MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL FALLO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE CONCEDIÓ EL AMPARO AL QUEJOSO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA P. XL/2013 (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 13/2016. 6 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ACUÑA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Por ser un presupuesto de estudio oficioso, es necesario, en principio, examinar si el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en su calidad de recurrente, se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión, en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo, contra el fallo del Juez de Distrito en Materia de Amparo Penal que concede la protección de la Justicia Federal al quejoso, en el que impugna un auto de formal prisión, respecto de un delito del orden federal.
Ahora bien, Arellano García señala: "...que parte en el proceso es la persona física o moral que, en relación con el desempeño de la función jurisdiccional, recibirá la dicción del derecho, respecto a la cuestión principal debatida..."(1)
Igualmente Burgoa,(2) señala los elementos necesarios para definir qué entendemos por parte, indicándonos que parte es aquella persona que, teniendo influencia en un juicio, ejercita dentro de él una acción, una excepción o cualquier recurso procedente y, por exclusión, no será parte aquel sujeto que no tenga legalmente tales facultades. Por lo que es la ley la que declara y crea la procedencia de estas facultades a favor de determinadas personas que intervienen en el juicio, y siendo su existencia el criterio de fundamentación y de distinción del concepto de parte, en último análisis es la ley la que lo determina; es por eso que opina que el concepto o la idea de parte es estrictamente legal, pues el ordenamiento positivo es el que lo establece. En lo que toca al concepto de parte, señala que es toda persona a quien la ley da facultad para deducir una acción, oponer una defensa en general o interponer cualquier recurso, o a cuyo favor o contra quien va a operarse la actuación concreta de la ley.(3)
De esta forma y atendiendo al criterio legal que determina quiénes son partes en el juicio, en materia del juicio de control constitucional que nos ocupa, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XV) y la propia Ley de Amparo (artículo 5o.), las que definen quiénes tienen el carácter de parte para los efectos del citado proceso de control constitucional.
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XV. El fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquellos que determine la ley; ..."
El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo prevé, en la parte conducente, lo siguiente:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso...
"II. La autoridad responsable...
"III. El tercero interesado...
"IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.
"Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia."
Ahora bien, de acuerdo con una interpretación gramatical de dichos preceptos, tenemos que el Ministerio Público Federal será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal, como lo es el caso en estudio.
Como parte autónoma en el juicio de amparo, el Ministerio Público Federal tiene una propia intervención procesal, por lo que le competen todos y cada uno de los actos procesales referibles a la actividad de las partes. Ahora bien, si se pretende que el Ministerio Público Federal vele con toda eficacia por los intereses de la sociedad en un juicio de amparo de interés público, es indispensable que su actuación procesal, como parte, no se contraiga a la sola formulación de su pedimento o dictamen en relación con las cuestiones de fondo y suspensional, como sucede en realidad, sino que deben otorgársele todos los derechos que la ley y la jurisprudencia consagran en favor de las demás partes en el juicio de garantías, sobre todo el de interponer los recursos que procedan (revisión, queja o reclamación), a efecto de que las resoluciones contrarias o desfavorables a sus pretensiones o que de alguna manera afecten los intereses de la sociedad, sean debidamente ponderadas en la alzada y, en su caso, se revoquen.
Por otro lado, si bien es cierto que es muy amplio el campo de acción del Ministerio Público Federal, como parte en el amparo; sin embargo, no obstante tal amplitud y que, como regla general, está facultado para intervenir cuando considere la presencia de "interés público", lo cierto es que no siempre está en aptitud legal de recurrir.
La limitación debe establecerse a la presencia de "interés específico", y para llegar a tal conclusión, basta considerar que hay un principio rector del juicio constitucional que rige a todas las partes que actúan en él el principio de agravio.
Con base en dicho principio, el quejoso, como parte, está legitimado para promover amparo, cuando un acto de autoridad le agravia (sic) los artículos 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente; por el mismo principio, la autoridad responsable, como parte, puede recurrir la sentencia cuando afecte el acto que de ella proviene (artículo 87 de la Ley de Amparo); y el tercero perjudicado, parte en el juicio de garantías, puede recurrir sólo si se lesionan sus derechos.
En consecuencia, el Ministerio Público Federal, que igualmente es parte en el juicio de garantías, puede recurrir en la medida en que la resolución le afecte como institución en lo particular; es decir, el artículo 5o., fracción IV, de la ley de la materia, debe interpretarse sin demérito del principio de agravio que rige para todas las partes, debiendo hacerse notar que si se estimara que la revisión siempre es procedente respecto de esta entidad, podría darse lugar a que éste se sustituyera a las otras partes, concretamente a la que sí es perjudicada por la resolución recurrida por aquél, incluso, en el supuesto de que dicha parte hubiera consentido expresa o tácitamente tal resolución.
Con base en lo antes apuntado, queda claro que el Ministerio Público Federal, como parte en el amparo, requiere de un "interés específico" para recurrir en revisión y, en el caso a estudio, dicho interés específico está acreditado.
Como se dejó en claro, de los antecedentes de la ejecutoria de la resolución impugnada, que se combatió mediante el juicio de garantías biinstancial, que consiste en:
• La resolución de veinte de octubre de dos mil quince, dictada por la Jueza Tercero Militar adscrita a la Primera Región Militar, en la causa penal **********, en la que decretó auto de formal prisión en contra de ********** y otro, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, previsto en los artículos 217, fracción II, inciso D, del Código Penal Federal; 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, fracción A, inciso II, del reglamento de la citada ley, aplicados de manera supletoria de conformidad con el artículo 57 del Código de Justicia Militar; e, infracción de deberes correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previsto y sancionado en el artículo 382 del Código de Justicia Militar.
Esto es, se trata de un ilícito que tiene repercusión social, (sic) el interés específico del Ministerio Público de acuerdo al interés social que representa se encuentra acreditado en el presente asunto.
En efecto, con base en esos datos, es claro que al Ministerio Público Federal le asiste ese "interés específico" para recurrir, porque el artículo 21 constitucional, párrafo primero, puntualiza que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público.
A efecto de ilustrar esa aseveración, conviene transcribir el texto constitucional invocado:
"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ..."
Ahora bien, si la investigación y persecución de los delitos es competencia del Ministerio Público, además de que es parte del juicio de garantías en el que puede promover los recursos que señala la Ley de Amparo, incluso, para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, los que sin duda son de incumbencia de la representación social inconforme, por así disponerlo expresamente la Constitución.
Luego, la decisión de dar trámite y analizar los agravios que el Ministerio Público Federal adscrito a un Juzgado de Distrito hace valer en un recurso de revisión contra el fallo de amparo indirecto es correcta, dado que el representante social aludido se encuentra legitimado para interponer dicho medio de impugnación contra la sentencia del a quo de primer grado.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 31/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA RELACIONADA CON UN DELITO PERSEGUIBLE POR QUERELLA.-El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo faculta al Ministerio Público Federal para interponer los recursos señalados en la propia ley, inclusive en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, debiéndose entender que el citado precepto también alude a los tribunales federales, por tener ese sentido la palabra ‘inclusive’. Ahora bien, tratándose de una sentencia que concedió el amparo solicitado por un delito de los denominados de querella o perseguibles a petición de parte ofendida, se justifica la intervención del Ministerio Público, de conformidad con las facultades que le han sido conferidas en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dicha representación social está legitimada para interponer el recurso de revisión contra tal sentencia."(4)
Así como la tesis XXI.2o.P.A.30 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto:
"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. AL SER PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN.-De los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, se evidencia que el Ministerio Público Federal, como parte en el juicio de amparo, puede intervenir en todos los juicios y hacer valer los recursos que la ley le otorga cuando a su consideración, se afecte el interés público que representa. Asimismo, de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, particularmente las que se refieren al artículo y fracción citados en segundo término, se advierten las facultades otorgadas al representante social, incluso para recurrir en amparos penales las resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley precisa para procurar la pronta y expedita administración de la justicia. Ahora bien, no obstante la amplitud del campo de acción del Ministerio Público Federal, no siempre puede hacer valer el recurso de revisión, sino sólo cuando se afecte un interés específico propio de su representación social, es decir, como parte en el juicio de garantías, puede recurrir en la medida en que la resolución le afecte como institución en lo particular. Bajo estas consideraciones, si el inculpado cuestionó la constitucionalidad de una orden de aprehensión por la comisión de un delito del orden federal y solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión dada la naturaleza de la resolución impugnada, resulta inconcuso que con tal manifestación se acredita el interés específico que requiere la representación social para interponer el recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto, toda vez que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación y persecución de los delitos incumben al Ministerio Público."(5)
Sin que soslaye lo anterior, el criterio emitido en la tesis P. XL/2013 (10a.), sostenida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, materia común, página 49, con el epígrafe: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES, SI LA NORMA IMPUGNADA NO AFECTA SUS ATRIBUCIONES.", en principio, porque de la ejecutoria de dicha tesis se advierte que el Ministerio Público de la Federación está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el precepto 102 constitucional, y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente la defensa de un interés, como ocurre en el caso que nos ocupa, ya que se trata de un auto de formal prisión por la comisión de un delito federal.
En segundo lugar, se trató de una inconstitucionalidad de leyes, en donde precisó que la intervención del Ministerio Público en el amparo contra leyes equivaldría a darle la oportunidad de defender o reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes; defensa que sólo a ellas corresponde, en términos del artículo 87 de la invocada ley reglamentaria, lo que se traduciría en la alteración y el trastorno del equilibrio procesal en perjuicio del quejoso, lo cual no cobra aplicación en el asunto de mérito.
De igual forma, tampoco resulta aplicable la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/4 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de título y subtítulo: "MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO ELLO IMPLICA ASUMIR LA DEFENSA DE OTRA DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.", porque al tratarse de otro Tribunal Colegiado no es obligatoria para este órgano jurisdiccional; ello, en términos del párrafo tercero del artículo 217 de la Ley de Amparo.
SÉPTIMO.-Previo al estudio del asunto, es menester dejar establecido que los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se examinarán conforme al principio de estricto derecho que rige en materia de amparo, y que establece el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se comparte, de rubro y texto:
"LITIS EN LA REVISIÓN, RIGE EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL RECURRENTE ES EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL.-Cuando es el Ministerio Público Federal, quien se inconforma contra la resolución de fondo que pronuncia el Juez de Distrito en un asunto penal, rige en la alzada constitucional el principio de estricto derecho, habida cuenta, que de conformidad con el artículo 76 Bis fracción II, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja, es exclusivamente en beneficio del reo; lo que es justo, teniendo en consideración que el Ministerio Público es una institución eminentemente técnica."(6)
OCTAVO.-Son inoperantes los agravios vertidos por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
Así las cosas, y a fin de facilitar el estudio de la presente determinación, resulta necesario conocer, en primer orden, las consideraciones en que se sustenta la parte del fallo constitucional y por la cual se decretó la concesión del amparo objeto de impugnación; y para ello tenemos que la Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, esencialmente fueron: (sic)
i) En relación con la fundamentación y motivación, el criterio que ha orientado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido en el sentido de considerar que un acto está fundado y motivado cuando, para cumplir con lo primero, expresa con precisión el precepto legal aplicable al caso y, para satisfacer lo segundo, señala con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; pero que, además, exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
ii) Aunado a lo anterior, para la emisión de un auto de formal prisión, es requisito indispensable que además de que se encuentre debidamente fundado y motivado, estén acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, tomando en consideración los hechos materia de la consignación.
De las constancias procesales se advierte que, en el caso, la autoridad responsable decretó en contra del quejoso auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, previsto en el artículo 217, fracción II, inciso D, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, fracción A, inciso II, del reglamento de la citada ley, aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 58 del Código de Justicia Militar; e, infracción de deberes correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previsto y sancionado en el artículo 382 del Código de Justicia Militar, acto de molestia que vulnera los derechos humanos garantizados en los artículos 16 y 19 constitucionales, en virtud de que no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo de los delitos que se le atribuyen.
iii) Pues del contenido del acto reclamado se advierte que la autoridad responsable indicó que el primer delito, esto es, el de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, se encuentra previsto en el artículo 217, fracción II, inciso D, del Código Penal Federal, y estableció que el mismo se integra con los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público; y, b) Que el servidor público sea parte en el otorgamiento o la contratación indebida de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
Concluyendo en el resolutivo primero de la resolución impugnada, que el citado ilícito se encuentra previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, en relación con la fracción I, inciso D, del mismo precepto.
En efecto, cabe destacar que el artículo 217 del Código Penal Federal, establece:
"Artículo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades:
"I. El servidor público que indebidamente:
"A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación;
"B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico;
"C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal, y del Distrito Federal.
"D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.
"II. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas, y
"III. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
"Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."
Sin embargo, de tal precepto se advierte, por una parte, que la fracción II carece de incisos y, por otra, la misma no exige como elementos del ilícito, el carácter de servidor público, sino que cualquier persona puede ser sujeto del injusto a que se refiere la fracción en comento. De manera que ante tales imprecisiones, la responsable desatendió el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, al no adecuar debidamente la conducta que se atribuye al quejoso en la hipótesis normativa aplicable.
Dado que por mandato constitucional, estaba obligada a establecer si la acción que supuestamente desplegó el peticionario, se adecua en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 217 del Código Penal Federal o, en su caso, en la fracción I, inciso D, del mismo precepto legal, atendiendo a que dichas secciones contienen hipótesis distintas, ya que la fracción I sanciona las conductas indebidas de los servidores públicos, en tanto que la segunda porción (fracción II), penaliza las actividades de cualquier persona, esto es, que no tenga esa calidad, que solicita o promueve la realización, el otorgamiento o la contratación indebida de las operaciones precisadas en la fracción I del numeral en comento.
Atendiendo, además, a que uno de los aspectos esenciales para el dictado de un auto de formal prisión, consiste en que se determine, con toda precisión, el precepto legal que contempla el delito y, en su caso, la fracción, inciso o subinciso del numeral que lo establezca y, que sea exactamente aplicable al caso concreto, lo cual es necesario para que el imputado se encuentre en pleno conocimiento de su situación jurídica, a fin de garantizar una defensa adecuada.
iv) Ahora, por lo que hace al delito de infracción de deberes correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previsto y sancionado en el artículo 382 del Código de Justicia Militar, que dispone:
"Artículo 382. El que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este código, será castigado con la pena de un año de prisión. Cuando la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión.
"Si resultare daño a algún individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas."
La responsable, previamente estableció que tal precepto señala diversas hipótesis, a saber: A. Que el sujeto activo infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión; B. Que el sujeto activo infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su empleo; C. Que el sujeto activo deje de cumplir sin causa justificada algunos de los deberes según su comisión; y, D. Que el sujeto activo deje de cumplir sin causa justificada algunos de los deberes según su empleo.
Luego, estableció que la hipótesis aplicable en el caso particular, lo es "que el sujeto activo lleve el seguimiento interno de los trámites y procedimientos de adquisición responsabilidad de la sección"; sin embargo, no precisó si tal supuesto se encuentra previsto en alguno de los preceptos legales del Reglamento General de Deberes Militares, que señala los deberes que tiene cada militar según su rango.
Ello es así, ya que el deber o deberes que se incumplieron deben estar especificados con toda precisión y claridad en los ordenamientos jurídicos correspondientes (Reglamento General de Deberes Militares); de modo que si en el acto reclamado no se señaló cuál de los deberes de los establecidos en el Reglamento General de Deberes Militares fue el que incumplió el impetrante, según su rango, es inconcuso que por tal motivo no se puede determinar si se acredita o no el cuerpo del delito de infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, previsto y sancionado por el artículo 382 del Código de Justicia Militar. Sustentó su dicho, con las tesis de rubros: "INFRACCIÓN DE DEBERES MILITARES, CORRESPONDIENTES A CADA MILITAR SEGÚN SU COMISIÓN O EMPLEO, ELEMENTOS DEL DELITO DE." e "INFRACCIÓN DE DEBERES MILITARES. AUTO DE FORMAL PRISIÓN VIOLATORIO DE GARANTÍAS POR NO PRECISAR EL O LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS DEBERES QUE SE DICEN INFRINGIDOS."
v) Ante tales deficiencias, la Juez de amparo se encuentra impedida para analizar si se acreditaron o no los citados ilícitos, toda vez que la resolución reclamada adolece de la debida fundamentación y motivación, ya la responsable desatendió la garantía que establece el primer párrafo del artículo 16, en relación con el diverso 19, ambos de la Constitución Federal, pues cabe destacar que para el dictado de un auto de término constitucional se requiere que se cumplan con tales formulismos, esto es, comprobar la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de conocer con precisión los motivos y las razones legales que se tuvieron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad, así como las probanzas que se tomaron en cuenta, en su caso, para poder rebatir el origen de la causa penal.
Además, en el auto de término constitucional se concretiza la litis penal, es decir, en él se plasman el delito por el cual se seguirá el proceso y las pruebas en las que descansa la acusación del Ministerio Público, lo que se traduce en la existencia de un ilícito y los medios con los cuales se puede probar la responsabilidad penal de un individuo en la comisión del mismo, ya que de lo contrario, tales omisiones originarían el desconocimiento de las circunstancias y razones que se tomaron en consideración para resolver en esos términos, lo que conlleva una transgresión a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que deben imperar en todo acto de autoridad.
vi) Por tanto, al resultar el auto de plazo constitucional de veinte de octubre de dos mil quince, dictado en contra del quejoso **********, inconstitucional, por las consideraciones que integran el presente fallo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al accionante constitucional para los efectos siguientes: 1. Dejar insubsistente el auto de plazo constitucional de veinte de octubre de dos mil quince, dictado dentro de la causa **********, únicamente por lo que hace al quejoso **********; y, 2. Emitir un nuevo auto en el que al resolver la situación jurídica de **********, adecue debidamente las supuestas conductas que se le atribuyen, en los preceptos legales aplicables y determine cada uno de los elementos que integran la descripción de las conductas o hechos delictuosos atribuidos al quejoso, así como con qué medios probatorios se demuestran y, consecuentemente, con cuál o cuáles de ellos se acredita la probable responsabilidad del peticionario en su comisión.
• El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, esencialmente, expuso:
a) Contrario a lo considerando por el Juez de amparo, se acredita que de las atribuciones y facultades de adquisiciones, el imputado cometió el delito de uso indebido de atribuciones y facultades de los servidores públicos, previsto en el artículo 217, fracción II, en relación con la fracción I, inciso D, del Código Penal Federal, en relación con el numeral 41, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51, fracción A, inciso II, del reglamento de la citada ley, aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 58 del Código de Justicia Militar, ya que pierde de vista que el mayor de sanidad diplomado de Estado Mayor, por su grado y jerarquía, dentro de la función que desempañaba como subjefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, entre los días dieciséis y treinta de diciembre de dos mil
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26844-e92a85fd/ministerio-publico-de-la-federacion-tiene-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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