Corpus
Modo: Corpus Pro

ESTUDIO DE PERSONALIDAD. UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN NO DEBE ORDENARSE SU ELABORACIÓN NI CONSIDERARSE PARA INDIVIDUALIZAR LA PENA POR CONTRADECIR EL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO Y ESTIGMATIZAR A LA PERSONA SUJETA A LA JURISDICCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 226/2012. · Registro digital (IUS): 24396
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1247.

AMPARO EN REVISIÓN 226/2012. 4 DE ENERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En principio y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, en materia de derechos fundamentales debe decirse que el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias, es decir, los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de ahí que las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas; en el caso de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado "principio pro persona".

En consecuencia, en aras de dicho principio, conforme al cual y en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional en cita, así como en los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por lo que, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos deberá realizar: una interpretación conforme en sentido amplio del orden jurídico a la luz y respecto de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que al existir varias interpretaciones jurídicamente válidas los juzgadores partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes deben preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales; y una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles; de ahí que, de estimar la existencia de una violación a los referidos derechos humanos, se procederá a sancionar y reparar la misma, en los términos que establezca la ley para ello, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución General de la República y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 107/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."

Así como la tesis aislada P. LXIX/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."

Previamente, debe decirse que conviene acotar que si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad revisora en lo general no entre al estudio de fondo cuando se concedió el amparo al quejoso, y cuando éste actúa como único recurrente, porque se advierte el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio, también lo es que tal criterio presupone el análisis previo de los siguientes requisitos:

a) Que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea, que no se perciba trasgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento de amparo (por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de amparo, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del País o, en general, la trasgresión a los principios del juicio de garantías como cuando se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable, o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y además se concede el amparo constriñendo a la responsable a perfeccionar dicho acto formalmente pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas);

b) Que sea perceptible el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius, presupone precisamente la valoración ínsita de que el amparo concedido le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y

c) Que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del análisis de fondo (delito y responsabilidad), estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos, pues de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación.

Ahora bien, no se actualizan los anteriores supuestos (para evitar el análisis de fondo con motivo del principio de non reformatio in peius), porque precisamente se resolvió el fondo del asunto cuya constitucionalidad se cuestionó (el auto de formal prisión, la orden de la identificación administrativa y el estudio de personalidad); luego entonces, se debe analizar en esta segunda instancia dicho tópico, pues de no hacerlo así se correría el riesgo de que el tema se dejare de analizar debidamente, dado que, como en la especie, si bien es cierto que la concesión del amparo fue para efectos, también lo es que no fue para que se subsanara una deficiencia formal y tampoco se dejó en plenitud de jurisdicción a la responsable, sino que los efectos de la concesión en este caso fueron vinculatorios y precisos; luego entonces, corresponde a este tribunal de alzada de amparo analizar la legalidad de la resolución de amparo recurrida.

Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, tesis II.2o.P.38 K, página 1521, que a la letra dice:

"REVISIÓN DE FONDO NO OBSTANTE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA EFECTOS POR EL JUEZ A QUO. CUÁNDO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL. Si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad revisora no entre al estudio de fondo cuando se concedió al quejoso, como único recurrente, el amparo para efectos, porque se advierte el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio, también lo es que tal criterio presupone el análisis previo de los siguientes requisitos: a) que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea que no se perciba transgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento de amparo (por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de amparo, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del País, o en general, la transgresión a los principios del juicio de garantías como cuando se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable, o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y además se concede el amparo constriñendo a la responsable a perfeccionar dicho acto formalmente pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas); b) Que sea perceptible, el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius, presupone precisamente la valoración ínsita de que el amparo concedido le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y c) que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del análisis de fondo (delito y responsabilidad), estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos, pues de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación. Ahora bien, no se actualizan los anteriores supuestos si desde el momento en que resulta fundado el agravio relativo a los efectos de la concesión del amparo, se observa, por ejemplo, que el quejoso no es el único recurrente, hubo pronunciamiento de la responsable sobre la constitucionalidad y legalidad del fondo del asunto, es decir, existió análisis del delito y su responsabilidad, y existe agravio expreso que vincula al tribunal revisor a pronunciarse al respecto; en esa tesitura, si bien debe subsistir el sentido de la concesión del amparo, aunque por razones diversas, ésta variación de motivos no provoca un potencial riesgo en perjuicio del inculpado, por tanto, surge la posibilidad de que el tribunal revisor aclare y precise los efectos correctos que corresponden a la concesión de la protección constitucional."

Ahora bien, para combatir las consideraciones de la sentencia de amparo, el ahora recurrente hizo valer los siguientes motivos de inconformidad, de cuya lectura y términos de su expresión se pueden desprender, en esencia, los siguientes argumentos:

-Primero. La sentencia combatida le causa agravio al infringir el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que no contiene los razonamientos y fundamentos legales para declarar fundada y motivada cada una de las pruebas que le permitieran acreditar la probable responsabilidad; además dejó de cumplir con lo ordenado en el artículo 79 de dicha ley reglamentaria, al omitir el examen de los razonamientos que en su totalidad se expusieron en los conceptos de violación de la demanda de amparo, lo que le impidió resolver la cuestión efectivamente planteada, aunado a que el Juez de amparo no efectuó un análisis a la luz de la suplencia en la deficiencia de la queja que debe operar en favor del quejoso, como se advierte de la sentencia impugnada por el presente recurso.

-El Juez de amparo no efectuó un análisis a la luz de la suplencia en la deficiencia de la queja que debe operar en favor del quejoso, en el caso concreto respecto a que del análisis de actuaciones judiciales se desprende que la víctima **********, cruzó por una zona no permitida para ello (zona peatonal), con lo que se puso en un estado de riesgo y peligro que llevó a las funestas consecuencias, toda vez que no procedió de una manera cuidadosa al cruzar, impactándose de una manera lateral en el vehículo que conducía, fuera del campo de visibilidad del ahora recurrente y, por tanto, sin posibilidad de prevención o de evitarse el impacto referido, lo que deviene a establecer que efectivamente se surtieron los elementos de la excluyente de responsabilidad a que se refiere la fracción X del artículo 15 (sic) del Código Penal.

-En el caso no se da una compensación de culpas si no como ya se expuso una falta de culpa por parte del recurrente, toda vez que al circular por la arteria donde se suscitaron los hechos, lo hizo con todas las precauciones y cuidados que se deben observar al conducir el vehículo automotor por la arteria vial, en lo humanamente posible, ya que así fue, y prueba de ello es que no existen elementos que corroboren lo contrario, y en cambio sí existen elementos que permiten determinar o establecer que la hoy occisa al cruzar sin la debida precaución, se impactó en el costado izquierdo del vehículo que conducía, sin que su actuar pudiera haber sido previsto por el hoy recurrente, y al no ser previsible no podría ser evitado por el mismo, debido a la espontaneidad de los hechos y a que en ningún momento estuvo el peatón en el campo de visión del ocursante, lo que le hubiera permitido evitar los hechos que se le reprochan.

-Segundo. El Juez de amparo al emitir su resolución deja de motivar o motiva de manera defectuosa la resolución recurrida, toda vez que sólo tomó en consideración lo que perjudica al hoy recurrente, debido a que sus razonamientos fueron encaminados a incriminarlo pero nunca puso en práctica lo referido en el artículo 76 de la Ley de Amparo y en relación con la falta de suplencia de la deficiencia de la queja, ello se advierte de la redacción de algunas partes de la sentencia:

a) Como es el caso de la valoración dada a lo declarado por el policía **********, al que no le consta el momento en que sucedieron los hechos, sin embargo, el Juez hace la valoración en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo que no se comparte ya que éste ni siquiera es testigo de oídas, por lo que no se le debió dar valor alguno a su declaración como testimonio.

b) Lo anterior lo entrelazó con los testimonios de ********** y **********, quienes reconocieron a la que en vida respondía al nombre de **********, a quienes tampoco les constan los hechos, con lo que prejuzga cómo sucedieron los mismos.

c) Lo que fue robustecido con la inspección ocular y la fe de vehículo, valorando las pruebas en una forma tendenciosa, por lo que con las pruebas referidas no se tiene certeza de las circunstancias en que sucedieron los hechos, ya que las inspecciones para ubicar lugares y cosas y la fe de vehículo es para constatar la existencia de una cosa material que se puede captar por el sentido de la vista y no para determinar las circunstancia en las que sucedieron los hechos, violentando lo dispuesto en el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; situación que igualmente se concatena con los dictámenes de tránsito terrestre y criminalística de campo en los mismos términos y de igual manera refieren que no hay indicios o vestigios en la parte frontal del camión, ni en el vértice respectivo, lo que implica que la colisión de la víctima al vehículo fue de una manera lateral y fugaz, fuera del campo de visión del suscrito como lo fue en realidad, lo que lo enfrentó a un hecho inevitable e imprevisible por la espontaneidad con la que la ahora difunta se colocó en el lugar de los hechos de una manera culposa

-Finalmente señala que la problemática en el caso se centra en intentar definir las condiciones concretas en las cuales fue lesionada la víctima con motivo del percance automovilístico. El problema es que los medios de prueba que hasta este momento se han considerado legalmente valorados no permiten responder los cuestionamientos que sigue a este estado de comprobación ¿cuáles fueron las circunstancias concretas en las que la ahora occisa ********** fue privada culposamente de la vida? Y careciendo de una respuesta a la interrogante planteada, basada en hechos probados en sede jurídica, entonces no es posible sostener la legalidad en el acreditamiento del cuerpo del delito de homicidio culposo y la probable responsabilidad del suscrito en su comisión.

Ahora bien, conviene precisar aquí que la litis en la presente alzada se circunscribe, en esencia, a la trasgresión a los derechos del ahora recurrente al determinar que fue acertado que la autoridad responsable dictara la formal prisión contra ********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo en contra de **********.

Analizados los agravios hechos valer por el recurrente, en el sentido de que la sentencia pronunciada por el Juez de amparo es violatoria de lo dispuesto en los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, éstos resultan infundados; ello es así ya que de la lectura de la sentencia que se reclama se advierte que primeramente la Juez de amparo fijó clara y precisamente el acto reclamado, puesto que señaló que se hace consistir en el auto de formal prisión de veintidós de junio de dos mil doce, así como la orden de identificación administrativa y estudio de personalidad; además la sentencia que se revisa se encuentra debidamente fundada tal y como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, que es el precepto que obliga al Juez federal a fundar las sentencias que dicte en los juicios de amparo, y asimismo, dicha sentencia se encuentra motivada, pues en ésta no sólo invocó los preceptos legales aplicables al caso que analizaba, sino también, emitió los razonamientos, motivos y causas que tuvo en consideración para concluir que era procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal (para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución de veintidós de junio del año en curso, dictada dentro de la causa penal ********** en contra de **********, y dicte otra en la que deje intocado lo relativo al cuerpo del delito, la probable responsabilidad, la comisión culposa del injusto, la forma de intervención, las causas de licitud, la exclusión de culpabilidad de ********** y tome en consideración que el ilícito por el que se dictó formal prisión no está considerado como grave, por lo que no se encuentra privado de su libertad, lo que implica su posibilidad física para ejercer el derecho al voto); puesto que consideró acertada la valoración que de los elementos de prueba realizó la responsable, quien precisamente señaló en términos de qué precepto y porqué les otorgó valor probatorio a dichos medios de prueba; además, se advierte armonía entre los argumentos expuestos por el Juez del amparo y los preceptos legales que invocó para fundar su fallo; finalmente, precisó en el primer punto resolutivo que la Justicia de la Unión ampara y protege al ahora recurrente en términos del último considerando de esa sentencia, con lo cual quedó claramente que se concede la protección constitucional; de ahí que no se desatendió dicho precepto y, por tanto, no se dictó una sentencia contraria a las constancias procesales.

A mayor abundamiento debe decirse que, del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende una prelación lógica del orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que, el juzgador al dictarla debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter al juicio de constitucionalidad los actos de autoridad existentes y, finalmente, emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías o derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y atendiendo a criterios de favorabilidad del individuo, determinar si éstos se encuentran tutelados por un tratado internacional; por lo que, en virtud de dicha prelación es indudable que cada considerando es autónomo y que la naturaleza de su vinculación es únicamente de carácter condicionante, ya que no puede existir el posterior a falta del anterior, destacando que los considerandos en relación con la existencia del acto reclamado y causas de improcedencia o de sobreseimiento son requisitos de procedibilidad.

Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad."

De igual forma tampoco le asiste razón al recurrente en cuanto a que el Juez de amparo no atendió a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, puesto que de la lectura del acto reclamado se advierte que no existe error de cita de los preceptos constitucionales o legales que se estimen violados, que tuviera que corregir el Juez de amparo; además se advierte que el Juez de amparo analizó en su conjunto los conceptos de violación hechos valer por el entonces quejoso, resolviendo la cuestión planteada, como fue la legalidad del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de garantías promovida por **********.

Por otra parte, el Juez de amparo correctamente consideró que el Juez Vigésimo Primero de Delitos no Graves del Distrito Federal, habiéndolo fundado y motivado, dictó el auto de formal prisión contra ********** en el cual tuvo por legalmente acreditado, en términos del precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la existencia del delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 76 del Código Penal para el Distrito Federal, por el que ejerció acción penal el agente del Ministerio Público.

Acertadamente el Juez de amparo consideró que el auto de término constitucional fue dictado en apego a lo dispuesto por el artículo 19 de la Carta Magna (antes de su reforma de dos mil ocho) que al efecto señala:

"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se le imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado ... Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. ..."

Precepto del que se desprende, que para el dictado de un auto de formal prisión deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo; los primeros se hacen consistir en la expresión del delito que se impute al inculpado y de sus partes constitutivas, la fijación con precisión de las circunstancias del lugar, tiempo y ejecución de los hechos delictivos, así como la enunciación de los preceptos legales aplicables al caso; y los segundos, se traducen en que los datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

En términos del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal; en tanto que para la probable responsabilidad del indiciado, se tendrá que constatar que no exista a favor de éste alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.

Bajo el anterior contexto normativo, acertadamente el Juez de amparo consideró que el auto de formal prisión, debe encontrarse fundado y motivado, con base en datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión y que imponen al juzgador la obligación de valorar las pruebas que obren en el sumario y expresar los razonamientos con respecto a éstas, aunado a que, se decretará cuando el delito, cuya existencia esté comprobada, merezca pena privativa de libertad; por tanto, se deberá contener además del delito que se le impute, el lugar, el tiempo y circunstancias de ejecución y obligadamente tendrá que expresar los datos que arroje la averiguación previa.

Así, legalmente estableció que el Juez Vigésimo Primero Penal de Delitos no Graves del Distrito Federal, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento al emitir el auto de formal prisión dentro del plazo constitucional, contra el ahora recurrente como probable responsable en la comisión del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 123 en relación con el 76 ambos del Código Penal para el Distrito Federal, formalidades que si bien no citó, este órgano colegiado advierte que así fue, puesto que de los autos se desprende que el Juez de instancia, en uso de la competencia que le confiere el artículo 7o. del Código Penal para el Distrito Federal, el veinte de junio de dos mil doce, recibió la declaración preparatoria de ********** (fojas 254 a 257) la cual rindió en presencia del defensor particular designado por parte de éste; el veintidós de junio del año en curso, se dictó auto de plazo constitucional en el que se dictó auto de formal prisión (fojas 276 a 291), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 76 ambos del Código Penal para el Distrito Federal, auto contra el que se promovió juicio de amparo, conociendo de dicho juicio el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien el treinta y uno de agosto de dos mil doce dictó sentencia mediante la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 133 a 143 del juicio de amparo indirecto **********).

Además, acertadamente el Juez de amparo consideró que la autoridad responsable precisó los numerales que prevén y sancionan el delito de homicidio culposo previsto y sancionado en los artículo 123, en relación con el 76 del Código Penal para el Distrito Federal; además expresó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito por el que se dictó auto de formal prisión a **********.

De ahí que, el Juez de amparo correctamente consideró que el Juez natural habiéndolo fundado y motivado, dictó auto de formal prisión contra **********, en el cual tuvo por legalmente acreditado, en términos del precepto 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el delito de homicidio culposo previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 76 ambos del Código Penal para el Distrito Federal.

De los elementos de convicción que tuvo a la vista tanto la autoridad responsable como el Juez de amparo, relacionados entre sí, por su enlace lógico y natural, valorados de acuerdo con lo establecido por los dispositivos 246, 248, 251, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se concluye que efectivamente como lo apreció el Juez de instancia y lo constató el de amparo, aparece comprobada la existencia del cuerpo delito de homicidio culposo, por el que ejerció acción penal la autoridad investigadora y demostrada la probable responsabilidad penal de ********** en su comisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 22, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, al quedar acreditado hasta este momento procesal, que fue éste quien probablemente privó de la vida a **********, al incurrir en una violación al deber de cuidado que debió y pudo observar en su calidad de conductor del vehículo marca Freightliner, tipo pipa, modelo dos mil diez, color blanco, placas de circulación **********, pues bastaba que éste tuviera la debida atención hacia el frente de su circulación, a efecto de percatarse oportunamente de la presencia de la peatón hoy occisa **********, quien se encontraba dentro de su campo visual en el arroyo al frente de su circulación, por lo que debió extremar sus precauciones de circulación, para evitar el contacto con la víctima, con lo que ocasionó que la pasivo del delito cayera a la zona de rodamiento y al continuar con el trayecto pasó con los neumáticos traseros del lado izquierdo por encima de la cabeza de la citada **********. Conducta con la que se evidencia la afectación al bien jurídico tutelado, que en el caso lo es la vida de **********.

Lo anterior se afirma toda vez que, obra en autos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24396-0e67f10e/estudio-de-personalidad-una-vez-dictado-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.