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Modo: Corpus Pro

AUTORIDADES INDÍGENAS EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE SU QUEJA CUANDO INTERVENGAN COMO TERCERAS INTERESADAS EN RECURSOS DE REVISIÓN EN MATERIA PENAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4110/2024. · Registro digital (IUS): 33167
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-09
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.225.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4110/2024. 22 DE ENERO DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIAS: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y MARÍA FERNANDA SANTOS VILLARREAL.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca emitió una determinación en la que, previa destitución, sancionó al entonces Presidente Municipal, Síndico, Regidor de Hacienda y Tesorero por un presunto desvío de recursos públicos, imponiéndoles una pena de veinte años de cárcel y la separación de sus bienes para la reparación del daño comunitario en beneficio de la comunidad indígena.

La Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca convalidó esa determinación y ordenó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que decretara el no ejercicio de la acción penal en contra de los sancionados, por corresponder conocer del asunto a la jurisdicción indígena. Ello, a pesar de que el artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca limita su competencia a las controversias que versen sobre delitos que estén sancionados en el Código Penal del Estado de Oaxaca con pena corporal que no exceda de dos años de prisión, pues consideró que esa norma era inconstitucional y procedió a inaplicarla.

Inconformes, las autoridades destituidas y sancionadas promovieron un juicio de amparo directo, en el que sostuvieron que la Sala responsable carecía de competencia para convalidar la determinación comunitaria, conforme al artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca.

El Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo a los quejosos, aplicando las consideraciones que tuvo esta Primera Sala en el amparo en revisión 202/2021.

En contra de esa resolución, el Presidente Municipal y el Síndico de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca en funciones y la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca interpusieron sendos recursos de revisión, aduciendo que el precepto referido es inconstitucional y que, por ello, la Sala responsable sí tenía competencia para conocer de la controversia.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4110/2024, interpuesto por las autoridades municipales de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca y la Mesa de los Debates de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, en contra de la sentencia dictada en la sesión de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito en el juicio de amparo directo Primer número de expediente.

El problema jurídico que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si se satisfacen o no los requisitos para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(1) Persona “A”, Persona “B”, Persona “C” y Persona “D” resultaron electos para integrar el Ayuntamiento de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, para la administración del periodo dos mil veinte a dos mil veintidós, como Presidente Municipal, Síndico, Regidor de Hacienda y Tesorero, respectivamente.

2. El siete de noviembre de dos mil veintiuno, la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca determinó destituir al Presidente Municipal, al Síndico, al Regidor de Hacienda y al Tesorero de ese municipio, con motivo de un presunto desvío de recursos públicos, por la cantidad de $Primera cantidad en moneda nacional.

3. Por lo anterior, el seis de febrero de dos mil veintidós, la Asamblea General Comunitaria ordenó arrestar a las cuatro personas involucradas, hasta que entregaran los recursos públicos que desviaron, por lo cual, Persona “A”, Persona “B” y Persona “C” fueron recluidos en la cárcel municipal. Persona “D” no se presentó ante la Asamblea General Comunitaria, por lo que se desconoce su paradero.

4. El ocho de febrero de dos mil veintidós, la Asamblea General Comunitaria determinó por mayoría que fuera dicha Asamblea la que juzgara a las cuatro personas involucradas, por el desvío de recursos referido y por la falta de rendición de cuentas de uso del erario.

5. El doce de febrero de dos mil veintidós, la Asamblea General Comunitaria resolvió lo siguiente:

• Imponer una pena de veinte años de cárcel para las cuatro personas juzgadas, por el desvío de recursos públicos por el monto de $Primera cantidad en moneda nacional.

• Ordenar la separación de los bienes de los sancionados, para lograr la reparación del daño comunitario, por el monto de $Segunda cantidad en moneda nacional, por cada uno de los cuatro responsables, cantidad que deberá ser cubierta con los bienes que tengan los sancionados y, si dichos bienes no fueran suficientes para cubrir el adeudo, se buscarán otras alternativas para liquidar la deuda.

• Durante el tiempo que estén recluidos en la cárcel municipal, deberán realizar diversas actividades comunitarias en beneficio de la comunidad indígena.

6. Juicio de derecho indígena Segundo número de expediente. La Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, así como el Presidente Municipal y el Síndico en funciones de ese municipio, solicitaron a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca que convalidara la determinación de la Asamblea General Comunitaria, petición que se radicó bajo el expediente Segundo número de expediente.

7. En sesión de tres de octubre de dos mil veintitrés, la Sala dictó sentencia, en la que convalidó la determinación de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, por lo cual, ordenó lo siguiente:

• A la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Investigadora de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que decretara el no ejercicio de la acción penal y el eventual sobreseimiento de la carpeta de investigación Número de la carpeta de investigación, instruida en contra de los sancionados Persona “A”, Persona “B”, Persona “C” y Persona “D”, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso de confianza.

• Levantar las medidas cautelares, consistentes en que no se fuera a privar de la vida a los sancionados ni se aplicaran actos que vulneraran su integridad física; se abstuvieran de realizar actos de intimidación e incomunicación; vigilaran su estado de salud y permitieran que sus familiares los visitaran; les proporcionaran alimentos, entre otras.

• Los sancionados quedarán en custodia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que sea esta la que dentro de sus atribuciones auxilie a la autoridad comunitaria para el traslado de los detenidos y en la ejecución de la pena impuesta, a efecto de que sean internados en el Centro de Reinserción Social con que cuenta la justicia ordinaria, más cercano a la comunidad.

8. No ejercicio de la acción penal. En cumplimiento a esa determinación, el catorce de octubre de dos mil veintitrés, el Fiscal I Investigador de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dictó el no ejercicio de la acción penal, dentro de la carpeta de investigación Número de la carpeta de investigación, instruida en contra de Persona “A”, Persona “B”, Persona “C” y Persona “D”, por su probable participación en el delito de abuso de confianza, previsto en el artículo 376, primer y cuarto párrafos, del Código Penal del Estado de Oaxaca.(2)

9. Juicio de amparo directo. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, ante la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, los señores Persona “A”, Persona “B” y Persona “C” promovieron un juicio de amparo directo. En su demanda, formularon los siguientes conceptos de violación:

• Falta de competencia. En sus conceptos de violación primero y segundo, los quejosos aducen que la Sala responsable, de manera errónea, se consideró competente, soslayando el límite a la justicia indígena establecido en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca. Ello, siendo que únicamente es competente para conocer sobre conflictos planteados por las comunidades y los pueblos indígenas y convalidar sanciones en ejercicio de su función jurisdiccional, siempre y cuando se respeten los principios y derechos humanos tutelados en la Constitución Política del país, los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

• Además, al Ministerio Público le compete investigar los delitos de desvío de recursos, tales como el de abuso de confianza o de peculado. La Sala responsable no tiene competencia para determinar qué conflictos corresponde conocer a la justicia indígena y cuáles a la justicia ordinaria. A pesar de ello, la Sala ordenó al Ministerio Público que decretara el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación que se seguía en contra de los quejosos por el delito de abuso de confianza.

• Al resolver el amparo en revisión 202/2021,(3) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó los límites de la justicia indígena, indicando que está circunscrita a conocer, entre otras, sobre las controversias respecto de delitos que estén sancionados en el Código Penal del Estado de Oaxaca con pena económica o corporal que no exceda de dos años de prisión. Por lo tanto, la Sala responsable no debió convalidar la sanción impuesta a los quejosos por la Asamblea General Comunitaria, ni suspender los procedimientos de la justicia ordinaria.

• Violaciones al derecho al debido proceso y los principios en materia penal. En sus conceptos de violación tercero y quinto, los quejosos argumentan que no fueron oídos ni vencidos en juicio, ni contaron con un defensor con conocimiento en derecho indígena, ni fueron juzgados por un tribunal competente e imparcial, por lo cual, se actualiza una violación a los elementos mínimos del debido proceso. Además, la justicia indígena no provee alguna otra instancia ante la cual inconformarse por las sanciones impuestas, mismas que en el caso resultan lesivas, desproporcionales, sin fundamentación y motivación.

• Por otra parte, se vulneró el principio de legalidad porque la sentencia no hace mención alguna al valor probatorio que les concede a cada una de las probanzas. Además, se vulneró el principio de taxatividad porque la Asamblea General Comunitaria está impedida de imponer penas por analogía, mayoría de razón u ocurrencia, pero en el caso les impuso veinte años de prisión cuando no existe un catálogo de delitos con sus respectivas sanciones en los usos y costumbres indígenas.

• Asimismo, se vulneró el principio de individualización de la pena porque en ningún momento se demostraron los hechos ni el grado de participación, responsabilidad y culpabilidad de cada quejoso; asimismo, se violó su derecho a no incriminarse y a la presunción de inocencia, pues fueron obligados a declararse culpables.

• Violación al principio pro persona y ausencia de afectación a la comunidad indígena. En sus conceptos de violación cuarto y sexto, los quejosos refieren que la Sala responsable pasó por alto que los recursos, por cuyo desvío fueron sancionados, corresponden al Ramo 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” y al Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, específicamente sobre el Fondo III “Aportaciones para la Infraestructura Social” y el Fondo IV “Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. Por esa razón, los hechos debían ser investigados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al ser la instancia técnica del Congreso del Estado que se encarga de revisar y fiscalizar la cuenta pública de los Poderes del Estado y los Municipios.

• De este modo, el afectado es directamente el erario local y federal, respecto de los Ramos 28 y 33, no así la comunidad indígena. Por ello, la investigación debió realizarse por las instituciones de la justicia ordinaria.

• Por último, se vulneró el principio pro persona, pues tanto la jurisdicción indígena como la Sala responsable hicieron caso omiso de una interpretación pro persona, conforme a la cual, se debió imponer una sanción menos lesiva, como la separación de bienes, el pago de multas y la salida de la comunidad, en lugar de imponer una pena privativa de la libertad por veinte años y la pérdida total de sus bienes.

10. Declinación de competencia. Del asunto tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó bajo el expediente Tercer número de expediente de su índice. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veinticuatro, se emplazó, en su carácter de terceras interesadas, a las autoridades municipales de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, a través de sus representantes, el Presidente Municipal y el Síndico, así como a la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, a través de sus representantes, el Presidente y el Secretario de la Mesa de los Debates de esa Asamblea.

11. Posteriormente, mediante determinación de veintidós de enero de dos mil veinticuatro, se declinó competencia por razón de la materia en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito en turno.

12. Aceptación de competencia declinada y admisión. Mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito aceptó la competencia declinada y radicó el asunto bajo el expediente de amparo directo penal Primer número de expediente. Posteriormente, mediante acuerdo de dos de febrero de esa anualidad, admitió a trámite la demanda de amparo directo y dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

13. Sentencia de amparo directo Primer número de expediente. En sesión de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito concedió el amparo a la parte quejosa, con base en las siguientes consideraciones torales:

• La conducta ilícita en la que incurrieron los servidores públicos no puede ser atendida bajo la jurisdicción indígena, pues esta no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y, entre otros, en el artículo 38 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca,(4) el cual establece como límite para conocer de los delitos sancionados por el Código Penal del Estado de Oaxaca el que no les corresponda una pena corporal mayor a dos años de prisión.

• Así, se ordena a la Sala responsable dictar otra sentencia, en la que declare la invalidez de la determinación de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca y decline competencia con todo lo actuado en el juicio de derecho indígena Segundo número de expediente en favor del Fiscal I Investigador de Asuntos Relevantes de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la carpeta de investigación Número de la carpeta de investigación, instruida en contra de los quejosos por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso de confianza. Ello, con el objeto de que el referido Fiscal deje sin efecto el acuerdo de no ejercicio de la acción penal respecto a dichos justiciables y, con base a los datos de prueba recabados por la representación social y los que obran en el juicio de derecho indígena Segundo número de expediente, determine en un plazo de cuarenta y ocho horas si judicializa o no la referida investigación; sin perjuicio de que la autoridad judicial que conozca de ser el caso de dicho asunto plantee, en su oportunidad, su competencia por razón de fuero.

• Se advierte incorrecto el proceder de la Sala responsable, pues inaplicó el criterio de la Primera Sala en el amparo en revisión 202/2021, a pesar de que tenía conocimiento de él. En ese asunto, el alto tribunal determinó que la justicia indígena en el Estado de Oaxaca tiene límites, pues no es absoluta, ya que, al analizar la validez del artículo 38 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, estableció en qué casos las autoridades comunitarias de los pueblos y las comunidades indígenas procurarán y administrarán justicia aplicando sus sistemas normativos, lo que acota la competencia de la Sala de mérito.

• En ese precedente, la Primera Sala analizó cómo funciona la justicia indígena del Estado de Oaxaca y señaló que el artículo 16 de la Constitución local prevé que la ley reglamentaria establecerá los casos y las formalidades en que proceda la jurisdicción indígena y las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias. Asimismo, indicó que la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca establece, entre otras cosas, en su artículo 29, que las normas internas indígenas son válidas siempre y cuando no contravengan la Constitución o las leyes locales vigentes ni vulneren derechos humanos.

• Sobre esa base, la Primera Sala llegó a varias conclusiones respecto de la justicia indígena en el Estado de Oaxaca, entre ellas, que la justicia indígena tiene límites y que solo procede cuando la materia de las controversias verse sobre delitos que estén sancionados en el Código Penal del Estado de Oaxaca, con pena económica o corporal que no exceda de dos años de prisión. Asimismo, la Primera Sala resolvió que la Sala de mérito no es competente para suspender procedimientos jurisdiccionales de la justicia ordinaria, a fin de que los asuntos planteados ante ella sean resueltos por la justicia indígena, y menos aún para determinar qué conflictos deben ser conocidos por la justicia ordinaria y cuáles por la justicia indígena. Antes bien, su jurisdicción se limita a convalidar las resoluciones emitidas por las autoridades indígenas al aplicar sus sistemas normativos, en los asuntos de su competencia que fueron ya precisados.

• Consecuentemente, la Sala responsable actuó al margen de la interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, lo que es arbitrario y viola los derechos humanos de los quejosos a la justicia pronta y expedita, en su vertiente de la tutela judicial efectiva.

• Lo considerado por la Sala responsable implicaría no sólo soslayar el marco normativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó, sino que implicaría también otorgar plena discrecionalidad para que las comunidades indígenas decidan conocer de conductas penales que, por su gravedad, el legislador ha reservado para el conocimiento de la justicia ordinaria, precisamente porque entran en colisión derechos fundamentales que deben canalizarse a las instancias de procuración y administración de justicia. • Inclusive, la Sala responsable pretendió sustentarse en los amparos directos 6/2018 y 46/2018, pero en esos asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sostuvo que la jurisdicción indígena sea ilimitada o que quede a discrecionalidad de las comunidades indígenas o del tribunal responsable el determinar qué casos pueden dirimirse en la jurisdicción indígena.

14. Recurso de revisión 4110/2024. Inconformes con esa sentencia, mediante escritos presentados el nueve de mayo de dos mil veinticuatro ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, tanto las autoridades municipales como la Asamblea General Comunitaria, ambas de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, a través de sus representantes, interpusieron sendos recursos de revisión. En los referidos escritos, formularon los siguientes agravios:

• Autoridades municipales. La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca se promulgó en mil novecientos noventa y ocho. Empero, la reforma constitucional de dos mil uno que modificó el artículo 2 constitucional prescribió como límites a la jurisdicción indígena únicamente la unidad nacional, los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres, los principios constitucionales y la soberanía de los Estados. En ese sentido, si bien aún no se adecúa la Ley referida para ajustarla a la Constitución Política del país, de conformidad con el principio de “norma posterior deroga la anterior”, debe prevalecer la norma constitucional.

• Debe interpretarse la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca en clave del principio de progresividad de los derechos humanos y el principio de jerarquía superior de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca impone mayores limitaciones que el Constituyente federal, pues limita la jurisdicción indígena en función de que los delitos tengan una pena económica o corporal que no exceda de dos años de prisión, pero después del “punto y coma” agrega otras conductas. De la sintaxis del enunciado normativo, se desprende una contradicción: el punto a controversia es si estos últimos supuestos son independientes o no de la limitante de pena de dos años de prisión. Así, conforme a una interpretación sistemática, funcional y en clave pluricultural, debe entenderse que el primer supuesto de la oración es dependiente de una pena de prisión y, en segundo lugar, los otros supuestos no tienen esa restricción, es decir, son independientes de la pena.

• No obstante esa interpretación sistemática, funcional y en clave pluricultural, lo cierto es que la norma resulta inconstitucional e inconvencional porque impone límites que escapan de aquellos del artículo 2 de la Constitución Política del país.

• Asamblea General Comunitaria. La sentencia de amparo resuelve sobre una interpretación directa del artículo 2 constitucional, relativo al derecho humano colectivo a la jurisdicción indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver que no existe límite constitucional ni convencional a la jurisdicción indígena, respecto de la pena económica o corporal de dos años de prisión, como lo prevé la Ley reclamada.

• El artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca es inconstitucional e inconvencional, por violatorio del derecho humano de los pueblos y las comunidades indígenas a la jurisdicción, reconocido en el artículo 2 constitucional y diversos instrumentos internacionales. El artículo 2 constitucional debe interpretarse, para determinar los límites constitucionales a la jurisdicción indígena.

• Así, es verdad que hay límites a la jurisdicción indígena, pero estos son los de unidad nacional, los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres, los principios constitucionales y la soberanía de los Estados, que refiere la Constitución Política del país. Sin embargo, el Tribunal Colegiado, sin aplicar test de proporcionalidad, ni ponderación, ni realizar un balance considerando la pluriculturalidad y el derecho a la jurisdicción indígena, determinó que se actualizó un límite porque se restringen los derechos de los sancionados, cuando en el caso, lo que debió ser es que, cuando se presente tensión entre los derechos individuales fundamentales y el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, el juez debe atender las circunstancias particulares del caso concreto y tener en cuenta que las características de los elementos que integran la jurisdicción indígena varían en función de la cultura específica.

15. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión, el cual fue registrado bajo el número de expediente 4110/2024. Asimismo, ordenó que se turnara el asunto para su estudio a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución.

16. Avocamiento y requerimiento. Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento al conocimiento del asunto y requirió constancias al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito.

17. Envío de autos a Ponencia. A través del acuerdo de ocho de noviembre dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por recibidas las constancias por parte del Tribunal Colegiado y, en esas condiciones, ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

18. Recepción de los autos en la Ponencia. El veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del amparo directo en revisión 4110/2024, por lo que a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

19. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, 83 y 96, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada en términos del Artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(5) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, vigente desde el cuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

20. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, cuya revisión es competencia de la Primera Sala. Además, atendiendo a las condiciones generales del caso, no se advierten méritos que justifiquen la intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. OPORTUNIDAD

21. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a las partes terceras interesadas el siete de mayo de dos mil veinticuatro. Dicha notificación surtió efectos ese mismo día, en términos del artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del día ocho al veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro.(6)

22. En tales condiciones, si ambos recursos de revisión se presentaron el nueve de mayo de dos mil veinticuatro, se concluye que fueron interpuestos de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

23. Uno de los recursos de revisión se interpuso por parte no legitimada, mientras que el segundo sí se interpuso por parte legitimada.

24. En cuanto a la revisión interpuesta por la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, si bien se le reconoció el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo directo, a través de sus representantes, el Presidente y el Secretario de la Mesa de los Debates, se advierte que el escrito de revisión se presentó únicamente por Persona “E”, en su carácter de Presidente de la Mesa de los Debates de la referida Asamblea General Comunitaria.

25. Siendo que la representación de la Asamblea General Comunitaria se les reconoció de manera conjunta al Presidente y al Secretario, se concluye que este recurso de revisión se interpuso por parte no legitimada.

26. Sin que pase inadvertido que en el escrito de agravios se refiere en una de las páginas que el mismo es suscrito tanto por Persona “E” como por Persona “F”, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa de los Debates de la Asamblea General Comunitaria de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca. No obstante, se advierte que el escrito únicamente es signado por el primero de ellos, por lo que se concluye que se interpuso por parte no legitimada.

27. Por otro lado, en cuanto a la revisión interpuesta por las autoridades municipales de Santiago Tlazoyaltepec, Etla, Oaxaca, a quienes también les fue reconocido el carácter de terceras interesadas en el juicio de amparo directo, a través de sus representantes, el Presidente Municipal y el Síndico, se concluye que este recurso de revisión se interpuso por parte legitimada.

28. Ello, pues el escrito de agravios fue presentado por Persona “G”, en su carácter de Presidente Municipal, Pers

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33167-c841c5de/autoridades-indigenas-en-el-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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