víctima o el ofendido (que se le repare el daño), dicha condena necesariamente debe solicitarla el Ministerio Público, tal como se desprende de lo dispuesto por el artículo 20, fracción IV, apartado B, que se transcribe a continuación: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). Lo cual, a su vez, es acorde con lo dispuesto por el artículo 50 bis del Código de Defensa Social de esta entidad, que establece: (se transcribe). Ahora bien, la omisión del representante social de solicitar la imposición de la pena relativa a la reparación del daño en los términos antes consignados, no puede subsanarse por el Juez de la causa, imponiendo una pena no solicitada en las conclusiones acusatorias, como en el caso aconteció. Esto es así, habida cuenta que el agente del Ministerio Público adscrito al citado juzgado, al precisar su acusación en las correspondientes conclusiones formuladas en contra del ahora quejoso, no solicitó la condena al pago de la reparación del daño ‘material’ por la comisión del delito de homicidio, lo cual se hace patente con la transcripción de dicho pliego acusatorio, en la parte conducente: (se transcribe). De tal suerte que si la representación social no solicitó condena por concepto de reparación del daño material, la Sala responsable al confirmar los argumentos expresados por la Juez de primer grado, condenando al quejoso por dicho concepto, rebasó la acusación, lo cual de suyo es suficiente para conceder al respecto el amparo solicitado, empero, la condena en cuestión se realizó de forma abstracta, esto es, sin determinar su monto, y tal proceder también resulta violatorio de garantías individuales, como se aprecia de la siguiente transcripción: (se transcribe). Por su aplicación, se invoca la tesis aislada número 259 (clave: TC065227.9 PE 1) que sobre el particular ha sustentado este órgano colegiado, aprobada por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha veintisiete de mayo del actual, del rubro y tenor siguientes: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL. LA SENTENCIA EN QUE SE CONDENA POR TAL CONCEPTO SIN DETERMINAR SU MONTO, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe) ..." (fojas 130 a 134 del expediente).
CUARTO. Es pertinente señalar que no resulta óbice para resolver la presente contradicción de tesis, el hecho de que no todos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Penal del Sexto Circuito no hayan sido plasmados en forma de tesis, en las que se distingan un rubro, un texto y datos de identificación de los asuntos en donde se sostuvieron, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria, en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Tiene aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, página 77).
QUINTO. Como cuestión previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcrito, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida, se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de cri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19388-1e889364/reparacion-del-dano-es-legal-la-sentencia-condenatoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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