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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA PREVENCIÓN PARA QUE EL QUEJOSO RATIFIQUE SU FIRMA ÚNICAMENTE PROCEDE CUANDO LA DISCREPANCIA PROVENGA DE LA PROPIA DEMANDA EN ANÁLISIS Y DE SUS ANEXOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. · Registro digital (IUS): 29706
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-03-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Pág. 2349.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 27 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROBERTO ALEJANDRO NAVARRO SUÁREZ, JESÚS ALBERTO ÁVILA GARAVITO, JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY, DOMINGO ROMERO MORALES, JORGE FARRERA VILLALOBOS Y OCTAVIO RAMOS RAMOS. DISIDENTE: IVÁN GABRIEL ROMERO FIGUEROA. PONENTE: JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. SECRETARIA: KARINA DEL CARMEN LEÓN HERNÁNDEZ.

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo del Pleno del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintisiete de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 7/2019, y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 82/2019 recibido el once de septiembre de dos mil diecinueve, la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en funciones de Juez de Distrito denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en los recursos de queja 47/2019, 48/2019 y 170/2019.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis relativa a dilucidar si "procede prevenir al promovente del amparo en términos de la fracción I del artículo 114 de la invocada ley; para ratificar la firma que calza la demanda de mérito, al advertirse discrepancias evidentes en diversas firmas puestas aparentemente por la misma persona en juicios de amparo promovidos con anterioridad ante el mismo órgano jurisdiccional; que se citan como hecho notorio al contar con la papeleta de la Oficialía de Correspondencia Común, anexa; y, ante su incumplimiento, hacerle efectivo el apercibimiento y tenerla por no presentada."

En ese mismo proveído, se tuvieron por recibidas copias certificadas de las ejecutorias mencionadas; se solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivan esta contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

A través del auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informando que el criterio utilizado en los recursos de queja 47/2019 y 48/2019, se encuentra vigente; así como por remitiendo vía electrónica los archivos digitales correspondientes a los referidos medios de impugnación.

En proveído de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo al secretario de tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, informando que el criterio utilizado en el recurso de queja 170/2019, se encuentra vigente; así como por remitiendo vía electrónica el archivo digital correspondiente al referido medio de impugnación.

Por acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la copia del oficio DGCCST/X/416/10/2019, por el cual, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó el contenido del diverso oficio SGA/GVP/760/2019, signado por el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal del País, en el que comunica que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema:

Procede prevenir al promovente del amparo en términos de la fracción I del artículo 114 de la invocada ley; para ratificar la firma que calza la demanda de mérito, al advertirse discrepancias evidentes en diversas firmas puestas aparentemente por la misma persona en juicios de amparo promovidos con anterioridad ante el mismo órgano jurisdiccional; que se citan como hecho notorio al contar con la papeleta de la oficialía de correspondencia común, anexa; y, ante su incumplimiento, hacerle efectivo el apercibimiento y tenerla por no presentada.

TERCERO.—Turno del asunto. En el citado proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó turnar los autos al Magistrado Vicente Mariche de la Garza, integrante del citado Pleno, así como del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO.—Primer returno. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve se ordenó returnar los autos al Magistrado José Luis Legorreta Garibay, integrante del aludido Pleno, así como del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para la formulación del proyecto de resolución.

En auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve se acordó que para efectos del registro en el Sistema de Plenos del referido returno debe aparecer dado de alta el citado Magistrado como integrante del Pleno de este Circuito, lo que aconteció el uno de noviembre del presente año, día inhábil, así como el sábado dos y domingo tres de noviembre, por lo que hasta el cuatro de noviembre del año en curso, se realizaría el returno correspondiente para computar el lapso para resolver.

Por auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dejó sin efectos el returno mencionado ante la imposibilidad de registrar al Magistrado José Luis Legorreta Garibay en el Sistema de Plenos de Circuito, y se ordenó el returno correspondiente a partir de la citada fecha, en dicho proveído se le hizo de su conocimiento que en términos de lo previsto por el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el plazo legal para la formulación del proyecto es de quince días hábiles, salvo que, por causa justificada el Pleno del Décimo Circuito o el Magistrado presidente determinen un plazo mayor.

QUINTO.—Reserva de returno. En proveído de doce de diciembre de dos mil diecinueve se reservó returnar la presente contradicción de tesis para la formulación del proyecto correspondiente, hasta en tanto el Pleno de este Circuito se encontrara debidamente integrado para el periodo de dos mil veinte.

SEXTO.—Integración del Pleno del Décimo Circuito. El veintiocho de enero de dos mil veinte se llevó a cabo la sesión protocolaria 1/2020 en la que el Pleno del Décimo Circuito quedó integrado de la manera siguiente: Magistrado Roberto Alejandro Navarro Suárez adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil y presidente, Magistrado Jesús Alberto Ávila Garavito adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal, Magistrado José Luis Legorreta Garibay adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Magistrado Domingo Romero Morales adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Magistrado Jorge Farrera Villalobos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, todos con sede en Villahermosa, Tabasco, así como el Magistrado Iván Gabriel Romero Figueroa adscrito al Primer Tribunal Colegiado y Magistrado Alfredo Cid García adscrito al Segundo Tribunal Colegiado, ambos con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

SÉPTIMO.—Segundo returno. En acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte con fundamento en los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, previo acuerdo de quienes lo integran tomado en la citada sesión, se returnó la contradicción de tesis y sus anexos al Magistrado José Luis Legorreta Garibay integrante del aludido Pleno, así como del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para la formulación del proyecto de resolución, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis(2) y 41 Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III,(4) y 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo en vigor; y, el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en funciones de Juez de Distrito; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios materia de la contradicción de tesis. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Primer criterio.

Quejas en materia de trabajo 48/2019 y 47/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

El referido órgano jurisdiccional, en sesión pública ordinaria de trece de junio de dos mil nueve, resolvió declarar infundado por unanimidad de votos el aludido recurso de queja, interpuesto por **********, por propio derecho, en contra del acuerdo de tres de abril de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 309/2019-IV del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; en el cual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos de veintidós de marzo de dos mil diecinueve y se tuvo por no presentada la demanda.

Al efecto, se transcribe la parte conducente de la referida ejecutoria:

"En el único agravio que hace valer el recurrente a través del recurso de queja en estudio, argumenta que el auto que impugna es restrictivo del derecho humano a un recurso judicial efectivo, por lo que, a juicio del inconforme, dicho acuerdo es ilegal, ya que el a quo trata de justificar su proceder con base en apreciaciones subjetivas carentes de sustento jurídico e inexactamente fundadas y motivadas.

"Así lo considera el inconforme, porque sostiene que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo que, considera, la demanda de garantías debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y proveer lo que en derecho corresponda.

"Sigue manifestando el recurrente, que en el caso concreto, el a quo requirió al quejoso para que ratificara la firma en el escrito correspondiente y, ante la falta de cumplimiento de dicha prevención, la tuvo por no presentada; conclusión que a juicio del recurrente, es incorrecta porque la prevención citada era innecesaria, además de que el órgano jurisdiccional no tiene facultades para prevenir y apercibir al quejoso, porque si se trata del primer escrito y éste cumple los requisitos legales, el Juez está obligado a admitirla.

"Así lo estima el recurrente, pues dice que de la lectura de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo no se aprecia que confiera facultades para que oficiosamente se invoque una supuesta incertidumbre jurídica para prevenir al quejoso y, menos aún, lo autoriza para apercibirlo con desecharla o tenerla por no interpuesta, pues en todo caso, el tercero interesado es quien podría impugnar la personalidad del promovente, precisando los motivos de la objeción. Luego, se estima ilegal la determinación del a quo, sin que obste el hecho de haber invocado actuaciones y firmas de un anterior juicio de amparo, ya que al estar firmada en original y es la única que existe en autos, no puede, de oficio, refutarse su autenticidad sino tenerla (sic) por colmada la personalidad en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Por lo que, concluye el recurrente, la prevención realizada resulta excesiva e innecesaria, porque va en contra del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en los artículos 17 constitucional, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Invoca en apoyo a los argumentos previamente resumidos, los criterios de rubros: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ y ‘DEMANDA DE AMPARO RATIFICADA. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO EL JUZGADOR OBSERVA DISCREPANCIA ENTRE LA FIRMA QUE LA CALZA Y ALGUNA ESTAMPADA EN UN DOCUMENTO POSTERIOR.’

"En efecto, como se dijo al inicio de este considerando, son infundados los argumentos que a manera de agravios hace valer el recurrente, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor.

"Así se sostiene, pues si bien es cierto que lo cuestionado en el caso concreto –la firma que calza la demanda de amparo–, es un aspecto de la mayor trascendencia, porque podría constituir una restricción para la adecuada protección de los derechos subjetivos públicos del quejoso, dado que podría dejar al gobernado sin la única oportunidad que tiene de combatir ante la potestad de la Justicia Federal una violación de aquellos derechos; también cierto resulta que, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que en el caso de mérito, se manifiesta mediante la firma del documento que contiene la demanda de garantías.

"Es verdad, dado el procedimiento escrito escogido en el caso concreto, en tanto podría haber optado por el procedimiento electrónico a que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Amparo, es indispensable que el escrito que contiene la demanda de garantías cuente con la expresión inequívoca que (sic) la voluntad de quien la promueve.

"Es así, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo se debe ser titular de un derecho subjetivo, o de un interés legítimo y promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, por sí misma o a través de su representante legal o por su apoderado, con las excepciones que la propia ley señala; de tal manera que debe manifestarse expresamente la voluntad de quien ejercita el derecho, mediante la firma correspondiente.

"Luego, cuando una demanda de garantías calza una firma notoriamente distinta, comparada con otra previamente estampada en diversa demanda de amparo tramitada ante el mismo órgano jurisdiccional, como en el caso concreto ocurre, no hay forma de saber si es voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito promover el juicio constitucional; máxime si como ocurre exactamente en el caso a estudio, se le previno y se le otorgó un término de cinco días para que manifestara por qué firmó de manera distinta, o para que ratificara dicha firma, sin que lo hubiera hecho.

"Luego, contrario a la apreciación del recurrente, la resolución recurrida sí está debidamente fundada y motivada, en tanto que, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en que fundó el a quo dicha determinación, sí lo faculta para requerir al promovente cuando hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda y, para tenerla por no presentada, cuando no se subsana la irregularidad dentro del plazo concedido.

"Sin que con el ejercicio de dicha facultad, esto es, el apercibimiento al quejoso y el posterior acuerdo de tener por no presentada la demanda de garantías, como ocurrió en el caso a estudio, se viole el derecho de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, como incorrectamente expone el recurrente, sino todo lo contrario, con dicha prevención se salvaguardó ese derecho del promovente; caso contrario hubiera sido que, sin haberlo prevenido y otorgado un plazo para subsanarlas, se hubiera desechado de plano la demanda de garantías.

"Se invoca en apoyo a las consideraciones anteriores la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 213 del Libro 48, Tomo I, noviembre de 2017, materia constitucional, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic) y texto siguientes:

"‘DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: «GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.», deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado Mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.’

"Por identidad de razón, resulta igualmente aplicable al caso, la diversa jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), emitida por la Sala en consulta, localizada en la página 699 del Libro 59, octubre de 2018, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic) y texto que dicen:

"‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: «DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.», el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, «nombre de usuario», «contraseña», y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las «irregularidades en el escrito» al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los Jueces de Distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los acuerdos generales conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley.’

"Por ello, es infundado que la prevención que le hizo el a quo, para que ratificara la firma que calza la demanda de amparo, de ninguna manera resulta excesiva e innecesaria, como inexactamente sostiene el recurrente, pues acertadamente el Juez recurrido no la desechó de plano por haber advertido una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como prevé la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que, se reitera, acertadamente lo previno en términos de la fracción I del artículo 114 de la invocada ley; y, ante su incumplimiento, también correctamente determinó tenerla por no presentada como lo había apercibido.

"Encuentra apoyo lo anterior en el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que este tribunal comparte, contenido en la tesis publicada en la página 2853 del Libro 57, Tomo III, agosto de 2018, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro (sic) y texto que dicen:

"‘IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA DISCREPANCIA ENTRE LA FIRMA PLASMADA POR EL QUEJOSO EN UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, CON LA IMPRESA EN LA DEMANDA, NO ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 5o. Y 6o., TODOS DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se deseche la demanda cuando la causa de improcedencia que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable, lo que implica que, no se dé trámite al juicio y no se llegue a la audiencia constitucional. Ahora bien, cuando el Juez de Distrito advierte discrepancia entre la firma plasmada por el quejoso en una notificación personal con motivo de la tramitación del juicio constitucional, con la impresa en el escrito inicial de demanda, no hace viable que de manera manifiesta e indudable aplique la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o. y 6o., todos de la ley citada. Es así, porque para tener certeza de que se actualiza el principio de instancia de parte agraviada, el juzgador constitucional debe ordenar al funcionario correspondiente que requiera al quejoso para que ratifique o no la firma de su demanda.’

"De tal manera que, el advertir discrepancias evidentes en dos firmas puestas por la misma persona, no constituye una apreciación subjetiva y carente de sustento jurídico, si como se dijo en (sic) párrafo precedente, el artículo 107 constitucional señala expresamente que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en casos como el que nos ocupa, en el que una misma persona signa dos diversas demandas de garantías, con firmas evidentemente distintas, no se tiene la certeza de que efectivamente esté manifestando su voluntad de instar la acción jurisdiccional; luego, fue correcto que se le apercibiera y, ante su incumplimiento, que se tuviera por no presentada la demanda de garantías, como acertadamente determinó el a quo.

"Sin que le beneficien los criterios jurisprudenciales que invoca en apoyo a sus agravios el recurrente, en tanto que, si en el caso concreto se previno al quejoso para que ratificara la firma de la demanda inicial, fue precisamente porque el a quo realizó una lectura detallada e íntegra de la misma, para interpretar la intención del promovente, como se sostiene en el primero de los criterios invocados; y, respecto de la diversa tesis citada, como se sostiene en esta ejecutoria, hubiera sido incorrecto desechar la demanda de plano por notoriamente improcedente, y contrario a ello, resulta acertado que se haya prevenido al quejoso y, que ante la falta de cumplimiento, se le haya hecho efectivo el apercibimiento correspondiente."

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en sesión pública ordinaria de veinte de junio de dos mil diecinueve resolvió declarar infundado por unanimidad de votos el recurso de queja 47/2019, interpuesto por **********, por propio derecho, en contra del acuerdo de dos de abril de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 290/2019-V del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve y se tuvo por no presentada la demanda.

Al efecto, se transcribe la parte conducente de la referida ejecutoria:

"En el único agravio que hace valer el recurrente a través del recurso de queja en estudio, argumenta que el auto que impugna es restrictivo del derecho humano a un recurso judicial efectivo, por lo que, a juicio del inconforme, dicho acuerdo es ilegal, ya que el a quo trata de justificar su proceder con base en apreciaciones subjetivas carentes de sustento jurídico e inexactamente fundadas y motivadas.

"Así lo considera el inconforme, porque sostiene que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo que, considera, la demanda de garantías debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y proveer lo que en derecho corresponda.

"Sigue manifestando el recurrente, que en el caso concreto, el a quo requirió al quejoso para que ratificara la firma en el escrito correspondiente y, ante la falta de cumplimiento de dicha prevención, la tuvo por no presentada; conclusión que, a juicio del recurrente,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29706-05a7daee/demanda-de-amparo-indirecto-la-prevencion-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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