PRINCIPIOS DE MAYOR BENEFICIO Y NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE OBSERVAR EL SEGUNDO DE AQUÉLLOS CONSTITUYE UNA REGLA GENERAL, POR LO QUE LA DECISIÓN DE MODIFICAR UNA CONCESIÓN DE AMPARO PREVIA Y HACERLO DE FONDO APLICANDO EL PRIMERO, ES UNA EXCEPCIÓN QUE DEPENDERÁ DEL EJERCICIO PONDERADO RESPECTO DE LO EVIDENTE, NOTORIO O MANIFIESTO DE ESE MAYOR BENEFICIO ADVERTIDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE REVELEN DE MANERA PALPABLE LA AUSENCIA DE RIESGO DE QUE LA MODIFICACIÓN TRASCIENDA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.
AMPARO EN REVISIÓN 62/2021. 14 DE JULIO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: GUILLERMO PÉREZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Análisis de los agravios que hace valer el quejoso ********** y el defensor público federal. Son inoperantes los conceptos de agravio que hacen valer los disconformes, sin que exista motivo para que sean suplidos en la deficiencia de su expresión, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones.
En efecto, en la diligencia de notificación de la sentencia recurrida el quejoso **********, en vía de agravio, manifestó:
"En este acto interpongo recurso de revisión de amparo respecto a la resolución emitida por el Tribunal Unitario en que se actuó, a efecto de que ahora sea el Tribunal Colegiado al que toque conocer del asunto quien se cerciore y certifique la posibilidad real y efectiva de acceder al respeto, protección y garantía de los derechos humanos del suscrito, ahora quejoso, así como de acceder a una tutela judicial completa, imparcial y efectiva de mayor beneficio, consagrada en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en torno al examen y análisis de regularidad constitucional del auto de formal prisión reclamado inicialmente por el suscrito, solicitando de esa sede jurisdiccional que se amplíe el amparo concedido y se proteja al aquí quejoso en contra de todos y cada uno de los conceptos de violación expuestos en el cuerpo del juicio de garantías que se apela por este medio constitucional, dando prioridad a las garantías fundamentales que actualmente operan en el Estado Mexicano en favor de todo gobernado acusado de actuar contrario a la ley y, en su caso, se deje nota de las garantías y derechos constitucionales y convencionales vulnerados por el órgano acusador, en detrimento del suscrito, hoy quejoso; asimismo, sea restituido el suscrito en todos y cada uno de los derechos civiles y políticos suspendidos a causa del proceso penal al que ha sido sometido; por lo tanto, solicito que se dé intervención al defensor público federal asignado Antonio Vega Díaz, a efecto de que –previa visita carcelaria con el suscrito– formule agravios conducentes en tiempo y forma, relativos al presente recurso constitucional interpuesto."
Por su parte, Antonio Vega Díaz, defensor público federal del disconforme, hizo valer como agravios, en esencia, que la resolución recurrida es violatoria de los artículos 1o., 14, 16, 17 y 133 constitucionales, en virtud de que:
– El resolutor de amparo no ponderó el verdadero sentido y repercusión jurídica que tiene la violación a los derechos fundamentales a un debido proceso, defensa adecuada, equidad procesal, imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica, en relación con el requisito de debida motivación y con los principios de congruencia, exhaustividad y exacta aplicación de la ley, en que incurrió la responsable al emitir el acto reclamado, específicamente, los relativos a la detención, retención y puesta a disposición del quejoso ante la autoridad ministerial.
En apoyo de sus argumentos, el revisionista cita como aplicables las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:
"EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES."
"PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO."
"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."
– La resolución recurrida causa agravio a los intereses procesales del representando del disconforme, porque si en la resolución impugnada el Tribunal Unitario de amparo consideró que la detención del quejoso resultó inconstitucional, entonces, es ilógico que conceda la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva resolución con libertad de jurisdicción, la cual podrá ser emitida en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales en que incurrió.
– Por el contrario, el a quo debió conceder el amparo para el efecto de que se declaren ilegales todas las pruebas relacionadas con la detención ilegal del quejoso, pues con los órganos de prueba relacionados con tal infracción, la responsable cimentó la resolución reclamada, por lo que todos los órganos que son consecuencia directa e indirecta de la detención y retención ilegal del peticionario deben excluirse del material probatorio, y revocar la formal prisión emitida en su contra, incluso deben restituirse sus derechos civiles y políticos que fueron suspendidos con motivo del proceso penal al que fue sometido con base en pruebas ilícitas.
– Máxime que la exclusión de las pruebas ilícitas del proceso penal de origen es un derecho fundamental que debe tutelarse en favor del quejoso en el juicio de amparo, atento a la detención ilegal que le impusieron los elementos policiales, la cual provocó que se lesionara el derecho humano a la libertad personal, tutelado constitucional y convencionalmente.
En sustento de sus argumentos, considera aplicables los criterios orientadores y jurisprudencial, con los rubros:
"PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN."
"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO IMPLÍCITAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 17 Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, Y 102, APARTADO A, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONALES, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008."
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES."
"PRINCIPIO PRO PERSONA. ES UN DERECHO PLASMADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REQUIERE SU VINCULACIÓN CON LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO PARA SU EFECTIVIDAD."
"TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL."
"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."
"ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE."
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA."
– La sentencia recurrida es violatoria del artículo 1o. constitucional, en relación con los numerales 1o. y 160 de la Ley de Amparo, en virtud de que el a quo optó por no resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los órganos de prueba con los que la autoridad ministerial emitió la orden de localización y presentación contra el quejoso, consistentes en el oficio **********, de veintiséis de julio de dos mil ocho, signado por la policía federal Ilhuicatl Contreras Jiménez, por medio del cual remitió una red técnica del celular **********; además, el juzgador de amparo omitió analizar los conceptos de violación en los que alegó: la falta de entrevista del quejoso con su abogado, previa a emitir su declaración ministerial; el derecho a ser puesto a disposición sin demora ante la autoridad ministerial; a ser informado por parte de los captores de los derechos que le asisten a todo inculpado al momento de su aprehensión; la omisión por parte de la policía de emitir el registro administrativo de la detención, y no proporcionarle los datos necesarios que constaban en el expediente para una correcta y adecuada defensa.
– Proceder imparcial que impidió que la protección constitucional se decretara con mayor amplitud, lo cual no ocurrió, por el contrario, la omisión en que incurrió el a quo provocó una lesión a los derechos fundamentales a un debido proceso y de tutela judicial efectiva que le asisten al peticionario, incluso provocó un estado de reclusión injustificado, en tanto que con esos medios de prueba, entre otros, se sustentan la acreditación de los delitos y la responsabilidad del quejoso en su comisión.
Para apoyar su argumento, el disconforme cita como apoyo las jurisprudencias y tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros:
"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO INDIRECTO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2009)."
"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES."
"EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES."
"EFECTO CORRUPTOR DEL PROCESO PENAL. SUS DIFERENCIAS CON LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA."
Establecidos los resumidos motivos de disenso que hacen valer los disconformes, debe reiterarse la inoperancia de los agravios del defensor público federal, que preconizan que la resolución recurrida es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 133 constitucionales, en similares términos en los que se desestimaron los agravios que formuló el representante social en ese sentido, en la parte inicial del apartado anterior de esta ejecutoria.
Por lo demás, la inoperancia de los restantes agravios, en su conjunto, surge a partir de que en la resolución recurrida se indicó expresamente que el motivo de la concesión de amparo es de corte formal; precisamente sobre ese tópico, este Tribunal Colegiado de Circuito sostiene el criterio de que para considerar si se aplica o no el principio non reformatio in peius, o si esta autoridad revisora de amparo puede entrar al estudio de fondo, no obstante la concesión por vicios formales, tienen que analizarse los siguientes requisitos:
a) Que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, es decir, que no se perciba transgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento en el juicio, por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal, que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de control constitucional, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del País o, en general, la transgresión a los principios del juicio de garantías, como sería el caso en que se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve, no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable; o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y, además, se concede el amparo constriñendo a la autoridad a perfeccionar dicho acto formalmente, pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas;
b) Que sea perceptible el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius presupone, precisamente, la valoración ínsita de que la concesión de la protección constitucional otorgada le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y,
c) Que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del estudio de fondo, estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor estaría obligado a la atención de los agravios respectivos; de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación.
Esto se sustenta en la jurisprudencia II.2o.P. J/28, de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, mayo de 2008, página 973, con número de registro digital: 169609, que dice:
"REVISIÓN DE FONDO NO OBSTANTE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA EFECTOS POR EL JUEZ A QUO. CUÁNDO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL. Si bien es cierto que existe el criterio de que la autoridad revisora no entre al estudio de fondo cuando se concedió al quejoso, como único recurrente, el amparo para efectos, porque se advierte el riesgo de que podría negarse la protección federal en su perjuicio, también lo es que tal criterio presupone el análisis previo de los siguientes requisitos: a) que el otorgamiento del amparo por razones de forma sea correcto, al menos en su apariencia general, o sea que no se perciba transgresión u omisión alguna a las reglas y principios del procedimiento de amparo (por ejemplo, el análisis sobre la procedencia que es de orden público o la inobservancia de los presupuestos procesales en materia penal, como la prescripción de la acción penal que también es de examen obligatorio y preferente por parte de los tribunales de amparo, según jurisprudencia definida por el Máximo Tribunal del País, o en general, la transgresión a los principios del juicio de garantías como cuando se deja de apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la responsable y se resuelve no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como si fuese un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable, o cuando se rebasa o mejora el acto reclamado en cuanto a su contenido y además se concede el amparo constriñendo a la responsable a perfeccionar dicho acto formalmente pero sustituyéndose en el señalamiento apriorístico de la fundamentación y motivación que se estiman precisas); b) Que sea perceptible, el riesgo evidente de que el análisis al fondo del asunto derivaría en un perjuicio para el recurrente ante la potencial negativa del amparo, ya que la debida aplicación del principio non reformatio in peius, presupone precisamente la valoración ínsita de que el amparo concedido le representa al recurrente un beneficio adquirido y no un perjuicio; y c) que el órgano que conoció del amparo no se hubiese ocupado del análisis de fondo (delito y responsabilidad), estableciendo la constitucionalidad de tales aspectos, pues es evidente que de haberlo hecho, el tribunal revisor está obligado a la atención de los agravios respectivos, pues de lo contrario, todo ello quedaría inaudito y sin posibilidad ulterior de impugnación. Ahora bien, no se actualizan los anteriores supuestos si desde el momento en que resulta fundado el agravio relativo a los efectos de la concesión del amparo, se observa, por ejemplo, que el quejoso no es el único recurrente, hubo pronunciamiento de la responsable sobre la constitucionalidad y legalidad del fondo del asunto, es decir, existió análisis del delito y su responsabilidad, y existe agravio expreso que vincula al tribunal revisor a pronunciarse al respecto; en esa tesitura, si bien debe subsistir el sentido de la concesión del amparo, aunque por razones diversas, esta variación de motivos no provoca un potencial riesgo en perjuicio del inculpado, por tanto, surge la posibilidad de que el tribunal revisor aclare y precise los efectos correctos que corresponden a la concesión de la protección constitucional."
En el caso sujeto a estudio, este tribunal considera que no se está en una hipótesis de excepción y, por ende, se está en el supuesto de la aplicación del principio non reformatio in peius.
Lo anterior, porque el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, actuando como órgano de control constitucional, en la sentencia sujeta a revisión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, decidió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso **********, para los efectos ya especificados en esta ejecutoria.
Determinación que en su apariencia general se estima acertada, habida cuenta que, en principio, no se observa transgresión u omisión alguna a las reglas del procedimiento en el juicio de amparo, o que se haya resuelto no conforme a la naturaleza de un órgano de control constitucional, sino como un tribunal de instancia superior ordinaria en relación con la responsable.
Además, se advierte que el Tribunal Unitario que emitió la resolución recurrida se constriñó a examinar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad que lo emitió, de conformidad con el principio de limitación probatoria previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, desde esa postura procesal y formal estableció los límites de la concesión de amparo.
Luego, es dable afirmar que el eventual perjuicio que este Tribunal Colegiado ocasionaría al promovente de la protección constitucional en caso de entrar a realizar un examen de fondo, consistiría en que se declarara la firmeza de la resolución controvertida en el juicio constitucional, sin posibilidad de que se modificara con posterioridad, ante la inatacabilidad de la naturaleza de sus determinaciones, al tener la cualidad de ser un órgano terminal; trastocando con ello el principio non reformatio in peius.
Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal que el juicio de amparo ha evolucionado en los últimos años y en especial a partir de las reformas constitucionales de dos mil once y de la emisión de la Ley de Amparo de dos mil trece; evolución que efectivamente ha incorporado el principio de mayor beneficio y, por ende, la institución preponderante de dar preferencia a las cuestiones de fondo que impliquen violaciones graves y cuya decisión redunde en mayor beneficio para la parte quejosa; siendo preferible atender tales aspectos de manera prioritaria en comparación con las cuestiones meramente procesales o de forma.
Así se advierte del contenido de los artículos 79, último párrafo y 189 de la Ley de Amparo en vigor.
Sin embargo, ello conlleva replantearse también aspectos como los siguientes:
¿El principio de mayor beneficio y su reconocimiento en el juicio de amparo producen la exclusión de posible observancia al diverso principio non reformatio in peius, reconocido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País e igualmente exigible para los tribunales de revisión en el amparo?
La respuesta que estima viable este Tribunal Colegiado es en sentido negativo, es decir, dichos principios no se excluyen, sino que son de observancia obligatoria y, en su caso, concurrentes, de manera que lo que sucede ahora es que el órgano de amparo debe ponderar en cada caso concreto y de acuerdo con las circunstancias, la forma adecuada y pertinente en que tales principios pueden operar.
Así, la obligación de atender al principio de "mayor beneficio" compete, como regla, al órgano que tiene la facultad y competencia para decidir el eventual sentido de la sentencia que se dicte; en tanto que el principio non reformatio in peius, por su naturaleza esencial, compete exclusivamente al órgano que asume la función de revisor del fallo inicial que ya otorgó el amparo a la parte quejosa, y aun cuando esto no significa que el tribunal revisor estuviere impedido para eventualmente atender preponderantemente al principio de mayor beneficio, es obvio que esto estaría supeditado al carácter notorio, indiscutible y evidente de la violación de fondo que por su gravedad y tipo de consecuencias derivadas, permitiese realmente al tribunal revisor atender a ese mayor beneficio sin riesgo de trastocar el principio non reformatio in peius, omitiendo un fallo que resultare perjudicial a quien ya había obtenido el amparo ante la autoridad del amparo.
Por tanto, se puede afirmar que para los tribunales revisores la obligación de observar el principio non reformatio in peius es inexorable y constituye una regla general, de manera que la decisión de modificar una concesión de amparo previa y hacerlo de fondo, bajo el principio de mayor beneficio preceptuado en el artículo 189 de la Ley de Amparo, constituye una excepción que dependerá precisamente del ejercicio ponderado respecto de lo evidente, notorio o manifiesto de ese mayor beneficio advertido de las circunstancias del caso concreto que revelen de manera palpable la ausencia de riesgo de que la modificación trascienda en perjuicio del quejoso, privándolo de una concesión de amparo que ya había alcanzado y que apriorísticamente no pueda descalificarse la potencialidad de los efectos restitutorios determinados.
Por esa razón, en el caso a estudio se estima que, al no contarse con esas condiciones que permitan advertir con tal grado de evidencia el mayor beneficio, debe prevalecer por razón lógica y técnicamente jurídica, el principio non reformatio in peius que sigue rigiendo las sentencias de revisión.
Ese criterio jurídico se encuentra contenido en la tesis II.2o.P.101 P (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, febrero de 2021, Tomo III, página 2898, cuyo contenido es como sigue:
"
"Hechos: El quejoso promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por un Juez de Control y su confirmación por el tribunal de alzada; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio en relación con el primer acto reclamado y concedió la protección constitucional para efectos respecto del segundo. En contra de esta determinación interpuso el recurso de revisión, en el que planteó la modificación de la concesión de amparo previa y hacerlo de fondo bajo el principio de mayor beneficio.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la obligación de observar el principio non reformatio in peius en el recurso de revisión constituye una regla general, por lo que la decisión de modificar una concesión de amparo previa y hacerlo de fondo bajo el principio de mayor beneficio, es una excepción que dependerá del ejercicio ponderado respecto de lo evidente, notorio o manifiesto de ese mayor beneficio advertido de las circunstancias que revelen de manera palpable la ausencia de riesgo de que la modificación trascienda en perjuicio del quejoso.
"Justificación: El juicio de amparo ha evolucionado en los últimos años y, en especial, a partir de las reformas constitucionales de dos mil once y de la emisión de la Ley de Amparo de dos mil trece; evolución que efectivamente ha incorporado el principio de mayor beneficio y, por ende, la institución preponderante de dar preferencia a las cuestiones de fondo que impliquen violaciones graves y cuya decisión redunde en mayor beneficio para el quejoso; siendo preferible atender esos aspectos de manera prioritaria en comparación con las cuestiones meramente procesales o de forma, lo que se advierte de los artículos 79, último párrafo, y 189 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello conlleva replantearse también aspectos como los siguientes: ¿El principio de mayor beneficio y su reconocimiento en el juicio de amparo, produce la exclusión de posible observancia al diverso principio non reformatio in peius, reconocido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, e igualmente exigible para los tribunales de revisión en el amparo? La respuesta es en sentido negativo, es decir, dichos principios no se excluyen, sino que son de observancia obligatoria y, en su caso, concurrentes; de manera que lo que ahora sucede es que el órgano de amparo debe ponderar en cada caso concreto y de acuerdo con las circunstancias, la forma adecuada y pertinente en la que dichos principios pueden operar. Así, la obligación de atender al principio de mayor beneficio compete, como regla general, al órgano que tiene la facultad y competencia para decidir el eventual sentido de la sentencia que se dicte; en tanto que el diverso non reformatio in peius, por su naturaleza esencial, compete exclusivamente al órgano que asume la función de revisor del fallo inicial que ya otorgó el amparo al quejoso, y aun cuando esto no significa que el tribunal revisor estuviere impedido para eventualmente atender preponderantemente al principio de mayor beneficio, ello estaría supeditado al carácter notorio, indiscutible y evidente de la violación de fondo que por su gravedad y tipo de consecuencias derivadas, permitiese realmente al tribunal revisor atender a ese mayor beneficio sin riesgo de trastocar el principio non reformatio in peius, emitiendo un fallo que resultare perjudicial a quien ya había obtenido el amparo ante el Juez Federal. Por tanto, se puede afirmar que para los tribunales revisores, la obligación de observar el principio non reformatio in peius es inexorable y constituye una regla general, de manera que la decisión de modificar una concesión de amparo previa y hacerlo de fondo bajo el principio de mayor beneficio establecido en el artículo 189 referido, constituye una excepción que dependerá, precisamente, del ejercicio ponderado respecto de lo evidente, notorio o manifiesto de ese mayor beneficio advertido de las circunstancias del caso concreto que revelen de manera palpable la ausencia de riesgo de que la modificación trascienda en perjuicio del quejoso, privándolo de una concesión de amparo que ya había alcanzado y que apriorísticamente no pueda descalificarse la potencialidad de los efectos restitutorios determinados. Por esa razón, al no contarse con esas condiciones que permitan advertir con tal grado de evidencia el mayor beneficio, debe prevalecer por razón lógica y técnicamente jurídica el principio non reformatio in peius, que sigue rigiendo las sentencias de revisión."
Por ello, resulta preponderante que la autoridad jurisdiccional subsane las deficiencias encontradas en la ejecutoria de amparo para evitar que con una resolución de fondo, como la que pretende el aquí quejoso recurrente en su breve manifestación, en vía de expresión de agravios y la pretensión toral que deriva de los motivos de disenso que hace valer el defensor público federal, lleve implícitamente a convalidar el que se hayan vulnerado los derechos fundamentales a un debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, previstos por la Constitución Federal en su beneficio.
En ese orden de ideas, se estima, en general, que las consideraciones que llevaron a la autoridad de amparo a concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado resultan congruentes con los alcances del amparo otorgado, sólo por aspectos formales y exacta aplicación de la legislación penal, en lo referente a los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada, lo que además cumple con el imperativo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que conlleva la restitución del recurrente en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, porque al versar la concesión del amparo por violaciones formales, que tienen que ver con la exclusión de pruebas, porque la detención del quejoso se consideró ilegal, la ausencia de defensor en las diligencias de reconocimiento de voz por medio de la cámara de Gesell; más aún, en indebida fundamentación y motivación al pronunciarse sobre el delito de delincuencia organizada, los aspectos sobre los que la responsable sobrepasó la acusación de la representación social, la falta de precisión en la temporalidad y peculiaridad de cada uno de los actos que se estiman significativos para probar, en su caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de efectos permanentes que constituyen el hecho reprobable, así como en el grado directo de autoría del quejoso en la comisión del delito de delincuencia organizada; el aspecto fundamental de la inexacta aplicación de la ley penal estatal, aplicable para resolver la situación jurídica del peticionario, cuyo objeto se centra en que los derechos fundamentales a un debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, sean garantizados en la resolución de la situación jurídica del justiciable, por lo que tal restitución no implica otra cuestión que restablecer los predichos aspectos, que se cumplen con la insubsistencia de la determinación reclamada y la emisión de un nuevo fallo, en el que, por una parte, se le asignaron los lineamientos formales que debería considerar la responsable y, por otra, se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, conforme a los lineamientos asentados, para que subsanara las transgresiones destacadas en su perjuicio; lo que implica la posibilidad de contar con nuevos datos que le permitan decidir respecto de sus propios derechos procesales.
Y sin que el actuar del Tribunal Unitario recurrido implique falta de exhaustividad y congruencia e inatención a los principios de mayor beneficio e indubio pro actione.
En ese sentido, como ya quedó de manifiesto en este considerando, de emprender el examen de fondo de la resolución dictada por la autoridad responsable, en la que se estimó procedente confirmar el auto de formal prisión emitido contra el quejoso **********, respecto de cuyo acto reclamado ya obtuvo sentencia estimatoria, se correría el potencial riesgo de obtener un pronunciamiento que realmente le perjudique, negándose, por ejemplo, el amparo que ya le concedió el a quo, lo que implicaría vulnerar en su agravio el citado principio non reformatio in peius.
Al respecto y en la parte conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 15/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 190912, que se localiza en la página doscientos sesenta y cuatro, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de non reformatio in peius, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo ante
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30146-c8419335/principios-de-mayor-beneficio-y-non-reformatio-in · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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