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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE UNA DEMANDA PRESENTADA ERRÓNEAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA, DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EN EL JUZGADO DE DISTRITO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4548/2023. · Registro digital (IUS): 32198
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-01
Promovente: MANUEL FELIPE ORDÓÑEZ GALÁN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo IV, Pág.3510.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4548/2023. MANUEL FELIPE ORDÓÑEZ GALÁN. 24 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

TEMA: Constitucionalidad del artículo 176 de la Ley de Amparo, al tenor de la interpretación que le dio el tribunal colegiado de circuito (error en la vía al presentar la demanda de amparo como indirecto y no como directo).

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se falla el amparo directo en revisión 4548/2023, interpuesto por Manuel Felipe Ordóñez Galán, en contra de la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés dictada en el juicio de amparo 833/2022 del índice del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 176 de la Ley de Amparo, al tenor de la interpretación que le dio el citado tribunal colegiado de circuito (presentación de la demanda ante autoridad diversa a la responsable por error en el tipo de juicio de amparo que procede contra la resolución que desechó la demanda de nulidad).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio administrativo. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Felipe Ordóñez Galán, por propio derecho, promovió juicio administrativo contra el crédito fiscal determinado en cantidad de $49,133,242.00 (cuarenta y nueve millones ciento treinta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cuya existencia le fue dada a conocer mediante la carta invitación de pago expedida por el Administrador Desconcentrado de Recaudación en Tabasco "1" del Servicio de Administración Tributaria, y que tiene su origen en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno emitida por la Auditoría Superior de la Federación en el procedimiento DGR/B/12/2019/R/14/211; resolución respecto de la que se manifestó desconocedor de su contenido y del procedimiento del que deriva.

2. Turnada la demanda a la Segunda Sala Regional Metropolitana, mediante auto de uno de junio de dos mil veintidós, el Magistrado Instructor de su Tercera Ponencia formó el expediente 11501/22-17-02-6 y admitió a trámite el juicio en la vía ordinaria, por lo que ordenó el emplazamiento de las autoridades demandadas.

3. El seis de julio de dos mil veintidós, el Titular de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación interpuso recurso de reclamación en contra del auto admisorio, el cual fue admitido por acuerdo de diecisiete de agosto siguiente.

4. El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Regional Metropolitana dictó la resolución mediante la cual declaró fundado el recurso de reclamación y revocó el auto admisorio, por lo que, mediante auto de diecinueve de octubre del mismo año, el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la indicada sala, desechó la demanda administrativa.

5. Juicio de amparo. En contra de la resolución que revocó el auto admisorio, el gobernado presentó demanda de amparo indirecto el siete de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fue turnada al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, registró bajo el expediente 1851/2022, pero sostuvo que carecía de competencia legal para conocer de ella dado que, al constituirse el acto reclamado por una resolución que puso fin al juicio natural de origen, es susceptible de combatirse a través del amparo directo, por lo que declinó su conocimiento a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

6. Por cuestión de turno, la demanda fue radicada en el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Magistrado Presidente, a través del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, aceptó la competencia declinada y registró el asunto como juicio de amparo directo 833/2022, por lo que remitió el escrito original de la demanda a la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa responsable para que le diera el trámite correspondiente y rindiera su informe justificado.

7. Recibida la demanda en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el tres de enero de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente de la Segunda Sala, mediante oficio de seis de enero siguiente, rindió el respectivo informe justificado, al que adjuntó tanto la demanda de amparo como el expediente del juicio administrativo correspondiente.

8. Por conducto del acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente del Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de terceros interesados al Titular de la Auditoría Superior de la Federación y al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tabasco "1" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y turnó el asunto a la ponencia correspondiente.

9. A través de la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, el indicado Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que la demanda de amparo directo fue presentada ante la autoridad responsable de manera extemporánea, por lo que decretó el sobreseimiento.

10. Recurso de revisión. Inconforme con esa sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

11. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión, lo radicó bajo el expediente 4548/2023, turnó el asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán para su estudio y ordenó que se enviaran los autos a esta Segunda Sala para su radicación.

12. Posteriormente, a través del auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidente.

13. Mediante oficio presentado el trece de noviembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, por conducto del Director General de Responsabilidades y en su calidad de autoridad tercero interesada, interpuso revisión adhesiva, la cual fue admitida por auto del Ministro Presidente de esta Segunda Sala de catorce de noviembre del mismo año, por lo que se tuvo por integrado el expediente y se ordenó su remisión a la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de solución respectivo.

I. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 en relación con el 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos primero, tercer párrafo, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno 1/2023 modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés; toda vez que el presente medio de defensa fue interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo en materia administrativa, especialidad que corresponde a esta Sala.

15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. OPORTUNIDAD

16. El recurso de revisión en lo principal fue interpuesto de manera oportuna, ya que no existe en los autos del expediente de amparo constancia o razón de notificación de la sentencia del tribunal colegiado de circuito a la parte quejosa, por lo que se considera la fecha en que ésta afirma le fue notificada por lista, a saber, el trece de junio de dos mil veintitrés (la cual, por cierto, coincide con la constancia de comunicación capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), surtiendo efectos el día hábil posterior siguiente, es decir, el catorce del mismo mes y año, por lo que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del quince al veintiocho de junio del indicado año.(1)

17. Por tanto, si el escrito de agravios se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintiocho de junio próximo pasado, se concluye que el recurso se interpuso en tiempo.

18. La adhesión al recurso también fue interpuesta de manera oportuna, ya que el auto de la Ministra Presidenta que admitió la revisión principal se notificó por oficio a la tercero interesada Titular de la Auditoría Superior de la Federación, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, según se aprecia de la constancia que obra en la foja ciento cincuenta y nueve del presente cuaderno de revisión, por lo que surtió efectos ese mismo día. Así, el plazo de cinco días previsto en el artículo 82 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del siete al trece de noviembre siguientes.(2)

19. Por tanto, si el escrito de agravios fue presentado el trece de noviembre de dos mil veintitrés a través del Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el recurso se interpuso en tiempo.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. LEGITIMACIÓN

21. El recurso de revisión en lo principal se interpuso por parte legitimada, dado que Manuel Felipe Ordóñez Galán, que actuó por propio derecho, tiene el carácter de parte quejosa en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo y, por ende, de afectado por la sentencia recurrida, pues se sobreseyó en el juicio y, en esa medida, tiene interés en que esa determinación sea modificada.

22. La adhesión al recurso también fue interpuesta por parte legitimada, toda vez que el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, que actuó por conducto de su Director General de Responsabilidades –quien tiene facultades de representación al tenor del artículo 40, fracciones V y VI, del Reglamento Interior de esa dependencia–,(3) tiene el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, de beneficiado por la sentencia recurrida, pues se sobreseyó en el juicio y, en esa medida, tiene interés en que esa determinación subsista.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA LITIS EN EL RECURSO

24. Demanda de amparo principal. La parte quejosa expuso conceptos de violación dirigidos a combatir la resolución dictada en el recurso de reclamación derivado del juicio administrativo de origen, en la que se revocó el auto admisorio y, por tanto, se desechó la demanda de nulidad.

25. Sentencia de amparo. El tribunal colegiado de circuito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda fue presentada de manera extemporánea, con base en las consideraciones torales siguientes:

• El juicio de amparo directo debe promoverse, por regla general, en el plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que rija a éste.

• El escrito de demanda debe presentarse ante la autoridad responsable y, de lo contrario, es decir, de presentarse ante funcionario diverso, no se interrumpen los plazos para su promoción por disposición expresa del artículo 176 de la Ley de Amparo, cobrando aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO INTERRUMPE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, DEBIENDO CONSIDERARSE PARA EL CÓMPUTO DE SU PROMOCIÓN, LA FECHA EN QUE SE RECIBE ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."(4)

• La demanda de amparo fue presentada el siete de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el juez a quien correspondió conocer del asunto se declaró legalmente incompetente, por lo que envió el asunto al tribunal colegiado de circuito.

• El Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito asumió el conocimiento del asunto y, a efecto de regularizar el trámite, remitió el escrito de demanda a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su calidad de autoridad responsable, el cual fue recibido el tres de enero de dos mil veintitrés.

• Dado que la resolución reclamada fue dictada por la indicada sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es claro que la fecha que debe considerarse para efectos del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es aquella en que la demanda de amparo fue recibida por dicha sala.

• El gobernado fue notificado del contenido de la resolución reclamada el diez de noviembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciséis de noviembre al siete de diciembre del mismo año, por lo que, al haber sido recibida por la sala responsable hasta el tres de enero de dos mil veintitrés, es claro que resulta extemporánea.

26. Revisión principal. La parte quejosa, en su calidad de recurrente, expone los agravios que se sintetizan a continuación:

Primero. El artículo 176 de la Ley de Amparo viola el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habida cuenta de que:

• El indicado precepto es estrictamente riguroso en cuanto a la autoridad ante la que debe presentarse la demanda de amparo directo, imponiendo una carga desmedida que imposibilita acceder a un recurso sencillo y eficaz, sobre todo por la consecuencia que se genera cuando el escrito respectivo se presenta ante autoridad diversa a la responsable.

• Según el alcance que el tribunal colegiado de circuito dio a la norma en comento, ésta no permite que se corrija la vía cuando el gobernado se equivoque y promueva amparo indirecto en lugar de directo, lo que implica que no se le da el más mínimo margen de error.

• El juicio de amparo debe regirse por el principio de buena fe, por lo que el hecho de que el quejoso se confunda en el tipo de amparo que debe promover, no puede considerarse como un extremo suficiente para considerar que su intención era consentir el acto reclamado.

Segundo. El artículo 176 de la Ley de Amparo viola el derecho de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Ley Fundamental, toda vez que:

• La disposición legal no regula el supuesto en que la presentación de la demanda ocurra ante una autoridad diversa a la responsable por "error en la vía" intentada por el particular.

• La norma sólo se refiere a aquellos casos en que la demanda de amparo directo se presenta ante un tribunal distinto al que emitió el acto reclamado, lo que genera que, en cualquier caso, el plazo para la promoción del juicio no se interrumpa.

• El precepto legal no brinda certeza en cuanto a la forma en que deben actuar los órganos jurisdiccionales cuando se intenta en la vía indirecta pero el juez de distrito determina que la vía conducente es la directa.

Tercero. La interpretación que del artículo 176 de la Ley de Amparo hizo el tribunal colegiado de circuito es violatoria del derecho de tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17 de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida en que la indicada disposición no resulta aplicable a los casos de "error en la vía", por lo que si el juicio se promovió indebidamente como indirecto (y no como directo), para determinar su oportunidad, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante el juzgado de distrito, pues debe inferirse una equivocación en el tipo de juicio de amparo intentado.

27. Revisión adhesiva. El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, en su único agravio, expone lo siguiente:

• El artículo 176 de la Ley de Amparo no viola el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque esta prerrogativa fundamental no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, de ahí que los quejosos deben promover el juicio de amparo conforme a las formalidades exigidas por aquella disposición legal, es decir, están vinculados a presentar la demanda necesariamente ante la autoridad responsable.

• La norma impugnada no viola el derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental, ya que la intención del legislador es que la regla establecida en el artículo 176 de la Ley de Amparo (no interrupción del plazo para promover el juicio cuando la demanda se presente ante autoridad diversa a la responsable), se aplique incluso en los casos en que haya "error en la vía intentada" por el quejoso o quejosa; sobre todo porque éstos cuentan con asistencia jurídica y, por ello, tienen la carga de establecer cuál es el tipo de amparo que procede en cada caso.

• El juicio de amparo es improcedente porque se actualiza un motivo distinto al analizado por el tribunal colegiado de circuito, toda vez que el quejoso no respetó el principio de definitividad pues no combatió la resolución reclamada, por la que la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la demanda en el juicio administrativo de origen, a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

28. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo está previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal,(5) 81, fracción II,(6) y 96 de la Ley de Amparo,(7) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

29. De estos preceptos se desprende que las sentencias que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que: a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales; b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o c) Hayan omitido el estudio de la inconstitucionalidad de una disposición general o la interpretación directa de un precepto constitucional, cuando ello se haya planteado en la demanda de amparo. 30. Asimismo, este Alto Tribunal, mediante jurisprudencia, ha definido otra hipótesis que implica la existencia de un tema de constitucionalidad, a saber, cuando en el recurso se combata algún artículo de la Ley de Amparo con base en el cual se haya decretado el sobreseimiento en la sentencia de primera instancia, al tenor de la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CUANDO EN LOS AGRAVIOS SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO."(8)

31. Además, en todos los supuestos a que se ha hecho referencia, existe una segunda exigencia que se debe cumplir, consistente en que los temas de constitucionalidad a analizar en cada asunto revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, de conformidad con el artículo 107, fracción IX, de la Ley Fundamental.

32. Así se dispuso en la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, de la que se desprende que las resoluciones que emitan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, lo cual queda a discreción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

33. Cabe destacar que de la exposición de motivos de veinte de febrero de dos mil veinte y de la discusión de veintisiete de noviembre de ese año, se advierte que la intención del legislador al prever como requisito un "interés excepcional" en materia constitucional o de derechos humanos consistió en dotar de mayor fuerza la discrecionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir qué asuntos resolverá y, con ello, fortalecerlo como tribunal constitucional.

34. Ahora, de los antecedentes del asunto se advierte que en el caso se acredita el primer requisito de procedencia, toda vez que subsiste un planteamiento de constitucionalidad, pues, mediante sus agravios, la parte quejosa aduce que el artículo 176 de la Ley de Amparo es violatorio de los derechos de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, siendo que dicho precepto le fue efectivamente aplicado en su perjuicio al momento de emitirse el fallo recurrido, pues constituyó el principal fundamento jurídico para determinar que la demanda de amparo se interpuso extemporáneamente.

35. De ahí que la litis en el recurso comprende un tópico de constitucionalidad, ya que, además de oponerse planteamientos dirigidos a demostrar que el texto de la disposición legal referida en el párrafo precedente transgrede la Ley Fundamental, el recurrente se duele del alcance que le dio el tribunal colegiado de circuito, lo que también constituye un aspecto de constitucionalidad al tenor del criterio contenido en la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE LA NORMA GENERAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNA, AL RESOLVER CUESTIONES DE LEGALIDAD."(9)

36. También se satisface el segundo de los requisitos, a saber, el interés excepcional del asunto, en virtud de que lo decidido en la sentencia recurrida puede implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto, el contenido en la tesis aislada de esta Segunda Sala de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. EL ARTÍCULO 176, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, AL SEÑALAR QUE ELLO NO INTERRUMPE LOS PLAZOS QUE PARA SU PROMOCIÓN ESTABLECE LA LEY, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.",(10) en especial, por lo que hace al alcance que a dicha disposición legal se otorgó en la ejecutoria correspondiente dictada el catorce de junio de dos mil diecisiete en el amparo directo en revisión 5779/2016;(11) lo que basta para dar procedencia al recurso de revisión, en tanto que, como se ha visto, la finalidad de éste es fortalecer y dar verdadera efectividad a los criterios emitidos por este Tribunal Constitucional.

37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

VI. ESTUDIO DE FONDO

38. El punto jurídico para dilucidar en el presente recurso de revisión estriba en analizar el alcance y constitucionalidad del artículo 176, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en cuanto prevé que, tratándose del amparo directo, "la presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley".

39. Al respecto, es necesario determinar la correcta interpretación de la indicada porción normativa, al tenor del contenido de la tesis aislada de esta Segunda Sala de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA APLICACIÓN DE UNA LEY PUEDE ANALIZARSE EN ESE RECURSO CUANDO EXISTAN ELEMENTOS PARA CONSIDERAR QUE LA INTERPRETACIÓN QUE LLEVÓ A AQUÉLLA ES INCONSTITUCIONAL. Si bien la aplicación de la ley a un caso concreto constituye un aspecto de legalidad, lo cierto es que cuando se alega que una norma no se apega al marco de regularidad constitucional, y ante la sospecha sobre su inaplicabilidad al caso específico, el tribunal de control constitucional puede, en primer orden, verificar que sea correcta la interpretación que dio lugar a su aplicación al caso concreto, pues de ello depende que realice o no el examen sobre su inconstitucionalidad. Considerar lo contrario, es decir, entender que el tribunal de control constitucional no debe cuestionar lo que llevó a aplicar la norma al caso específico, limitaría sus atribuciones obstaculizando su labor de control constitucional so pretexto de no estar facultado para resolver cuestiones de legalidad, cuando éstas son condición para el ejercicio de protección de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(12)

40. En ese entendido, son sustancialmente fundados los agravios a través de los cuales la parte recurrente en lo principal se duele de la interpretación que el tribunal a quo dio al artículo 176 de la Ley de Amparo y, por ello, infundados los correlativos agravios planteados en la revisión adhesiva, por virtud de los cuales la autoridad tercero interesada sostiene que la regla que establece dicha disposición legal (respecto a que el plazo para la promoción del juicio no se interrumpe cuando la demanda es presentada ante autoridad diversa a la responsable), también resulta aplicable cuando el particular incurra en un error en el tipo de amparo intentado.

41. A efecto de demostrar esas calificaciones, es de destacarse que, de conformidad con el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que "la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho", los tribunales jurisdiccionales, al emitir sus fallos, están obligados a dirimir las controversias que se les planteen de acuerdo con la correcta interpretación de la ley, evidentemente, la que resulte aplicable por regular el acto de que se trate, para lo cual deben atender a los diferentes métodos que lleven a otorgarle un adecuado alcance consistente con su letra, con su evolución histórica, con su posición en el ordenamiento jurídico y con la intención del legislador.

42. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, dispone que "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales", de lo que se infiere lo siguiente:

a) Tutela el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es menester que, de cumplir con los requisitos atinentes, puedan obtener una resolución en la que se resuelva si les asiste la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional han solicitado.

b) La impartición de justicia tiene que ajustarse a los plazos y términos que fijen las normas.

c) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un acceso real a la justicia, por lo que las formalidades, requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los particulares que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende.

43. Así, aun cuando es viable que se establezcan presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos de carácter judicial, lo cierto es que éstos deben ser compatibles con el ejercicio de un medio de defensa; y, en ese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32198-9d4d8bd9/demanda-de-amparo-directo-para-analizar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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