DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS, POR UNA PARTE, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL ENTONCES DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO Y, POR OTRA, POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.
Sentencia
Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis 45/2018, relativos a la denuncia planteada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuyo probable tema consiste en determinar si cuando a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se presenta una demanda de amparo y ésta carece de firma electrónica ¿debe desecharse de plano conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, o debe hacerse una prevención al quejoso en términos del artículo 114 de la misma ley?
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción entre los criterios emitidos, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, el Tercero en Materia Civil del Primer Circuito y el Sexto en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 105/2016, 219/2016 y 94/2017, respectivamente, respecto de lo sostenido por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, Primero en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, Segundo de igual Circuito, Segundo en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito); el Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 51/2017, 67/2017, 49/2017, 186/2017, 26/2017, 145/2017, 217/2017 y 192/2017, respectivamente.
2. El denunciante señaló que la contradicción tiene lugar en razón de que, por una parte, los Tribunales Colegiados de Circuito señalados en primer lugar, sostienen la posibilidad de que se prevenga al quejoso para subsanar el requisito correspondiente, cuando su demanda de amparo presentada en línea carece de firma electrónica, ante la existencia de indicios de su voluntad de presentarla; en tanto que el segundo grupo de tribunales contendientes sostienen que ante ese mismo supuesto la demanda debe ser desechada de plano, sin posibilidad de prevención alguna.
3. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis por auto de dos de febrero de dos mil dieciocho,(2) por lo que se acordó solicitar a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes, remitieran vía MINTERSCJN las versiones digitalizadas de los originales o bien, las copias certificadas de las ejecutorias en las que sostuvieron sus criterios, así como el informe de si éstos se encontraban vigentes o las causas para tenerlos por superados o abandonados; asimismo, ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz para su estudio, en la inteligencia de que la entrega física debería ser posterior a la debida integración del expediente.
4. Una vez cumplidos los requerimientos a los Tribunales Colegiados contendientes, se tuvo por integrada la contradicción de tesis en auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho y se ordenó su envío al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de sentencia.(3)
II. Competencia
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal –aplicado en términos de la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."–(4) y el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General 5/2013. Ello, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y especialidades, respecto de un tema que corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria su intervención.
6. Cabe precisar que si bien formalmente esta Suprema Corte de Justicia resultaría incompetente para conocer de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, ya que respecto a ellos la competencia se surte a favor del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito en términos del artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución, así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo, se estima innecesario hacer la declaración correspondiente y hacer la remisión de las actuaciones respectivas al órgano competente, en cuanto a que tal contradicción de tesis quedaría sin materia con motivo de la determinación que se tome por este Alto Tribunal sobre la tesis que ha de prevalecer considerando al resto de los tribunales contendientes, pues ésta será de observancia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país, incluido el mencionado Pleno de Circuito.
III. Legitimación
7. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
IV. Existencia de la contradicción
8. Este Tribunal Pleno ha sido consistente en referir que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque los criterios respectivos no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales. De ahí que exista contradicción cuando se colmen los siguientes requisitos:
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este primer requisito sí se satisface, pues los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación.
11. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 51/2017, interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto por carecer de firma electrónica, sin que obstara el hecho de que en ella se observara una firma autógrafa escaneada. El tribunal desestimó los argumentos del inconforme, con base en lo siguiente:
• El principio de instancia de parte agraviada tiene como presupuesto que la demanda de amparo cuente con la firma del quejoso, la cual constituye la manifestación de voluntad por excelencia para determinar la autenticidad de los documentos, por lo cual es un requisito esencial de la demanda.
• De los artículos 3o. y 108 de la Ley de Amparo; los numerales 3o., 4o., 5o., 10 y 12, incisos b) y f) y 13, inciso d) del Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, así como los preceptos 5o., 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 72, 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se deriva que es optativo presentar la demanda impresa o de manera electrónica, y en este último caso se requiere firma electrónica, la cual surte los mismos efectos que la autógrafa.
• Asimismo, se desprende que es responsabilidad de la persona que hace uso de los sistemas verificar los datos que registra, el funcionamiento, integridad, legibilidad, formato y contenido de los archivos electrónicos que envía; así como que una vez enviada la demanda, el sistema genera un acuse de recepción electrónico que señala los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y anexos, la fecha, hora de envío y recepción, el folio electrónico; asimismo, el documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma, si el certificado es reconocido por la unidad y si está vigente.
• En el caso, la promovente alega que su demanda sí contenía una firma autógrafa, pero de acuerdo con las disposiciones señaladas, la que debía constar en el escrito es la electrónica, que necesariamente debe aparecer en la parte final del documento mediante una evidencia criptográfica.
• Por tanto, es correcto el desechamiento de la demanda, porque al carecer de firma electrónica, no tiene los mismos efectos que las firmadas de manera autógrafa y que al efecto se escanea. Máxime que la falta de firma no es una irregularidad susceptible de enmendar en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un elemento de forma, sino un requisito esencial del documento.
12. El Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, (actual Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito) desestimó el recurso de queja 145/2017, interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto, por falta de evidencia criptográfica que revelara el uso de la firma electrónica, bajo las mismas consideraciones generales hechas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 51/2017, y en cuanto al caso concreto, se agregó:
• La recurrente admite que no firmó electrónicamente la demanda porque hasta ese momento no tenía concluido el trámite necesario para la obtención de la FIREL, lo cual se corrobora con las certificaciones de la Secretaria adscrita al órgano jurisdiccional receptor elaboradas en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, y el contenido mismo de la demanda y el acuse de recibo, que sólo tiene el número de folio asignado, la hora y fecha de recepción del documento.
• Por lo cual se estimó correcto el desechamiento ante la falta de firma electrónica, además de que no constituye una deficiencia susceptible de regularización en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un elemento formal, sino un requisito esencial.
• No es óbice que en la tramitación de la firma electrónica, como medidas de identificación y seguridad, se exija diversa información y documentos personales ante las unidades de certificación, y que en el caso la recurrente ya hubiera aportado datos personales al iniciar la gestión, pues esto no llevaría a subsanar la falta de firma para considerar que no existe duda de que fue ella quien acudió al juicio de amparo. Esto, porque la firma electrónica es requisito necesario y porque si tenía conocimiento de lo inconcluso del trámite, pudo haber presentado la demanda en forma impresa y con firma autógrafa.
13. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito declaró infundado el recurso de queja 67/2017, al estimar correcto el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto por falta de firma electrónica, por lo siguiente:
• Luego de establecer iguales consideraciones generales a las hechas por los dos Tribunales Colegiados anteriores, acerca de la firma como presupuesto necesario del principio de parte agraviada, y la posibilidad de la presentación de la demanda por medios digitales con el uso de una firma electrónica y la necesidad de una evidencia criptográfica en la parte final del documento, se agregó que una vez que el interesado entra al portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cuarto paso para presentar una demanda de amparo se encuentra la pregunta "¿desea firmar los documentos de la demanda?", como paso anterior a la captura del código de seguridad y al envío de la demanda, la cual no genera confusión, sino que se entiende claramente referida a la firma de la demanda de amparo, por lo cual si en el caso no se eligió esa opción, es inconcuso que no se cumplió en su totalidad el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015.
• Tampoco hace falta una alerta para el caso en que no se ha ingresado la firma electrónica, porque antes de enviar la demanda se le hace la pregunta sobre el ingreso de la firma electrónica, y si no se cumple, esto se refleja en el acuse generado, pudiendo entonces el promovente hacer lo que estime procedente para corregirlo.
• En el caso, el acuse contiene la leyenda "sin evidencia criptográfica de la firma electrónica", con lo que el interesado pudo percatarse de que no siguió el paso referente al ingreso de la firma electrónica, y de que el juzgado lo tomaría en cuenta para acordar lo correspondiente, conforme al artículo 76 del citado acuerdo.
• Lo anterior, aunado a que conforme al artículo 5 de ese Acuerdo es responsabilidad de la persona que hace uso del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, verificar los datos que registra, el funcionamiento, integridad, legibilidad, formato y contenido de los archivos electrónicos que envía.
• De ahí que el desechamiento sea correcto, sin que la falta de firma sea susceptible de prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, toda vez que la firma no es un elemento de forma, sino un requisito esencial del documento.
14. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito desestimó el recurso de queja 49/2017 contra el desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto, por falta de firma electrónica, conforme a lo siguiente:
• Luego de establecer iguales consideraciones a las hechas por los tres Tribunales Colegiados anteriores, acerca de la firma como presupuesto necesario del principio de parte agraviada, y la posibilidad de la presentación de la demanda por medios digitales con el uso de una firma electrónica y la necesidad de una evidencia criptográfica en la parte final del documento, se agregó que en el caso no se estaba en alguno de los supuestos en que no resulta exigible la firma electrónica, previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo.
• Se consideró infundado el argumento de que al ingresar al portal en ninguna de las ventanas se pide un procedimiento de encriptación para que, a su vez, éste sea incorporado al archivo que contiene la demanda de amparo. Lo anterior, porque conforme al artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, era su responsabilidad verificar los datos que registró, el funcionamiento, integridad, legibilidad, formato y contenido de los archivos electrónicos enviados, y que una vez enviada la demanda, se generó un acuse y el documento debía tener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrara el nombre del titular, si el certificado era reconocido por la unidad y si se encuentra vigente.
• Además de los pasos que siguió el quejoso para enviar la demanda, previo a generar el acuse, en la pantalla denominada "presentación de demandas", debió abrir el vínculo señalado con el número 4 "resumen de la demanda" en la que aparece un resumen de la información que se está enviando, que contiene también un código verificador y, por último, al lado derecho aparece la pregunta "¿deseas firmar los documentos de la demanda?", y al dar clic aparecen las opciones FIREL o FIEL, y al elegir la primera, se despliegan el archivo PFX, el que se solicita examinar y posteriormente confirmar; si se elige FIEL, se despliegan dos archivos .KEY y .CER, que se solicitan examinar y luego confirmar, y es al confirmar que se genera la evidencia criptográfica de la firma electrónica; la cual no fue generada en el caso.
• Por tanto, fue correcto el desechamiento de la demanda, pues al carecer de firma electrónica no tiene los mismos efectos que las demandas con firma autógrafa, máxime que la falta de firma no es una irregularidad subsanable en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo.
15. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró infundado el recurso de queja 192/2017 contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto por falta de firma electrónica, de la siguiente manera;
• Además de referirse a las consideraciones generales establecidas por los cuatro tribunales señalados previamente, sobre la firma como presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, y la posibilidad de presentar la demanda por medios electrónicos en cuyo caso debe cubrirse el requisito de la firma electrónica como manifestación de la voluntad, el tribunal señaló que dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se deben seguir los pasos relativos a la presentación de la demanda, entre ellos, el relativo a agregar la firma electrónica.
• Luego de lo cual, se señala en el botón "demandas" el nombre del quejoso y una cuenta de correo electrónico, se selecciona la Oficina de Correspondencia Común de los tribunales a los que se solicite el amparo, se ingresa el archivo que contenga la demanda o se utiliza el formato a disposición, se agrega la firma electrónica, se captura un código de seguridad y se envía la demanda.
• Por tanto, son infundados los argumentos acerca de que por un error no se adjuntó la firma electrónica, y que ésta si fue impuesta, sin que haya prueba de lo anterior, máxime que es responsabilidad del usuario verificar los datos, así como el funcionamiento, integridad, legibilidad, formato y contenido de los archivos electrónicos que se envían.
• Además, se trata de una irregularidad no susceptible de prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la falta de firma constituye un obstáculo para considerar que es el agraviado quien inicia la actividad jurisdiccional, sin que al respecto sea relevante el hecho de que el quejoso contara con nombre de usuario y firma electrónica, que se requieren para ingresar al Portal de Servicios en Línea, pues no fue esa la razón del desechamiento.
16. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito desestimó el recurso de queja 186/2017, interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto por falta de firma electrónica, en los siguientes términos:
• Es infundado el argumento de que ante la posibilidad de una falla técnica al enviar el archivo, se le debió prevenir para ratificar la demanda de amparo. Esto, porque no es dable partir de suposiciones para analizar la legalidad del auto, pues no se afirma ni se demuestra la existencia de la falla.
• Al no existir evidencia criptográfica en el documento, se desconoce si existió la manifestación de voluntad del quejoso de acudir a la instancia constitucional, sin que haya disposición por la cual se permita subsanarlo, pues tal situación es similar a la falta de firma de la demanda de amparo, lo cual no es considerado una irregularidad subsanable en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que equivale a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad y, por tanto, procede desechar de plano la demanda.
• Además, la quejosa no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en que no se requiere la firma electrónica.
• La evidencia criptográfica de la firma electrónica no es un requisito opcional, sino indispensable conforme a la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, sin que lo subsane el hecho de cumplir los requisitos para que fuera reconocido el usuario y la contraseña para ingresar al portal, pues ese ingreso no produce los efectos de validación de la evidencia criptográfica, porque son cosas distintas. La firma electrónica es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control.
• Si en el caso no se cumplió ese requisito, es correcto su desechamiento atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que implica la existencia de una firma en la demanda, o de lo contrario, el escrito es un anónimo.
17. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito declaró infundado el recurso de queja 26/2017, interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto por falta de firma electrónica, conforme a las siguientes consideraciones:
• Tomando en cuenta la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015, estimó que es optativo para el promovente presentar la demanda en forma impresa o electrónica, y en este último caso, se debe utilizar la firma electrónica, salvo los supuestos del artículo 15 de dicha ley; así como que para el acceso al portal se requiere la firma electrónica y el registro en el sistema.
• En consecuencia, si se presentó la demanda mediante el sistema electrónico sin que aparezca la evidencia criptográfica que demuestre la firma electrónica, la demanda carece de validez por no estar demostrada la manifestación de voluntad del promovente para acudir al juicio de amparo en esa vía.
18. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito desestimó el recurso de queja 217/2017 contra el desechamiento de una demanda por carecer de firma electrónica, conforme a las siguientes consideraciones:
• Las demandas de amparo además de poder ser presentadas por escrito y oralmente, también pueden ser exhibidas vía electrónica; en este último caso deberán ser firmadas electrónicamente, toda vez que ésta producirá los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Se exceptúa dicha firma en los supuestos en que se reclamen los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo.
• Es necesario que las promociones cuenten con la firma electrónica de quien las presente, para acreditar la voluntad del promovente al realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y por consiguiente, lograr la eficacia prevista en la ley.
• En ese sentido, las promociones presentadas por medios informáticos que carezcan de firma electrónica no pueden estimarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes, por lo que son insuficientes para tener por hecha la promoción relativa.
• Al no estar firmada electrónicamente la demanda de amparo, la misma carece de signo representativo de la voluntad del promovente, por lo que no constituye una demanda ni puede considerarse agraviado a quien no firmó el escrito relativo; ya que la falta de dicho requisito previsto en la Ley de Amparo, es suficiente para tener por no realizada la promoción y su desechamiento es correcto.
19. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito resolvió el recurso de queja 105/2016 interpuesto en contra del desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto, por el hecho de carecer de firma electrónica. El tribunal declaró fundado el recurso y revocó el auto impugnado a efecto de ordenar que se previniera al quejoso para subsanar esa irregularidad, conforme a las siguientes consideraciones:
• Tomando en cuenta que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, relacionado con el principio pro actione, implica la obligación de los tribunales de resolver los conflictos planteados, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, resulta factible que cuando se presenta la demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se estampe la firma electrónica, primero se prevenga al quejoso para subsanar dicha omisión conforme al artículo 114 de la Ley de Amparo.
• Lo anterior, pues aunque tal precepto no prevea esa omisión como una irregularidad subsanable, terminar por ese motivo el juicio de amparo que constituye un medio extraordinario de defensa en protección de los derechos humanos, se erige como una rigidez excesiva que limita a la quejosa el acceso a la jurisdicción.
• Si bien la falta de firma equivale a falta de voluntad para promover, la sola omisión de firmar electrónicamente no deriva necesariamente en la falta de expresión de voluntad de instar el juicio, ya que la persona lleva a cabo actos materiales tendientes a promover la demanda, como son el ingreso al sistema y la captura de la demanda y sus anexos en formato PDF.
• Conforme al artículo 3o., párrafo quinto, de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos de la firma autógrafa y al respecto, en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se observa que es opcional el uso de la firma electrónica, pues en la sección para tramitar la demanda de amparo existe un apartado en el que se interroga si se desea firmar los documentos de la demanda y la falta de llenado de ese rubro no impide cargar dicha promoción; en ese sentido, el hecho de que el sistema lo contemple como una opción, al no condicionar su envío a la satisfacción de ese requisito, genera confusión respecto de su obligatoriedad, establecida en la Ley de Amparo.
• Por tanto, la duda sobre la falta de manifestación de la voluntad se hará patente solamente si no se desahoga la prevención, y en cambio, decretar el desechamiento torna desproporcional la consecuencia legal por la omisión en que incurrió el promovente de amparo.
20. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 219/2016, también contra el desechamiento de plano de una demanda de amparo indirecto por falta de firma electrónica, en el cual declaró fundado el recurso y revocó el auto recurrido a fin de que se ordenase la prevención al quejoso, de acuerdo con lo siguiente:
• Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos que la firma autógrafa, y de acuerdo con el artículo 64 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, será necesario que las personas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad.
• Para registrarse en dicho portal los usuarios deben indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un nombre de usuario y una contraseña, y vincular al registro su firma electrónica. En la inteligencia de que el registro de cada usuario es personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.
• En ese contexto, si bien la firma electrónica produce los mismos efectos de la firma autógrafa, el registro previo de los interesados al sistema hace suponer que el documento puede atribuirse a esa persona, por lo que la falta de evidencia criptográfica no admite exactamente el tratamiento de un documento anónimo.
• Es decir, el documento remitido vía electrónica no corresponde exactamente a un anónimo ya que el acceso y presentación de la demanda constituye un indicio sob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28811-c1b6e32c/demanda-de-amparo-indirecto-presentada-a-traves-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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