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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR PERSONAS EXTRANJERAS QUE NO RADIQUEN EN EL PAÍS. CUANDO LA DEMANDA CAREZCA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA, EL JUZGADO DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA QUEJOSA.

Tipo de asunto: QUEJA 1/2023. · Registro digital (IUS): 33018
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-02-28
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.194.

QUEJA 1/2023. 9 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO PERO SE SEPARA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES Y FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos al recurso de queja 1/2023, interpuesto por **********, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales **********, a través de su autorizado, en contra del acuerdo de dos de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del oficio CCJ/ST/2715/2022 de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en los autos del juicio de amparo indirecto 635/2022.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, en el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, **********, quien era migrante de origen cubano, viajaba en compañía de otros doce migrantes con la finalidad de llegar a los Estados Unidos de América. En dicho lugar, el conductor de la camioneta pretendió evadir un control implementado por la Guardia Nacional, la cual, al observar esa conducta, procedió a perseguir el vehículo mencionado y a realizar disparos de los cuales algunos impactaron en contra de **********, quien a consecuencia de ello perdió la vida.

2. A partir de los hechos narrados, ********** quien fuera la pareja sentimental de ********** y con quien procreó una niña de iniciales **********, emprendió diversas acciones para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del cuerpo de **********, esto desde el municipio de Lisa, en la Provincia de la Habana, Cuba.

3. Entre las acciones que realizaron las víctimas indirectas, fue que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien la registró con el número **********. Dicha Comisión informó al representante de las víctimas indirectas que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, inició la carpeta de investigación **********, en la que se investigarían los hechos.

4. Derivado de lo anterior, ********** quien se ostentó como representante legal en México de las víctimas indirectas, envió un correo electrónico a **********, quien es Agente del Ministerio Público, ello con el fin de que las víctimas indirectas y él como representante legal tuvieran acceso electrónico a los registros de la carpeta de investigación. Del mencionado correo electrónico, las víctimas indirectas y su representante legal no obtuvieron respuesta por parte de alguna autoridad.

5. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado vía electrónica el treinta de julio del dos mil veintidós, **********, por su propio derecho y, en representación de su hija menor de edad de iniciales **********, designó como autorizado en términos amplios, al licenciado **********, presuntamente promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades responsables y los actos reclamados siguientes:

“Autoridades responsables

Como autoridad responsable se señala:

1.- **********, Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República.

2.- Embajador Mexicano en Cuba en su carácter de titular de la agregaduría auxiliar del Ministerio Público de la Federación en Cuba, como parte del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

Norma general y/o acto reclamado

De la autoridad responsable, se reclama los actos que a continuación se precisan:

a) Respecto del **********, Agente de Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República se reclama:

1.- La omisión de digitalizar la carpeta de investigación ********** y la omisión de dar acceso a la misma a través de los medios electrónicos a las quejosas, toda vez que vivimos en el extranjero y no podemos acudir a las instalaciones de la Fiscalía para imponernos de los autos.

b) Respecto del Embajador Mexicano en Cuba en su carácter de titular de la agregaduría auxiliar del Ministerio Público de la Federación en Cuba, y como parte del Mecanismo de Apoyo Exterior se reclama:

La omisión de recibir el escrito de la quejosa a través del cual intenté solicitar el acceso electrónico a la carpeta de investigación.”

6. Desechamiento de la demanda. El dos de agosto de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del oficio CCJ/ST/2715/2022 de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo por recibida la demanda de amparo, por lo que ordenó la formación y el registro del expediente como Amparo Indirecto 635/2022.

7. En ese mismo auto, se determinó que, en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, porque la falta de firma electrónica certificada de la parte quejosa constituyó una causa manifiesta e indudable de improcedencia, puesto que no era dable ordenar la ratificación de la demanda, al no ser una irregularidad subsanable conforme al numeral 114 de la ley antes citada.

8. Asimismo, en el propio acuerdo se tuvo por autorizado en términos amplios conforme a lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo a quienes con tal carácter fueron designados en la demanda de amparo.

9. Recurso de queja. En contra de esa determinación, el ocho de agosto de dos mil veintidós, **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, interpuso vía electrónica un recurso de queja, del que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo Presidente mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, lo admitió a trámite y ordenó el registro con el número de expediente 198/2022.

10. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 540/2022.(1) Por escrito presentado ante este Alto Tribunal, de manera electrónica, el dos de septiembre de dos mil veintidós, **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, solicitó el ejercicio de la facultad de atracción, para conocer del recurso de queja de mérito, en virtud de que involucra la oportunidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda reinterpretar supuestos de excepción para modular los requisitos de la demanda de amparo, en relación con el acceso a la justicia, por parte de personas extranjeras que no residen en territorio Mexicano y que son víctimas indirectas de una violación grave a derechos humanos y, pertenecen a un grupo vulnerable, lo que daría lugar a un pronunciamiento de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

11. En la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, esta Primera Sala en decisión de mayoría determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del recurso de queja, pues consideró que el asunto cumplía con los requisitos de interés y trascendencia.

12. Admisión y turno. En ese tenor, por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el recurso de queja con el número 1/2023, turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y lo remitió a esta Primera Sala a la que se encuentra adscrito

13. Avocamiento. Por proveído de primero de marzo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó avocarse al conocimiento del recurso, y lo envió a la Ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

14. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de queja en términos de lo dispuesto en los artículos 80, 80 BIS y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior, por tratarse de un recurso de queja que se interpuso en contra de un acuerdo dictado por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, que desechó de plano la demanda de amparo, cuyo conocimiento se decidió atraer, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

15. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que **********, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales **********, cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de queja, pues está acreditado que pretendieron promover una demanda de amparo con la calidad de quejosas, pero por diversos factores que anunciaron en el escrito respectivo, la primera de las citadas no asentó su firma electrónica o autógrafa, derivado de ello su presunta petición fue desechada de plano, de manera que si ahora reclaman esa determinación, no reconocerles personalidad para analizar la legalidad del proveído implicaría un sofisma de petición de principio que las dejaría en estado de indefensión.

16. Asimismo, la calidad de autorizado en términos amplios fue reconocida por el Juzgado de origen, en el juicio de amparo indirecto 635/2022 en el propio acuerdo impugnado a **********, por lo que cuenta con legitimación procesal para interponer el recurso de mérito, en términos de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo.

III. OPORTUNIDAD

17. El acuerdo recurrido fue notificado vía electrónica el miércoles tres de agosto de dos mil veintidós,(2) surtiendo efectos ese mismo día. De manera que el plazo de cinco días para interponer el recurso, previsto en el artículo 98, párrafo primero de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves cuatro al miércoles diez del mismo mes y año. Por tanto, si el recurso de queja se presentó de manera electrónica el ocho de agosto de dos mil veintidós, se concluye que su interposición es oportuna.

IV. PROCEDENCIA

18. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de queja es procedente, porque se interpone en contra de un acuerdo dictado por el Secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en el que desechó una demanda de amparo al considerar que se actualizó una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En ese sentido, el presente recurso de queja es procedente en términos de los dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo.(3)

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER EL ASUNTO

19. A. Acuerdo recurrido. En el proveído recurrido emitido por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo indirecto, al considerar que en el caso se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo.

20. Lo anterior porque la falta de firma electrónica certificada de la parte quejosa constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues no es posible ordenar la ratificación de la demanda, por no ser una irregularidad subsanable conforme al numeral 114 de la ley de la materia, en ese sentido ordenó su desechamiento de plano.

21. Dicha determinación, se sustentó en la tesis P./J. 8/2019 (10a.), de rubro: “DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.” Así como, en la tesis P./J. 32/2018 (10a.), de rubro “DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.”

22. Además, señaló que no se advertía que se estuviera en presencia de los supuestos de excepción previstos en el último párrafo del artículo 3 y en el diverso numeral 109, ambos de la Ley de Amparo, puesto que los actos que se reclamaron no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

23. Por otro lado, con relación a los argumentos a través de los cuales la parte quejosa pretende justificar el hecho de que su escrito inicial carezca de firma autógrafa o electrónica debido a sus diferencias identitarias -extranjeras- y de contexto –situación económica del país en donde residen- por las cuales se encuentran imposibilitadas de cumplir con tal requisito, el Juzgado de Distrito estimó que, contrario a lo expuesto, quien promueve la demanda cuenta con otros medios a su alcance para hacer llegar su demanda de amparo con su firma autógrafa, tal es el caso del correo certificado o servicio postal, pues de las manifestaciones de la parte quejosa no se advierte que exista algún inconveniente para realizarlo de esa forma.

24. En ese sentido, consideró que, si bien la quejosa se encuentra en una situación especial, dada su calidad de extranjera, lo cierto es que la demanda presentada de manera electrónica no es el único medio que tiene a su alcance para promover el amparo.

25. Por todo lo anterior, determinó, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que lo procedente era desechar la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento.

26. B. Agravios. La parte recurrente combatió el acuerdo recurrido a partir de los siguientes argumentos:

a) Primer agravio. Argumentó que la resolución recurrida vulnera lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, porque carece de congruencia y exhaustividad, en atención a que, el Aquo determinó desechar de plano la demanda planteada sin realizar ajustes razonables para garantizar el derecho a la igualdad tanto formal como sustantiva, lo anterior toda vez que el juez no consideró la situación especial y contextual de las quejosas extranjeras víctimas indirectas de un delito.

b) En ese sentido, señaló que si bien el principio de instancia de parte agraviada es un principio rector del juicio de amparo y por regla general este no puede soslayarse para dar acceso a la justicia y así lo estableció el Máximo Tribunal del país, dicha regla no puede ser interpretada de forma absoluta y restrictiva, pues el propio constituyente señaló casos de excepción en los que el cumplimiento del principio puede modularse para que no constituya un impedimento de acceso a la justicia.

c) Alegó que, el presente caso se encuadra en el supuesto de realizar un ajuste o modulación respecto de la forma del cumplimiento del requisito de presentar la demanda firmada, toda vez que dicha modulación tenía como finalidad proteger el principio de igualdad y garantizar el acceso al recurso efectivo que protegiera sus derechos humanos.

d) En esa misma línea, destacó que de los antecedentes narrados en la demanda de amparo se desprende que las quejosas son originarias y viven en Cuba, que no pueden salir de su país, que son víctimas indirectas de una violación grave a derechos humanos cometida por autoridades mexicanas, que se encuentran en una situación de incomunicación porque los medios de comunicación en su país son de difícil acceso, que son mujeres, una de ellas menor de edad, que no tienen los recursos para acceder a un litigio internacional, que no tienen conocimiento de las leyes mexicanas, que las autoridades mexicanas no les han informado nada, que no han podido comunicarse con el Ministerio Público Federal, que el gobierno cubano no les ha brindado el apoyo y asistencia debida, que la embajada mexicana en Cuba ni siquiera les recibió un escrito, que derivado de la crisis sanitaria en su país disminuyeron mucho los ingresos, que la fuente de ingresos de su familia fue asesinado por la Guardia Nacional en México cuando intentaba viajar para buscar mejores oportunidades económicas y que presentó el juicio de amparo en línea porque es el único medio disponible al que puede acceder.

e) Por lo anterior, es que es evidente que las quejosas forman parte de una categoría sospechosa por estar en una situación de vulneración e incluso de manera interseccional, por ello, resulta necesario que se realicen modulaciones para que ella pueda satisfacer el requisito de instancia de parte agraviada.

f) En atención a esto, es que la quejosa solicitó que se juzgara atendiendo al Protocolo para juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia solicitó que se realizaran los ajustes razonables que, sin llegar al absurdo de dispensarla de cumplir con el requisito de firmar su demanda, le permitieran acceder al juicio de amparo y manifestar su voluntad a través de un medio accesible para ella.

g) Asimismo, se arguyó que, debido a estas características, la quejosa no tiene CURP y por ende no puede registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como obtener su firma electrónica, por lo que le solicitó al juez que este ordenara ratificar la demanda a través de medio electrónicos o por medio de la embajada mexicana en Cuba.

h) Segundo agravio. De igual forma, señaló que la resolución impugnada no es congruente, porque determinó desechar de plano la demanda planteada al considerar que las quejosas podían enviar su demanda firmada a través del servicio postal, obligándolas a realizar un gasto irracional y desproporcionado atendiendo a su contexto, vulnerando el principio de gratuidad rector del juicio de amparo e indirectamente el principio de gratuidad que rige el acceso que las víctimas deben tener a la carpeta de investigación en un proceso penal.

27. C. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 540/2022. Por escrito presentado ante este Alto Tribunal, de manera electrónica, el dos de septiembre de dos mil veintidós, **********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, solicitó el ejercicio de la facultad de atracción, para conocer del recurso de queja de mérito. Así, en la sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós, la Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del recurso de queja, al considerar que el asunto cumplía con los requisitos de interés y trascendencia, en esencia por lo siguiente: a) Se determinó que al analizar este recurso de queja se tendrá la oportunidad de interpretar los requisitos y presupuestos procesales, especialmente, el principio de instancia de parte agraviada, regulado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, en cuanto al requisito de que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, como signo inequívoco de su voluntad, a la luz del principio pro persona, es decir, de la manera más favorable a las personas quejosas, con el fin de evitar que el acceso a la justicia sea oneroso o imposible de ejercer por el justiciable que, como en el caso concreto, enfrenta circunstancias excepcionales que le impiden, de inmediato, estampar esa seña gráfica representativa de la voluntad.

b) Asimismo, permitirá a esta Sala determinar si las situaciones a las que se enfrentan las justiciables, a la luz del derecho de acceso a la justicia, son análogas a las establecidas en los artículos 3, 15 y 109 de la Ley de Amparo y, en caso de resultar así, modularse los medios a través de cuales pudiera tenerse por acreditado el principio de parte agraviada en el caso concreto.

c) De igual forma, se estimó que la temática es trascendente, ya que, la crisis migratoria en México en los últimos años, producida por un aumento masivo del número de refugiados, migrantes y retornados en tránsito hacia el norte a través de Centroamérica, en donde las personas que se desplazan, en su mayoría por vías irregulares, se enfrentan a múltiples barreras, sufren accidentes y lesiones, son víctimas de diversos delitos como la extorsión, violencia sexual, desaparición forzada e, incluso, homicidio (como aconteció en el caso), lo cual, en contraste con las obligaciones convencionales del Estado Mexicano en la materia, exigen que este Alto Tribunal, construya un criterio para que las personas migrantes o sus familiares que viven fuera del territorio nacional, puedan tener un acceso efectivo a la justicia en México, ya que los operadores jurídicos, cada vez con mayor frecuencia, se enfrentan a este tipo de supuestos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. La problemática que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sintetiza en la siguiente interrogante:

¿Los agravios de la parte recurrente desvirtúan los argumentos que sustentan la determinación del Juzgado de Distrito impugnada?

29. Esta Primera Sala estima que la respuesta a dicha interrogante es en sentido afirmativo.

30. Para sustentar la respuesta, esta Primera Sala resolverá con el siguiente orden metodológico: en un primer apartado, se esbozarán los principios y derechos relevantes en los casos que involucran a personas con diferente origen nacional, migrantes o sujetas de protección internacional; posteriormente, en un segundo apartado, se expondrá lo respectivo al principio de instancia de parte agraviada y su relación con la presentación de la demanda de amparo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y; finalmente, se procederá a la solución del caso concreto.

I. Principios y derechos relevantes en los casos que involucran a personas migrantes y sujetas de protección internacional

31. Como cuestión preliminar es necesario recordar los antecedentes que originaron el presente asunto. El treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, **********, migrante de origen cubano perdió la vida mientras viajaba en compañía de otros migrantes cuyo destino era los Estados Unidos de América. La causa de la muerte fueron diversos disparos que realizaron elementos de la Guardia Nacional, pues la camioneta en donde viajaban los migrantes evadió un puesto de control migratorio.

32. Derivado de los hechos narrados, **********, quien fue pareja sentimental del migrante fenecido y con quien procreó una niña que se identifica con las iniciales **********; emprendió diversas acciones legales para que se esclarecieran los hechos. Por ello principió acciones como la promoción de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta última autoridad, le informó a la señora ********** sobre la existencia de una carpeta de investigación iniciada en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República.

33. Así, la señora ********** encomendó a su representante legal en México para que se comunicara con el Agente del Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta de investigación, quien para tal efecto, envió un correo al funcionario público encargado, sin embargo, nunca recibió respuesta.

34. En contra de la falta de respuesta, la señora ********** por propio derecho y en representación de su menor hija, presuntamente promovió una demanda de amparo con el objeto de que se le permita acceder de manera electrónica a los avances de la carpeta de investigación.

35. Como puede observarse de los hechos hasta aquí narrados, las presuntas quejosas en esta instancia son personas extranjeras que radican fuera del territorio nacional y piden que se esclarezca un delito cometido en contra de un migrante, con quien mantenían una relación familiar y sentimental.

36. De tal forma que, el Protocolo para Juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que, existen un conjunto de derechos y principios que son de especial importancia en el trámite y decisión de asuntos relacionados con personas en contexto de movilidad humana internacional. En ese sentido, resulta necesario realizar una descripción destacada de aquellos que se encuentran íntimamente relacionados con el presente asunto.

A) Derecho a la igualdad y no discriminación

37. El artículo 1º de la Constitución(4) reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación con base en categorías sospechosas que atenten contra la dignidad humana –como lo es el origen étnico o nacional–, así como cualquier otra instancia que tenga como resultado el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas.

38. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la igualdad tiene una doble dimensión: como principio y como derecho. Como principio fundamental dota de sentido al ordenamiento jurídico y a los actos que derivan de él, ya sean formalmente administrativos, legislativos o judiciales. En esta dimensión, la igualdad es una guía hermenéutica o criterio básico en la elaboración, interpretación y aplicación del derecho.

39. Asimismo, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.(5)

40. Por su parte, los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que los Estados parte del tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma, incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y ejercicio de tales derechos.(6)

41. La Corte Interamericana ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional.(7) Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos y, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, así como de combatir las prácticas discriminatorias.(8)

42. Ahora bien, esta Primera Sala ha referido que la igualdad como derecho fundamental se manifiesta en distintas vertientes. En su vertiente de igualdad formal, este derecho implica una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, y se compone a su vez de la igualdad ante la ley –es decir, la igual aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades– e igualdad en la norma jurídica –que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que exige que las normas no contengan diferenciaciones injustificadas constitucionalmente o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio–.(9)

43. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos cuando la ley –o su aplicación– da a las personas un trato diferenciado invocando un factor prohibido de discriminación –categoría sospechosa– o constitucionalmente inadmisible. Esto quiere decir que, partiendo de una situación análoga original, los miembros de un grupo social reciben un trato desigual en comparación con los de otros grupos, sin justificación o razonabilidad.

44. También pueden dar lugar a actos discriminatorios indirectos, cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado diferencia o excluye de manera desproporcionada a personas o grupos en situación de desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.

45. Se entiende entonces como discriminación indirecta aquellas normas, medidas o prácticas –sin distinción explícita– que producen efectos negativos e impacto desproporcionado para ciertos grupos vulnerables, como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33018-c7559ec0/amparo-indirecto-promovido-por-personas-extranjeras-que-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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